Japón: dimite el ministro de Agricultura un mes después de asumir

El ministro de Agricultura de Japón, Kazuo Yana, ha presentado este miércoles 14 de octubre su dimisión y la primera ministra, Sanae Takaichi, la ha aceptado. Su salida se produce menos de un mes después de entrar en el Gobierno, cercado por la polémica sobre unos recortes de presupuestos viarios en municipios que no le habían respaldado electoralmente y por las dudas sobre el transporte gratuito de simpatizantes durante la campaña de las elecciones generales.

La caída de Yana supone la primera dimisión de un ministro por un escándalo desde que Takaichi llegó al poder y abre un problema político que va bastante más allá de Agricultura. La primera ministra, que durante varios días había defendido su continuidad, ha reconocido que la responsabilidad del nombramiento recae sobre ella y prevé anunciar al nuevo titular de la cartera el 15 de octubre.

Dos polémicas acabaron cercando a Kazuo Yana

El primer frente nació de unas palabras pronunciadas por Yana sobre los presupuestos destinados a carreteras en Nasukarasuyama y Nakagawa, dos municipios de la prefectura de Tochigi cuyos alcaldes no le habían apoyado en las elecciones a la Cámara de Representantes celebradas en febrero.

Según los datos difundidos por el Ministerio de Tierra, Infraestructuras, Transporte y Turismo, las ayudas para carreteras descendieron un 26,2% en Nasukarasuyama y un 54,1% en Nakagawa respecto al ejercicio anterior. El propio ministerio negó que Yana hubiese ordenado o presionado para reducir esas partidas y recordó que otros municipios también sufrieron descensos importantes. Había, sin embargo, un detalle incómodo: el entonces diputado había preguntado en febrero por la distribución presupuestaria de ambas localidades.

Yana terminó retirando sus comentarios y aseguró que nunca había solicitado reducir los fondos. El daño político, sin embargo, ya estaba hecho. La sospecha de que una partida pública pudiera funcionar como premio o castigo electoral toca una fibra especialmente sensible: convierte un presupuesto, que debería ser bastante aburrido, en algo parecido a una factura política.

La polémica llegó incluso al ámbito local. El Ayuntamiento de Nasukarasuyama aprobó una resolución de protesta y reclamó explicaciones para disipar la impresión de que las decisiones presupuestarias del Estado pudieran depender de posiciones políticas o electorales.

Los autobuses gratuitos agravaron la situación

Cuando aquella controversia todavía estaba abierta apareció un segundo problema. El equipo electoral de Yana había proporcionado transporte gratuito en autobuses lanzadera a simpatizantes durante la campaña de las legislativas de febrero, un episodio examinado por su posible encaje en las estrictas normas electorales japonesas.

Yana negó haber infringido la ley. Defendió en el Parlamento que el servicio no constituía una donación ni la entrega de un beneficio a los votantes y sostuvo que los gastos se habían gestionado conforme a la normativa. La discusión, por tanto, no equivale a una condena ni permite afirmar que existiera compra de votos; sí provocó suficientes dudas como para multiplicar la presión política sobre un ministro que ya llegaba tocado a esa semana.

Takaichi pasó de defenderle a aceptar su dimisión

La evolución de la primera ministra resulta reveladora. Apenas unos días antes, Sanae Takaichi había rechazado destituir a Yana y le había pedido que siguiera trabajando tras reprenderle por sus comentarios sobre las partidas de carreteras. El 9 de octubre todavía defendía públicamente que utilizara su experiencia para reforzar la seguridad alimentaria japonesa.

La aparición del asunto de los autobuses alteró el tablero. El martes 13, Takaichi abrió por primera vez la puerta a relevarle y aseguró que actuaría sin vacilar si apreciaba indicios suficientes de ilegalidad. Un día después, Yana compareció todavía ante la comisión de Presupuestos diciendo que pretendía seguir desempeñando su cargo. Horas más tarde presentaba su dimisión.

Tras reunirse con la primera ministra en la residencia oficial, explicó que había tomado personalmente la decisión porque no podía continuar causando problemas a los debates parlamentarios y a la política agrícola. Takaichi aceptó la renuncia y admitió públicamente que la responsabilidad por haberle designado era suya.

Apenas llevaba un mes al frente de Agricultura

La rapidez de la caída añade peso político al caso. Yana había sido nombrado ministro de Agricultura, Silvicultura y Pesca el 17 de septiembre, durante la remodelación del Ejecutivo de Takaichi. Su paso por el Ministerio ha durado, por tanto, menos de cuatro semanas completas.

Su nombramiento ya había provocado cierta incomodidad. Yana perteneció a la antigua facción del Partido Liberal Democrático vinculada al fallecido primer ministro Shinzo Abe y figuraba entre los dirigentes del partido afectados políticamente por el anterior escándalo de fondos opacos. Su incorporación al Gabinete había reabierto críticas sobre la gestión del llamado problema del dinero y la política dentro del PLD.

La suma terminó siendo difícil de sostener: antecedentes políticos incómodos, unas declaraciones sobre fondos públicos que sonaban a represalia electoral y, después, una nueva controversia relacionada directamente con la campaña. Una combinación poco propicia para sobrevivir a una sesión parlamentaria exigente.

La dimisión llega en un momento delicado para el Gobierno

El momento tampoco ayuda a Takaichi. Japón atraviesa una sesión extraordinaria de la Dieta en la que el Ejecutivo intenta sacar adelante algunas de sus principales propuestas económicas, entre ellas una rebaja temporal del impuesto al consumo sobre los alimentos, actualmente situado en el 8%.

El Gobierno propone reducir ese gravamen hasta el 1% durante dos años a partir de abril de 2027, dentro de una batería de medidas destinadas a aliviar el coste de la vida. La oposición había aprovechado el caso Yana para intensificar el control parlamentario y amenazaba con mantener la presión mientras el ministro continuara en el cargo.

Eso explica parte de la velocidad con la que el asunto terminó desembocando en una dimisión. No se trataba solamente de salvar a un ministro, sino de evitar que una controversia personal absorbiera el calendario legislativo de todo el Ejecutivo. Cada jornada dedicada al caso Yana era una jornada menos dedicada a los proyectos de Takaichi.

El sucesor se conocerá el 15 de octubre

La primera ministra ha señalado que comunicará el nombre del nuevo responsable de Agricultura el jueves 15 de octubre. El Gobierno busca un perfil con conocimiento de la política agraria capaz de asumir inmediatamente una cartera importante en un país especialmente sensible a cuestiones como la seguridad alimentaria, los precios y la protección del sector primario.

El relevo tendrá también una lectura política. No basta con cubrir una silla vacía: Takaichi necesita cerrar una crisis que acabó salpicando directamente su criterio para formar Gobierno. Ella misma lo ha admitido al asumir públicamente su responsabilidad en el nombramiento.

Una caída rápida que deja una factura política

Kazuo Yana llegó al Ministerio de Agricultura en septiembre y lo abandona en octubre. Entre ambas fechas caben apenas unas semanas, pero también dos controversias políticas suficientemente serias como para monopolizar buena parte del debate político japonés.

No existe hasta el momento una resolución judicial que determine que el exministro cometiera una ilegalidad electoral, y el Ministerio de Transporte ha negado que hubiese presionado para recortar las partidas de los dos municipios de Tochigi. Es una distinción importante. La dimisión responde, por ahora, a una crisis de responsabilidad política, no a una condena.

Para Takaichi, el problema empieza precisamente ahí. Había defendido a Yana, después dejó abierta la posibilidad de destituirlo y finalmente aceptó su marcha. El ministro se va; la controversia sobre su nombramiento y la gestión de la crisis permanece sobre la mesa en Tokio, en un momento en el que el Gobierno necesita volver a centrar el foco en su agenda económica y parlamentaria.