Venezuela retoma el diálogo y negocia una reforma electoral clave

Venezuela ha entrado en una fase especialmente delicada de su negociación política. El chavismo y un sector de la oposición han abierto en Caracas la tercera ronda de diálogo, con dos asuntos capaces de decidir si el proceso acaba en unas elecciones competitivas o vuelve a atascarse: la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE) y los cambios en el sistema de votación. La discusión también incluye garantías políticas y civiles para partidos, candidatos y ciudadanos.

Las conversaciones están encabezadas por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y una de las figuras centrales del chavismo, y Dinorah Figuera, que dirige la delegación vinculada a la Asamblea Nacional elegida en 2015. El proceso cuenta con el respaldo de Estados Unidos y pretende crear las condiciones institucionales necesarias para fijar una fecha electoral que, de momento, sigue sin anunciarse. Ahí está el verdadero termómetro: hablar es importante; convertir las conversaciones en reglas verificables lo es bastante más.

La reforma del CNE entra en el centro de la negociación

El nuevo ciclo comenzó en Caracas el 14 de octubre y desplaza el foco hacia el terreno electoral. Sobre la mesa está la composición de un nuevo Consejo Nacional Electoral y la modificación de aspectos del sistema de voto, dos cuestiones que las partes consideran necesarias antes de poder cerrar un calendario para los próximos comicios.

No se trata de una reforma administrativa menor. El CNE organiza las elecciones, establece procedimientos y tiene un papel decisivo en la credibilidad de los resultados. Durante años, la independencia del organismo electoral venezolano ha sido una de las grandes fracturas entre el poder y la oposición. Cambiar sus integrantes sin modificar las condiciones de competencia serviría de poco; cambiar las reglas sin una autoridad electoral suficientemente independiente, también.

Washington ha puesto precisamente ahí el acento. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, abordó el proceso con Figuera pocos días antes del inicio de esta ronda y reclamó avances en libertades políticas y reforma electoral como base para unos comicios libres, justos y creíbles.

Un diálogo que no representa a toda la oposición

Hay, sin embargo, un matiz que conviene no esconder debajo de la alfombra. En estas conversaciones participa un sector de la oposición venezolana, no todo el bloque contrario al chavismo. Figuras de enorme peso político como María Corina Machado no forman parte de la mesa.

Ese vacío condiciona cualquier eventual acuerdo. Una reforma electoral puede mejorar las garantías institucionales, pero su legitimidad política dependerá también de que las principales fuerzas puedan competir, organizarse y hacer campaña en condiciones razonablemente iguales.

Machado, por ejemplo, ha defendido públicamente la celebración de elecciones nacionales antes de julio de 2027. Su calendario no es el de la mesa, al menos por ahora, y ese desfase anticipa uno de los debates que probablemente acompañará todo el proceso: quién participa, con qué garantías y cuándo se vota.

De la Justicia a las libertades políticas

Las negociaciones comenzaron formalmente el 6 de agosto de 2026, después de contactos previos promovidos por Estados Unidos. La primera etapa se concentró especialmente en la reconstrucción del sistema judicial, incluida la renovación del Tribunal Supremo de Justicia. La segunda amplió el terreno hacia las garantías civiles, las libertades políticas y la libertad de expresión.

Ahora las distintas piezas empiezan a encajar. Unas elecciones creíbles necesitan un árbitro electoral fiable, pero también tribunales capaces de resolver impugnaciones sin responder al Gobierno, medios que puedan informar sin censura, candidatos que no teman ser detenidos y partidos que puedan competir sin inhabilitaciones arbitrarias.

La renovación del Supremo sigue, de hecho, bajo vigilancia. El proceso pretende sustituir una estructura judicial cuestionada durante años por su dependencia del poder político, aunque persisten dudas sobre los criterios de selección, la transparencia del procedimiento y el peso que conservará el chavismo en la designación de los magistrados.

Los desbloqueos de internet muestran avances, pero también límites

Uno de los resultados más visibles de las conversaciones anteriores ha sido la apertura parcial de páginas web bloqueadas. Las cifras, vistas de cerca, rebajan algo la fotografía triunfal.

El observatorio VE sin Filtro había constatado a comienzos de octubre que 71 dominios habían dejado de estar bloqueados en al menos un proveedor de internet, pero solo 45 eran accesibles en todos los operadores analizados. Al mismo tiempo, otros 143 dominios continuaban bloqueados, entre ellos 24 correspondientes a medios informativos activos.

Es un ejemplo bastante gráfico del momento venezolano: hay movimiento, pero todavía queda mucho hierro en la puerta. El desbloqueo parcial mejora la libertad de información, aunque dista de equivaler a un ecosistema mediático plenamente abierto.

Los presos políticos siguen siendo la herida más difícil

Las garantías civiles tampoco pueden medirse solo en leyes o comunicados. La situación de los presos políticos continúa siendo uno de los asuntos más sensibles de la negociación.

Foro Penal registraba 322 presos políticos en Venezuela con datos cerrados al 5 de octubre, de los cuales 182 eran civiles y 140 militares. La organización contabilizaba 152 personas condenadas y otras 170 todavía sin condena.

Durante los últimos meses se han producido numerosas excarcelaciones y Washington ha presentado ese proceso como uno de los avances de las negociaciones. Aun así, la persistencia de varios centenares de detenidos explica por qué la cuestión continúa pesando tanto sobre cualquier promesa de normalización democrática.

En paralelo, la mesa ha puesto bajo revisión normas utilizadas durante años contra la disidencia, entre ellas la denominada Ley contra el Odio y otras disposiciones que organizaciones civiles y opositores consideran herramientas de persecución política.

Estados Unidos mueve otra pieza con Jorge Rodríguez

La tercera ronda ha coincidido con una decisión política nada menor de Washington. Estados Unidos retiró las sanciones personales que mantenía desde 2018 sobre Jorge Rodríguez, jefe de la delegación chavista y una de las figuras con mayor peso institucional dentro del oficialismo.

El gesto encaja en el acercamiento entre Washington y Caracas y también eleva el valor político del negociador chavista. No garantiza ningún acuerdo, naturalmente, pero muestra que Estados Unidos está dispuesto a utilizar el alivio de sanciones como parte del engranaje negociador cuando aprecia avances.

Hay pragmatismo por ambos lados. Estados Unidos busca una transformación institucional que desemboque en elecciones creíbles; el Gobierno venezolano necesita normalizar relaciones exteriores, atraer capital y aliviar restricciones. Entre ambas agendas se mueve la transición venezolana, donde los grandes principios suelen viajar acompañados de petróleo, sanciones y cálculo político. Nada particularmente novedoso en las relaciones internacionales.

Las elecciones serán la prueba que decida el valor del diálogo

La mesa entra así en su tramo más comprometido. Reformar el Consejo Nacional Electoral, acordar garantías para candidatos y partidos, ampliar las libertades civiles y establecer unas reglas de voto aceptables son pasos previos indispensables. Pero el proceso todavía carece de aquello que el ciudadano entiende con más facilidad: una fecha electoral y unas condiciones cerradas para llegar a ella.

Los progresos acumulados desde agosto son tangibles, aunque incompletos. Ha habido excarcelaciones, desbloqueos digitales, conversaciones sobre el Tribunal Supremo y una negociación institucional que pocos meses antes parecía difícil de imaginar. Al mismo tiempo, siguen existiendo presos políticos, páginas censuradas, interrogantes sobre la independencia judicial y una oposición fragmentada ante la propia negociación.

Por eso esta tercera ronda pesa más que las anteriores. La reforma electoral ya no es un asunto lateral, sino el puente que debe conectar el diálogo con las urnas. Si chavismo y oposición consiguen pactar un CNE creíble, reglas competitivas y garantías políticas comprobables, Venezuela habrá recorrido una parte sustancial del camino hacia unas elecciones reconocibles como tales. Si no, habrá cambiado el decorado, pero el viejo problema seguirá sentado en la misma silla.