El próximo Congreso heredará 14 iniciativas clave tras las elecciones

El Congreso de los Diputados que nazca de las elecciones generales del 29 de noviembre no empezará exactamente con la mesa limpia. La disolución de las Cortes ha hecho caer buena parte de las iniciativas que estaban en tramitación, pero deja una herencia bastante concreta: 14 propuestas seguirán vivas y pasarán a la próxima legislatura.

Son dos reformas de estatutos de autonomía, cinco iniciativas procedentes de parlamentos autonómicos y siete iniciativas legislativas populares, las conocidas ILP. Entre ellas aparecen cuestiones tan distintas como los aeropuertos de Baleares, el Derecho Civil valenciano, la atención a personas con ELA, los ratios de enfermería, el acoso escolar, la dependencia o una prestación de ingresos mínimos.

La convocatoria anticipada ha borrado del tablero numerosas iniciativas parlamentarias. El real decreto de disolución de las Cortes fijó las elecciones para el domingo 29 de noviembre de 2026 y estableció que las nuevas Cámaras se constituyan el 23 de diciembre. Entre medias quedan campaña, urnas, pactos y una nueva aritmética parlamentaria. Después tocará abrir los cajones que quedaron cerrados.

Qué iniciativas sobreviven a la disolución de las Cortes

La regla parlamentaria produce una situación peculiar. Los proyectos del Gobierno y buena parte de las proposiciones impulsadas desde el propio Congreso decaen al terminar la legislatura. Sin embargo, determinadas iniciativas cuyo origen está fuera de la Cámara pueden trasladarse al siguiente Congreso.

Ahí entran las propuestas remitidas por parlamentos autonómicos y las iniciativas legislativas populares, promovidas desde la sociedad civil. No obtienen un billete directo hacia la aprobación, ni mucho menos, pero conservan la posibilidad de continuar su recorrido institucional cuando se constituya la siguiente Cámara.

De ahí que algunos asuntos lleven años, incluso varias legislaturas, dando vueltas por las Cortes. Cambian los diputados, cambian las mayorías y a veces hasta cambia el Gobierno, pero determinados expedientes siguen allí, resistiendo cada convocatoria electoral con una paciencia casi geológica.

Dos reformas estatutarias volverán a estar sobre la mesa

Una de las principales herencias será la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. La propuesta llegó al Congreso en 2025 y superó su toma en consideración antes de que la convocatoria electoral interrumpiera el procedimiento.

El texto incluye cambios importantes en el funcionamiento institucional de la comunidad, entre ellos la modificación del número de diputados regionales. Sin embargo, su futuro tiene todavía un matiz político relevante: el PSOE castellanomanchego ha planteado promover su retirada formal para reiniciar posteriormente el procedimiento. Mientras ese movimiento no culmine, el expediente permanece entre los asuntos que puede recibir la siguiente legislatura.

La otra vieja conocida es la reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja. Fue aprobada por el Parlamento riojano en 2019 y ha ido encadenando legislaturas sin conseguir completar definitivamente su recorrido en Madrid.

En diferentes etapas llegó a avanzar en su tramitación, pero las sucesivas convocatorias electorales fueron cortando el proceso. La reforma riojana se ha convertido así en uno de esos expedientes que ilustran una rareza habitual del parlamentarismo: las legislaturas terminan antes que algunos trámites.

Cinco propuestas autonómicas seguirán vivas

Las comunidades autónomas dejan otras cinco iniciativas pendientes en el Congreso. Dos proceden de Baleares y las restantes llegan de Cataluña, la Comunitat Valenciana y Asturias. Los asuntos abarcan desde infraestructuras estratégicas hasta reformas constitucionales, sanidad y protección de menores.

Baleares mantiene los aeropuertos y la protección de menores

La primera propuesta balear reclama una fórmula de cogestión de los aeropuertos de interés general de las islas. La iniciativa toca uno de los asuntos recurrentes del debate territorial español: cuánto poder debe conservar el Estado sobre infraestructuras estratégicas y cuánto margen pueden asumir las comunidades autónomas.

El Gobierno llegó inicialmente a vetar su tramitación al considerar que la medida podría reducir los ingresos de Aena y generar compensaciones económicas, aunque posteriormente rectificó. El expediente, por tanto, continuará entre los que deberá encontrarse la nueva Cámara Baja.

La segunda iniciativa procedente de Baleares pretende modificar la normativa de protección de la infancia para impedir que personas condenadas por delitos de acoso a menores puedan acceder o continuar ejerciendo profesiones, oficios o actividades que impliquen un contacto habitual con ellos.

Cataluña, Valencia y Asturias mantienen sus propios expedientes

Desde Cataluña permanece una propuesta destinada a mejorar la calidad de vida de las personas con ELA y otras enfermedades irreversibles de alta complejidad. La iniciativa entra en uno de los terrenos donde una norma tiene efectos particularmente concretos: cuidados, dependencia, asistencia personal y apoyo a familias sometidas a situaciones extremas.

La Comunitat Valenciana mantiene pendiente una reforma constitucional destinada a conseguir la reintegración efectiva del Derecho Civil valenciano. El objetivo es modificar la disposición adicional segunda de la Constitución y recuperar capacidad normativa sobre determinadas materias del derecho privado histórico.

Asturias completa este bloque con una propuesta de reforma constitucional enviada originalmente en 2014 para flexibilizar las iniciativas legislativas populares y los referéndums. El texto lleva más de una década saltando entre legislaturas. Pocas imágenes describen mejor la lentitud parlamentaria: un expediente puede sobrevivir a varias campañas electorales sin llegar a cruzar la meta.

Siete iniciativas ciudadanas también pasan al nuevo Congreso

El otro gran paquete lo forman las siete iniciativas legislativas populares que permanecen activas pese a la disolución. Son propuestas nacidas fuera de los partidos y promovidas por ciudadanos u organizaciones sociales mediante el procedimiento constitucional de recogida de firmas.

Una de ellas plantea una ley integral contra el acoso escolar y orientada también a la prevención del suicidio infantojuvenil. La iniciativa conecta dos problemas que durante los últimos años han ganado peso en el debate público: la violencia entre menores y la salud mental durante la infancia y la adolescencia.

Otra propuesta reclama reforzar la transparencia y la protección de denunciantes, con medidas destinadas a proteger a quienes comuniquen irregularidades. También permanece viva una ILP vinculada a la vivienda protegida en zonas tensionadas, uno de los asuntos con mayor presión social y política de los últimos años.

La lista incluye igualmente una propuesta para regular la distribución, prescripción y dispensación de medicamentos veterinarios, un ámbito menos visible en el debate general pero de gran importancia para veterinarios, ganaderos y propietarios de animales.

Otras iniciativas plantean establecer una prestación de ingresos mínimos dentro del sistema de protección de la Seguridad Social y fijar ratios suficientes de enfermeras para garantizar la seguridad de los pacientes en hospitales y otros centros sanitarios.

La última de las grandes materias pendientes afecta a la dependencia y busca modificar las reglas sobre la participación económica de las personas beneficiarias en el coste de determinadas prestaciones y servicios. Es decir, cuánto paga cada usuario y bajo qué condiciones dentro del sistema de atención a las personas dependientes.

Varias de estas ILP llevan más de una legislatura intentando avanzar. No es extraño. Conseguir las firmas necesarias solo abre la puerta del Congreso; después comienza un recorrido parlamentario que depende de mayorías, enmiendas, comisiones y votaciones. El respaldo ciudadano permite entrar en la Cámara, pero no obliga a esta a aprobar el texto.

La nueva mayoría decidirá hasta dónde llegan

Que estas 14 iniciativas sobrevivan a la disolución no significa que vayan a convertirse automáticamente en leyes. Ese es el matiz decisivo. El Congreso surgido del 29N tendrá una composición diferente y cada expediente deberá continuar por el procedimiento que le corresponda.

Habrá iniciativas pendientes de toma en consideración, otras que deberán pasar por comisión, textos abiertos a enmiendas y propuestas que, por su naturaleza, exigirán acuerdos particularmente amplios. No requiere el mismo consenso modificar una ley ordinaria que abordar una reforma constitucional.

Algunas propuestas podrían avanzar rápidamente si existe acuerdo entre los principales grupos. Otras pueden volver a quedar congeladas. Incluso cabe que sus promotores decidan retirarlas y comenzar de nuevo, como se plantea en el caso de Castilla-La Mancha. Sobrevivir a unas elecciones, en política parlamentaria, no equivale a tener asegurada una segunda vida.

Las elecciones del 29 de noviembre de 2026 renovarán Congreso y Senado, pero no borrarán todo lo anterior. Las dos reformas estatutarias, las cinco propuestas de parlamentos autonómicos y las siete ILP cruzarán la frontera entre legislaturas con asuntos que afectan directamente a sanidad, vivienda, dependencia, infancia, modelo territorial y derechos ciudadanos.

Cuando las nuevas Cámaras se constituyan el 23 de diciembre, los diputados no encontrarán únicamente programas electorales y promesas recién estrenadas. También habrá viejos expedientes esperando turno. Algunos llevan tanto tiempo en el Congreso que, a estas alturas, casi podrían reclamar escaño propio.