Marruecos: docentes protestan en Rabat por salarios y empleo público

Las protestas por las condiciones de la educación han vuelto a tomar las calles de Marruecos. Cientos de docentes de enseñanza preescolar se concentraron el lunes 19 de octubre ante el Parlamento, en Rabat, para reclamar su incorporación a la función pública, una subida salarial y un marco laboral que regule con claridad sus derechos y obligaciones. La movilización acabó con la intervención de la Policía y de las Fuerzas Auxiliares, que desalojaron la zona cuando los manifestantes trataban de iniciar una acampada frente a la Cámara.

La protesta añade otra pieza al malestar social que atraviesa el país y coloca de nuevo a la educación pública en el centro. No es, sin embargo, una simple réplica de las movilizaciones docentes que recorren estos días distintos puntos de Europa. El conflicto marroquí viene de atrás y tiene una peculiaridad muy concreta: el Estado está ampliando con rapidez el preescolar, pero una parte importante de quienes trabajan en él continúa contratada a través de asociaciones y fuera de los cuerpos de funcionarios. Una escuela que crece con una costura laboral sin rematar.

La protesta ante el Parlamento termina con un desalojo

La movilización había sido convocada por una coordinación de tres organizaciones sindicales del sector y reunió a trabajadores llegados de distintos puntos del país. El plan era mantener una concentración nacional frente al Parlamento y convertirla después en una sentada abierta con pernocta, una forma de presión utilizada anteriormente por los docentes de preescolar para hacer visible un conflicto que lleva años sin resolverse.

Al caer la tarde, cuando los profesores se disponían a instalarse en la avenida Mohamed V, las fuerzas de seguridad intervinieron para despejar el espacio situado frente al edificio parlamentario. Los manifestantes fueron dispersados y algunos permanecieron posteriormente por las calles próximas, mientras se reforzaba el dispositivo policial en la zona. La escena resultaba particularmente incómoda para el nuevo poder político: dentro del Parlamento se hablaba de política social; fuera, quienes enseñan a los niños más pequeños reclamaban salario y estabilidad.

El momento tampoco fue casual en términos políticos, aunque la convocatoria sindical llevaba preparada desde principios de octubre. La protesta coincidió con la presentación del programa del recién estrenado Gobierno de Fátima Ezzahra El Mansouri, la primera mujer que encabeza un Ejecutivo marroquí, nacido tras las elecciones legislativas del 23 de septiembre. El nuevo gabinete ha situado educación, empleo juvenil y mejora de los servicios públicos entre sus prioridades declaradas.

El conflicto de fondo está en quién contrata a los docentes

El principal reproche de los trabajadores no se dirige tanto al crecimiento del preescolar como al modelo elegido para gestionarlo. Numerosos educadores no mantienen una relación laboral directa con el Ministerio de Educación, sino con asociaciones encargadas de gestionar aulas mediante acuerdos con las academias regionales de educación.

Esta fórmula permitió extender el servicio con rapidez, pero ha creado una categoría de profesionales que trabaja dentro del sistema público sin disponer necesariamente del estatuto laboral de los docentes funcionarios. Los sindicatos reclaman precisamente romper esa frontera: quieren la integración en la función pública, una regulación específica de la profesión y una definición clara de tareas, responsabilidades y carrera laboral.

La paradoja no es menor. Marruecos considera oficialmente la educación preescolar una pieza básica para combatir la desigualdad desde los primeros años de vida. Sin embargo, parte del personal encargado de esa misión permanece en una situación laboral que los propios trabajadores consideran precaria. El edificio educativo se empieza por los cimientos; pagar mal a quienes trabajan en ellos suele ser una manera bastante imaginativa de comprobar cuánto resisten.

Salarios de unos 3.000 dirhams y pensiones muy reducidas

El elemento económico es uno de los puntos más sensibles. Representantes sindicales aseguran que numerosos profesionales del sector perciben salarios que no superan los 3.000 dirhams mensuales. También denuncian casos de jubilados con pensiones de apenas 600 dirhams. Son cifras aportadas por la representación de los trabajadores y forman parte del argumentario con el que justifican las movilizaciones.

Los docentes sostienen igualmente que, mientras sus condiciones apenas mejoran, se les han ido encomendando nuevas responsabilidades relacionadas con el bienestar y seguimiento de los menores. El problema no es solo cuánto se cobra, insisten, sino qué trabajo se exige a cambio y bajo qué cobertura jurídica.

El coste de la vida añade presión. Los sindicatos vinculan directamente su petición de aumento salarial con la pérdida de poder adquisitivo y reclaman abrir una negociación con el nuevo ministro de Educación, Nabil Benabdallah, y con el ministro delegado encargado del preescolar, Kamal Hachoumi. La llegada de un nuevo Gobierno ha cambiado los nombres al otro lado de la mesa; las demandas, de momento, siguen donde estaban.

Las asociaciones, en el centro de un modelo que permitió crecer deprisa

La contratación mediante asociaciones no apareció por accidente. Forma parte del diseño utilizado durante años para extender el preescolar. El programa nacional impulsado en 2018 confió la gestión de nuevas aulas a entidades asociativas en colaboración con las academias regionales, mientras el Estado trataba de acelerar la escolarización de los niños de cuatro y cinco años.

La fórmula tiene una lógica administrativa evidente: permite desplegar centros y personal sin incorporar inmediatamente toda esa plantilla a la estructura funcionarial. Pero lo que en un despacho puede parecer flexibilidad, en una nómina adquiere otra textura. Los trabajadores reclaman que la expansión del servicio venga acompañada de una homologación progresiva de sus condiciones laborales, y ahí aparece el verdadero choque.

No todos los interrogantes admiten una solución automática. Una incorporación masiva a la función pública exige definir requisitos de acceso, titulaciones, formación, antigüedad, financiación y mecanismos de selección. Es un asunto bastante más complejo que cambiar el logotipo de una nómina. Precisamente por eso los sindicatos piden un estatuto específico y una negociación formal, no únicamente incrementos puntuales de sueldo.

Marruecos ha extendido con rapidez la educación preescolar

Las protestas llegan mientras el país acelera uno de sus grandes proyectos educativos. Marruecos lanzó en 2018 un programa nacional para generalizar la enseñanza preescolar, mejorar su calidad, formar a los educadores e integrarla progresivamente en el ciclo de primaria.

El avance cuantitativo ha sido notable. La tasa de escolarización preescolar, situada en torno al 45% cuando arrancó el programa, alcanzó el 67% pocos años después y llegó al 85% durante el curso 2025-2026. Solo en ese último ejercicio se incorporaron aproximadamente 42.000 alumnos más y se crearon unas 1.500 nuevas aulas. El objetivo oficial continúa siendo la generalización del preescolar para el curso 2027-2028.

Ese crecimiento explica por qué la protesta trasciende una disputa salarial. Cuanto mayor es el peso del preescolar dentro del sistema público, más difícil resulta mantener indefinidamente una separación entre la importancia institucional que se le atribuye y las condiciones de quienes trabajan en él. Universalizar plazas sin estabilizar al personal puede resolver una estadística y abrir, al mismo tiempo, otro problema.

También hay una cuestión educativa de fondo. Los primeros años condicionan el aprendizaje posterior, especialmente entre menores de familias con menos recursos. Esa es precisamente una de las razones por las que el propio programa marroquí coloca la igualdad de oportunidades en el centro de su estrategia. La calidad no depende únicamente de edificios y matrículas: depende también de la continuidad, preparación y estabilidad de los adultos que están cada mañana dentro del aula.

De las protestas de la Generación Z al malestar docente

La movilización de Rabat tampoco surge en un país políticamente anestesiado. En otoño de 2025, Marruecos vivió una de sus mayores oleadas de protesta juvenil de los últimos años. El movimiento GenZ 212, organizado fundamentalmente a través de redes sociales y Discord, llevó a las calles demandas de mejora de la sanidad, la educación, el empleo y la lucha contra la corrupción.

Aquellas protestas comenzaron de forma pacífica, se extendieron por numerosas ciudades y en algunos lugares terminaron en graves enfrentamientos, vandalismo, cientos de detenciones y varias muertes. La educación aparecía entonces junto a la sanidad como uno de los símbolos de una frustración más amplia: la percepción de que el crecimiento económico y las grandes infraestructuras no estaban mejorando con la misma velocidad los servicios cotidianos.

El Mundial de fútbol de 2030, que Marruecos organizará junto con España y Portugal, añadió combustible al debate. Los jóvenes contrapondrían durante aquellas manifestaciones las inversiones en estadios e infraestructuras con las carencias de hospitales y escuelas. La comparación es simplista desde el punto de vista presupuestario —un país puede invertir en más de una cosa a la vez—, pero políticamente funcionó porque convertía una discusión abstracta sobre prioridades en una imagen visible: césped nuevo frente a aulas deterioradas.

Un año después, la protesta de los docentes de preescolar no es la continuación orgánica de GenZ 212 ni responde a la misma estructura. Sus reivindicaciones son laborales y llevan tiempo sobre la mesa. Pero ambas expresiones de malestar se encuentran en un punto muy concreto: la exigencia de que los servicios públicos acompañen el desarrollo del país y de que las reformas puedan notarse también en la vida corriente.

El nuevo Gobierno recibe pronto su primer aviso social

El Ejecutivo de El Mansouri ha llegado prometiendo precisamente una corrección de rumbo social. Su programa para 2026-2031 plantea un crecimiento económico medio del 5%, una inflación cercana al 2%, mayor apoyo directo a los hogares vulnerables y medidas para mejorar empleo juvenil, formación profesional, educación y sanidad. El Gobierno admite, de hecho, que recuperar la confianza ciudadana pasa también por combatir la corrupción y mejorar el funcionamiento de las instituciones.

La manifestación de Rabat ofrece una prueba temprana de hasta qué punto esas promesas pueden trasladarse a conflictos heredados. La reclamación del preescolar es especialmente incómoda porque no discute una política marginal: afecta a uno de los programas que Marruecos presenta como bandera de modernización educativa.

Queda por resolver cómo integrar, regular o mejorar las condiciones de un colectivo que ha crecido al mismo tiempo que el propio servicio. La incorporación plena a la función pública tendría consecuencias presupuestarias y administrativas importantes; mantener indefinidamente el modelo actual también tiene un coste, aunque aparezca menos ordenado en las cuentas: conflictividad, rotación de personal y desgaste de la escuela pública.

Una reforma educativa que ya no puede esquivar las condiciones laborales

Las calles de Rabat han colocado esa factura delante del nuevo Gobierno casi antes de que pudiera acomodarse en los ministerios. Marruecos ha conseguido llevar el preescolar a muchos más niños en pocos años. El siguiente debate es menos vistoso que inaugurar aulas, pero bastante más difícil de esquivar: en qué condiciones trabajan las personas que las hacen funcionar.