Pablo Franco deberá pagar 6.000 euros a Rubén Sánchez y leer el fallo

La Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado la condena al abogado y creador de contenido Pablo Franco por vulnerar el derecho al honor de Rubén Sánchez, secretario general de FACUA, después de llamarlo «estafador» y atribuirle una supuesta sentencia por fraude en subvenciones que no existía en los términos en los que fue presentada. Franco tendrá que indemnizarlo con 6.000 euros, retirar las publicaciones objeto del procedimiento y difundir públicamente el fallo.

La resolución, dictada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla, mantiene así el núcleo de la sentencia de primera instancia, aunque rebaja de 20.000 a 6.000 euros la compensación económica. Para el tribunal, determinadas afirmaciones de Franco no quedaron protegidas por la libertad de expresión ni por el derecho a la información porque se presentaron como hechos ciertos sin haber sido suficientemente contrastados.

La condena obliga a Pablo Franco a difundir el fallo

El pronunciamiento judicial va bastante más allá del pago de una indemnización. Pablo Franco deberá eliminar un tuit y dos vídeos relacionados con el litigio y publicar el contenido del fallo en su perfil de X. También tendrá que leerlo en sus dos canales de YouTube mediante sendos vídeos.

La sentencia concreta incluso cómo deberá realizarse esa difusión. Los vídeos tendrán que publicarse dentro de una franja comprendida entre las 10:00 y las 22:00 horas, mientras que la publicación en X deberá incorporar una imagen del fallo e identificar al demandante y al demandado. No es un detalle menor: el tribunal lleva la reparación a los mismos espacios digitales donde se difundieron las afirmaciones que acabaron en los juzgados.

El efecto práctico resulta poco habitual y, a la vez, bastante gráfico. No basta con retirar aquello que se publicó. Franco tendrá que regresar ante parte de su propia audiencia para comunicar que la Justicia ha considerado que determinadas acusaciones vulneraron el derecho al honor de Rubén Sánchez.

La supuesta sentencia por fraude que estaba en el centro del caso

Uno de los elementos decisivos del procedimiento fue la afirmación de que Rubén Sánchez había sido condenado por la Audiencia Nacional por falsear el número de socios de FACUA con el objetivo de obtener subvenciones públicas.

La Audiencia concluye que esa descripción no se correspondía con la realidad de la resolución judicial invocada. Aquella resolución no condenaba a Sánchez ni a FACUA por un fraude de subvenciones. Se refería a un asunto relacionado con protección de datos y ordenaba continuar unas actuaciones inspectoras que habían sido archivadas.

La distancia jurídica entre ambas situaciones es considerable. Una cosa es que un tribunal ordene seguir investigando unas actuaciones administrativas y otra que exista una sentencia condenatoria por fraude. Convertir lo primero en lo segundo altera de forma sustancial el significado de los hechos y, además, introduce una acusación especialmente grave contra la persona afectada.

La condición de abogado de Franco también pesa

La resolución presta especial atención a la condición de abogado de Pablo Franco. Para los magistrados, su formación jurídica hacía todavía más exigible distinguir entre una resolución que permite continuar determinadas actuaciones y una sentencia que declara a alguien responsable de un fraude.

El tribunal considera que la información perjudicial para Sánchez se difundió sin la diligencia necesaria para comprobar si aquello que se estaba afirmando era cierto. Es una frontera clásica en los litigios sobre honor: la libertad de información admite incluso errores, pero exige un contraste razonable cuando se atribuyen hechos especialmente graves.

Ahí está uno de los ejes de la sentencia. Franco no se limitó a expresar una opinión negativa sobre el secretario general de FACUA. Según aprecia la Audiencia, presentó como ciertos hechos concretos vinculados a una conducta fraudulenta y los respaldó con una supuesta condena judicial que no existía de esa forma.

El argumento del humor tampoco convence a la Audiencia

En su recurso, Franco sostuvo que uno de los vídeos tenía un componente humorístico y aludió al conocido meme «Directed by Robert B. Weide». Con ello defendía la existencia de un ánimo humorístico, lo que jurídicamente puede influir en la interpretación de determinadas expresiones.

La Audiencia no considera, sin embargo, que ese contexto elimine la relevancia de las afirmaciones. La sátira, la exageración o una broma evidente disponen de un margen amplio dentro de la libertad de expresión, pero colocar un recurso cómico alrededor de una acusación no convierte automáticamente los hechos que se narran en una simple ocurrencia.

El problema vuelve a estar en el contenido. Las afirmaciones ligaban a Sánchez con una supuesta estafa y con una condena relacionada con subvenciones. El tribunal entiende que ese núcleo factual no queda neutralizado por el tono empleado en el vídeo.

La indemnización baja de 20.000 a 6.000 euros

La sentencia de primera instancia había establecido una indemnización de 20.000 euros por la intromisión ilegítima en el honor. La Audiencia Provincial mantiene la existencia de esa vulneración, pero rebaja considerablemente la cuantía hasta los 6.000 euros.

La reducción económica no modifica, por tanto, la cuestión esencial del procedimiento. Se mantiene la condena, la obligación de retirar los contenidos afectados y las medidas dirigidas a difundir la resolución judicial en los canales utilizados por Franco.

Durante la apelación también se planteó que Rubén Sánchez es una figura acostumbrada a participar en controversias públicas y enfrentamientos dialécticos. Ese argumento no impide la protección de su honor. Ser un personaje expuesto al debate público amplía el margen de crítica que debe soportarse, pero no supone aceptar sin límite la atribución de hechos falsos de naturaleza delictiva.

Libertad de expresión y derecho al honor, la frontera del caso

El litigio vuelve a colocar frente a frente dos derechos que con frecuencia chocan en las redes sociales. La libertad de expresión protege opiniones duras, desagradables e incluso hirientes dentro de márgenes muy amplios. La libertad de información, cuando se comunican hechos, incorpora otra condición: debe existir una diligencia razonable en la comprobación de aquello que se presenta como cierto.

La Audiencia entiende que esa frontera se rebasó. El elemento determinante no es que Pablo Franco mantuviera una posición crítica con Rubén Sánchez o con FACUA, sino que le atribuyera una condena judicial inexistente en los términos expresados y utilizara esa premisa para vincularlo con una estafa.

El matiz importa mucho. Una discusión pública tolera la exageración, la ironía y una buena dosis de lenguaje bronco; internet, desde luego, vive de ello. Pero transformar el sentido de una resolución judicial para presentar a alguien como condenado por fraude lleva el debate a un terreno diferente. Allí la ocurrencia deja paso al deber de contrastar los hechos.

Una sentencia que devuelve el fallo a las mismas redes

La resolución deja una escena poco corriente: un creador de contenido obligado a volver a sus propios canales para leer el fallo que lo condena y corregir allí las acusaciones que originaron el pleito. El mismo altavoz, pero con un mensaje muy distinto.

Las redes sociales multiplican la velocidad y el alcance de cualquier acusación, aunque no modifican las normas que protegen el honor ni las exigencias que acompañan a la información sobre hechos. Un vídeo puede recorrer miles de pantallas en unas horas y acabar, bastante tiempo después, diseccionado palabra por palabra en una sentencia.

Pablo Franco consigue que la indemnización se reduzca de 20.000 a 6.000 euros, pero la Audiencia confirma lo fundamental: las afirmaciones sobre Rubén Sánchez constituyeron una intromisión ilegítima en su derecho al honor. Tendrá que retirar los contenidos afectados y hacer pública la resolución precisamente ante parte de la audiencia que recibió aquellas acusaciones.