Zupiria explica por qué la Ertzaintza no detuvo antes a los dos presos

El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, ha defendido la actuación de la Ertzaintza en el caso de los dos investigados enviados a prisión provisional por presuntos delitos de terrorismo. La cuestión que ha quedado bajo el foco es por qué no fueron detenidos el 26 de septiembre, cuando una patrulla los identificó en un control en Eskoriatza y encontró material que terminaría desencadenando una investigación de la Audiencia Nacional.

La explicación de Zupiria es tajante: en aquel momento, sostiene, no estaban cometiendo ningún delito en flagrancia y la Policía vasca no podía practicar una detención únicamente por las sospechas generadas por aquello que había encontrado. La Ertzaintza comunicó los hechos a las fuerzas de seguridad del Estado aquella misma noche y después solicitó autorización judicial para analizar los dispositivos y la documentación intervenidos.

Zupiria defiende que la Ertzaintza actuó con garantías

El consejero ha insistido en que España es un Estado garantista y que detener a una persona supone restringir derechos fundamentales, algo que necesita una base legal concreta. Dicho de otra manera: unos indicios inquietantes pueden justificar que se investigue, pero no permiten detener automáticamente a alguien. Después, claro, aquellos indicios fueron adquiriendo una dimensión bastante más seria.

En el vehículo viajaban un hombre de 34 años, una mujer de 22 y una tercera persona de nacionalidad irlandesa. La identificación se produjo el 26 de septiembre durante un control de alcohol y drogas en Eskoriatza, Gipuzkoa. Sobre algunos de ellos constaban señalamientos policiales procedentes de otros países europeos relacionados con controles de seguridad.

La intervención, que podía haber terminado como uno de tantos controles de carretera, tomó otro rumbo con el examen del material transportado. Ahí comienza el núcleo de la causa: lo que inicialmente era una identificación policial rutinaria terminó llegando a uno de los órganos judiciales más sensibles del país.

Planos de antiguos zulos, matrículas y dispositivos cifrados

Según los autos judiciales conocidos sobre la causa, los agentes localizaron planos relacionados con antiguos zulos de ETA, información sobre miembros de las fuerzas de seguridad, anotaciones manuscritas de matrículas y varios dispositivos electrónicos, algunos cifrados. También fueron intervenidos teléfonos satelitales.

El análisis posterior de parte de esos dispositivos habría permitido encontrar fotografías vinculadas a entrenamientos para realizar actos violentos o alterar la paz pública, imágenes con banderas de ETA y el contenido íntegro del teléfono de un agente de la Policía Nacional. La documentación incluía asimismo referencias a un posible depósito de material en una zona de monte.

Nada de eso equivale por sí mismo a una condena. Sí forma, sin embargo, el conjunto de indicios que sustenta la investigación y que llevó el caso desde un control policial hasta la Audiencia Nacional, competente en las causas relacionadas con terrorismo.

La investigación queda bajo las órdenes de la Audiencia Nacional

Zupiria ha explicado que la Ertzaintza continuará investigando a partir de este punto bajo las instrucciones de la Audiencia Nacional. El objetivo será determinar qué ocurrió realmente, qué finalidad tenía el material intervenido y si existen delitos detrás de los indicios recogidos.

El juez Antonio Piña ordenó prisión provisional, comunicada y sin fianza para los dos investigados. La resolución aprecia de manera provisional posibles delitos relacionados con organización o grupo terrorista y con armas y explosivos. Entre los argumentos para adoptar la medida aparecen el riesgo de fuga, la protección de las fuentes de prueba y la posibilidad de reiteración delictiva.

Los dos sospechosos se habían presentado el sábado en una comisaría de la Ertzaintza en Irun acompañados por un abogado. Allí fueron detenidos y posteriormente trasladados a Madrid para quedar a disposición de la Audiencia Nacional.

El foco se desplaza hacia Jardun, Jarki y Aske

El auto relaciona a los investigados con Jardun Koordinadora, una estructura vinculada a sectores disidentes de la izquierda abertzale. Según la resolución judicial, Jardun está integrada por Jarki y Aske, organizaciones situadas fuera de la estrategia política seguida por la izquierda abertzale mayoritaria después del final de la violencia de ETA.

La propia coordinadora ha rechazado esa vinculación y se ha desmarcado de los hechos. La investigación tendrá que delimitar las relaciones personales, políticas y organizativas que puedan existir sin convertir una afinidad ideológica en responsabilidad penal automática. Esa frontera, especialmente en un asunto de esta naturaleza, no es precisamente un detalle.

Zupiria también ha señalado que estas organizaciones no figuran inscritas como partidos políticos o asociaciones políticas, circunstancia que limita la información pública disponible sobre su funcionamiento interno y obliga a que cualquier conclusión dependa de las pruebas incorporadas a la causa.

Quince años después del final de la violencia de ETA

El caso aparece además en una fecha de enorme carga simbólica. Se cumplen 15 años desde el anuncio de ETA, el 20 de octubre de 2011, del cese definitivo de su actividad armada. La aparición de una investigación por terrorismo relacionada con sectores radicales de la izquierda abertzale reabre inevitablemente recuerdos que la sociedad vasca conoce demasiado bien.

Zupiria ha aprovechado su intervención para recordar la posición mantenida por el Gobierno Vasco durante estos años: condenar y deslegitimar la violencia y también su justificación política. Según el consejero, esa exigencia no procede únicamente de las instituciones, sino de una amplia mayoría de la sociedad vasca.

El PNV pide mantenerse atento a los grupos disidentes

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha pedido permanecer “ojo avizor” ante determinados grupos disidentes y ha admitido cierta preocupación por unos sectores que considera en plena efervescencia. La cautela importa: la causa está abierta y el material investigado es grave, pero todavía debe determinarse hasta dónde llegaban las intenciones y capacidades reales de los investigados.

Una investigación que deberá separar los indicios de los hechos

El episodio deja dos planos distintos. El primero es policial y judicial: existen indicios suficientemente relevantes como para que un juez haya ordenado prisión provisional y mantenga abierta una investigación por terrorismo. El segundo es político y social: cualquier referencia a ETA, antiguos zulos o posibles objetivos policiales pesa en Euskadi como una losa y provoca una reacción inmediata.

Precisamente por eso la causa tendrá que avanzar con precisión. Ni minimizar el material intervenido ni anticipar una culpabilidad que todavía tiene que probarse. La Ertzaintza seguirá trabajando bajo las órdenes de la Audiencia Nacional y será el procedimiento judicial el que determine qué había realmente detrás de los planos, dispositivos cifrados y anotaciones encontrados durante aquel control.

Por el momento, Bingen Zupiria ha querido despejar la principal incógnita sobre la actuación policial inicial: aquella noche de septiembre había elementos que justificaban investigar, pero, según su explicación, no existía base legal para una detención en flagrancia. El análisis posterior de los dispositivos cambió el escenario. Y un control rutinario terminó convertido en una de las investigaciones de seguridad más delicadas abiertas en Euskadi en los últimos tiempos.