Meta, condenada a pagar 25.000 millones por engañar sobre privacidad

Meta Platforms deberá pagar 25.000 millones de dólares al estado de Nuevo México después de que un juez fijara una sanción civil histórica contra la compañía por haber engañado durante años a los usuarios de Facebook sobre la privacidad de sus datos y otras prácticas de la plataforma. La resolución llega después de que un jurado concluyera que la empresa incurrió en 43.899.725 infracciones de la legislación estatal de protección al consumidor.

El caso hunde sus raíces en el escándalo de Cambridge Analytica, pero va bastante más allá. La justicia de Nuevo México examinó lo que Facebook comunicaba públicamente sobre el acceso de terceros a la información personal, el control que realmente tenían los usuarios sobre sus datos y la actuación de la compañía frente a contenidos como la desinformación y los mensajes de odio. De 29 declaraciones analizadas, el jurado consideró engañosas 26 de ellas.

Una sanción de 25.000 millones que pudo ser mucho mayor

La cifra impresiona incluso en la escala de Silicon Valley. El juez del Primer Distrito Judicial de Nuevo México, Francis Mathew, determinó que la aplicación estricta de la ley habría permitido elevar la sanción hasta aproximadamente 219.500 millones de dólares, al multiplicar las decenas de millones de infracciones por la penalización máxima prevista.

Finalmente redujo esa cantidad hasta los 25.000 millones. Sigue siendo una de las mayores sanciones económicas dictadas contra una empresa en Estados Unidos y coloca el pleito muy por encima de la habitual sucesión de multas regulatorias que las grandes tecnológicas han terminado incorporando, casi como una partida más, a sus balances.

Hay otro detalle nada menor: el importe pendiente estará sometido a un interés anual del 15%. Sobre los 25.000 millones completos, eso equivaldría a unos 3.750 millones de dólares adicionales por cada año de impago, aunque el recorrido judicial de la causa puede alterar cuándo y en qué condiciones sería exigible definitivamente la cantidad.

Casi 44 millones de infracciones

La enorme factura no nace de una única filtración ni de una multa calculada de manera abstracta. El jurado contabilizó 43,9 millones de violaciones deliberadas de la Unfair Practices Act, la ley de Nuevo México contra las prácticas comerciales desleales.

El proceso puso el foco en declaraciones públicas difundidas durante más de una década. Según la resolución judicial, Facebook presentó a sus usuarios una imagen sobre el control de sus datos, la utilización de información por aplicaciones externas y la capacidad de la plataforma para cumplir determinadas promesas que no se correspondía con lo que la propia empresa conocía internamente.

El tamaño de la audiencia también pesó. Facebook tenía alrededor de 1,39 millones de usuarios activos mensuales en Nuevo México en junio de 2020, dentro de un estado cuya población apenas superaba los dos millones de habitantes. No se trataba, pues, de declaraciones escondidas en una esquina del servicio: alcanzaban a una parte enorme de la sociedad del estado.

Cambridge Analytica vuelve al centro del escenario

Aunque han pasado años, el nombre de Cambridge Analytica sigue pegado a Facebook como una mancha que nunca terminó de desaparecer.

La consultora política británica obtuvo información personal procedente de hasta 87 millones de perfiles de Facebook mediante una aplicación de terceros. Aquellos datos fueron utilizados para elaborar perfiles de votantes y alimentar técnicas de publicidad política segmentada, entre ellas campañas relacionadas con las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016.

Nuevo México presentó su demanda en 2021, después de que el escándalo hubiera puesto bajo el microscopio mundial el modelo de recopilación de datos de Facebook. La cuestión jurídica, sin embargo, terminó desplazándose desde el acceso inicial a la información hacia algo más amplio: qué decía Facebook a sus usuarios y qué sabía realmente la empresa mientras lo decía.

Ese matiz explica la dimensión del caso. La justicia no se limitó a analizar si un tercero consiguió datos que no debía tener. Examinó si la compañía transmitió durante años una percepción falsa o incompleta sobre sus controles de privacidad, las posibilidades de acceso de desarrolladores externos y su capacidad para vigilar el uso posterior de la información.

El problema no era solo quién tenía los datos

La resolución sostiene que los controles ofrecidos por Facebook no siempre daban al usuario un dominio efectivo sobre su información y que desarrolladores de aplicaciones podían obtener datos a través de la propia infraestructura de la plataforma.

También se analizaron las respuestas de la compañía después de que estallara públicamente el caso Cambridge Analytica. El tribunal consideró relevantes las promesas sobre investigaciones internas y medidas de control que, según las pruebas examinadas durante el proceso, la empresa no estaba realmente en condiciones de ejecutar con la amplitud anunciada.

Es una diferencia importante. Una cosa es sufrir un fallo de seguridad. Otra, bastante más incómoda, es convencer al público de que la casa está cerrada con llave cuando dentro de la propia compañía existen dudas sobre quién tiene copias de las llaves.

Meta recurrirá el fallo

La batalla judicial está lejos de terminar. Meta ha anunciado que recurrirá la resolución y rechaza la interpretación defendida por Nuevo México.

El responsable jurídico de la compañía, C.J. Mahoney, sostiene que el enfoque utilizado por la Fiscalía estatal haría extremadamente difícil operar en Nuevo México y considera que el litigio termina imponiendo nuevas obligaciones sobre aquello que puede decirse en las plataformas. Meta confía en revertir el resultado en apelación.

La empresa también ha defendido durante el proceso que la sanción reclamada era desproporcionada y que el estado no había probado adecuadamente que consumidores concretos hubieran sido engañados. El juez, por el contrario, dio un peso especial a la duración, repetición y carácter deliberado de las conductas consideradas ilegales, así como a la implicación de altos responsables de Facebook.

El recurso será decisivo. Una sentencia de 25.000 millones de dólares no se convierte en una transferencia bancaria de la noche a la mañana, y un litigio de este tamaño puede atravesar distintas instancias antes de que la cantidad quede definitivamente fijada.

El precedente que inquieta a Silicon Valley

La trascendencia del caso no reside únicamente en la factura de Meta. Nuevo México ha utilizado una ley estatal de protección al consumidor para atacar declaraciones públicas de una plataforma global y convertir cada vulneración determinada por el jurado en una infracción susceptible de sanción.

Ese mecanismo puede resultar especialmente incómodo para las grandes tecnológicas. Durante años, numerosos procedimientos de privacidad han terminado en acuerdos negociados con reguladores federales o grupos de estados. Aquí, en cambio, hubo jurado, declaración de responsabilidad y millones de infracciones, una combinación que convirtió decisiones aparentemente pequeñas en una cifra gigantesca.

El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, ha presentado el fallo precisamente como una advertencia a las grandes compañías tecnológicas: su tamaño no las coloca fuera del alcance de las leyes estatales de protección de los consumidores.

No significa que cualquier estado estadounidense vaya a conseguir mañana una condena semejante. Cada legislación es distinta, cada caso tiene sus pruebas y la resolución todavía tendrá que sobrevivir a la apelación. Pero el precedente existe, y ese es el detalle que probablemente más atención despertará en los departamentos jurídicos de Silicon Valley.

Cuando una promesa de privacidad deja de ser publicidad

Durante años, Facebook convirtió el control de la privacidad en una pieza central de su discurso público: botones, configuraciones, permisos, explicaciones, ventanas emergentes. Una arquitectura que transmite una idea sencilla al usuario: sus datos están bajo control.

El caso de Nuevo México plantea algo bastante más serio que una configuración difícil de entender. La cuestión es si esas garantías podían considerarse afirmaciones comerciales engañosas cuando la propia compañía conocía limitaciones que el ciudadano normal difícilmente podía comprobar por su cuenta.

Ahí está el verdadero alcance de la sentencia. Los 25.000 millones son el titular —y vaya titular—, pero debajo queda una discusión mucho más duradera: hasta dónde puede una tecnológica prometer privacidad cuando el funcionamiento real de su plataforma es opaco incluso para quienes la utilizan todos los días.

Meta intentará desmontar esa conclusión en los tribunales. Mientras tanto, Nuevo México ha convertido un viejo escándalo de Facebook en una factura que, casi una década después de Cambridge Analytica, vuelve a recordar que los datos personales nunca fueron un detalle secundario del negocio digital. Eran el negocio.