Municipios de Aragón exigen compensaciones por los centros de datos

El desembarco de los grandes centros de datos en Aragón ha entrado en una fase menos brillante que la de los anuncios de inversiones multimillonarias. Las excavadoras trabajan, los proyectos avanzan y las tecnológicas reservan cientos de hectáreas, pero varios ayuntamientos empiezan a poner sobre la mesa una cuestión bastante terrenal: quién paga las consecuencias locales de semejante transformación. Vivienda en Calatorao, un instituto y mejores accesos en Villamayor de Gállego, el desdoblamiento de la N-232 en La Puebla de Híjar o una reclamación judicial de más de 23 millones de euros en Villanueva de Gállego forman parte del mismo paisaje.

El fondo del conflicto está en el equilibrio entre atraer inversión tecnológica y conseguir que una parte suficiente de esa riqueza permanezca en el territorio que la recibe. Los municipios no discuten necesariamente la llegada de Microsoft, Amazon Web Services, Blackstone o Azora. Discuten las condiciones. Y, sobre todo, la fiscalidad vinculada a los Proyectos de Interés General de Aragón, la figura utilizada por el Gobierno autonómico para acelerar y ordenar inversiones consideradas estratégicas. En algunos pueblos, la sensación es que la alfombra roja empresarial ha llegado antes que las carreteras, los colegios o las viviendas.

El ICIO se convierte en el impuesto de la discordia

Detrás de las cifras astronómicas de inversión hay tres tributos municipales especialmente relevantes. El ICIO, Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, se cobra durante la fase constructiva y puede generar de golpe decenas de millones de euros. El IBI grava los inmuebles de manera periódica. El IAE, por su parte, grava la actividad económica. Parecen siglas de gestoría; para un ayuntamiento pequeño pueden significar varios presupuestos municipales completos.

Ahí reside buena parte de la pelea. Un gran campus tecnológico exige accesos, redes de agua, suministro eléctrico, suelo, actuaciones urbanísticas y, cuando llegan miles de trabajadores durante la obra, también vivienda y servicios públicos. El retorno fiscal, sin embargo, no siempre aparece al mismo ritmo. El ICIO supone un ingreso extraordinario inmediato; IBI e IAE llegan después y de forma progresiva. La diferencia temporal no es menor cuando el pueblo tiene que adaptarse mientras las máquinas ya están sobre el terreno.

Villanueva de Gállego es el caso más áspero. El Ayuntamiento ratificó en julio un recurso contencioso-administrativo relacionado con la expansión de Amazon Web Services y reclama alrededor de 23,9 millones de euros por el ICIO, además de cuestionar el aprovechamiento urbanístico y las obligaciones de conservación que podrían recaer sobre las arcas municipales. El ámbito afectado por la ampliación supera las 80 hectáreas, una superficie que el consistorio considera difícil de asumir cuando llegue la factura del mantenimiento.

Amazon, eso sí, ha corregido recientemente otro frente fiscal. AWS anunció en octubre que comenzará a pagar el IAE directamente en los municipios aragoneses donde están sus centros operativos y que compensará los cuatro ejercicios anteriores. Hasta entonces había satisfecho una cuota nacional. La rectificación beneficia a Villanueva de Gállego, El Burgo de Ebro y Huesca, aunque no liquida la batalla sobre el ICIO ni las cargas urbanísticas derivadas de las ampliaciones.

Calatorao recibe las máquinas y descubre el problema de la vivienda

En Calatorao la discusión tiene otra textura. Se nota incluso en la calle: falta vivienda. QTS, propiedad de Blackstone, ha iniciado los trabajos de su gigantesco campus de centros de datos junto a la A-2. El proyecto contempla ocho edificios tecnológicos, una subestación eléctrica y otras infraestructuras auxiliares. La inversión anunciada supera los 13.000 millones de euros y las primeras instalaciones deberían comenzar a funcionar a partir de 2028.

Sobre el papel es una transformación económica difícil de comparar con cualquier otra inversión reciente del municipio, de unos 3.000 habitantes. Sobre el terreno aparece una paradoja: Calatorao apenas tiene casas disponibles para absorber el aumento de trabajadores. El mercado de compra y alquiler está prácticamente agotado y el Ayuntamiento tampoco dispone de grandes bolsas de suelo municipal con las que impulsar nueva vivienda de forma inmediata.

El alcalde, David Felipe, ha pedido apoyo al Gobierno de Aragón para ampliar la oferta residencial. Al mismo tiempo ha cuestionado el impacto fiscal del PIGA. El regidor ha cifrado en torno a 50 millones de euros el ICIO que, según sus cálculos, dejaría de ingresar el municipio por el tratamiento del proyecto. El Ejecutivo autonómico contrapone que, cuando el complejo esté desarrollado, Calatorao podría recibir alrededor de un millón de euros al año por IBI e IAE, aunque esos ingresos crecerían escalonadamente conforme entren en funcionamiento los edificios.

Es la fotografía perfecta del debate. Una inversión privada descomunal aterriza en una localidad pequeña y eleva las expectativas de empleo e ingresos, pero obliga casi simultáneamente a plantearse dónde vivirán los trabajadores, quién ampliará los servicios y con qué dinero se hará. Las cifras llevan muchos ceros; los presupuestos municipales, bastantes menos.

Villamayor cambia el pulso judicial por un instituto

Villamayor de Gállego conoce bien esa tensión. En su término municipal convergen varios proyectos de enorme escala, entre ellos los centros de datos de Microsoft y Azora, además de otros desarrollos empresariales. El Gobierno de Aragón declaró de interés autonómico el campus de Microsoft y ha tramitado también Tillion Aragón, el proyecto vinculado a Azora, cuya inversión podría superar los 2.300 millones de euros si alcanza su desarrollo completo.

El Ayuntamiento decidió recurrir el PIGA de Azora mientras reclamaba compensaciones por el impacto acumulado de los grandes proyectos. Entre sus demandas figuraba una infraestructura bastante menos futurista que un hipercentro de computación: un instituto público para que los alumnos de 3º y 4º de ESO no tengan que desplazarse a Zaragoza.

Un acuerdo que rebaja el conflicto

La presión ha producido resultados. El Gobierno aragonés y el consistorio alcanzaron en octubre un principio de acuerdo para sacar adelante el nuevo centro educativo. El municipio asumiría la redacción del proyecto y la Administración autonómica la parte sustancial de la construcción. A cambio, una vez completados los trámites administrativos, Villamayor prevé retirar el contencioso relacionado con Azora.

No es una historia de rechazo a la inversión tecnológica. Más bien al contrario. Villamayor quiere los proyectos, pero pretende que el crecimiento empresarial llegue acompañado de servicios capaces de soportarlo. También ha reclamado mejoras viarias ante el tráfico pesado previsto durante las obras. La nube, al final, necesita camiones, hormigón y carreteras. Muy etéreo todo hasta que empieza la construcción.

La Puebla de Híjar mira a Amazon y vuelve a señalar la N-232

En Teruel, Amazon Web Services prepara otro salto de escala. Su plan de consolidación en Aragón incluye nuevos campus en Huesca, San Mateo de Gállego y el entorno de La Puebla de Híjar y Azaila. La instalación turolense ocupará cientos de hectáreas junto a la N-232 y forma parte de la ampliación con la que AWS ha elevado sus inversiones previstas en Aragón hasta decenas de miles de millones de euros.

La llegada de Amazon ha reactivado una reclamación mucho más antigua: mejorar la N-232 y culminar unas comunicaciones por carretera que los municipios de la zona consideran fundamentales para su desarrollo. El alcalde de La Puebla de Híjar, Pedro Bello, ve en el peso internacional de AWS una oportunidad para dar visibilidad a esa demanda.

La empresa también se ha mostrado públicamente favorable a una mejora de la conexión por autovía hacia Alcañiz. Pero aquí aparece una frontera administrativa bastante clara: las carreteras estatales dependen del Gobierno central. Ni Amazon ni el Gobierno de Aragón pueden ejecutar por sí solos ese desdoblamiento. La multinacional puede amplificar la petición; la decisión y la financiación son públicas.

El episodio retrata una situación que se repite con matices en toda la comunidad. Los proyectos tecnológicos prometen transformar territorios que durante años han pedido inversiones básicas con bastante menos eco. De pronto, una carretera, un instituto o unas viviendas dejan de ser solamente reivindicaciones vecinales y pasan a formar parte de la infraestructura necesaria para alojar miles de millones en servidores.

Los PIGA, entre la rapidez empresarial y la autonomía municipal

La herramienta que atraviesa casi todos estos conflictos es el PIGA. Su lógica consiste en facilitar proyectos considerados estratégicos para Aragón y permitir una planificación supramunicipal más rápida. En inversiones que necesitan enormes cantidades de suelo, electricidad, fibra óptica y agua, la coordinación autonómica tiene una razón evidente. Un centro de datos de esta escala no cabe cómodamente dentro de los ritmos ordinarios de un pequeño planeamiento municipal.

Pero esa ventaja administrativa tiene otra cara. Los ayuntamientos sostienen que determinadas decisiones sobre fiscalidad, urbanismo y mantenimiento pueden reducir su margen de actuación mientras ellos conservan buena parte del contacto directo con los problemas cotidianos. El Gobierno autonómico, por el contrario, defiende que estas inversiones generarán actividad económica, empleo y recaudación estable durante décadas.

La discusión no es inversión sí o inversión no

Ambas cosas pueden ser ciertas a la vez. Un centro de datos puede aumentar el empleo y los ingresos futuros de un municipio y, al mismo tiempo, provocar un coste inmediato en vivienda, tráfico y servicios. La cuestión política y económica consiste precisamente en repartir esa factura sin convertir a los pueblos en meros anfitriones del negocio ni espantar inversiones capaces de alterar su futuro.

El caso del IAE de Amazon demuestra, además, que el mapa fiscal todavía se está dibujando. AWS ha cambiado su modelo de tributación después de las reclamaciones municipales y compensará ejercicios anteriores. Villanueva de Gállego mantiene mientras tanto abierta su batalla por el ICIO. En Calatorao se discute cuánto ingreso extraordinario se pierde frente a lo que llegará cada año. Villamayor ha utilizado la vía administrativa y judicial para conseguir compromisos públicos.

Cuando llegan los servidores, también llega la factura

Aragón se ha convertido en uno de los grandes territorios europeos para la expansión de centros de datos gracias a una combinación especialmente atractiva para el sector: disponibilidad de suelo, capacidad energética, posición geográfica e impulso institucional. Microsoft, AWS, Blackstone, Azora y otros operadores están levantando una industria que hace apenas unos años apenas aparecía en el debate político autonómico.

El siguiente examen será menos espectacular que los anuncios de inversión, pero probablemente más importante. Consiste en comprobar cuánto valor queda realmente en cada municipio, qué impuestos se cobran, quién mantiene las nuevas urbanizaciones, cómo se amplían los colegios, de dónde salen las viviendas y quién financia las carreteras necesarias.

Los ayuntamientos aragoneses están descubriendo que alojar la infraestructura física de la economía digital no consiste simplemente en ceder suelo para unos edificios llenos de servidores. Hay que acomodar trabajadores, abrir calles, conservar instalaciones y reforzar servicios. La nube podrá almacenar datos a miles de kilómetros. La factura, en cambio, siempre acaba teniendo código postal.