107 familias de Corrales luchan por sus casas tras la venta de Sareb

Un total de 107 familias de Corrales, en Aljaraque (Huelva), se enfrentan a la incertidumbre sobre el futuro de sus viviendas después de que Sareb vendiera el crédito hipotecario vinculado a los inmuebles a un fondo de inversión que terminó adjudicándoselos en subasta. Los residentes denuncian presiones para abandonar sus casas a cambio de 2.000 euros o comprarlas por cantidades que consideran inasumibles.

Algunas de estas familias llevan cerca de diez años viviendo de alquiler en los inmuebles. Su principal reivindicación es continuar pagando la renta y permanecer en sus hogares. La disputa ha llegado a los tribunales: los afectados han recurrido ante la Audiencia Provincial de Huelva para reclamar que se revise el procedimiento en el que se adjudicaron las viviendas y denunciar que no pudieron intervenir como consideran que les correspondía.

Cómo acabaron las 107 viviendas en manos de un fondo de inversión

El origen del conflicto está en un préstamo hipotecario solicitado por la sociedad promotora de los inmuebles. Tras el impago, las viviendas quedaron vinculadas a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), la entidad creada para gestionar activos inmobiliarios y financieros procedentes de la reestructuración del sector bancario.

En 2017, Sareb inició la ejecución hipotecaria ante el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Huelva. Según el relato de los vecinos, en 2024 se obtuvo el decreto para impulsar la subasta, aunque esta no llegó a convocarse entonces. La situación cambió cuando Sareb vendió el crédito a un fondo de inversión, que pasó a ocupar una posición decisiva en el futuro de los inmuebles.

La subasta culminó con la adjudicación de todas las fincas

A mediados de enero de 2026 se convocó finalmente la subasta judicial. Unas tres semanas después, el procedimiento terminó con la adjudicación de las 107 fincas al fondo que había comprado los créditos. Para los residentes, aquella operación cambió de forma radical las perspectivas de continuidad en sus viviendas.

Los vecinos sostienen que no tuvieron una oportunidad efectiva de intervenir en el proceso y que deberían haber podido optar a la compra de las casas en las que llevaban años pagando alquiler. Tras conocer la adjudicación, intentaron personarse en el procedimiento judicial, pero aseguran que su participación fue rechazada. Han recurrido esa decisión y esperan una respuesta de la Audiencia Provincial de Huelva.

Las ofertas de 2.000 euros para abandonar las casas

La situación había generado preocupación antes de la subasta. En diciembre de 2025, la empresa que gestionaba los alquileres comunicó a los residentes, según su versión, que algunas viviendas iban a salir a la venta. También les planteó la posibilidad de entregar unos 2.000 euros ante notario para reservarlas. Los vecinos afirman que no pudieron completar ese trámite porque la documentación necesaria no llegó a la notaría.

La incertidumbre aumentó después de la adjudicación. Los afectados denuncian que el fondo empezó a ofrecer dinero a algunos residentes para que se marcharan y que también les planteó la posibilidad de vender los inmuebles aunque siguieran ocupados. Son afirmaciones de los propios vecinos y no deben confundirse con hechos declarados probados judicialmente.

El fondo había planteado inicialmente mantener los alquileres

Los residentes aseguran que, en un primer momento, representantes del fondo les trasladaron que quienes quisieran podrían seguir viviendo de alquiler y que se abordarían reparaciones en las casas. Según su relato, esa postura cambió tras registrarse el decreto de adjudicación.

El resultado es un enfrentamiento entre los inquilinos y el nuevo propietario. Las familias reclaman que se respeten los contratos que continúen vigentes y denuncian lo que consideran presiones para abandonar sus hogares. No todos los residentes tienen la misma situación contractual ni las mismas posibilidades económicas, por lo que el alcance de sus derechos debe examinarse caso por caso.

Personas mayores y familias sin capacidad para comprar

La posibilidad de adquirir las viviendas no representa una salida realista para todos los residentes. Entre los afectados hay personas mayores y familias que llevan años instaladas en Corrales y que no disponen de ingresos suficientes para acceder a una hipoteca. El hecho de que exista una opción de compra no significa que esté al alcance de quienes viven en los inmuebles.

Por eso, la principal demanda de los vecinos no es necesariamente convertirse en propietarios, sino seguir pagando el alquiler y conservar su residencia habitual. Para quienes han desarrollado allí buena parte de su vida, tener que buscar una nueva vivienda supone un problema económico y personal que no se resuelve automáticamente con una compensación de 2.000 euros.

Qué derechos tienen los inquilinos tras una ejecución hipotecaria

Que una vivienda cambie de propietario no implica que todos sus inquilinos tengan que marcharse inmediatamente. La legislación española contempla supuestos en los que los contratos de alquiler pueden mantenerse incluso cuando el inmueble se transmite mediante una ejecución hipotecaria.

El artículo 13 de la Ley de Arrendamientos Urbanos establece, para determinados supuestos de enajenación forzosa, que el arrendatario puede continuar en el alquiler durante los primeros cinco años del contrato, o siete cuando el arrendador es una persona jurídica. Las condiciones concretas dependen del contrato, su fecha y las circunstancias jurídicas de la operación.

La adjudicación no resuelve por sí sola todos los contratos

En el caso de Corrales, resulta esencial analizar la situación de cada familia. La antigüedad del alquiler, la duración pactada, la identidad del arrendador y las condiciones del procedimiento hipotecario pueden influir en la continuidad del contrato.

También deben distinguirse la venta de un crédito hipotecario y la adjudicación posterior de un inmueble. Son operaciones diferentes y sus consecuencias no son idénticas. Por eso, no puede afirmarse que los 107 alquileres hayan quedado extinguidos automáticamente por el mero hecho de que el fondo se haya adjudicado las viviendas.

Los derechos de adquisición preferente de los arrendatarios también dependen de las circunstancias de la transmisión y de las posibles excepciones legales. En consecuencia, no existe una respuesta única aplicable a todas las familias sin revisar la documentación correspondiente.

Un conflicto que vuelve a poner la vivienda en el centro del debate

Corrales ya había vivido conflictos relacionados con el alquiler de viviendas vinculadas a Sareb. En 2019, varias familias de la localidad denunciaron problemas similares y reclamaron alternativas para no tener que abandonar sus casas. El nuevo enfrentamiento afecta ahora a un grupo mucho mayor de residentes.

La dimensión pública del caso también tiene relevancia. Sareb fue creada para gestionar activos procedentes de la reestructuración bancaria y el Estado, a través del FROB, mantiene una participación mayoritaria en la entidad. La operación plantea así un debate sobre la gestión de esos activos y sus consecuencias para quienes ocupan las viviendas como inquilinos.

La tensión entre los residentes y el fondo comprador refleja una de las dificultades del mercado inmobiliario: una vivienda es un activo financiero para su propietario, pero también el hogar de quienes viven en ella. Cuando ambas realidades chocan, las condiciones contractuales y las resoluciones judiciales determinan qué derechos conserva cada parte.

Las familias esperan una respuesta judicial para seguir en sus hogares

El futuro de las 107 familias depende, en parte, de la evolución de los procedimientos judiciales y de la situación particular de cada contrato. Los vecinos esperan que la Audiencia Provincial de Huelva examine su recurso y revise su reclamación sobre la participación en el proceso de adjudicación.

Mientras tanto, reclaman una solución que les permita continuar en las viviendas y pagar sus alquileres. Para muchas familias, no se trata de conseguir una ventaja económica, sino de evitar que años de residencia terminen en una mudanza forzosa que no pueden asumir.

La cuestión central sigue abierta: qué derechos conserva cada inquilino tras la adjudicación y si existe margen para alcanzar un acuerdo con el nuevo propietario. Hasta que se aclaren esos extremos, las 107 familias de Corrales afrontan un futuro incierto, con sus contratos, sus recursos judiciales y la posibilidad de seguir viviendo en sus casas en juego.