La SIP denuncia tres asesinatos de periodistas y presiones en México

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha denunciado este domingo, 25 de octubre de 2026, el asesinato de tres periodistas en México durante el último semestre, junto con una sucesión de amenazas, agresiones y presiones judiciales que ponen en peligro la libertad de expresión. El informe, presentado con motivo de su 82.ª Asamblea General en Bogotá, advierte de que la violencia sigue siendo uno de los principales obstáculos para ejercer el periodismo en el país.

Los tres asesinatos destacados corresponden a Josué Martínez Contreras, Francisco Alejandro Leyva Aguilar y Ricardo Zúñiga Rosas, vinculados a medios locales y publicaciones críticas con las autoridades. La organización reclama investigaciones independientes que permitan esclarecer los crímenes y determinar si estuvieron relacionados con su actividad profesional, una hipótesis que considera imprescindible investigar antes de descartar.

La alerta va bastante más allá de los homicidios. La SIP describe un escenario en el que algunos periodistas trabajan bajo amenazas, sufren agresiones mientras cubren acontecimientos de interés público o afrontan procedimientos judiciales que pueden comprometer su independencia. Las restricciones legales, la presión institucional y la persistencia de la impunidad forman parte de un problema que afecta directamente al derecho de los ciudadanos a recibir información.

México arrastra desde hace años una situación especialmente grave para la prensa. La combinación de violencia criminal, conflictos políticos locales y deficiencias en las investigaciones ha convertido determinadas coberturas en actividades de alto riesgo. El último diagnóstico de la SIP confirma que esos peligros siguen presentes, mientras las organizaciones internacionales reclaman una respuesta más eficaz de las autoridades.

Tres periodistas asesinados en Puebla y Oaxaca

El informe de la SIP identifica tres homicidios especialmente preocupantes por las circunstancias en las que se produjeron y por la actividad informativa de sus víctimas. Los casos ocurrieron entre julio y agosto de 2026, en Puebla y Oaxaca, dos estados donde los periodistas locales afrontan riesgos relacionados con la violencia y las tensiones políticas.

Josué Martínez Contreras, conocido también como Josué Mac, dirigía el medio digital Noticias San Martín Texmelucan. Fue asesinado el 16 de julio en San Lucas Atoyatenco, Puebla. Su trabajo estaba vinculado a la información de proximidad, una actividad fundamental para conocer lo que sucede en municipios que apenas encuentran espacio en los grandes medios nacionales.

Seis días después, el 22 de julio, fue asesinado Francisco Alejandro Leyva Aguilar en San Pablo Etla, Oaxaca. Había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión y escribía columnas de análisis político en las que abordaba asuntos sensibles, entre ellos la violencia y los presuntos vínculos entre organizaciones criminales y actores políticos. Había denunciado amenazas antes de su muerte.

El tercer caso corresponde a Ricardo Zúñiga Rosas, fotógrafo y creador de contenido asesinado el 29 de agosto en Tehuitzingo, Puebla. Había denunciado amenazas después de publicar fotografías e información crítica sobre asuntos municipales. Esa circunstancia ha llevado a las organizaciones defensoras de la prensa a insistir en la necesidad de investigar una posible conexión entre sus publicaciones y el crimen.

La SIP, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Reporteros Sin Fronteras (RSF) coinciden en exigir que las investigaciones no descarten precipitadamente el móvil periodístico. La existencia de una actividad informativa crítica no demuestra por sí sola la causa de un asesinato, pero tampoco permite ignorarla.

Los tres casos no representan todas las muertes de 2026

Existe una distinción importante. Los tres homicidios señalados por la SIP corresponden a los casos incluidos en su balance semestral por su posible vinculación con el ejercicio profesional. No representan el número total de periodistas asesinados en México durante 2026.

El documento también recoge otros tres asesinatos respecto a los que, con la información disponible, no se habían encontrado indicios que relacionasen los hechos con la actividad informativa de las víctimas.

El 23 de octubre, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó de que nueve periodistas habían sido asesinados en México durante 2026, según sus registros. Su pronunciamiento llegó después del asesinato, el 9 de octubre, de Hamurabi Huesca, director del portal Pinotepa Comunica, en Oaxaca.

Las cifras responden a criterios y periodos de observación diferentes. Lo que comparten las organizaciones es la preocupación por la violencia y la necesidad de esclarecer cada crimen, sin confundir la condición profesional de la víctima con un móvil que todavía debe demostrarse.

Amenazas, agresiones y presiones para eliminar información

Los asesinatos representan la manifestación más grave del problema, pero no la única. La SIP documenta amenazas de muerte, intimidaciones contra familiares de periodistas, agresiones durante manifestaciones y campañas de hostigamiento digital.

En estados como Sinaloa y Tlaxcala se registraron amenazas contra profesionales de la información y sus allegados. El informe también menciona las dificultades que afrontan periodistas de Chiapas y Oaxaca que, pese a estar incorporados al mecanismo oficial de protección, consideran insuficientes las medidas para garantizar su seguridad.

Uno de los episodios denunciados ocurrió en Tamaulipas, donde dos periodistas aseguraron que integrantes de la Secretaría de Marina les obligaron a borrar fotografías y vídeos mientras documentaban un presunto derrame de petróleo.

La acusación, recogida por la SIP, afecta a una cuestión esencial: la posibilidad de que un periodista documente actuaciones o acontecimientos de interés público sin interferencias arbitrarias de las autoridades. El incidente figura como una denuncia de los afectados, no como un hecho cuya responsabilidad haya quedado judicialmente establecida.

También se registraron amenazas contra el periodista poblano Jaime López y una agresión física a la fotodocumentalista Abril Ángel durante una protesta en Ciudad de México.

Estas situaciones pueden provocar autocensura, incluso cuando no llegan a impedir formalmente una publicación. Un profesional amenazado puede dejar de investigar determinados asuntos, evitar identificarse públicamente o renunciar a coberturas que considera demasiado peligrosas.

El perjuicio no termina en la persona intimidada. También alcanza a quienes dejan de recibir esa información. La libertad de prensa depende tanto de la posibilidad de publicar como de las condiciones reales en las que los periodistas desarrollan su trabajo.

La Ley Serrano y el riesgo de utilizar los tribunales contra la prensa

La SIP dedica una parte de su informe a una forma de presión menos visible que las agresiones físicas: el uso de normas y procedimientos judiciales que pueden limitar el trabajo periodístico.

El caso más destacado es el de la denominada Ley Serrano, una reforma aprobada en 2025 en el estado de San Luis Potosí. La disposición contemplaba penas de hasta seis años de prisión por determinados usos de inteligencia artificial relacionados con la difusión de contenidos falsos o con posibles perjuicios a la confianza en las instituciones.

El propósito declarado de combatir la desinformación abrió un debate sobre los límites de la intervención penal. Organizaciones defensoras de los derechos humanos cuestionaron la amplitud de algunos conceptos legales y advirtieron de que podían utilizarse contra publicaciones críticas.

La aplicación de la normativa derivó en procedimientos penales contra periodistas, entre ellos los relacionados con dos comunicadoras detenidas en mayo de 2026. El Congreso estatal derogó la reforma en julio, pero el episodio continúa siendo relevante por sus consecuencias y por el precedente que representa.

El problema no consiste en que la prensa deba quedar al margen de la ley. Los periodistas están sujetos a responsabilidades legales, como cualquier ciudadano. La preocupación surge cuando una disposición demasiado imprecisa permite convertir una crítica, una investigación incómoda o una publicación controvertida en motivo de persecución.

El informe también examina el conflicto judicial que afecta al diario Vanguardia, de Coahuila. Su director general, Armando Castilla Galindo, fue detenido en enero y posteriormente quedó en libertad después de que un juez considerase insuficientes los elementos aportados para procesarlo por una acusación de fraude.

Para la SIP, estas controversias muestran el riesgo de que determinados procedimientos judiciales terminen debilitando económica o institucionalmente a medios independientes, aunque no exista una prohibición expresa de publicar.

El Gobierno de Sheinbaum rechaza las acusaciones de censura

Otro punto de fricción se encuentra en los nuevos lineamientos mexicanos para proteger los derechos de las audiencias, aprobados el 26 de agosto de 2026.

La normativa ha provocado críticas de organizaciones periodísticas y especialistas que temen posibles interferencias administrativas en las decisiones editoriales. Entre las preocupaciones figuran la diferenciación entre información y opinión y los mecanismos de supervisión de los contenidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha rechazado que estas disposiciones constituyan censura y sostiene que buscan garantizar los derechos de los ciudadanos como receptores de información.

Es una distinción importante para entender el debate. La protección de las audiencias constituye un objetivo legítimo, pero cualquier regulación debe evitar que una autoridad pueda condicionar indebidamente la independencia editorial o determinar qué críticas resultan aceptables.

En otro episodio, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló una variable prevista para el seguimiento de medios durante los procesos electorales. El mecanismo pretendía registrar determinadas formas indirectas de descalificación, incluidas expresiones irónicas o sarcásticas dirigidas a candidatos.

El tribunal consideró que su aplicación podía resultar subjetiva y tener un efecto inhibidor sobre la cobertura periodística. Una decisión relevante: la ironía, la crítica y la opinión forman parte del debate público, aunque puedan incomodar a quienes ocupan posiciones de poder.

El informe recoge igualmente la controversia provocada por un análisis gubernamental sobre una supuesta red de amplificación digital que incluía nombres de periodistas, comentaristas y analistas.

Varias organizaciones cuestionaron su metodología y alertaron del posible efecto intimidatorio de estos señalamientos. El Ejecutivo mexicano negó que pretendiera estigmatizar a los profesionales mencionados y defendió que se trataba de un análisis de las dinámicas de las redes sociales.

La impunidad, el gran problema de la libertad de prensa en México

La situación descrita por la SIP adquiere mayor gravedad al examinar los antecedentes de violencia contra periodistas.

Reporteros Sin Fronteras presentó en octubre un balance según el cual 169 periodistas habían sido asesinados en México entre 2006 y 2026. De ese total, la organización consideraba que 168 casos, el 99,4 %, no estaban completamente esclarecidos.

La cifra muestra la dimensión histórica del problema. No se trata únicamente de evitar nuevos ataques, sino de conseguir que los homicidios ya cometidos sean investigados, que se identifique a sus responsables y que las investigaciones puedan determinar si existió una represalia por el trabajo informativo.

El balance de RSF también señala que una parte importante de los asesinatos se concentra en estados como Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chihuahua y Tamaulipas. Muchos de los profesionales afectados trabajaban en información local, política o relacionada con la delincuencia organizada.

La organización internacional sitúa a México en el puesto 122 de 180 países de su Clasificación Mundial de Libertad de Prensa de 2026. En el indicador específico de seguridad, el país desciende hasta la posición 160.

Ambos datos reflejan una realidad preocupante: aunque México cuenta con medios independientes, periodistas de investigación y organizaciones activas en defensa de la libertad de expresión, las condiciones de seguridad siguen siendo extraordinariamente difíciles.

El país dispone de un mecanismo de protección para periodistas y defensores de los derechos humanos. Sin embargo, la persistencia de las agresiones y las denuncias sobre insuficiencias en su funcionamiento plantean dudas sobre su eficacia en determinadas zonas.

Las organizaciones internacionales reclaman una mejor coordinación entre las autoridades estatales y federales, investigaciones independientes y medidas preventivas adaptadas a los riesgos de cada profesional.

Investigar los asesinatos y garantizar una prensa libre

El informe presentado en Bogotá sitúa a México ante un problema que no puede resolverse únicamente mediante declaraciones institucionales o reformas legales.

La SIP exige investigaciones exhaustivas e independientes, protección efectiva para quienes reciben amenazas y garantías para que las autoridades no utilicen mecanismos administrativos o judiciales con fines intimidatorios.

También reclama que se esclarezcan las responsabilidades materiales e intelectuales en los asesinatos de periodistas. Detener a quienes ejecutan los ataques no basta si permanecen sin investigar las posibles órdenes, motivaciones y estructuras que los hicieron posibles.

La cuestión afecta directamente a la calidad democrática. Cuando un periodista deja de investigar por miedo, cuando una información desaparece por presiones o cuando un asesinato queda impune, los ciudadanos pierden oportunidades de conocer hechos relevantes sobre quienes ejercen el poder.

La libertad de prensa no se mide únicamente por la existencia de periódicos, televisiones o medios digitales. También depende de que sus profesionales puedan investigar, preguntar y publicar sin sufrir amenazas, represalias arbitrarias o violencia.

México mantiene un periodismo capaz de investigar asuntos incómodos y fiscalizar a las instituciones. El desafío que plantea el nuevo informe de la SIP es que ejercer ese derecho fundamental no siga suponiendo, para demasiados profesionales, poner en peligro su vida.