El Supremo amnistía a Puigdemont y deja su causa al borde del cierre

El Tribunal Supremo ha dado este lunes, 19 de octubre, el paso que faltaba para desmontar el principal frente penal que seguía abierto contra Carles Puigdemont por el procés. El magistrado Pablo Llarena ha decidido aplicar al expresidente de la Generalitat la ley de amnistía por el delito de malversación y ha confirmado que quedan sin efecto las órdenes nacionales de busca, captura y detención que pesaban sobre él. La misma decisión alcanza a los exconsellers Antoni Comín y Lluís Puig.

La resolución acerca así al final una causa que acompaña a Puigdemont desde el otoño de 2017 y despeja jurídicamente su regreso a España respecto de este procedimiento. La orden de detención ya había sido suspendida de manera provisional el pasado 6 de octubre; lo novedoso es que Llarena aplica ahora expresamente la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la amnistía de la malversación, pese a dejar constancia de que no comparte ese criterio.

Llarena aplica la amnistía tras el giro del Constitucional

El movimiento del Supremo no aparece de la nada. Durante más de dos años, la malversación fue precisamente la piedra que mantuvo encallada la aplicación completa de la amnistía a algunos de los principales dirigentes del procés.

El Supremo había considerado que determinados hechos quedaban fuera de la ley porque, a su juicio, existió un beneficio personal de carácter patrimonial: los dirigentes independentistas habrían destinado dinero público a gastos que, de otro modo, tendrían que haber asumido personalmente. Esa interpretación permitió mantener vivo el procedimiento contra Puigdemont incluso después de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2024.

El escenario cambió el 6 de octubre. El Tribunal Constitucional concedió el amparo a la exconsellera Dolors Bassa y concluyó que esa interpretación de la malversación no podía utilizarse para excluir del perdón los gastos vinculados al procés. La sentencia, aprobada por siete votos frente a cinco, fijó una doctrina que inevitablemente alcanzaba a Puigdemont, Comín y Puig.

Llarena lo asume ahora. No con entusiasmo, precisamente, pero lo asume.

El juez mantiene sus reparos, pero acata la doctrina

El instructor deja claro que continúa discrepando del razonamiento del Constitucional. Considera que la malversación cometida durante el proceso independentista debería permanecer fuera del ámbito de la amnistía, la tesis que el Tribunal Supremo había defendido desde 2024.

Pero el margen judicial se había estrechado de forma considerable. El Constitucional había establecido el criterio que debía aplicarse y Llarena ha trasladado esa doctrina al caso de los tres antiguos miembros del Govern.

El magistrado también ha rechazado el recurso de reforma de Vox, que actuaba como acusación popular contra la decisión del 6 de octubre de dejar en suspenso las órdenes de detención. Aquella medida era provisional; la resolución de este lunes consolida el nuevo escenario procesal.

Puigdemont puede regresar sin ser detenido por esta causa

Para Puigdemont, el efecto práctico es especialmente relevante: desaparece el obstáculo penal que durante años convirtió cualquier regreso estable a España en una operación de enorme riesgo judicial.

La orden nacional de busca y captura había estado activa desde su salida de España en octubre de 2017, salvo los cambios derivados de las distintas etapas del procedimiento. En agosto de 2024 llegó a reaparecer fugazmente en Barcelona, durante la jornada de investidura de Salvador Illa, y abandonó de nuevo el país pese al dispositivo policial organizado para localizarlo.

Desde el pasado 6 de octubre ya podía regresar sin ser arrestado por esta causa, porque Llarena había retirado cautelarmente las órdenes nacionales después de conocerse la decisión del Constitucional. Aquello era, sin embargo, una especie de puente jurídico mientras el Supremo estudiaba la sentencia completa. La resolución conocida este lunes va bastante más lejos: la amnistía ya se aplica a Puigdemont.

Otra cuestión distinta es cuándo decidirá volver. La desaparición de la amenaza inmediata de detención elimina el principal impedimento judicial, pero no convierte automáticamente el regreso en una fecha escrita en el calendario.

De la resistencia del Supremo al cambio definitivo

La evolución de estos últimos meses explica bien hasta qué punto ha cambiado el paisaje. Todavía el 15 de septiembre de 2026, Llarena había rechazado una nueva petición de Puigdemont para ser amnistiado y mantenía abierta la causa por malversación. Ni siquiera la sentencia dictada en julio por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea había bastado para provocar un vuelco inmediato en la posición del Supremo.

El tribunal europeo había despejado importantes dudas sobre la compatibilidad de la ley de amnistía con el derecho de la Unión, pero seguía quedando una batalla estrictamente española: determinar si la propia ley permitía perdonar la concreta malversación atribuida a los dirigentes del procés.

Ahí entró el Constitucional. Y ahí se rompió el dique.

Una vez dictada la sentencia sobre Bassa, Llarena retiró provisionalmente las órdenes de detención el mismo 6 de octubre. Al día siguiente, el Supremo abrió un plazo de cinco días para que las partes presentaran alegaciones. Puigdemont pidió después que la amnistía se aplicara sin más demora y que la causa fuera archivada definitivamente.

El frente contable también se ha desmoronado

La decisión del Supremo llega apenas cinco días después de otro movimiento importante. El Tribunal de Cuentas aplicó el 14 de octubre la amnistía a Puigdemont, Artur Mas, Oriol Junqueras y otros antiguos responsables de la Generalitat encausados por los gastos vinculados al referéndum del 1 de octubre de 2017 y a la acción exterior del Govern.

En total fueron 35 antiguos cargos. El organismo levantó también las fianzas que pesaban sobre ellos, superiores en conjunto a ocho millones de euros, al concluir que no había quedado acreditado el empleo de fondos procedentes del presupuesto de la Unión Europea en aquellos gastos.

Es otro ladrillo que cae de un edificio judicial levantado durante casi una década. Las responsabilidades políticas por 2017 siguen perteneciendo, obviamente, al terreno político y al juicio ciudadano; las penales y contables, en cambio, se están reduciendo con rapidez a medida que los tribunales aplican la ley de amnistía de 2024 y las posteriores decisiones del Constitucional y de la justicia europea.

Una causa que se acerca a su último capítulo

El auto de Llarena tiene una importancia que va más allá de levantar una orden de detención. Durante años, la situación procesal de Puigdemont fue una de las grandes anomalías —y uno de los símbolos— de la larga resaca del procés: expresidente de la Generalitat, dirigente político activo y, al mismo tiempo, procesado en rebeldía con una causa penal abierta en el Supremo.

La aplicación de la amnistía por malversación modifica de raíz esa fotografía. También beneficia a Antoni Comín y Lluís Puig, procesados junto al expresidente y que tampoco llegaron a ser juzgados en España por estos hechos.

No significa que desaparezca el debate jurídico sobre la amnistía. Tampoco borra la profunda división que la norma ha provocado entre partidos, magistrados y juristas. El propio enfrentamiento interpretativo entre el Supremo y el Constitucional demuestra que el asunto ha estado lejos de ser pacífico.

Pero para Puigdemont hay un dato bastante menos abstracto: la causa penal que durante años condicionó cada posible regreso a Cataluña está prácticamente agotada. El mismo juez que mantuvo abierto el procedimiento por malversación termina aplicando la doctrina constitucional que permite amnistiarla. A veces la justicia avanza a grandes golpes; otras, después de nueve años de autos, recursos y tribunales, llega al mismo lugar por una carretera bastante más larga.