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La ONU pide garantías ante el centro de deportación de la UE en Ruanda

Cinco gobiernos europeos negocian con Ruanda un centro de deportación para 2027. ACNUR reclama garantías y España mantiene su rechazo al proyecto.

Publicado

el

Organización Internacional para las Migraciones

Foto: Guilhem Vellut / Wikimedia Commons (CC BY 2.0).

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\Resumen\\

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  • \\La UE prepara su primer centro de deportación en Ruanda para 2027\\
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  • \\Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos negocian el proyecto, mientras ACNUR reclama garantías\\
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  • \\Bruselas respalda la iniciativa, España se opone y 47 organizaciones denuncian riesgos para los derechos humanos\\
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\Cinco países de la Unión Europea preparan un centro de deportación de migrantes en Ruanda\ con el objetivo de comenzar los traslados en 2027. Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos han anunciado el inicio de negociaciones concretas con el Gobierno ruandés para enviar al país africano a extranjeros cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas definitivamente y que no puedan regresar a sus países de origen.\

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El proyecto fue presentado el lunes 16 de noviembre en Viena y supone un importante cambio en la \política migratoria europea\. Por primera vez, varios Estados miembros pretenden organizar conjuntamente un centro de retorno fuera del territorio comunitario para ejecutar expulsiones que no pueden llevarse a cabo directamente hacia los países de procedencia.\

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La iniciativa ha recibido el respaldo de la \Comisión Europea\, pero también ha provocado críticas de organizaciones humanitarias. El \Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)\ ha insistido en la necesidad de garantizar procedimientos de asilo justos, retornos dignos y el cumplimiento del derecho internacional y de los derechos humanos.\

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\España no participa en el proyecto y se opone a este modelo de deportaciones.\ La discusión va más allá del control de las fronteras: plantea hasta dónde pueden llegar los gobiernos europeos al trasladar a otros países la ejecución de sus expulsiones y qué responsabilidad conservarán sobre las personas enviadas a Ruanda.\

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Cinco países europeos preparan el centro de deportación para 2027\

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El anuncio se realizó el \16 de noviembre en Viena\, durante un encuentro encabezado por el canciller austríaco, \Christian Stocker\, en el que participaron representantes de los cinco países europeos y el ministro del Interior de Ruanda, \Vincent Biruta\.\

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Stocker presentó la iniciativa como un \cambio histórico en la política migratoria europea\. Su objetivo es facilitar las expulsiones de personas que no tienen derecho a permanecer en la UE cuando resulta imposible devolverlas directamente a sus países de origen.\

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El nuevo mecanismo permitiría trasladarlas a un \tercer país\, aunque no tengan vínculos familiares, personales o de nacionalidad con ese territorio.\

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La apertura está prevista para \2027\, aunque todavía deben concretarse los términos definitivos del acuerdo y sus mecanismos de funcionamiento. Los cinco gobiernos han iniciado negociaciones con Ruanda para desarrollar una primera fase piloto que podría ampliarse posteriormente.\

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Los gobiernos promotores sostienen que la medida servirá para mejorar la eficacia de las expulsiones y \desincentivar la inmigración irregular\. La primera ministra danesa, \Mette Frederiksen\, también ha defendido su posible efecto disuasorio sobre las redes de tráfico de personas.\

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Sin embargo, trasladar a un migrante de Europa a Ruanda \no garantiza su regreso al país de origen\. Esa es una de las principales incertidumbres del proyecto, especialmente cuando la expulsión inicial no puede ejecutarse porque el Estado de procedencia se niega a readmitir a la persona afectada.\

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Quiénes podrían ser deportados a Ruanda y bajo qué condiciones\

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El centro no está concebido para recibir indiscriminadamente a todas las personas que lleguen de manera irregular a Europa.\

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Según las condiciones anunciadas por sus promotores, los traslados afectarían a extranjeros que hayan recibido una \denegación definitiva de asilo\, agotado las posibilidades legales de recurso y estén obligados a abandonar el territorio comunitario.\

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También sería necesario que su \retorno directo al país de origen\ no pudiera ejecutarse, por ejemplo, porque las autoridades de ese Estado se nieguen a readmitirlos.\

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Los \menores no acompañados\ quedarían excluidos de esta iniciativa.\

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Las autoridades ruandesas han planteado distintas posibilidades para quienes lleguen al centro: \regresar voluntariamente\ a su país de origen, establecerse en Ruanda o trasladarse a otro Estado donde tengan derecho legal de residencia.\

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El ministro Vincent Biruta ha asegurado que los migrantes recibirán un \trato digno\ y que se establecerá un mecanismo independiente de supervisión.\

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Sin embargo, todavía no se han detallado completamente las \condiciones de alojamiento\, el seguimiento individual de los deportados ni los procedimientos que permitirán comprobar el cumplimiento efectivo de sus derechos.\

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La ONU pide garantías para proteger los derechos humanos\

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El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, \Barham Salih\, participó en las conversaciones de Viena con los representantes de los cinco gobiernos europeos y de Ruanda.\

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Durante el encuentro, Salih destacó tres cuestiones esenciales: la necesidad de mantener \procedimientos de asilo justos y eficaces\, garantizar que los retornos respeten los derechos humanos y reforzar la cooperación internacional en materia de protección de refugiados.\

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ACNUR ha aceptado ofrecer \asesoramiento técnico y jurídico\ para contribuir a que los posibles acuerdos respeten las obligaciones internacionales. Sin embargo, esta disposición a colaborar no significa que la agencia haya firmado un acuerdo para ejecutar las deportaciones ni que haya avalado sin condiciones el proyecto.\

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La preocupación por las garantías se produce en un contexto de \críticas internacionales\ sobre la situación política y las libertades fundamentales en Ruanda.\

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Organizaciones como \Human Rights Watch\ han documentado restricciones a la oposición política, detenciones arbitrarias, malos tratos bajo custodia y obstáculos a la libertad de expresión.\

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La organización también ha cuestionado la participación de las autoridades ruandesas en el conflicto del este de la \República Democrática del Congo\, especialmente por su apoyo al grupo armado M23.\

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Estos antecedentes alimentan las dudas sobre la capacidad del país para garantizar un \sistema de protección adecuado\ a las personas deportadas desde Europa.\

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No obstante, las advertencias de las organizaciones internacionales no equivalen a una resolución judicial que declare ilegal el nuevo proyecto. La \legalidad de los futuros traslados\ dependerá de las condiciones concretas del acuerdo y de su aplicación.\

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El riesgo de nuevas expulsiones y la supervisión internacional\

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Uno de los principios fundamentales del derecho internacional es la \no devolución\, que impide trasladar a una persona a un territorio donde pueda afrontar persecución, tortura u otros daños graves.\

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Ese principio también resulta relevante cuando la \expulsión se realiza hacia un país distinto del de origen\.\

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El problema no termina necesariamente al llegar a Ruanda. Si una persona es trasladada posteriormente a otro Estado sin garantías suficientes, podría producirse una \devolución en cadena\, una situación que preocupa especialmente a los organismos especializados en derechos humanos.\

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ACNUR mantiene conversaciones con los países promotores para asesorarlos sobre el cumplimiento de las normas internacionales, pero \no ha firmado un acuerdo para participar en la ejecución del proyecto\.\

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La \Organización Internacional para las Migraciones (OIM)\, por su parte, ha explicado que puede proporcionar asistencia a los migrantes si recibe una solicitud del país receptor y existen garantías suficientes. Su intervención no incluiría la ejecución de expulsiones forzosas ni funciones de detención o seguridad.\

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También se han pronunciado \47 organizaciones humanitarias, sindicales y de defensa de los derechos humanos\, que consideran que enviar personas a países con los que no mantienen ninguna relación puede aumentar su vulnerabilidad y dificultar la supervisión de las condiciones en las que viven.\

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Entre las principales incógnitas figura quién tendrá capacidad para \intervenir ante posibles vulneraciones\, qué mecanismos de reclamación existirán y cómo podrán los deportados acceder a asistencia jurídica efectiva desde territorio ruandés.\

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Bruselas respalda el acuerdo, pero España se opone\

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La reacción de las instituciones europeas muestra las \diferencias que existen en la UE\ alrededor de esta iniciativa.\

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La \Comisión Europea ha acogido favorablemente\ el proyecto anunciado por los cinco países y considera que puede contribuir a hacer más eficaz el sistema comunitario de retornos.\

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Su portavoz de Interior, \Markus Lammert\, destacó el trabajo preparatorio de los gobiernos participantes y la necesidad de mantener el respeto al derecho europeo e internacional.\

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La propuesta se apoya en la \nueva normativa comunitaria sobre retornos\, que permite establecer acuerdos con terceros países para organizar centros de expulsión fuera del territorio de la Unión.\

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El respaldo de Bruselas no significa, sin embargo, que los \27 Estados miembros\ participen en el centro ruandés.\

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\España no forma parte del acuerdo.\ El presidente del Gobierno, \Pedro Sánchez\, criticó el lunes la creación de estas instalaciones fuera de Europa y manifestó sus dudas sobre su eficacia y su dimensión humanitaria.\

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El Ejecutivo español defiende una política basada en la \cooperación con los países de origen y tránsito\, la lucha contra las redes de tráfico y el establecimiento de vías legales de migración.\

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De hecho, España también se opuso a la reforma europea sobre retornos que ha abierto la puerta a la creación de estos centros en terceros países.\

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El contraste es evidente: mientras cinco gobiernos europeos apuestan por trasladar fuera de sus fronteras a personas con órdenes de expulsión, otros cuestionan que esta estrategia resuelva los \problemas estructurales del sistema migratorio\.\

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El precedente del Reino Unido con Ruanda\

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El proyecto europeo recuerda inevitablemente al \programa de deportaciones\ que impulsó el Reino Unido en 2022.\

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Aquel acuerdo pretendía enviar a Ruanda a personas que habían llegado irregularmente al territorio británico para que sus \solicitudes de protección internacional\ fueran examinadas en el país africano.\

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El \Tribunal Supremo británico declaró ilegal el plan en noviembre de 2023\, al considerar que existían riesgos reales de que los solicitantes fueran devueltos a lugares donde podrían sufrir persecución.\

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Posteriormente, el Gobierno laborista de \Keir Starmer\ abandonó aquella política en julio de 2024.\

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Los cinco países europeos aseguran que su iniciativa es diferente porque se dirige a personas cuyo \procedimiento de asilo ya ha terminado\ y que carecen de autorización para permanecer en la UE.\

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Es una distinción jurídica relevante. En el modelo británico se pretendía trasladar parte del procedimiento de asilo al extranjero; en el nuevo sistema europeo se busca \ejecutar decisiones de expulsión previamente adoptadas\.\

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Pese a esa diferencia, las dudas sobre las \condiciones de acogida\, el acceso a garantías legales y la supervisión de los derechos fundamentales siguen presentes.\

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Un proyecto para 2027 pendiente de garantías\

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El centro de deportación de Ruanda representa uno de los cambios más significativos de la nueva \política migratoria europea\. Sus impulsores pretenden demostrar que las órdenes de expulsión pueden cumplirse incluso cuando los países de origen se niegan a recibir a sus nacionales.\

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Pero \el acuerdo todavía debe concretarse\ y quedan por resolver cuestiones esenciales: quién supervisará las instalaciones, qué recursos legales tendrán las personas trasladadas, cómo se garantizará su seguridad y qué ocurrirá si no pueden regresar a su país ni establecerse en Ruanda.\

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La participación de ACNUR en las conversaciones no elimina estas incógnitas. Su papel, por el momento, consiste en ofrecer asesoramiento sobre las \obligaciones internacionales de protección\ que deben cumplir los Estados participantes.\

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Los gobiernos europeos tienen derecho a ejecutar las expulsiones legalmente acordadas, pero siguen obligados a \respetar los derechos humanos\ de las personas afectadas. Trasladar esa responsabilidad a miles de kilómetros no supone que desaparezca.\

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El proyecto aspira a comenzar en \2027\. Antes tendrá que demostrar que las \garantías jurídicas y humanitarias\ anunciadas pueden cumplirse realmente fuera del territorio europeo.\

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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