Tecnología
Centros de datos en Andalucía: 19 proyectos, agua de 300.000 personas
Un inventario de 19 proyectos digitales en Andalucía prevé 2.227 megavatios y un consumo de agua comparable al de 300.000 personas cada año.
Resumen
- Los 19 proyectos consumirían tanta agua al año como 300.000 personas
- Las instalaciones previstas suman 2.227 megavatios de potencia eléctrica
- El Gobierno exige más eficiencia hídrica y un 80% de energía renovable
Andalucía tiene en desarrollo o tramitación hasta 19 proyectos vinculados a centros de datos que, si llegaran a funcionar a pleno rendimiento, podrían consumir al año tanta agua como 300.000 personas. La estimación, publicada este domingo 22 de noviembre de 2026 a partir de información de la Junta de Andalucía, pone cifras al coste ambiental de unas instalaciones llamadas a sostener el crecimiento de la inteligencia artificial, los servicios digitales y el almacenamiento masivo de información.
El impacto no se limita al agua. La cartera de proyectos suma 2.227 megavatios de potencia eléctrica prevista, una magnitud considerable para una comunidad que aspira a convertirse en uno de los grandes centros tecnológicos del sur de Europa. Las inversiones identificadas superan los 6.757 millones de euros, mientras que el Gobierno andaluz eleva a cerca de 10.000 millones el volumen económico asociado al conjunto de iniciativas que maneja.
Hay una distinción importante: los 300.000 habitantes son una equivalencia estimada, no un consumo medido. Los proyectos se encuentran en distintas fases de desarrollo y algunos ni siquiera tienen definidas todas sus características técnicas. La cifra tampoco permite determinar por sí sola cuánta agua utilizaría cada instalación o de qué recursos hídricos procedería.
La cuestión llega en un momento especialmente delicado. El Gobierno central acaba de aprobar una nueva regulación que obliga a los grandes centros de datos a cumplir requisitos de eficiencia energética e hídrica. La norma entró en vigor este 22 de noviembre, en medio de las discrepancias entre el Ejecutivo, las empresas tecnológicas, la Junta de Andalucía y las organizaciones ecologistas.
El consumo de agua de 300.000 personas, la cifra que preocupa
Los centros de procesamiento de datos, conocidos como CPD, albergan miles de servidores que trabajan de manera continuada. Cada operación genera calor y mantener los equipos a temperaturas adecuadas resulta imprescindible para evitar fallos y garantizar su funcionamiento.
Parte de estas instalaciones utiliza sistemas de refrigeración que necesitan agua, especialmente aquellos basados en procesos evaporativos. Cuanto mayor es la capacidad informática, más exigente puede resultar la refrigeración, aunque el consumo depende de la tecnología empleada, el clima y las condiciones de funcionamiento.
La estimación difundida para Andalucía sitúa las necesidades hídricas del conjunto de proyectos en el equivalente al abastecimiento anual de 300.000 personas. No obstante, la información publicada no ofrece un desglose completo del volumen de agua previsto para cada iniciativa ni una metodología detallada que permita comprobar esa equivalencia de forma independiente.
El inventario de 19 actuaciones incluye un proyecto identificado como inactivo, infraestructuras de conectividad y otras iniciativas todavía sin definir por completo. Por eso, tampoco sería riguroso considerar que las 19 instalaciones están construidas o que todas necesitarán la misma cantidad de agua.
El problema de fondo sigue siendo relevante. En una comunidad expuesta a periodos recurrentes de sequía, incorporar grandes consumidores industriales exige conocer la disponibilidad de recursos y sus posibles efectos sobre otros usos, desde el abastecimiento doméstico hasta la agricultura.
Málaga, Sevilla y Granada concentran los mayores proyectos
La expansión de los centros de datos no se distribuye uniformemente por Andalucía. Málaga encabeza la potencia proyectada, con 700 megavatios, seguida de Sevilla, con 667, y Granada, con 550. Huelva suma otros 200 y Cádiz, 110.
Estas cantidades representan la potencia contemplada en el inventario, no la electricidad que las instalaciones están consumiendo actualmente. Tampoco pueden transformarse directamente en un consumo anual sin conocer cuánto tiempo y a qué carga funcionarán los equipos.
Málaga alberga una de las iniciativas más destacadas. El proyecto promovido por Saltburn Holding en la ampliación de Málaga TechPark recibió en mayo de 2026 la declaración de inversión empresarial de interés estratégico para Andalucía.
La documentación oficial contempla 1.257 millones de euros de inversión, una potencia eléctrica de 150 megavatios y 100 megavatios destinados a tecnología informática. Sus previsiones de empleo distinguen entre 710 puestos durante la construcción y 254 empleos directos a tiempo completo durante la explotación.
La diferencia importa: los trabajadores necesarios para levantar una instalación no son los mismos que permanecerán en ella una vez terminada. Las previsiones de empleo estable deben distinguirse de los puestos temporales asociados a las obras.
Granada también ocupa una posición destacada. En Escúzar avanza el centro de datos SP01, promovido por Alto Infrastructure, con una capacidad eléctrica prevista de hasta 100 megavatios. Su primera fase operativa está programada para el segundo trimestre de 2027.
El proyecto contempla un desarrollo progresivo y una inversión potencial superior a 3.000 millones de euros, incluyendo los equipos tecnológicos de sus futuros clientes.
No todos los centros de datos necesitan la misma cantidad de agua
El consumo hídrico es uno de los aspectos en los que más diferencias pueden existir entre instalaciones.
Los sistemas de refrigeración evaporativa aprovechan la evaporación del agua para disipar calor. Otras soluciones utilizan refrigeración por aire o circuitos cerrados en los que el líquido circula y se reutiliza, reduciendo considerablemente las necesidades de reposición.
El ejemplo de Escúzar y la refrigeración en circuito cerrado
El centro SP01 de Escúzar ofrece un ejemplo concreto. Según las previsiones comunicadas por sus promotores el 19 de noviembre, empleará un sistema de refrigeración en circuito cerrado y tendrá un consumo estimado de aproximadamente 1.030 metros cúbicos de agua al año incluso cuando alcance su capacidad máxima.
Es una previsión empresarial, pendiente de contrastarse con los consumos reales cuando el complejo esté operativo. Pero ilustra por qué no puede atribuirse un mismo gasto hídrico a todos los centros de datos.
La comparación entre proyectos debe considerar también si utilizan agua potable, regenerada o procedente de otras fuentes autorizadas. Y conviene distinguir el agua que circula por los sistemas de la que efectivamente se consume o se pierde durante el proceso.
La eficiencia no equivale necesariamente a un consumo reducido en términos absolutos. Una instalación gigantesca puede gastar menos agua por unidad de procesamiento y, aun así, necesitar un volumen total importante.
El Gobierno estrena una regulación para limitar el impacto
El Consejo de Ministros aprobó el 20 de noviembre el Real Decreto 1032/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado al día siguiente. La norma establece requisitos de sostenibilidad energética, eficiencia hídrica y soberanía digital para el sector.
Con carácter general, sus principales obligaciones ambientales y energéticas afectan a los centros que solicitan acceso a la red eléctrica con una potencia igual o superior a 10 megavatios, incluidos los conjuntos de instalaciones que alcanzan ese umbral en una misma ubicación y bajo una misma titularidad.
Entre las exigencias figura acreditar que al menos el 80% del consumo eléctrico se cubre mediante generación renovable que cumpla determinadas condiciones de adicionalidad y correspondencia horaria. Es decir, no basta con contratar electricidad presentada comercialmente como verde: deben cumplirse requisitos sobre su procedencia y disponibilidad.
La regulación también establece estándares de eficiencia del agua y de la energía. Los centros deberán alcanzar los niveles exigidos por los correspondientes sistemas de clasificación, con plazos generales de un año desde la entrada en funcionamiento para la eficiencia hídrica y dos para la energética, además de los regímenes transitorios y excepciones contemplados en el decreto.
Las instalaciones con al menos 500 kilovatios de potencia informática tienen asimismo determinadas obligaciones de información y transparencia.
El Gobierno defiende estas medidas para evitar que una demanda eléctrica creciente perjudique al resto de consumidores. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, advirtió de que, sin la regulación, el impacto sobre las facturas podría alcanzar los 5.000 millones de euros, según los escenarios manejados por el Ejecutivo.
La Junta de Andalucía discrepa del enfoque. El consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, sostuvo el 19 de noviembre, durante una visita a Escúzar, que algunos requisitos pueden introducir incertidumbre y comprometer inversiones tecnológicas.
El Ejecutivo autonómico defiende que la regulación tenga en cuenta las particularidades climáticas de Andalucía y permita desarrollar una industria que considera estratégica para su economía.
Los ecologistas reclaman límites según la disponibilidad de agua
Las principales organizaciones ecologistas españolas llevan meses alertando del impacto que puede tener una expansión acelerada de los centros de datos.
Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España reclamaron a comienzos de noviembre que la regulación no se limitara a exigir instalaciones más eficientes.
Su planteamiento incluye límites absolutos al consumo de agua adaptados a cada cuenca hidrográfica, evaluaciones ambientales que tengan en cuenta los efectos acumulados de varios proyectos y mayores garantías de participación pública.
La distinción es relevante. Un índice elevado de eficiencia hídrica permite comparar el rendimiento de instalaciones diferentes, pero no determina por sí solo si un territorio dispone de agua suficiente para atender una nueva demanda.
Las organizaciones también defienden que el consumo eléctrico de los nuevos centros esté respaldado íntegramente por nueva generación renovable, frente al porcentaje general del 80% establecido en la regulación estatal.
A todo ello se añade la disponibilidad de conexión eléctrica. La implantación simultánea de grandes instalaciones necesita redes capaces de transportar y distribuir la energía solicitada, así como inversiones adicionales cuando la infraestructura existente resulta insuficiente.
En Granada, por ejemplo, la compañía Cuerva trabaja en el refuerzo de la red de distribución para atender la demanda vinculada al centro SP01 y otros proyectos estratégicos de Escúzar.
Andalucía tendrá que medir el coste real de su expansión digital
Los centros de datos representan una oportunidad económica para Andalucía. Pueden atraer inversiones, generar empleo especializado y proporcionar infraestructuras para empresas, universidades, servicios públicos y nuevas aplicaciones de inteligencia artificial.
Pero las previsiones de inversión no garantizan que todos los proyectos terminen construyéndose ni que su desarrollo se produzca en los plazos anunciados.
La estimación de un consumo de agua equivalente al de 300.000 personas obliga a examinar las necesidades de cada instalación, especialmente cuando comparten territorio, infraestructuras y recursos con otros usuarios.
La información determinante será la que permita comprobar, proyecto por proyecto, cuántos metros cúbicos necesitarán realmente, qué sistemas de refrigeración utilizarán, de dónde procederá el agua y cómo afectará su actividad a los recursos disponibles.
Andalucía quiere ocupar un lugar destacado en la economía digital europea. Con cerca de una veintena de iniciativas sobre la mesa, el desafío no consiste únicamente en atraer inversiones millonarias, sino en asegurar que las nuevas infraestructuras puedan funcionar sin comprometer el abastecimiento y las necesidades del territorio.
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