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Economía

El Gobierno aprueba el decreto de centros de datos y el plan eléctrico

El Consejo de Ministros aprueba la regulación de grandes centros de datos y una planificación eléctrica con 17.142 millones de inversión hasta 2030.

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decreto de centros de datos

Resumen

  • El Gobierno regula los centros de datos y aprueba el plan eléctrico hasta 2030
  • El nuevo plan prevé 17.142 millones y capacidad para 47,4 GW de demanda
  • Los grandes centros de datos afrontan una exigencia del 80 % de renovables

El Gobierno de España ha aprobado este viernes, 20 de noviembre de 2026, el real decreto que regula los centros de datos y la nueva planificación de la red eléctrica hasta 2030, dos decisiones destinadas a ordenar el crecimiento de las infraestructuras digitales y reforzar el suministro energético. El plan contempla una inversión de 17.142 millones de euros y capacidad para atender 47,4 gigavatios (GW) de nueva demanda eléctrica.

La regulación introduce exigencias de eficiencia energética, consumo de agua y soberanía digital para los grandes centros de procesamiento de datos. Entre sus principales novedades figura la obligación de vincular al menos el 80 % de su consumo eléctrico a energías renovables, con mecanismos de adaptación para determinadas instalaciones. El Ejecutivo pretende evitar que la expansión de la inteligencia artificial y los servicios digitales termine saturando las redes o encareciendo la electricidad para hogares y empresas.

El Consejo de Ministros extraordinario, celebrado a nueve días de las elecciones generales del 29 de noviembre, ha dado luz verde a ambas medidas. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha defendido que España se sitúa a la vanguardia de la regulación de estas instalaciones, aunque el decreto ha encontrado una fuerte oposición entre empresas tecnológicas, promotores inmobiliarios y compañías eléctricas.

La decisión llega en pleno crecimiento de la demanda de capacidad informática. Los centros de datos, imprescindibles para almacenar información, ejecutar aplicaciones y desarrollar inteligencia artificial, necesitan enormes cantidades de electricidad y sistemas de refrigeración. Su expansión representa una oportunidad económica, pero también plantea una cuestión que el Gobierno quiere resolver: cómo atraer inversiones digitales sin comprometer la capacidad del sistema eléctrico.

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Qué cambia con el nuevo decreto de centros de datos

El real decreto establece nuevos requisitos para las grandes instalaciones que soliciten acceso a las redes eléctricas españolas. Su finalidad es vincular el crecimiento del sector a una mayor disponibilidad de energía renovable y a criterios de eficiencia, sostenibilidad ambiental y seguridad digital.

La regulación aprobada mantiene, en sus elementos esenciales, la versión modificada que el Gobierno remitió al Consejo de Estado. Tras el proceso de consultas, el Ejecutivo flexibilizó determinadas obligaciones para facilitar su cumplimiento, especialmente en los proyectos de mayor complejidad.

Las principales exigencias energéticas se centran en los centros de datos de más de 10 megavatios (MW) de potencia de acceso. La norma también incorpora criterios relativos al consumo de agua, la eficiencia de las instalaciones y la protección de determinados datos estratégicos.

Uno de sus objetivos es evitar que las nuevas infraestructuras reserven grandes cantidades de capacidad eléctrica sin desarrollar finalmente los proyectos. Esa capacidad es limitada y también la necesitan nuevas industrias, viviendas, instalaciones de almacenamiento energético y otros consumidores.

El 80 % de energía renovable y las desconexiones de emergencia

El aspecto más relevante del decreto es la exigencia de que los grandes centros de datos acrediten una cobertura renovable equivalente, como mínimo, al 80 % de su consumo eléctrico, conforme a las condiciones establecidas en la norma.

Las empresas podrán recurrir al autoconsumo o a contratos de suministro de electricidad procedente de instalaciones renovables situadas en España. También se contempla el almacenamiento mediante baterías y cierta flexibilidad para vincular los proyectos a plantas fotovoltaicas existentes.

La regulación incluye una exigencia de correlación horaria, destinada a evitar que las empresas compensen su consumo con producción renovable generada únicamente en momentos distintos. No basta, por tanto, con acreditar un volumen anual de electricidad verde si las condiciones aplicables requieren ajustar generación y consumo por horas.

Los promotores dispondrán de un régimen alternativo de adaptación gradual, condicionado a su participación en un sistema de reducción automática de potencia. Este mecanismo permitirá que el operador eléctrico ordene reducir o interrumpir el consumo de las instalaciones acogidas a él cuando resulte necesario para proteger la estabilidad de la red, sin indemnización por esa reducción.

También se han previsto disposiciones transitorias para facilitar el cumplimiento de las exigencias y márgenes adicionales para determinados proyectos europeos estratégicos vinculados a la soberanía digital.

España acumula permisos para 15 GW en centros de datos

La urgencia de la regulación se explica por el rápido crecimiento de las solicitudes de conexión eléctrica.

Según los datos expuestos por Sara Aagesen, España ya acumula 15 GW de permisos de acceso concedidos a centros de datos: seis gigavatios corresponden a la red de transporte y otros nueve a las redes de distribución.

La cifra ha aumentado en tres gigavatios durante los últimos tres meses. Como referencia, esos 15 GW representan aproximadamente el 40 % de la demanda eléctrica máxima actual del país.

Hay una distinción importante: los permisos concedidos no significan que todas esas instalaciones estén construidas ni que consuman simultáneamente esa potencia. Representan derechos de acceso a una infraestructura cuya capacidad disponible es limitada.

La expansión del sector ha superado ampliamente las previsiones iniciales. La Estrategia de Inteligencia Artificial de 2024 estimaba para 2030 una capacidad de computación de 2,5 GW, equivalente a una demanda eléctrica aproximada de entre 3,5 y 4 GW.

El aumento de proyectos ha obligado a replantear las necesidades de la red. España quiere atraer inversiones relacionadas con la inteligencia artificial, los servicios en la nube y las infraestructuras digitales, pero necesita garantizar que su desarrollo no perjudique al resto de consumidores.

La planificación eléctrica movilizará 17.142 millones hasta 2030

La segunda gran decisión del Consejo de Ministros es la aprobación de la Planificación de la Red de Transporte de Energía Eléctrica con horizonte 2030.

El documento establece una inversión prevista de 17.142 millones de euros, alrededor de un 30 % superior a la propuesta presentada inicialmente en septiembre de 2025 y casi un 150 % mayor que la correspondiente a la planificación vigente hasta 2026.

Su objetivo es modernizar las infraestructuras y facilitar la conexión de nuevos consumidores, especialmente empresas industriales, centros de datos y proyectos relacionados con la transición energética.

El programa contempla construir 6.706 kilómetros de nuevas líneas eléctricas, aumentar la capacidad de otros 8.164 kilómetros de tendidos existentes y desarrollar 193 parques de subestaciones.

También permitirá ampliar las conexiones disponibles para nuevas actividades económicas y proyectos residenciales. Las actuaciones buscan evitar que la falta de capacidad eléctrica retrase inversiones o impida conectar nuevas instalaciones.

La planificación responde a una transformación del sistema energético español: durante años, buena parte de las inversiones se orientaron a conectar centrales de generación. Ahora cobra mayor importancia disponer de una red capaz de atender nuevos consumos.

Industria, hidrógeno y vivienda: dónde irá la nueva capacidad

El plan prevé atender aproximadamente 47,4 GW de nueva demanda eléctrica. El reparto presentado por el Ministerio para la Transición Ecológica sitúa a la industria como principal destinataria, con 14,9 GW para electrificación y descarbonización de procesos productivos.

Le siguen los proyectos de hidrógeno renovable y sus derivados, con 12,4 GW, y los centros de datos, para los que se contemplan 9,3 GW.

La vivienda y el desarrollo territorial dispondrán de 6 GW de capacidad prevista. Según los cálculos del Gobierno, esa potencia equivaldría aproximadamente a las necesidades eléctricas de tres millones de viviendas con un alto nivel de electrificación.

El documento también reserva 2,5 GW para electrificar el transporte, 1,8 GW para instalaciones portuarias y 0,5 GW para infraestructuras ferroviarias.

Estas cifras reflejan las necesidades previstas y la capacidad que se pretende habilitar. No equivalen automáticamente a consumos efectivos ni garantizan que todos los proyectos lleguen a ejecutarse. Para ello serán necesarias las inversiones, autorizaciones y conexiones correspondientes.

El impacto sobre la factura eléctrica y la inversión tecnológica

El Gobierno sostiene que regular el crecimiento de los centros de datos permitirá reducir el riesgo de que su elevada demanda encarezca la electricidad del conjunto del sistema.

Sara Aagesen ha señalado que, en ausencia de esta regulación, el impacto sobre los consumidores podría alcanzar los 5.000 millones de euros. También ha advertido de posibles incrementos del coste energético para la industria. Se trata de estimaciones defendidas por el Ejecutivo, no de ahorros ya materializados ni de una rebaja automática de las facturas.

El riesgo que pretende contener la norma es que un crecimiento rápido de la demanda obligue a recurrir a más generación con gas natural en determinadas horas o provoque nuevas tensiones en las redes. Por eso el decreto vincula los grandes proyectos digitales a la disponibilidad de electricidad renovable.

Las empresas del sector mantienen importantes discrepancias. La patronal SpainDC ha advertido en los últimos meses de que unas obligaciones excesivamente estrictas pueden reducir la competitividad española frente a otros países europeos.

La organización llegó a alertar de 9.000 millones de euros en inversiones potencialmente comprometidas por la regulación. Esa cifra corresponde a las estimaciones y advertencias de la patronal, no a proyectos cuya cancelación se haya acreditado de forma generalizada.

El Gobierno defiende la posición contraria: considera que una regulación clara puede favorecer un crecimiento más ordenado y proteger tanto la competitividad de las empresas como los intereses de los consumidores.

La normativa incorpora asimismo criterios de soberanía digital. Entre ellos figura la protección de determinados datos sensibles del sector público, que deberán mantenerse dentro de la Unión Europea conforme a las condiciones previstas.

Una red eléctrica decisiva para la economía española hasta 2030

La aprobación simultánea de las dos medidas refleja hasta qué punto la política energética y el desarrollo tecnológico han quedado vinculados.

Los centros de datos son infraestructuras estratégicas para la inteligencia artificial y la digitalización, pero compiten por capacidad eléctrica con actividades igualmente importantes: industrias, nuevas viviendas, transporte ferroviario, puertos o instalaciones de hidrógeno.

La planificación aprobada pretende ampliar esa capacidad y reducir los obstáculos que encuentran los proyectos al solicitar una conexión. El decreto, por su parte, introduce condiciones para que las instalaciones digitales de mayor consumo contribuyan a un desarrollo energético más sostenible.

El verdadero resultado dependerá ahora de la ejecución de las inversiones, del cumplimiento de los nuevos requisitos y de la capacidad de las empresas para adaptar sus proyectos. La aprobación del Consejo de Ministros fija las reglas y los objetivos; su aplicación será la que determine cuánta actividad económica puede absorber la red española sin comprometer la seguridad del suministro ni trasladar costes innecesarios al consumidor.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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