Los centros de datos podrían triplicar el coste de generación en 2030

El Gobierno español ha lanzado una advertencia sobre el futuro del precio de la luz: una expansión descontrolada de los centros de datos podría triplicar los costes variables de generación eléctrica en 2030, aumentar un 107% el consumo de gas en las centrales de ciclo combinado y elevar un 65% las emisiones de dióxido de carbono. Son las consecuencias que contempla un análisis oficial elaborado para justificar la nueva regulación de estas instalaciones, cuyo crecimiento se ha acelerado con el desarrollo de la inteligencia artificial.

La advertencia no significa que la factura eléctrica de los hogares vaya a triplicarse. El incremento del 200% corresponde a los costes variables de producir electricidad en un escenario concreto de expansión sin suficientes exigencias energéticas. Sin embargo, el Ejecutivo considera que ese encarecimiento podría trasladarse a familias, empresas e industrias, poniendo en peligro parte de la ventaja que España ha conseguido gracias a la generación renovable.

El análisis forma parte de la memoria de impacto normativo del proyecto de real decreto sobre centros de datos, remitido al Consejo de Estado. El documento, elaborado por los ministerios de Transición Ecológica, Economía y Transformación Digital, compara las consecuencias de un crecimiento ordenado con las de una implantación masiva sin suficientes condiciones para garantizar el suministro.

La cuestión ha dejado de ser exclusivamente tecnológica. España quiere atraer inversiones relacionadas con la inteligencia artificial y los servicios digitales, pero también necesita asegurar que el crecimiento de estas infraestructuras no encarezca la electricidad del resto de consumidores. Y ambas prioridades empiezan a competir por un recurso fundamental: la capacidad disponible en el sistema eléctrico.

El escenario que podría disparar un 200% los costes eléctricos

Las estimaciones oficiales analizan un escenario de expansión de centros de datos hasta alcanzar 10 gigavatios (GW) de potencia, frente a otro de crecimiento ordenado de aproximadamente 1 GW utilizado como referencia en la comparación.

En ese supuesto de expansión sin regulación suficiente, los costes variables de generación aumentarían un 200%. Esto significa que se multiplicarían por tres respecto al escenario de referencia, aunque no implica que el precio final de cada kilovatio consumido por una familia vaya a experimentar esa misma subida.

El efecto estaría relacionado principalmente con la necesidad de utilizar más centrales alimentadas por combustibles fósiles para cubrir la demanda de electricidad durante las horas en las que la producción renovable resulta insuficiente.

Según las proyecciones recogidas en la memoria, la generación con gas aumentaría un 107% y las emisiones de CO₂ crecerían un 65% en el horizonte de 2030.

Son cifras condicionadas al cumplimiento de las hipótesis del modelo. No describen una subida aprobada ni una previsión inevitable, sino el riesgo económico y energético que el Gobierno pretende evitar mediante nuevas obligaciones para las grandes instalaciones digitales.

Por qué la inteligencia artificial puede encarecer la luz

Los centros de datos albergan los servidores necesarios para prestar servicios de almacenamiento en la nube, procesar información y ejecutar aplicaciones de inteligencia artificial. Su funcionamiento requiere cantidades importantes de electricidad, tanto para alimentar los equipos como para refrigerarlos.

A diferencia de determinadas actividades industriales, buena parte de estas instalaciones necesita mantener su actividad durante las 24 horas del día.

Esto plantea una dificultad para el sistema energético español. Durante las horas de abundante producción solar y eólica puede existir electricidad renovable suficiente para atender una demanda elevada. El problema aparece cuando cae esa generación y el consumo de los servidores continúa.

En esos momentos, si no existen suficientes baterías, otras fuentes de generación o mecanismos de adaptación de la demanda, resulta necesario recurrir con mayor frecuencia a las centrales de ciclo combinado, que utilizan gas natural.

El gas puede terminar encareciendo la electricidad de todos

El mercado mayorista español funciona mediante un sistema de precios marginalista. En numerosas horas, la tecnología más cara necesaria para satisfacer la demanda determina el precio que reciben las instalaciones que venden electricidad en ese mercado.

Cuando aumenta la necesidad de recurrir al gas, también puede incrementarse el precio mayorista de la electricidad, especialmente si el combustible resulta más caro que las alternativas disponibles.

Un estudio de modelización del sistema eléctrico español elaborado por especialistas de PyPSA Labs y EnergyTag ha calculado que un despliegue de 4 GW de centros de datos sin obligaciones suficientes de suministro renovable podría elevar el precio mayorista medio en aproximadamente 7,74 euros por megavatio hora.

Esa simulación estima un impacto agregado cercano a 2.000 millones de euros anuales para los consumidores. Se trata de un cálculo independiente, basado en hipótesis distintas de las utilizadas en el escenario gubernamental de 10 GW, por lo que ambas cifras no deben sumarse.

España ya ha concedido más de 12 GW de acceso a la red

La dimensión del problema se entiende mejor al observar las solicitudes de conexión.

El Ministerio para la Transición Ecológica reconoció en agosto que desde 2021 se habían concedido más de 12 GW en derechos de acceso y conexión a proyectos de centros de datos.

La cifra supera ampliamente la demanda eléctrica de entre 3,5 y 4 GW que contempla la Estrategia de Inteligencia Artificial para estas instalaciones en 2030.

Eso no significa que los 12 GW estén consumiendo electricidad ni que todos los proyectos vayan a construirse. Los permisos autorizan capacidad de conexión, pero su utilización efectiva depende de que las inversiones lleguen a ejecutarse.

Aun así, reservar grandes cantidades de potencia introduce otro problema: la disponibilidad de capacidad para conectar nuevas viviendas, industrias y servicios.

La congestión de determinados puntos de la red puede dificultar la electrificación de actividades que necesitan abandonar los combustibles fósiles. La instalación de bombas de calor, nuevas fábricas o desarrollos residenciales también requiere infraestructura eléctrica suficiente.

El riesgo no está únicamente en producir más electricidad. También está en cómo se reparte la capacidad de la red y quién debe asumir las inversiones necesarias para ampliarla.

El Gobierno prepara nuevas exigencias para los centros de datos

Para limitar estas consecuencias, el Ejecutivo tramita un real decreto que establece obligaciones de sostenibilidad energética, eficiencia y utilización de recursos.

La versión revisada, remitida al Consejo de Estado el 26 de octubre de 2026, mantiene una de las principales condiciones del proyecto: los grandes centros de datos deberán respaldar al menos el 80% de su consumo eléctrico con energía renovable, conforme a los requisitos de adicionalidad y correspondencia horaria previstos en la norma.

La adicionalidad pretende que el incremento de demanda vaya acompañado de nueva generación renovable, evitando que los operadores simplemente contraten la electricidad limpia que anteriormente utilizaban otros consumidores.

La correspondencia horaria busca que el suministro renovable coincida con las horas de consumo y no se limite a compensar anualmente el gasto energético.

Más flexibilidad para las empresas, pero con obligaciones

El texto revisado introduce modificaciones respecto al borrador inicial.

El umbral general de aplicación de las principales obligaciones energéticas pasa de 1 a 10 megavatios de potencia de acceso, concentrando las exigencias en las instalaciones de mayor tamaño.

También se amplía de 18 a 36 meses la antigüedad máxima general de las nuevas instalaciones renovables vinculadas a los centros de datos y se reduce de diez a seis años la duración mínima de determinados contratos de suministro.

La regulación incorpora el almacenamiento mediante baterías y contempla plazos transitorios de adaptación para ciertos proyectos. Asimismo, establece condiciones sobre eficiencia energética, consumo de agua y seguridad de las infraestructuras digitales.

El incumplimiento de las obligaciones podrá ocasionar recargos económicos y, en los supuestos previstos por la normativa, la pérdida de los derechos de acceso y conexión.

Por el momento, se trata de un proyecto pendiente de aprobación definitiva, no de un conjunto de obligaciones que puedan darse por plenamente vigentes.

Las tecnológicas cuestionan las restricciones del Ejecutivo

La propuesta ha provocado un enfrentamiento entre el Gobierno y los representantes del sector.

La Asociación Española de Centros de Datos, SpainDC, considera que determinadas exigencias resultan demasiado difíciles de cumplir y pueden perjudicar las inversiones previstas en España.

La organización sostiene que garantizar un porcentaje tan elevado de generación renovable durante todas las horas de funcionamiento plantea importantes dificultades técnicas y económicas. También cuestiona las condiciones transitorias y la seguridad jurídica de algunos proyectos que ya cuentan con permisos.

El sector defiende que los centros de datos pueden impulsar inversiones, empleo cualificado y actividad económica, además de reforzar la capacidad tecnológica de España.

El Gobierno, por su parte, considera necesario evitar que las ventajas asociadas a la expansión digital se financien indirectamente mediante un incremento de los costes energéticos soportados por el resto de consumidores.

El desacuerdo gira, fundamentalmente, alrededor de quién debe pagar la electricidad adicional y las infraestructuras necesarias para alimentar estas instalaciones.

El precio de la luz dependerá también de cómo crezca la demanda

La advertencia gubernamental introduce una cuestión importante para el futuro energético español: disponer de abundante generación renovable no garantiza, por sí solo, que los precios permanezcan bajos si la demanda eléctrica aumenta con mayor rapidez que la capacidad del sistema.

Los hogares con contratos de precio fijo no experimentarían automáticamente cada variación del mercado mayorista, aunque podrían verse afectados en futuras renovaciones. Los consumidores con tarifas indexadas, incluido el precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), presentan una exposición distinta a las fluctuaciones de los mercados eléctricos.

Tampoco existe una estimación oficial que permita afirmar que cada familia pagará el doble o el triple por su electricidad debido a los centros de datos.

Lo que plantea el informe del Gobierno es un riesgo económico considerable: si la expansión de la inteligencia artificial exige más electricidad de la que España puede suministrar de forma competitiva, el aumento de costes podría extenderse más allá de las empresas tecnológicas.

La decisión pendiente no consiste únicamente en cuántos centros de datos se construirán. También determinará cuánta nueva energía deberán aportar, cómo utilizarán la red y qué parte del coste de su crecimiento asumirán sus promotores.

De esa regulación dependerá, en parte, que España pueda desarrollar su industria digital sin trasladar una factura energética desproporcionada a los hogares y a las empresas.