Centros de datos: el Gobierno da hasta 2031 para acreditar renovables

El Gobierno ha decidido dar hasta cinco años de margen a los grandes centros de datos para adaptarse a una de las exigencias más controvertidas de su nueva regulación: acreditar que al menos el 80 % de la electricidad que consumen en cada hora de funcionamiento está respaldada por energías renovables. La flexibilidad llegará hasta 2031, pero tendrá condiciones. Las instalaciones que utilicen ese periodo transitorio deberán aceptar posibles desconexiones de la red eléctrica sin indemnización cuando lo requiera la seguridad del suministro.

La medida figura en la última versión del real decreto sobre sostenibilidad energética, medioambiental y soberanía digital, remitida el 26 de octubre al Consejo de Estado. El Ejecutivo mantiene buena parte de las obligaciones ambientales del borrador inicial, aunque introduce cambios importantes después de recibir más de 600 alegaciones y las observaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El cambio más relevante afecta a las nuevas instalaciones de gran tamaño, especialmente las que superan los 10 megavatios (MW) de potencia de acceso a la red. La propuesta inicial situaba el umbral general de aplicación en 1 MW. El nuevo límite concentra las obligaciones más exigentes en los grandes proyectos y reduce el número de instalaciones afectadas.

No es una retirada de la regulación. El Gobierno mantiene su intención de limitar el impacto de estas infraestructuras sobre el consumo eléctrico, los recursos hídricos y los costes del sistema energético. Lo que cambia es el calendario y parte de las condiciones técnicas para alcanzar esos objetivos.

La revisión, sin embargo, no ha resuelto el enfrentamiento con las empresas. El sector mantiene sus críticas y advierte de que las nuevas condiciones pueden perjudicar la competitividad de España frente a otros países europeos y poner en riesgo inversiones previstas.

Cinco años de adaptación a las exigencias de energía renovable

La principal novedad consiste en establecer dos vías de cumplimiento para que los grandes centros de datos puedan satisfacer las obligaciones energéticas previstas en la nueva regulación.

La primera permite acreditar desde el inicio que al menos el 80 % de la electricidad consumida en cada hora está respaldada por generación renovable que cumpla los requisitos establecidos. No bastará con demostrar que el balance anual es favorable: la norma exige una correspondencia entre el momento en que se consume electricidad y aquel en que se produce la energía limpia.

La segunda alternativa ofrece una transición hasta el 31 de diciembre de 2031, con objetivos progresivos de cobertura renovable.

Hasta finales de 2028, las instalaciones acogidas a este régimen deberán justificar al menos un 60 % de cobertura renovable durante las horas punta, identificadas como periodo P1. Entre 2029 y 2031, la exigencia aumentará al 70 % durante las horas punta y al 60 % durante las horas llano, correspondientes al periodo P2.

Así, las empresas dispondrán de más tiempo para desarrollar sus instalaciones de generación renovable, contratar suministros y ajustar sus sistemas de almacenamiento energético.

Conviene distinguir este régimen transitorio de otros plazos contemplados en el decreto. La propuesta también concede condiciones específicas a los proyectos estratégicos europeos vinculados a la soberanía digital, que podrán disponer de hasta 60 meses para poner en funcionamiento determinados mecanismos de suministro renovable.

Los centros de datos podrán sufrir cortes eléctricos sin compensación

El plazo adicional tiene una contrapartida importante: los operadores que elijan la adaptación progresiva deberán incorporarse al Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP), gestionado por Red Eléctrica.

Este mecanismo permitirá reducir o interrumpir su consumo cuando sea necesario para proteger el funcionamiento del sistema eléctrico, respetando los tiempos de respuesta establecidos por el operador.

La medida supone que, en determinadas situaciones de tensión en la red, los centros de datos acogidos a este régimen podrán ser desconectados sin recibir una indemnización.

El Ejecutivo quiere evitar que la demanda de electricidad de las nuevas instalaciones perjudique el abastecimiento de hogares y empresas que ya están conectados al sistema.

La preocupación no es menor. Los centros de datos funcionan de manera prácticamente continua y necesitan alimentar miles de servidores, equipos de comunicaciones y sistemas de refrigeración. El desarrollo de la inteligencia artificial está incrementando, además, la capacidad de cálculo necesaria para prestar estos servicios.

El Gobierno sostiene que las solicitudes de acceso a la red asociadas a estas infraestructuras pueden alcanzar los 12 gigavatios (GW), una magnitud que obliga a planificar cuidadosamente la nueva demanda eléctrica.

Eso no significa que toda esa potencia termine materializándose ni que se consuma simultáneamente. Las solicitudes de conexión reflejan proyectos con distintos grados de desarrollo, no necesariamente instalaciones que vayan a entrar en funcionamiento.

Menos restricciones para contratar electricidad renovable

La nueva versión también flexibiliza algunos requisitos que habían provocado importantes objeciones empresariales.

Uno de ellos es la denominada adicionalidad renovable. Este concepto busca que la electricidad utilizada por los centros de datos esté vinculada a nueva capacidad de generación y no se limite a absorber energía limpia que ya abastecía a otros consumidores.

El primer borrador establecía que las plantas renovables asociadas a estas instalaciones no podían haber entrado en funcionamiento más de 18 meses antes de la puesta en marcha del centro de datos.

La nueva propuesta amplía ese periodo a 36 meses, facilitando que las empresas encuentren instalaciones renovables compatibles con sus proyectos.

También se reduce de diez a seis años la duración exigida para determinados contratos de compraventa de electricidad a largo plazo, conocidos como PPA.

Otra modificación relevante afecta a la energía solar fotovoltaica. El texto permite considerar adicional la producción de determinadas plantas solares con independencia de su antigüedad, siempre que no estuvieran comprometidas mediante contratos de suministro a largo plazo en los términos previstos por la norma.

Se reconoce, igualmente, el papel de las baterías y otros sistemas de almacenamiento. Estos equipos permiten conservar parte de la electricidad generada durante las horas de mayor producción renovable para utilizarla posteriormente.

La incorporación del almacenamiento resulta especialmente importante en instalaciones que necesitan electricidad durante las 24 horas del día, incluso cuando no hay producción solar.

El consumo de agua seguirá sometido a límites estrictos

El Gobierno ha mostrado menos disposición a rebajar las obligaciones relacionadas con el agua.

Los grandes centros de procesamiento de datos deberán cumplir los niveles más exigentes del sistema europeo de clasificación de eficiencia hídrica, especialmente la categoría A de consumo de agua (WUE), una cuestión delicada en España por los episodios de sequía y la presión sobre los recursos disponibles.

La refrigeración es una de las necesidades fundamentales de estas infraestructuras. Los servidores generan grandes cantidades de calor y necesitan sistemas capaces de mantener unas condiciones de funcionamiento adecuadas.

Algunas tecnologías de refrigeración recurren al agua, mientras que otras utilizan soluciones basadas en aire, circuitos cerrados o sistemas híbridos. Su impacto ambiental depende del diseño de la instalación, del clima y de la tecnología empleada.

Más margen para la eficiencia energética según el clima

La propuesta también modifica los criterios de eficiencia energética, medidos mediante el indicador PUE, que relaciona la electricidad total utilizada por una instalación con la consumida directamente por sus equipos informáticos.

Cuanto más próximo está este indicador a 1, menor es el consumo adicional de los sistemas auxiliares.

El nuevo texto eleva de 1,15 a 1,25 el margen transitorio de PUE para determinados proyectos, con una metodología que tendrá en cuenta las condiciones climáticas de cada zona.

Este régimen podrá mantenerse hasta el 31 de diciembre de 2031 para las instalaciones que formalicen su contrato de acceso a la red antes de 2029.

La adaptación climática pretende evitar que se exija idéntico rendimiento a centros ubicados en territorios con condiciones meteorológicas muy diferentes.

La refrigeración de una instalación situada en una región fría no plantea necesariamente las mismas dificultades técnicas que la de otra ubicada en una zona con temperaturas elevadas durante buena parte del año.

Las empresas mantienen su rechazo y alertan sobre la inversión

Las concesiones introducidas por el Ejecutivo no han acabado con las críticas de los operadores.

La patronal Spain DC ha cuestionado las exigencias de generación renovable y correspondencia horaria, al considerar que pueden introducir costes y dificultades que no soportan otros grandes consumidores industriales.

Durante la tramitación del primer borrador, la asociación advirtió de que podían estar en riesgo 9.000 millones de euros en inversiones previstas por tres de sus empresas asociadas. Se trataba de una estimación del sector sobre las consecuencias potenciales de aquella propuesta, no de una cifra de inversiones efectivamente canceladas tras los cambios de octubre.

Las compañías también han expresado su preocupación por la seguridad jurídica de los proyectos que ya disponen de permisos, terrenos, contratos o compromisos financieros, pero todavía no han entrado plenamente en funcionamiento.

El debate afecta a grandes operadores tecnológicos y empresas vinculadas al desarrollo inmobiliario y energético de estas instalaciones.

España se ha convertido en un destino atractivo para construir centros de datos gracias a su capacidad de generación renovable, sus conexiones internacionales y la disponibilidad de determinados emplazamientos industriales.

Según las previsiones de Spain DC, el sector podría movilizar cerca de 66.900 millones de euros en inversiones hasta 2030. Son estimaciones empresariales sujetas a la evolución del mercado, la disponibilidad de electricidad y la ejecución efectiva de los proyectos.

El desacuerdo no se limita a la cantidad de inversiones. Las empresas sostienen que unas obligaciones demasiado restrictivas pueden desplazar proyectos a otros mercados europeos. El Gobierno defiende que el crecimiento del sector no debe trasladar costes desproporcionados a los demás consumidores.

Ambas preocupaciones forman parte del mismo problema: ampliar una infraestructura necesaria para la economía digital sin comprometer los recursos que también necesitan otras actividades productivas.

La nueva regulación todavía debe recibir el visto bueno definitivo

El real decreto no ha entrado todavía en vigor. Su remisión al Consejo de Estado supone un avance en la tramitación, pero no equivale a su aprobación definitiva.

Tras recibir el correspondiente dictamen, el Gobierno deberá completar los trámites necesarios para aprobar la norma en el Consejo de Ministros.

El Ejecutivo pretende culminar ese proceso antes de las elecciones generales previstas para el 29 de noviembre de 2026. Si no consigue hacerlo, contempla estudiar jurídicamente la posibilidad de aprobar el decreto estando en funciones.

El texto incorpora asimismo medidas sobre soberanía digital, especialmente para los centros que alojan información sensible del sector público. En estos casos, se establecen obligaciones relativas a la permanencia de los datos dentro de la Unión Europea, con excepciones limitadas para determinadas tareas de soporte técnico remoto.

La regulación contempla penalizaciones económicas por incumplimientos y, en los supuestos más graves o reiterados, la posibilidad de perder los derechos de acceso a la red eléctrica.

El resultado es una propuesta menos rígida que la presentada inicialmente, pero que conserva sus principales objetivos ambientales y energéticos.

Para los promotores, el calendario hasta 2031 ofrece cierto margen de planificación. Para el Gobierno, permite mantener las exigencias de sostenibilidad mientras crece una industria especialmente intensiva en electricidad.

La cuestión pendiente es si esa flexibilidad será suficiente para desbloquear los proyectos y reducir el enfrentamiento con el sector. El decreto todavía debe superar su última fase administrativa y las empresas siguen cuestionando algunas de sus obligaciones fundamentales.