España cambiará gratis ocho millones de contadores de gas hasta 2036

El Gobierno ha aprobado la sustitución gratuita de unos ocho millones de contadores de gas en España. Los antiguos equipos analógicos serán reemplazados por contadores inteligentes capaces de transmitir automáticamente los datos de consumo, sin necesidad de que un técnico acuda a leerlos. La renovación será progresiva y deberá estar prácticamente completada en octubre de 2036.

La medida afecta principalmente a viviendas y pequeñas empresas con suministro de gas natural. La Orden TED/1122/2026, publicada este martes 27 de octubre en el Boletín Oficial del Estado (BOE), entra en vigor el 28 de octubre de 2026 y obliga a las distribuidoras a cumplir varios objetivos intermedios. Para los consumidores, lo más importante es que cambiar el contador no tendrá coste, salvo cuando resulte imprescindible realizar obras para corregir deficiencias de seguridad en la instalación. Eso sí, la gratuidad de la sustitución no elimina el alquiler periódico del aparato para quienes lo tengan contratado.

La decisión supone una transformación importante en la forma de medir el consumo doméstico de gas. España vivió un proceso parecido con los contadores eléctricos, pero en el sector gasista todavía predominan los equipos convencionales. El nuevo sistema permitirá consultar el consumo diario, reducir las facturas basadas en estimaciones y detectar determinadas anomalías sin esperar a una inspección presencial.

El plan afecta a distribuidoras como Nedgia, Redexis, Madrileña Red de Gas, Nortegas y Gas Extremadura, que deberán organizar la sustitución de los equipos en sus respectivas redes. No habrá un cambio simultáneo en todos los hogares: cada compañía tendrá que publicar su calendario de implantación y comunicar a los clientes cuándo les corresponde.

Calendario del cambio de contadores de gas: las fechas hasta 2036

La normativa establece un despliegue escalonado durante diez años. No basta con instalar los nuevos dispositivos: las compañías también tendrán que conectarlos a sus sistemas de telegestión, de manera que puedan recibir automáticamente las lecturas.

El calendario afecta a los puntos de suministro con un consumo anual igual o inferior a 50.000 kilovatios hora (kWh), una categoría que incluye a la inmensa mayoría de los hogares y a numerosos pequeños negocios.

El primer objetivo llegará en octubre de 2029. Para entonces, las distribuidoras deberán haber sustituido e integrado en sus sistemas de telegestión al menos el 20 % de los contadores analógicos de su parque instalado.

El siguiente plazo será octubre de 2031, cuando el porcentaje de renovación tendrá que alcanzar el 50 %. Dos años después, en octubre de 2033, al menos el 80 % de los equipos antiguos deberá haber sido reemplazado.

La fecha límite general será octubre de 2036. Para entonces deberá haberse completado la sustitución y plena integración de prácticamente todos los contadores afectados.

La orden contempla una excepción limitada. Una vez finalizado el plazo, cada titular de red podrá mantener hasta un 2 % de contadores antiguos, siempre que existan motivos justificados ajenos a su responsabilidad y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) autorice esa situación.

Hay otro detalle relevante: los plazos se aplicarán por grupo empresarial, no necesariamente de forma idéntica en todos los municipios. Esto significa que dos hogares de distintas provincias podrían recibir sus nuevos contadores con varios años de diferencia.

El cambio será gratuito, pero el alquiler del contador seguirá existiendo

La gratuidad constituye una de las principales garantías para los consumidores. Las distribuidoras no podrán cobrar por la instalación del nuevo contador inteligente, tanto si el usuario opta por mantener el equipo en alquiler como si prefiere disponer de uno en propiedad.

Existe una excepción concreta. Si durante la sustitución se descubre que la instalación interior incumple la normativa técnica o de seguridad y necesita una modificación sustancial, el titular deberá encargarse de corregir esas deficiencias mediante un instalador autorizado.

No se trata, por tanto, de que cualquier trabajo adicional pueda facturarse libremente. La excepción está vinculada a problemas de seguridad que requieren adecuar la instalación.

Conviene distinguir también entre instalación gratuita y contador gratuito. Más del 90 % de los equipos actuales funciona mediante alquiler, un concepto cuyo importe está regulado y que seguirá existiendo.

Quien prefiera tener el contador en propiedad podrá optar por esa modalidad, pero deberá adquirir un modelo compatible con los requisitos de su distribuidora. La instalación seguirá siendo gratuita, aunque la compra del equipo correrá por cuenta del propietario.

La orden establece otra protección: las empresas únicamente podrán aplicar el nuevo precio de alquiler cuando el contador esté completamente conectado a su sistema de telegestión y el cliente tenga acceso a sus datos de consumo.

Cómo avisarán las distribuidoras antes de sustituir el contador

El procedimiento tampoco queda a criterio exclusivo de las compañías. La normativa obliga a comunicar el cambio con al menos tres meses de antelación.

La primera notificación deberá identificar el contador afectado, informar de la fecha prevista, explicar las características del nuevo dispositivo y detallar las opciones de alquiler o propiedad.

Posteriormente, la distribuidora tendrá que comunicar la cita concreta con una antelación mínima de 15 días naturales. La franja horaria de la visita no podrá superar las cuatro horas.

Los consumidores podrán modificar gratuitamente la cita mediante un teléfono facilitado por la compañía.

Si el contador está situado en una zona común o de libre acceso, la sustitución podrá realizarse sin que el propietario o titular del suministro esté presente. En cualquier caso, deberá quedar constancia documental de la intervención, incluida la última lectura del aparato retirado.

El consumidor no necesita contratar por su cuenta una sustitución anticipada para cumplir el nuevo calendario. La responsabilidad de organizar el despliegue corresponde a las empresas titulares de las redes de distribución.

Qué ventajas tendrán los nuevos contadores inteligentes de gas

La principal diferencia respecto a los modelos convencionales es la capacidad de comunicar las lecturas de consumo a distancia.

Hasta ahora, en muchos suministros de gas las facturas dependen de lecturas presenciales, comunicaciones del propio consumidor o estimaciones cuando no se dispone de datos actualizados.

Con los nuevos contadores, las distribuidoras podrán conocer los consumos diarios mediante sistemas electrónicos, reduciendo la necesidad de visitas para leer el aparato y facilitando una facturación basada en datos reales.

Los usuarios también ganarán acceso a información más detallada sobre su consumo energético.

La normativa establece que las distribuidoras deberán ofrecer gratuitamente, mediante una página web y una aplicación móvil, los datos diarios de consumo de los últimos 24 meses, o del periodo transcurrido desde el inicio del contrato cuando sea inferior.

La información estará disponible con un retraso máximo de tres días. También deberán conservarse datos acumulados de al menos tres años, organizados por periodos de facturación.

Esto permitirá, por ejemplo, comparar el consumo de una vivienda durante diferentes semanas, comprobar los efectos de reducir la temperatura de la calefacción o detectar incrementos inesperados.

Las plataformas digitales deberán estar disponibles para los usuarios con equipos compatibles en un plazo máximo de un año desde la entrada en vigor de la norma.

El Ministerio para la Transición Ecológica calcula que la disponibilidad de información más precisa podría contribuir a reducir el consumo de gas entre un 1,8 % y un 5 %.

Son estimaciones utilizadas en el análisis económico del despliegue, no un ahorro garantizado para cada hogar. El resultado dependerá del comportamiento de los usuarios y de sus necesidades de calefacción y agua caliente.

Según los cálculos ministeriales, la renovación presenta un balance económico positivo superior a 800 millones de euros durante los 25 años de vida útil previstos para los nuevos equipos.

Seguridad, datos personales y compatibilidad con hidrógeno

Los nuevos dispositivos incorporarán funciones que van más allá de registrar el consumo. Entre ellas figuran la emisión de alarmas ante determinadas anomalías, la detección de posibles manipulaciones y la actualización remota de sus sistemas informáticos.

También deberán permitir la interrupción remota del suministro en los puntos de medida con presiones de hasta 150 milibares.

Esta funcionalidad implica nuevas posibilidades operativas para las distribuidoras, pero también exige garantías de seguridad informática y protección de los consumidores.

La orden obliga a emplear mecanismos de cifrado, autenticación segura y protección frente a accesos no autorizados. Los datos personales estarán sujetos a la legislación vigente de privacidad.

El consumidor podrá autorizar a terceros el acceso a su información energética y revocar posteriormente ese permiso. La norma también prevé que los datos anonimizados y agregados puedan utilizarse con fines estadísticos y de eficiencia energética, sin que se permita su venta a terceros.

Otra particularidad tiene que ver con la evolución de la red gasista. Los nuevos contadores deberán ser compatibles con mezclas de gas que incorporen al menos un 20 % de hidrógeno en proporción molar.

Esta exigencia técnica busca preparar los equipos para posibles cambios en la composición del combustible distribuido. No significa que las viviendas vayan a recibir inmediatamente una mezcla con ese porcentaje de hidrógeno.

La renovación afectará también a miles de empresas

Aunque la mayor parte del despliegue se concentrará en el consumo doméstico, la orden incorpora obligaciones específicas para instalaciones comerciales e industriales.

Unos 70.000 puntos de suministro con consumos superiores a 50.000 kWh anuales y de hasta 5 gigavatios hora deberán incorporar sistemas de telelectura o equipos equivalentes.

Para este grupo se establece un calendario que exige alcanzar el 50 % de implantación en cinco años, el 80 % en siete y prácticamente la totalidad al cumplirse diez años, con excepciones justificadas.

La norma también establece que los nuevos contadores instalados por altas, averías o fraudes deberán incorporar progresivamente capacidades inteligentes antes de que concluya el despliegue general.

En determinadas instalaciones interiores o de difícil acceso, esta obligación comenzará a aplicarse una vez transcurridos seis meses desde la entrada en vigor de la orden. Para el resto de los suministros domésticos afectados, el plazo será de un año.

La decisión responde a una circunstancia importante: el 82 % de los contadores analógicos actuales habrá alcanzado sus 20 años de vida útil antes de 2033, según los datos manejados por el Ministerio.

Buena parte de estos dispositivos tendría que renovarse igualmente por antigüedad. La nueva regulación pretende aprovechar ese proceso para completar la digitalización del sistema de medición del gas.

Un cambio obligatorio que llegará de forma gradual a cada vivienda

Para los hogares españoles, la consecuencia inmediata de la nueva normativa no será recibir una factura extraordinaria ni tener que solicitar un contador inteligente.

El despliegue se prolongará durante una década y dependerá de los calendarios publicados por las distribuidoras. Cuando corresponda realizar la sustitución, cada consumidor deberá recibir la información necesaria sobre el aparato, la visita y sus derechos.

Lo que sí cambia desde el 28 de octubre de 2026 es el marco de obligaciones de las compañías. La renovación deja de depender únicamente del envejecimiento de cada contador y pasa a formar parte de un plan nacional con objetivos, fechas y supervisión administrativa.

La instalación gratuita y el acceso a las lecturas diarias son las dos mejoras más tangibles para el consumidor. Quedará por comprobar cómo se trasladan esas ventajas al funcionamiento cotidiano del suministro y, especialmente, si la mayor precisión de los datos ayuda a reducir las facturas.

Porque un contador inteligente mide mejor y proporciona más información, pero no ahorra gas por sí solo. La diferencia estará en cómo se utiliza esa información y en que la modernización no termine suponiendo costes injustificados para quienes reciben el servicio.