Crimen de Abadín: trasladan a Teixeiro al acusado tras cortes en Bonxe

El presunto autor del crimen de Abadín (Lugo), Javier Montero Costeira, fue trasladado de la prisión de Bonxe al centro penitenciario de Teixeiro, en Curtis (A Coruña), después de que los funcionarios descubrieran indicios de un posible intento de fuga. El movimiento se produjo el pasado 2 de septiembre, aunque los detalles del incidente han trascendido este martes, 3 de noviembre de 2026.

La alerta surgió el 28 de agosto, cuando los trabajadores de la cárcel localizaron varias marcas y cortes en los barrotes de una ventana de la celda que ocupaba el investigado. La inspección hizo sospechar que podría estar preparando una huida junto con otro recluso. Montero permanece encarcelado por su presunta responsabilidad en la muerte de Enrique Bolívar, un vecino de 82 años que desapareció en septiembre de 2023.

El acusado, que reconoció haber atropellado a Bolívar y ocultado posteriormente su cadáver, continúa a la espera de juicio. Actualmente se encuentra en un módulo de régimen ordinario de Teixeiro y, según la información penitenciaria conocida, no ha protagonizado incidentes desde su llegada.

El traslado añade un nuevo episodio a una investigación que permaneció durante más de dos años marcada por la desaparición de un anciano, la ausencia de su cuerpo y las sospechas sobre una persona de su entorno. La confesión del investigado, en abril de 2026, permitió localizar los restos de la víctima, pero no resolvió todas las incógnitas sobre las circunstancias de su muerte.

Unos cortes en los barrotes de Bonxe levantaron las sospechas

El posible intento de fuga fue descubierto durante una revisión de la celda que Javier Montero compartía con otro interno en el centro penitenciario de Bonxe, situado en el municipio lucense de Outeiro de Rei.

Los funcionarios observaron señales de manipulación en uno de los barrotes de la ventana. Entre las marcas detectadas figuraba una pequeña muesca de menos de dos centímetros, un desperfecto que despertó las sospechas del personal penitenciario.

La investigación interna se centró en determinar si aquellas señales respondían a los preparativos de una evasión. Según los detalles conocidos, los dos ocupantes de la celda se responsabilizaron mutuamente de los daños.

No obstante, no llegó a producirse ninguna fuga. Tampoco consta que los internos consiguieran retirar los barrotes o abandonar la celda a través de la ventana.

Incluso si hubieran logrado abrir un hueco suficiente, habrían tenido que superar otras barreras de seguridad. La ventana daba acceso a una zona interior del recinto, por lo que todavía habrían quedado patios, muros y sistemas de vigilancia antes de alcanzar el exterior de la prisión.

Las marcas fueron suficientes para activar las medidas preventivas. El personal penitenciario detectó la anomalía antes de que se produjera una evasión y ambos reclusos terminaron siendo trasladados a otros establecimientos.

Javier Montero fue trasladado a Teixeiro el 2 de septiembre

La decisión de cambiar de prisión a Javier Montero no surgió exclusivamente a raíz de los cortes descubiertos en la celda.

Su traslado ya se estaba estudiando después de que confesara su implicación en la muerte de Enrique Bolívar y ante la posibilidad de que tuviera que afrontar una condena de considerable duración. El hallazgo de las marcas en los barrotes habría acelerado el procedimiento.

Finalmente, el 2 de septiembre fue trasladado a Teixeiro, en el municipio coruñés de Curtis, mientras que su compañero de celda también fue destinado a otro centro penitenciario.

Desde entonces, Montero permanece en régimen ordinario. No se han comunicado problemas disciplinarios relacionados con su estancia en la nueva prisión.

El cambio de establecimiento penitenciario no modifica por sí mismo su situación judicial. Continúa privado de libertad a la espera de que avance el procedimiento por la muerte de su vecino, una causa en la que la Justicia ya había apreciado un riesgo concreto de fuga.

El crimen de Abadín comenzó con una desaparición en 2023

La historia se remonta al 3 de septiembre de 2023, cuando Enrique Bolívar desapareció en Fontepresa, una pequeña localidad perteneciente a la parroquia de Quende, en Abadín.

El hombre, de 82 años, no regresó a su domicilio y comenzó una búsqueda que se prolongaría durante años. Las primeras investigaciones no permitieron esclarecer su paradero, aunque determinados indicios acabaron orientando las sospechas hacia Javier Montero, un vecino que conocía personalmente a la víctima.

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue la aparición del vehículo de Montero incendiado en la zona de A Devesa, en Ribadeo, pocas horas después de la desaparición.

Durante las pesquisas también se localizaron fragmentos de un bastón, piezas compatibles con el reloj de Bolívar y restos relacionados con el automóvil investigado.

El conjunto de indicios fue cobrando importancia a medida que avanzaba la investigación. Los agentes de la Guardia Civil reconstruyeron los movimientos del sospechoso e intentaron determinar qué había ocurrido durante las horas posteriores a la desaparición.

Pese a las sospechas, durante más de dos años no se consiguió localizar el cuerpo del anciano. La situación cambió en abril de 2026.

La confesión que permitió encontrar los restos de Enrique Bolívar

Javier Montero reconoció su implicación en la muerte de Enrique Bolívar durante una declaración judicial celebrada en abril, después de participar en la reconstrucción de los hechos.

Según su versión, había atropellado accidentalmente al anciano cuando circulaba por una carretera próxima a sus domicilios. Aseguró que, al comprobar que había fallecido, se asustó y decidió ocultar lo ocurrido.

El investigado admitió que introdujo el cuerpo en el maletero de su vehículo y lo trasladó hasta un pinar cercano, donde lo abandonó y cubrió con vegetación. También reconoció haberse desprendido de las pertenencias del fallecido y haber incendiado posteriormente el coche.

Sus explicaciones permitieron a los investigadores regresar a una finca situada en Quende, donde encontraron restos óseos que fueron identificados mediante análisis genéticos como pertenecientes a Enrique Bolívar.

La localización del cadáver permitió avanzar de forma decisiva en el esclarecimiento de la desaparición. Sin embargo, el reconocimiento de los hechos no puso fin a la controversia judicial.

Montero mantiene que el atropello fue involuntario, mientras que la acusación particular cuestiona esa versión y considera que existen indicios compatibles con una muerte intencionada.

La diferencia es jurídicamente importante. Un homicidio imprudente y uno doloso no tienen la misma consideración penal ni conllevan las mismas penas. Será el procedimiento judicial el que determine qué ocurrió y cuál es la responsabilidad del investigado.

La Audiencia de Lugo ya había advertido del riesgo de fuga

El posible intento de evasión de Bonxe adquiere especial relevancia porque el riesgo de fuga ya había sido valorado por los tribunales antes de descubrirse las marcas en los barrotes.

En abril de 2026, después de escuchar la declaración de Montero, la magistrada encargada del caso en Mondoñedo acordó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza por su presunta implicación en un delito de homicidio.

El investigado ya se encontraba encarcelado por otras causas cuando reconoció su participación en la muerte de Bolívar.

Su defensa recurrió la medida cautelar y planteó alternativas a la prisión, entre ellas la utilización de una pulsera de control telemático, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente ante la Justicia.

Sin embargo, en julio, la Audiencia Provincial de Lugo rechazó el recurso y confirmó que debía continuar en prisión provisional.

El tribunal tuvo en cuenta la gravedad de los hechos investigados, la falta de un domicilio estable y los antecedentes de movilidad geográfica del acusado. También valoró que hubiera mantenido oculta la muerte de Bolívar durante más de dos años.

La resolución consideró que existían elementos objetivos suficientes para cuestionar la hipótesis de un simple accidente de tráfico. Especialmente relevante resultaba la conducta posterior a la muerte: la ocultación del cadáver y la destrucción del vehículo.

Los magistrados también apreciaron un posible riesgo de interferencia en las pruebas, dado que todavía quedaban diligencias pendientes relacionadas con el análisis de los restos y la reconstrucción de los acontecimientos.

Por estos motivos, entendieron que las medidas alternativas propuestas por la defensa no ofrecían garantías suficientes para asegurar su permanencia a disposición judicial.

El juicio por la muerte de Enrique Bolívar sigue sin fecha

El traslado de Javier Montero a Teixeiro se produjo mientras continuaba la instrucción del procedimiento penal.

La magistrada encargada de investigar la muerte de Enrique Bolívar había acordado prorrogar seis meses la fase de instrucción para permitir la realización de las diligencias que todavía resultaban necesarias.

A fecha de 3 de noviembre de 2026, el juicio no tiene una fecha señalada. El investigado también ha cambiado de representación letrada en varias ocasiones y su último abogado ha renunciado recientemente a continuar con su defensa.

La investigación deberá concretar las circunstancias en las que falleció el anciano y determinar si los hechos se corresponden con el atropello accidental descrito por Montero o con un posible homicidio intencionado.

En cuanto al incidente penitenciario, las marcas encontradas en Bonxe constituyen indicios de un posible intento de fuga, pero no equivalen por sí mismas a la constatación de una evasión consumada ni permiten establecer definitivamente quién realizó los cortes.

Lo que sí está confirmado es que el hallazgo precipitó el cambio de prisión y que Javier Montero permanece bajo custodia en Teixeiro.

Casi tres años después de la desaparición de Enrique Bolívar, el procedimiento continúa abierto. La identificación de los restos permitió esclarecer su destino, pero todavía queda una cuestión esencial para la Justicia: establecer cómo murió y depurar las responsabilidades penales que correspondan, respetando la presunción de inocencia hasta que exista una sentencia firme.