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Desahucian a José María, de 63 años y con discapacidad, en Valencia

El desahucio de José María, de 63 años, se ejecuta en Valencia pese a las protestas. El afectado se traslada a una vivienda compartida temporal.

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Desahucian a un hombre vulnerable

Resumen

  • Desahucian en Valencia a José María, de 63 años y con discapacidad
  • La PAH denuncia que sigue pendiente su petición de moratoria hasta 2028
  • El afectado se traslada temporalmente a una vivienda compartida

José María, un hombre de 63 años, enfermo y con discapacidad, ha sido desahuciado este viernes, 20 de noviembre, de su vivienda en la avenida del Doctor Peset Aleixandre de Valencia. El lanzamiento se ha ejecutado pese a las protestas vecinales y a las peticiones de suspensión por su situación de vulnerabilidad.

Tras aproximadamente una hora de negociaciones con la comisión judicial y los servicios sociales municipales, el afectado ha aceptado abandonar el inmueble y trasladarse temporalmente a una vivienda compartida.

El desahucio estaba previsto inicialmente para el pasado lunes 16 de noviembre, cuando la movilización de diferentes organizaciones sociales consiguió aplazarlo cuatro días. Finalmente, no ha podido evitarse.

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Una hipoteca y un conflicto judicial que se remonta a 2008

La situación de José María tiene su origen en la crisis económica de 2008, cuando comenzó a experimentar dificultades financieras relacionadas con su vivienda.

El afectado consiguió acogerse posteriormente a la protección establecida por la Ley 1/2013 para los deudores hipotecarios especialmente vulnerables, beneficiándose de sucesivas ampliaciones de la suspensión del lanzamiento.

Sin embargo, la entidad bancaria vendió el inmueble a dos particulares, que iniciaron otro procedimiento judicial para recuperar su posesión.

Desde 2024, José María había solicitado una nueva ampliación de la moratoria hipotecaria hasta 2028, una petición que, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), continuaba pendiente de resolución.

Dos procedimientos judiciales y un desahucio ejecutado

La coexistencia de dos procedimientos en distintos juzgados constituye uno de los aspectos más controvertidos del caso.

Mientras uno debía pronunciarse sobre la continuidad de la protección hipotecaria, el otro tramitaba la recuperación del inmueble por parte de sus nuevos propietarios.

La PAH sostiene que el lanzamiento se ha llevado a cabo pese a los recursos presentados por la defensa, entre ellos uno ante la Audiencia Provincial.

Los colectivos cuestionan que se haya ejecutado el desalojo sin resolver previamente las cuestiones pendientes. No se conocen públicamente todos los fundamentos de la decisión judicial, por lo que no puede determinarse si concurrían todos los requisitos legales para suspenderla.

La moratoria de los desahucios hipotecarios hasta 2028

El Real Decreto-ley 1/2024 amplió hasta el 15 de mayo de 2028 la suspensión de determinados lanzamientos hipotecarios sobre viviendas habituales.

Los colectivos especialmente protegidos

Entre los colectivos especialmente protegidos figuran los deudores mayores de 60 años, las personas con determinados grados de discapacidad y las familias que atraviesan situaciones económicas especialmente difíciles.

Sin embargo, pertenecer a uno de estos colectivos no garantiza automáticamente la suspensión. También deben cumplirse los requisitos económicos y jurídicos establecidos en la legislación.

La naturaleza del procedimiento, las circunstancias de la adquisición del inmueble y la documentación aportada resultan determinantes para aplicar esta protección.

Los límites del nuevo decreto de vivienda

El caso se produce apenas ocho días después de que la Diputación Permanente del Congreso convalidara el nuevo decreto de vivienda del Gobierno, el pasado 12 de noviembre.

La norma amplía hasta finales de 2030 determinados mecanismos de protección frente a los desahucios de personas vulnerables sin alternativa residencial, aunque contempla condiciones y excepciones.

Entre ellas figura la situación de los propietarios que acrediten su propia vulnerabilidad y posean un máximo de dos viviendas.

El Sindicat de Llogateres de València, la PAH y el colectivo València no està en venda consideran que la legislación sigue siendo insuficiente para impedir todos los desalojos de personas en dificultades.

Una vivienda compartida, pero ninguna solución definitiva

Las organizaciones sociales han rechazado que los albergues y hostales constituyan la única respuesta residencial para personas enfermas o con discapacidad.

José María dispone finalmente de un alojamiento compartido provisional, mientras los servicios sociales y las entidades que lo acompañan trabajan para encontrar una alternativa estable.

La PAH reclama una mayor implicación del Ayuntamiento de Valencia y de la Generalitat Valenciana.

El desahucio se ha ejecutado. La emergencia habitacional, sin embargo, permanece. El caso muestra la distancia que todavía existe entre la protección reconocida por la legislación y la capacidad de las administraciones para garantizar una vivienda adecuada a quienes la necesitan.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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