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Interior teme que las falsas amenazas de bomba afecten al voto del 29N

Interior teme que falsas amenazas de bomba interrumpan las elecciones del 29N. Los avisos han obligado a desalojar centros y la Fiscalía investiga.

Interior teme que los falsos avisos de bomba

Foto: Triplecaña / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).

Resumen

  • Interior teme falsas amenazas de bomba en colegios electorales el 29N
  • Los avisos obligaron a desalojar decenas de centros en Galicia
  • Una amenaza grave podría interrumpir la votación o suspender alguna mesa

El Ministerio del Interior teme que una oleada de falsas amenazas de bomba pueda alterar las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, obligando a desalojar colegios electorales, interrumpiendo las votaciones y dificultando el ejercicio del derecho al voto. La preocupación ha aumentado después de que decenas de centros educativos españoles hayan recibido avisos sobre supuestos explosivos que finalmente no se han encontrado.

Los servicios de información de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han advertido del riesgo de que estas amenazas se reproduzcan durante la jornada electoral. Interior prepara una respuesta coordinada para evitar que varias alertas simultáneas puedan desbordar los dispositivos policiales y comprometer el funcionamiento de los colegios electorales.

El problema no reside únicamente en la posibilidad de encontrar un artefacto explosivo. Un aviso falso también puede tener consecuencias importantes: obliga a evaluar el peligro, movilizar especialistas y, cuando las circunstancias lo requieren, desalojar instalaciones hasta completar las comprobaciones de seguridad. Si ocurre en un centro de votación, cientos de electores podrían verse afectados.

Por ahora, no se ha confirmado una campaña organizada para sabotear las elecciones del 29N ni existen pruebas públicas de que las recientes amenazas estén relacionadas con una operación dirigida específicamente contra el proceso electoral. Lo que sí está acreditado es que los falsos avisos se han multiplicado en España y otros países europeos, con interrupciones de actividades y despliegues policiales.

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Más de 80 centros educativos afectados por las amenazas en Galicia

Uno de los episodios más relevantes se ha registrado esta semana en Galicia, donde alrededor de 80 colegios e institutos recibieron correos electrónicos con falsas amenazas de bomba. Los mensajes, enviados de manera prácticamente simultánea, provocaron desalojos, inspecciones y la movilización de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

En la provincia de A Coruña se contabilizaron hasta 31 centros evacuados. Los especialistas revisaron las instalaciones sin encontrar artefactos explosivos que confirmasen las amenazas.

La Fiscalía Provincial de A Coruña abrió el viernes 20 de noviembre diligencias de investigación para recopilar y analizar la información disponible e intentar identificar a los responsables.

Estos incidentes resultan especialmente preocupantes ante las elecciones generales porque numerosos colegios e institutos funcionan también como locales de votación. Un edificio que durante la semana acoge a estudiantes puede convertirse el domingo 29 de noviembre en un punto de acceso a las urnas para cientos o miles de ciudadanos.

Las investigaciones deberán determinar quién está detrás de los mensajes y si existe alguna relación entre los distintos episodios. No puede darse por hecho que todos respondan a una misma organización.

Qué pasaría si se recibe una amenaza de bomba durante las elecciones

Una amenaza de bomba en un colegio electoral obligaría a las autoridades a valorar inmediatamente el riesgo y adoptar las medidas de protección necesarias. Dependiendo de las circunstancias, podrían intervenir unidades especializadas en explosivos, conocidas como TEDAX, y equipos caninos de detección.

Si se ordenase desalojar el edificio, la votación quedaría interrumpida mientras se realizan las comprobaciones. La situación afectaría a los ciudadanos que estuvieran esperando para votar y exigiría preservar el material electoral y las garantías del procedimiento.

La ley permite ampliar el horario, pero también suspender una votación

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece que la votación se desarrolla normalmente entre las 9.00 y las 20.00 horas.

La normativa contempla mecanismos para resolver las incidencias que impidan votar con normalidad. En determinadas interrupciones temporales, la votación puede prorrogarse para compensar el tiempo perdido, siempre conforme a las reglas electorales aplicables.

La regla general es que una interrupción no supere una hora. No obstante, la administración electoral admite que una incidencia ligeramente superior a ese plazo no invalida necesariamente la votación. Si la interrupción se prolonga considerablemente, corresponde a la Junta Electoral de Zona valorar si es posible reanudarla o debe suspenderse.

La suspensión tiene consecuencias más graves. Cuando una mesa electoral no puede continuar la votación por una causa de fuerza mayor que la haga imposible, los votos emitidos hasta ese momento no se contabilizan y debe organizarse una nueva votación en esa mesa dentro de los dos días siguientes.

Esto no significa que una falsa amenaza obligue automáticamente a repetir las elecciones. La respuesta dependerá de la gravedad del incidente, su duración y las decisiones que adopten las autoridades competentes.

Interior prepara la seguridad del 29N frente a posibles incidentes

El Ministerio del Interior ya había activado el pasado 4 de noviembre la Red de Coordinación para la Seguridad de las elecciones generales, un mecanismo creado en 2019 para reforzar la protección de los procesos electorales.

La reunión estuvo presidida por el ministro Fernando Grande-Marlaska y contó con representantes de distintos organismos relacionados con la seguridad nacional, la protección de datos, las infraestructuras digitales y la administración electoral.

El dispositivo se articula alrededor de cuatro ámbitos: integridad del proceso electoral, protección de datos personales, seguridad física y ciberseguridad, y lucha contra la desinformación.

Su finalidad es compartir alertas y facilitar respuestas coordinadas antes de que una incidencia afecte al desarrollo de las elecciones.

La nueva preocupación por los avisos falsos de bomba introduce un riesgo especialmente complejo. Los ataques informáticos pueden afectar a servicios digitales, pero las amenazas contra edificios electorales requieren también una respuesta sobre el terreno, con agentes y especialistas disponibles para intervenir.

Una sucesión de avisos simultáneos en distintas provincias podría consumir recursos policiales, retrasar inspecciones y complicar la normalidad de la jornada. Ese es uno de los escenarios que se pretende prevenir.

La oleada de falsas amenazas también afecta a Europa

España no es el único país que ha sufrido este fenómeno durante noviembre. Los avisos de bomba han afectado a centros educativos, aeropuertos, aviones comerciales y otras instalaciones en diferentes países europeos.

En Italia, unos 6.300 centros escolares recibieron amenazas mediante mensajes electrónicos el 11 de noviembre. Cientos de centros tuvieron que ser evacuados como consecuencia de las alertas.

También se han investigado amenazas similares en Irlanda y Reino Unido. En el transporte aéreo, varias compañías han tenido que modificar operaciones y activar procedimientos de seguridad después de recibir avisos sobre supuestos explosivos.

Las autoridades europeas investigan posibles campañas coordinadas y operaciones de desestabilización, aunque no existe una atribución concluyente y común para todos los incidentes. Que se hayan producido episodios parecidos en distintos países no demuestra, por sí solo, que tengan el mismo origen.

La dificultad para identificar a los responsables supone otro desafío. Los mensajes pueden difundirse de manera masiva y en cuestión de minutos, mientras que las comprobaciones policiales requieren tiempo, personal y recursos especializados.

El 29N, entre la prevención policial y el derecho al voto

A ocho días de las elecciones generales, la principal preocupación de Interior es garantizar que los ciudadanos puedan acudir a las urnas con seguridad sin que una sucesión de amenazas interrumpa el proceso.

Los recientes incidentes demuestran que una falsa alarma puede provocar consecuencias reales, incluso cuando no existe ningún explosivo. El objetivo de los dispositivos de seguridad será distinguir y gestionar los riesgos sin comprometer la protección de las personas ni las garantías electorales.

El reto es especialmente delicado porque una amenaza no puede descartarse sin las comprobaciones pertinentes, pero tampoco debería servir para bloquear innecesariamente el ejercicio de un derecho fundamental.

Por el momento, el riesgo de que estas falsas amenazas alteren las elecciones del domingo 29 de noviembre es una hipótesis preventiva, no una incidencia electoral ya producida. La coordinación entre policías, responsables de los colegios y juntas electorales será decisiva si llega a materializarse.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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