Fases de la nacionalidad española: estados, plazos, jura y primer DNI

Las fases de la nacionalidad española por residencia empiezan bastante antes de que el Ministerio de Justicia muestre un expediente como «registrado» y terminan bastante después de que aparezca la palabra «concedido». Entre ambos extremos están la preparación de documentos y pruebas, la presentación, la petición de informes oficiales, una eventual subsanación, la calificación, la resolución y, cuando esta es favorable, la jura o promesa, la inscripción en el Registro Civil y la obtención del DNI y el pasaporte.

No existe, pese a lo que pueda parecer al mirar compulsivamente «Cómo va lo mío», una escalera administrativa de casillas que todos los expedientes recorran con idéntico ritmo. Un expediente puede permanecer meses en un mismo estado, cambiar rápidamente dos o tres veces e incluso regresar aparentemente a una fase anterior porque se solicita una comprobación adicional. La pantalla informa; no dicta el futuro. Y tampoco sustituye a una notificación oficial.

Antes del expediente: residencia, exámenes y documentos

El punto de partida es acreditar que se cumple el periodo de residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la solicitud que corresponde a cada persona. El plazo general es de diez años, aunque el Código Civil contempla importantes reducciones.

Son suficientes cinco años para las personas que hayan obtenido la condición de refugiado. El periodo baja a dos años para nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal, además de los sefardíes. Y determinados supuestos permiten solicitarla después de un año de residencia, entre ellos haber nacido en España, llevar un año casado con un ciudadano español sin separación legal ni de hecho, ser viudo de español en determinadas circunstancias o haber nacido fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela que originariamente hubieran sido españoles.

Esto importa porque el empadronamiento, por sí solo, no convierte una estancia en residencia legal. También conviene desterrar otra simplificación frecuente: no existe una cifra universal de días fuera de España que permita afirmar mecánicamente que la continuidad se mantiene o se rompe en todos los casos. La duración y frecuencia de las ausencias, junto con las circunstancias concretas del solicitante, pueden ser relevantes.

Antes de presentar la solicitud llega la parte menos épica del proceso, aunque probablemente sea la que evita más disgustos después: el papeleo. Para un solicitante adulto, la documentación básica incluye normalmente el certificado de nacimiento del país de origen, el pasaporte completo y vigente, el certificado de antecedentes penales del país de origen y el justificante de la tasa administrativa. En 2026, la tasa oficial de solicitud es de 104,05 euros.

Los documentos extranjeros deben cumplir las exigencias de legalización que correspondan —por ejemplo, apostilla cuando resulte aplicable— y estar traducidos cuando sea necesario. La vigencia tampoco es un detalle decorativo. Si un certificado de antecedentes penales extranjero no establece expresamente su plazo de validez, la normativa española considera, con carácter general, una vigencia de seis meses desde su expedición.

Según el caso habrá documentos adicionales: certificados de matrimonio, convivencia, nacimiento del cónyuge español, filiación respecto de padres o abuelos españoles, documentación de tutela o acogimiento… No tiene sentido llenar el expediente con papeles por si acaso. Sí tiene sentido que aquello que acredita precisamente el supuesto por el que se solicita la nacionalidad esté vigente, coherente y correctamente legalizado.

CCSE y DELE, la integración también se acredita

Para los solicitantes a los que corresponda, la fase preparatoria incluye las pruebas gestionadas por el Instituto Cervantes. La CCSE acredita conocimientos constitucionales y socioculturales de España. El DELE A2 o superior acredita un nivel básico de español.

No todas las personas tienen que realizar ambas pruebas. Los nacionales de origen de países o territorios hispanohablantes están exentos del DELE, y existen otras exenciones o posibilidades de dispensa previstas para determinados casos. También hay particularidades para menores y personas que necesitan adaptaciones.

El Ministerio puede consultar determinados datos directamente cuando el solicitante autoriza esa comprobación, entre ellos información del Registro Central de Penados, empadronamiento, residencia y resultados del Instituto Cervantes. Es una pequeña diferencia sobre el papel, pero importante en la práctica: menos documentos innecesariamente duplicados y menos posibilidades de adjuntar un certificado equivocado o caducado.

Solicitud y registro: cuando nace realmente el expediente

La nacionalidad por residencia puede tramitarse electrónicamente. Al presentar y firmar correctamente la solicitud se genera un justificante con fecha y número de registro. Conviene distinguir ese dato del posterior número de expediente, porque son identificadores distintos y la confusión es muy habitual.

Cuando el expediente entra en el sistema puede aparecer un estado semejante a «Abierto – Registrado». En términos sencillos significa que la Administración tiene la solicitud y esta ha sido incorporada al procedimiento. No significa que un funcionario haya estudiado ya el fondo ni, mucho menos, que los requisitos estén aceptados.

Después suele llegar la fase que «Cómo va lo mío» describe con distintas fórmulas relacionadas con la tramitación y los informes preceptivos oficiales. El Ministerio necesita contrastar información relevante antes de resolver: antecedentes, residencia y otras circunstancias relacionadas con los requisitos legales.

Puede verse primero una referencia a la solicitud de esos informes y después otra indicando que se está pendiente de recibirlos. Para el ciudadano la diferencia parece microscópica; administrativamente no lo es. Una cosa es haber pedido la información y otra tenerla incorporada al expediente.

Esta etapa puede consumir buena parte de la espera. No existe un contador público que permita traducir «pendiente de informes» en «faltan 47 días». Tampoco que otro expediente presentado después avance antes demuestra necesariamente un error. Las solicitudes no son paquetes idénticos en una cinta transportadora: nacionalidades, antecedentes, documentos y comprobaciones pueden ser diferentes.

Cuando aparece «Requerido» hay que mirar la notificación

El estado que sí merece atención inmediata es «Requerido». Significa que la Administración considera necesaria una subsanación, un documento o una aclaración antes de continuar.

Aquí la pantalla de seguimiento deja de ser lo verdaderamente importante. Hay que atender al contenido de la notificación oficial, porque allí consta exactamente qué se solicita y cómo debe aportarse. La regulación específica del procedimiento prevé que, si no se subsana después del requerimiento dentro del plazo previsto, pueda declararse al interesado desistido de su solicitud.

Un requerimiento tampoco equivale a una denegación. Puede tratarse de un certificado caducado, una discrepancia entre documentos, una acreditación adicional o cualquier extremo que Justicia considere necesario comprobar. Una vez presentada correctamente la documentación solicitada, el expediente continúa.

La sede electrónica permite también aportar documentación adicional a un expediente de nacionalidad por residencia ya iniciado. Otra cosa distinta es inundarlo de archivos sin motivo. Más papeles no hacen necesariamente más sólido un expediente; a veces solo lo hacen más grueso.

«En calificación»: qué significa y cuánto puede durar

Pocas expresiones administrativas despiertan tanta expectación como «su expediente se encuentra en calificación». Tiene cierta lógica. En términos generales, indica que el expediente ha alcanzado una fase avanzada de estudio en la que se valoran los elementos necesarios para formular la propuesta correspondiente.

Es, habitualmente, una fase próxima a la resolución. Pero «próxima» no significa «mañana», ni existe un plazo oficial independiente que garantice que una nacionalidad en calificación se resolverá en siete, quince o treinta días.

De ahí las historias aparentemente contradictorias: personas cuya pantalla pasa de calificación a concedido casi de inmediato y otras que permanecen ahí durante bastante tiempo. El estado administrativo no es una fecha de entrega.

También puede producirse un aparente retroceso. Un expediente que estaba en calificación puede volver a mostrar una referencia a informes o tramitación si surge la necesidad de efectuar una nueva comprobación. No significa necesariamente que todo haya comenzado desde cero. La Administración puede reabrir actuaciones antes de resolver.

En ocasiones aparecen estados intermedios relacionados con la firma de la resolución. Son señales de movimiento interno, no una concesión anticipada. Hasta que exista resolución favorable, el resultado sigue sin estar cerrado.

De la resolución a la jura, el Registro Civil y el DNI

Cuando aparece «Abierto – Concedido» o una expresión equivalente, el Ministerio ha resuelto favorablemente la solicitud. Es el gran salto del procedimiento, pero jurídicamente todavía quedan actuaciones importantes.

La consulta electrónica del expediente tiene carácter informativo. Lo decisivo es la notificación de la resolución, que puede ponerse a disposición del interesado por los canales habilitados. Desde ahí empiezan a cobrar importancia los plazos posteriores.

Si la resolución es denegatoria, debe estar motivada y existen vías de impugnación. Tampoco conviene confundir una denegación expresa con el llamado silencio administrativo.

La normativa establece un plazo máximo de un año para resolver y notificar el procedimiento desde la entrada de la solicitud en el órgano competente. Si transcurre ese periodo sin resolución expresa, la petición se entiende desestimada por silencio administrativo a efectos jurídicos.

Esto provoca una de las confusiones más persistentes de todo el proceso. Pasar un año esperando no concede automáticamente la nacionalidad, pero tampoco significa necesariamente que el expediente vaya a quedar abandonado para siempre. El silencio negativo permite abrir la vía de impugnación correspondiente y la Administración puede dictar posteriormente una resolución expresa.

En otras palabras: doce meses no son una frontera mágica tras la que aparece un pasaporte español. Son un límite legal del procedimiento con consecuencias administrativas y judiciales concretas.

Con la concesión favorable empieza una segunda parte que muchas explicaciones sobre las fases de la nacionalidad española dejan sorprendentemente fuera. Y sin ella no se completa la adquisición.

El Código Civil establece que las concesiones de nacionalidad por residencia caducan a los 180 días siguientes a su notificación si, dentro de ese plazo, el interesado no comparece ante funcionario competente para cumplir los requisitos legales correspondientes.

Para los mayores de 14 años con capacidad para realizar la declaración, esto incluye la jura o promesa de fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes. También debe formularse, cuando proceda, la declaración relativa a la anterior nacionalidad. Las excepciones a esa renuncia dependen de los supuestos reconocidos por la legislación española y de los convenios aplicables.

En las concesiones de nacionalidad por residencia, la jura o promesa puede realizarse ante el Registro Civil o ante notario. Si se utiliza la vía notarial, la escritura se remite al Registro Civil para que se practique la inscripción. Esa diferencia es importante: hacer la jura no significa que, en el mismo segundo, el ciudadano salga del despacho con un DNI bajo el brazo. La inscripción registral sigue siendo necesaria.

Una vez inscrita la adquisición se genera la correspondiente certificación registral de nacimiento. Ese documento abre finalmente la puerta al primer DNI español. Para la primera expedición, la Policía exige la certificación literal de nacimiento expedida a estos efectos —salvo las particularidades derivadas del nuevo sistema registral—, junto con el resto de documentación establecida para el DNI. Después puede tramitarse también el pasaporte español.

Hasta llegar a ese punto conviene no dar por extinguida de forma prematura la vida administrativa anterior. Tener una resolución favorable en pantalla no convierte el NIE en DNI ni hace innecesario, por arte de magia burocrática, mantener correctamente la documentación de residencia mientras todavía corresponda. Entre «concedido» y «español documentado» queda un pequeño corredor administrativo. A veces muy corto; otras, no tanto.

Del primer papel al primer DNI

Vista completa, la secuencia es más comprensible: primero se acredita el derecho a solicitar por residencia y se preparan pruebas y documentos; después se presenta la solicitud y se registra el expediente; llegan las comprobaciones e informes preceptivos; puede aparecer un requerimiento; el expediente pasa al estudio o calificación; Justicia concede o deniega; y, si concede, todavía quedan notificación, jura o promesa, inscripción registral y documentación española.

Por eso «Cómo va lo mío» sirve para orientarse, pero no debe convertirse en un oráculo. Que un estado permanezca quieto no demuestra por sí solo que exista un problema, del mismo modo que aparecer «en calificación» no permite reservar cita para el DNI contando los días.

Las fases de la nacionalidad española tienen una lógica administrativa concreta, aunque desde fuera a veces parezcan una habitación llena de puertas numeradas. Lo que realmente determina el expediente no es cuántas veces cambia el texto de la pantalla, sino que se cumplan residencia, buena conducta cívica, integración, documentación y plazos, que la resolución sea favorable y que después se complete correctamente la adquisición en el Registro Civil. Solo entonces aquel número que empezaba por una «R» deja paso, por fin, al DNI español.