Feijóo promete derogar la Ley Trans y suprimir la autodeterminación

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este lunes, 9 de noviembre de 2026, que derogará la Ley Trans si llega al Gobierno tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. El líder de la oposición considera que la legislación impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez perjudica los derechos de las mujeres y ha situado la eliminación de la autodeterminación registral del sexo entre sus compromisos electorales.

Durante una entrevista en Cuatro, Feijóo ha cuestionado abiertamente la posibilidad de modificar la mención del sexo en el Registro Civil sin presentar informes médicos ni someterse a tratamientos hormonales. «Esto de declararse hombre o mujer en un Registro Civil es una frivolidad que se la dejo al sanchismo», ha afirmado. Su propuesta pretende revertir uno de los cambios jurídicos más importantes introducidos por la legislación de 2023.

El anuncio llega apenas 24 horas antes de la presentación oficial del programa electoral del PP, prevista para el martes 10 de noviembre en Madrid. La formación conservadora incorporará medidas sobre igualdad, protección de menores y participación en competiciones deportivas femeninas, con especial atención a las consecuencias legales del reconocimiento de la identidad de género.

La iniciativa recupera un compromiso que Feijóo ya había defendido anteriormente. Sin embargo, esta vez lo introduce directamente en la campaña electoral del 29 de noviembre, dentro de una revisión más amplia de las políticas de igualdad aprobadas durante los gobiernos de Sánchez.

Feijóo quiere eliminar la autodeterminación registral del sexo

El principal objetivo del Partido Popular es suprimir la autodeterminación registral del sexo, el mecanismo que permite modificar la inscripción relativa al sexo sin necesidad de acreditar un diagnóstico médico o psicológico.

Feijóo sostiene que este sistema genera problemas para la protección jurídica de las mujeres. Durante su intervención, ha defendido la derogación de la norma como una medida de respeto hacia ellas y ha considerado que la legislación actual no garantiza adecuadamente sus derechos.

El programa electoral del PP contempla la revisión de los artículos 43 y 44 de la Ley 4/2023, que regulan quién puede solicitar la rectificación registral y qué procedimiento debe seguirse. Los populares consideran que el modelo vigente introduce inseguridad jurídica y cuestionan sus posibles efectos sobre las políticas destinadas específicamente a las mujeres.

La formación también quiere reforzar la protección de los menores de edad, aunque todavía no ha concretado públicamente qué requisitos sustituirían al procedimiento actual.

Hay una diferencia relevante entre las declaraciones de Feijóo y el alcance de las medidas adelantadas de su programa: mientras el candidato habla de derogar la Ley Trans, las propuestas conocidas se concentran especialmente en eliminar la autodeterminación registral y revisar determinadas disposiciones. No se ha presentado todavía un texto legislativo que permita conocer el alcance completo de esa eventual derogación.

Cómo funciona actualmente el cambio de sexo en el Registro Civil

La Ley 4/2023, aprobada el 28 de febrero y vigente desde el 2 de marzo de 2023, modificó profundamente el procedimiento de reconocimiento legal de la identidad de género en España.

Su principal novedad fue eliminar la obligación de presentar un diagnóstico de disforia de género y de acreditar tratamientos médicos para solicitar la rectificación registral del sexo. Hasta entonces, la legislación anterior exigía requisitos médicos que la nueva regulación dejó de considerar necesarios.

Esto no significa, sin embargo, que cualquier persona pueda modificar inmediatamente su inscripción mediante una simple declaración.

El artículo 44 establece un procedimiento administrativo que requiere una primera comparecencia ante el Registro Civil. En ella, la persona interesada manifiesta su voluntad de rectificar la mención del sexo y recibe información sobre las consecuencias jurídicas de su decisión.

Posteriormente debe acudir a una segunda comparecencia para ratificar la solicitud. Esta cita debe producirse dentro de los tres meses siguientes a la primera. Una vez ratificada la petición, el Registro Civil dispone de un plazo máximo de un mes para dictar resolución.

La legislación también permite revertir el cambio después de seis meses desde su inscripción. Si posteriormente se pretende realizar otra rectificación, se requiere un procedimiento judicial específico.

Qué establece la Ley Trans para los menores de edad

La normativa distingue varios supuestos según la edad de la persona solicitante.

Desde los 16 años, las personas de nacionalidad española pueden solicitar por sí mismas la modificación de la mención registral del sexo.

Entre los 14 y los 16 años, pueden presentar la solicitud, pero necesitan la asistencia de sus representantes legales. Si existe desacuerdo, la ley contempla la intervención de un defensor judicial.

Para los menores de 12 a 14 años, es necesaria una autorización judicial previa. Por debajo de los 12 años, la ley no establece la posibilidad de rectificar la mención registral del sexo mediante este procedimiento.

La legislación diferencia, asimismo, la rectificación del sexo registral del cambio de nombre. Los menores trans pueden solicitar la modificación de su nombre conforme a los requisitos establecidos en la normativa del Registro Civil, aunque no hayan iniciado un procedimiento de rectificación del sexo.

El deporte femenino, otro objetivo de la reforma del PP

La participación de las mujeres trans en competiciones deportivas femeninas constituye otro de los principales puntos de enfrentamiento político.

Feijóo ha defendido que el sexo biológico determine las categorías deportivas, una posición que el Partido Popular pretende incorporar expresamente a su programa electoral.

La formación considera necesario establecer criterios que garanticen la igualdad de oportunidades entre las participantes y evitar situaciones que, a su juicio, puedan generar ventajas competitivas.

El PP ya había planteado anteriormente modificaciones de la Ley Trans y de la Ley del Deporte relacionadas con esta cuestión. Su nueva propuesta busca convertir ese planteamiento en una medida de gobierno.

Conviene precisar que la legislación vigente no establece una admisión automática e incondicional en todas las competiciones deportivas por el mero hecho de modificar el sexo registral.

El artículo 26 de la Ley Trans contempla la aplicación de las normativas específicas nacionales, autonómicas e internacionales en el deporte federado, incluidas las disposiciones proporcionadas y justificadas destinadas a evitar ventajas competitivas contrarias al principio de igualdad.

Por tanto, el debate no afecta únicamente al reconocimiento de la identidad de género, sino también a las condiciones de participación que establecen las distintas federaciones y organismos deportivos.

La Ley Trans también regula derechos y protección contra la discriminación

Aunque la controversia política se concentra en el Registro Civil, la Ley 4/2023 tiene un alcance considerablemente más amplio.

Su denominación completa es Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. La norma establece medidas destinadas a prevenir la discriminación por orientación sexual, identidad sexual, expresión de género y características sexuales.

Entre sus disposiciones figuran actuaciones relacionadas con el empleo, la educación, la sanidad y la protección frente a la discriminación. También contempla obligaciones para las administraciones públicas y mecanismos destinados a garantizar la igualdad de trato.

La norma contiene, además, previsiones específicas sobre las consecuencias jurídicas de la rectificación registral.

Por ejemplo, su artículo 46 establece que cambiar la mención del sexo no modifica el régimen jurídico aplicable a situaciones anteriores a la inscripción a efectos de la legislación contra la violencia de género. También regula los efectos del cambio sobre determinadas medidas de acción positiva.

Estos aspectos resultan importantes para valorar el alcance de una eventual derogación. Eliminar el procedimiento de autodeterminación registral no es jurídicamente lo mismo que suprimir toda la legislación de protección de las personas LGTBI.

Si el PP optase por derogar íntegramente la ley, tendría que determinar qué disposiciones desaparecerían y cuáles serían sustituidas por otra regulación. De momento, no se conoce una propuesta legislativa completa que resuelva esas cuestiones.

La derogación dependerá de las elecciones del 29 de noviembre

La promesa de Feijóo forma parte de una revisión más amplia de las leyes aprobadas durante los gobiernos de Pedro Sánchez.

El dirigente popular también ha anunciado modificaciones de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del «solo sí es sí», y ha defendido el endurecimiento de las penas para determinados delitos sexuales especialmente graves.

En materia de vivienda, ha reiterado su intención de derogar la legislación estatal vigente, mientras que en política económica plantea reducir impuestos y revisar diferentes partidas de gasto público.

La Ley Trans, sin embargo, ocupa un espacio particular en su discurso electoral porque afecta a cuestiones que han provocado profundas diferencias entre partidos y también dentro del movimiento feminista.

La discusión enfrenta distintas concepciones sobre el reconocimiento jurídico de la identidad de género, los derechos de las mujeres y los mecanismos que deben utilizar las instituciones para garantizar la igualdad.

El anuncio no modifica por sí mismo la legislación vigente. Para hacer efectiva la derogación, Feijóo necesitaría llegar al Gobierno y conseguir los apoyos parlamentarios suficientes para aprobar una nueva ley.

Hasta entonces, el procedimiento establecido por la Ley 4/2023 continúa en vigor y las personas que cumplen sus requisitos mantienen el derecho a solicitar la rectificación registral del sexo.

La presentación del programa electoral del PP permitirá precisar el alcance de sus propuestas. La cuestión decisiva será comprobar si Feijóo plantea eliminar por completo la Ley Trans o sustituir únicamente las disposiciones más controvertidas por otro modelo de reconocimiento legal. Son dos decisiones diferentes, con consecuencias jurídicas muy distintas.