Feijóo propone centros de retorno y buques de Frontex frente a África

Alberto Núñez Feijóo quiere trasladar parte de la gestión de la inmigración irregular fuera de las fronteras europeas. El presidente del Partido Popular propone crear centros de retorno de migrantes en terceros países y solicitar el despliegue permanente de buques de Frontex frente a las costas africanas para frenar las salidas de cayucos hacia Canarias. Las medidas forman parte de su programa para las elecciones generales del 29 de noviembre.

La iniciativa contempla también ampliar de 60 días a seis meses el internamiento máximo en los centros de internamiento de extranjeros (CIE), acelerar las expulsiones y condicionar las ayudas al desarrollo a la colaboración de los países de origen. Feijóo pretende reforzar igualmente la vigilancia europea en Ceuta y en la ruta migratoria entre Argelia y Baleares.

El plan supone un endurecimiento de la política migratoria que defiende el PP y llega en un momento en el que la Unión Europea acaba de aprobar nuevas normas para facilitar los retornos de personas sin derecho a permanecer en territorio comunitario. No obstante, muchas de las medidas anunciadas necesitarían acuerdos internacionales, reformas legales y la cooperación de las instituciones europeas.

El líder popular ha situado el control de fronteras entre los asuntos prioritarios de su campaña. Durante un acto celebrado este lunes en Palma de Mallorca, criticó la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y defendió una mayor intervención de las autoridades europeas en las rutas migratorias que afectan a España.

Centros de retorno fuera de la Unión Europea

Una de las principales novedades del programa del PP es la creación de instalaciones para gestionar las repatriaciones en países ajenos a la Unión Europea.

Los llamados centros de retorno en terceros países, conocidos en el ámbito comunitario como return hubs, permitirían trasladar a determinadas personas con una decisión de retorno a instalaciones situadas fuera del territorio europeo. Desde allí se organizaría su posterior salida hacia su país de origen u otro destino legalmente admisible.

La propuesta tiene respaldo en el nuevo Reglamento Europeo de Retornos, aprobado definitivamente por el Consejo de la UE el 1 de octubre de 2026 y publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea el 15 de octubre.

La normativa contempla la posibilidad de establecer estos centros mediante acuerdos con Estados extracomunitarios. Pero no concede libertad absoluta para trasladar migrantes: los países receptores deben cumplir las obligaciones internacionales sobre derechos humanos y garantizar el principio de no devolución, que impide enviar a una persona a un lugar donde pueda sufrir persecución, tortura u otros daños graves.

Los menores extranjeros no acompañados quedan excluidos de este mecanismo.

Qué ocurriría con las solicitudes de asilo

El programa popular también apuesta por utilizar las figuras jurídicas del tercer país seguro y del primer país de asilo para gestionar determinadas solicitudes de protección internacional.

La primera permite, bajo los requisitos establecidos por la normativa europea, considerar inadmisible una solicitud cuando exista un tercer Estado que pueda ofrecer protección efectiva a la persona. La segunda se refiere a quienes ya han obtenido protección internacional en otro país y pueden regresar a él con garantías.

Existe, sin embargo, una distinción importante: tener una orden de retorno no es lo mismo que solicitar asilo. El nuevo reglamento sobre retornos regula los traslados de personas sin derecho de estancia, pero no autoriza por sí solo a enviar a cualquier solicitante de protección internacional a un centro exterior mientras se resuelve su expediente.

Por eso, la viabilidad de cualquier sistema de tramitación de asilo fuera de España dependería de su diseño concreto y de su compatibilidad con las garantías europeas.

Frontex frente a África para frenar la llegada de cayucos

El segundo gran eje del proyecto de Feijóo consiste en reforzar la presencia de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex, en las rutas migratorias que conectan África con España.

El presidente del PP plantea desplegar embarcaciones de vigilancia frente a las costas africanas y mantener una intervención continuada en aguas próximas a Canarias. Su objetivo es detectar las salidas irregulares, combatir las redes de tráfico de personas y evitar que las embarcaciones alcancen territorio español.

La iniciativa también alcanza a Ceuta y Baleares. Durante su intervención en Palma, Feijóo se comprometió a solicitar la activación permanente de Frontex en la ruta marítima entre Argelia y el archipiélago balear.

La propuesta supone dar un papel más relevante a la agencia europea, aunque su aplicación no dependería exclusivamente del Gobierno español.

Frontex ya participa en operaciones de vigilancia fronteriza, detección de embarcaciones y apoyo a los Estados miembros. También puede desarrollar determinadas actividades en terceros países mediante los acuerdos correspondientes.

Ahora bien, vigilar una ruta marítima no equivale a disponer de autorización para devolver automáticamente todas las embarcaciones. Las intervenciones deben respetar el derecho internacional, las competencias de los Estados costeros y las obligaciones de búsqueda y salvamento.

En aguas territoriales de países africanos, las operaciones europeas requieren además el marco jurídico y la cooperación necesarios. Un despliegue de buques, por sí solo, tampoco resolvería las dificultades para identificar y repatriar a personas cuya nacionalidad no puede acreditarse inmediatamente.

Bruselas presentó el 27 de octubre una propuesta para reforzar Frontex, ampliar sus funciones relacionadas con los retornos y aumentar progresivamente sus capacidades operativas. Esa reforma todavía debe negociarse entre las instituciones comunitarias.

El PP quiere ampliar hasta seis meses la estancia en los CIE

Otra medida significativa afecta directamente a los centros de internamiento de extranjeros.

Actualmente, la legislación española establece un máximo de 60 días de internamiento en los CIE. El PP plantea elevar ese plazo a seis meses para facilitar la ejecución de las expulsiones cuando existan dificultades administrativas o retrasos en la documentación necesaria.

La finalidad declarada es evitar que determinadas órdenes de expulsión queden sin ejecutar porque expire el periodo legal de internamiento antes de completar los trámites.

Los CIE no son establecimientos penitenciarios, aunque implican una privación de libertad sometida a control judicial. Su utilización está vinculada a procedimientos de extranjería y no constituye una condena penal.

La reforma supondría, por tanto, triplicar el tiempo máximo de internamiento que permite actualmente la legislación española.

El nuevo Reglamento Europeo de Retornos contempla periodos de internamiento más amplios en determinadas circunstancias, pero exige una valoración individual, proporcionalidad y garantías jurídicas. La existencia de esos márgenes comunitarios no significa que España haya elevado ya su límite legal de 60 días.

El programa electoral también propone agilizar el reconocimiento y la ejecución de las decisiones de retorno dictadas por otros Estados miembros. Para ello, el PP pretende aprovechar los mecanismos europeos de intercambio de información y cooperación administrativa, respetando los procedimientos y garantías aplicables.

Visados, ayudas al desarrollo y cupos de trabajadores extranjeros

Feijóo no limita su propuesta al control de fronteras. Su programa introduce un sistema de presión diplomática dirigido a los países que no colaboren en las repatriaciones.

El PP plantea condicionar los visados y las ayudas de cooperación al desarrollo a la disposición de los gobiernos de origen para identificar y readmitir a sus ciudadanos cuando exista una decisión legal de retorno.

También pretende utilizar la posición española en la política comercial europea para favorecer acuerdos de readmisión, aunque las decisiones comerciales comunitarias no dependen unilateralmente de España.

La formación propone, asimismo, establecer cupos anuales de trabajadores extranjeros ajustados a las necesidades del mercado laboral y a la capacidad de acogida del país.

Estas cuotas se revisarían según indicadores como el desempleo, los puestos de trabajo sin cubrir y la disponibilidad de vivienda y servicios públicos.

El programa incluye un sistema de visados por puntos que valoraría la formación, la experiencia profesional, el conocimiento del idioma y otros criterios relacionados con la integración.

La dirección de estas políticas recaería en una autoridad única encargada de coordinar la entrada, permanencia, integración y retorno de extranjeros.

Junto a las expulsiones forzosas, el PP contempla programas de retorno voluntario asistido, en colaboración con la Organización Internacional para las Migraciones, que podrían incluir ayudas para el desplazamiento y la reintegración en el país de destino.

Una propuesta que choca con la posición del Gobierno

La creación de centros de retorno fuera de Europa marca una diferencia significativa entre Feijóo y el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, ya expresó en junio su oposición a este mecanismo por las dudas jurídicas y de proporcionalidad que plantea.

El Gobierno ha defendido una aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo basada en las garantías de protección internacional y la cooperación con los países de origen.

Feijóo apuesta por utilizar más intensamente las nuevas herramientas comunitarias de retorno y situar la prevención de las salidas irregulares como una prioridad de la política exterior.

La discusión se produce, además, en un contexto europeo favorable a reforzar los procedimientos de expulsión. El nuevo reglamento comunitario entró en vigor el 16 de octubre de 2026 y algunas de sus disposiciones, incluidas las relativas a los centros de retorno, ya son aplicables.

Eso no significa que las propuestas del PP puedan ponerse en marcha inmediatamente.

La apertura de centros en terceros países exige acuerdos con los gobiernos receptores, mecanismos de supervisión y garantías efectivas para las personas trasladadas. Del mismo modo, las patrullas de Frontex frente a África necesitan coordinación europea y, cuando corresponda, autorización de los Estados afectados.

El programa tampoco concreta todavía qué países podrían albergar esas instalaciones, cuánto costaría su funcionamiento ni qué calendario permitiría ejecutar las medidas.

Son cuestiones relevantes para determinar su alcance real. Porque una cosa es disponer de un marco legal que permita organizar retornos fuera de Europa y otra, bastante distinta, conseguir que los países receptores acepten los traslados y asuman las condiciones necesarias.

Con las elecciones del 29 de noviembre a la vista, Feijóo sitúa así la inmigración en el centro de su propuesta de Gobierno: más vigilancia europea, mayores posibilidades de internamiento y una política de repatriaciones apoyada en acuerdos internacionales.

Su viabilidad dependerá tanto de las decisiones que adopte España como de la colaboración de Bruselas y de los países africanos.