España
Dos registros en Villanueva de Córdoba por un fraude de 15,6 millones
La Agencia Tributaria investiga un fraude de 15,6 millones en carburantes tras dos registros en Villanueva de Córdoba y la detención de dos hombres.
Resumen
- Hacienda investiga un fraude de 15,6 millones en carburantes
- Los agentes realizaron dos registros en Villanueva de Córdoba
- Dos detenidos, cuentas bloqueadas y bienes embargados
La Agencia Tributaria ha desarticulado una presunta trama de fraude fiscal en el sector de los hidrocarburos que habría dejado de ingresar 15,6 millones de euros a Hacienda durante 2024. La operación ha permitido detener a dos de sus principales responsables y practicar dos registros domiciliarios en Villanueva de Córdoba, donde los investigadores han intervenido abundante documentación relacionada con las operaciones sospechosas.
La organización, que operaba desde Córdoba y Ciudad Real y distribuía carburantes a clientes de toda España, utilizaba una red de empresas instrumentales para comercializar gasolina, gasóleo y otros combustibles sin abonar los impuestos correspondientes. Según las investigaciones, el fraude habría alcanzado nueve millones de euros en IVA y otros 6,6 millones en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos. Los agentes investigan también el presunto blanqueo de los beneficios obtenidos.
La intervención se desarrolló el pasado 10 de noviembre de 2026, aunque Hacienda comunicó sus resultados el día 17. En el dispositivo participaron funcionarios de Vigilancia Aduanera, Inspección Tributaria y Auditoría Informática, bajo dirección judicial y con el apoyo de la Fiscalía de Ciudad Real.
Los registros de Villanueva de Córdoba, fundamentales para la investigación
Los dos registros practicados en Villanueva de Córdoba, municipio situado en la comarca de Los Pedroches, han permitido recuperar documentación que podría resultar determinante para reconstruir el funcionamiento económico de la organización.
Los investigadores analizan los documentos intervenidos para comprobar las operaciones comerciales, los movimientos de combustible y las relaciones entre las sociedades implicadas. El objetivo es incorporar nuevas pruebas a una causa judicial que permanece abierta.
La investigación comenzó después de que la Dependencia Regional de Inspección de la Agencia Tributaria de Castilla-La Mancha detectara posibles irregularidades en varias sociedades dedicadas a la comercialización de carburantes.
Tras las primeras comprobaciones, Hacienda presentó una denuncia que dio origen al procedimiento judicial dirigido por la Sección Civil y de Instrucción número 1 del Tribunal de Instancia de Alcázar de San Juan, en Ciudad Real.
Los registros de Villanueva de Córdoba forman parte de una operación de mayor alcance. La actividad comercial investigada no se limitaba a esta localidad, sino que afectaba a una estructura empresarial con clientes repartidos por todo el territorio nacional.
Cómo funcionaba el fraude de 15,6 millones en carburantes
El mecanismo investigado aprovechaba las particularidades fiscales del comercio de hidrocarburos, un sector en el que los combustibles pueden permanecer almacenados bajo un régimen que permite aplazar determinados impuestos hasta su salida al consumo.
Según Hacienda, la organización utilizaba una empresa instrumental ficticia para adquirir productos petrolíferos dentro de un depósito fiscal externo, beneficiándose del régimen suspensivo del IVA y de los impuestos especiales.
Sobre el papel, esos carburantes debían trasladarse a otro depósito fiscal controlado por la misma empresa. Sin embargo, el recorrido real del combustible era diferente.
Camiones cisterna que no descargaban el combustible
Los camiones cisterna que supuestamente transportaban el combustible hasta el segundo depósito no llegaban a descargar la mercancía. En su lugar, recibían nueva documentación que permitía continuar su circulación hacia los compradores finales.
La operación resultaba posible porque una misma sociedad actuaba como propietaria de los productos, responsable de su extracción y titular de un depósito fiscal.
La mercancía se facturaba posteriormente a otra empresa del entramado, que revendía el combustible a sus clientes repercutiendo el IVA.
El problema estaba en los impuestos que debían ingresar esas sociedades. La primera no declaraba ni abonaba las cantidades correspondientes y la segunda utilizaba las facturas recibidas para justificar las deducciones fiscales.
De esta forma, las empresas implicadas evitaban ingresar el IVA y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos que correspondían a las operaciones reales.
No se trataba, por tanto, de una simple irregularidad contable. La investigación describe un circuito comercial diseñado para ocultar el recorrido efectivo del combustible y reducir artificialmente las obligaciones tributarias.
Dos detenidos, cuentas bloqueadas y bienes embargados
La operación se ha saldado con la detención de dos hombres considerados los principales organizadores de la trama, que han sido puestos a disposición judicial.
Uno de ellos, según ha informado la Agencia Tributaria, había sido condenado recientemente por delitos similares relacionados con la comercialización de carburantes.
Las actuaciones también han afectado al patrimonio de las personas y sociedades investigadas. La autoridad judicial ha acordado bloqueos de cuentas bancarias y embargos de vehículos e inmuebles vinculados a la organización.
Entre los bienes intervenidos figuran 25.000 euros en efectivo, relojes y joyas. También se han adoptado medidas sobre propiedades registradas a nombre de sociedades patrimoniales relacionadas con los responsables del entramado.
Estas actuaciones buscan asegurar bienes que puedan quedar sujetos a las responsabilidades económicas derivadas del procedimiento.
Los dos arrestados están siendo investigados por su presunta participación en el fraude. Las cantidades comunicadas por Hacienda corresponden a sus estimaciones de la actividad delictiva durante 2024, pendientes de lo que determine el proceso judicial.
El fraude permitía vender carburantes a precios inferiores
Uno de los efectos más relevantes de este tipo de operaciones es su repercusión sobre la competencia en el mercado de los combustibles.
Una empresa que no ingresa los impuestos legalmente exigidos dispone de un margen económico del que carecen los operadores que cumplen sus obligaciones fiscales.
En este caso, Hacienda sostiene que la organización aprovechaba precisamente ese margen para ofrecer carburantes a precios más bajos, alterando las condiciones de competencia en la distribución de hidrocarburos.
La rebaja no procedía necesariamente de una mayor eficiencia comercial o de menores costes de transporte, sino del supuesto incumplimiento de obligaciones tributarias.
El perjuicio tendría, por tanto, una doble dimensión: los 15,6 millones de euros presuntamente defraudados a las arcas públicas y la desventaja que sufrían las empresas que sí abonaban los impuestos correspondientes.
La Agencia Tributaria mantiene una línea específica de vigilancia sobre estas prácticas. Entre los instrumentos de control se encuentran el Registro de Extractores de Depósitos Fiscales (Redef) y el Registro de Operadores Confiables, destinados a reforzar la supervisión de determinadas operaciones del sector.
La investigación continúa tras los registros en Córdoba
La desarticulación de la organización no supone el final de las actuaciones judiciales. La documentación recuperada en Villanueva de Córdoba permanece bajo análisis y podría permitir identificar nuevas operaciones o precisar las responsabilidades de los investigados.
Por el momento, Hacienda mantiene el fraude estimado en 15,6 millones de euros, correspondientes exclusivamente al ejercicio 2024, y ha confirmado la existencia de dos detenidos.
La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas decisiones judiciales.
El caso pone de manifiesto cómo una estructura de sociedades y una documentación aparentemente regular pueden utilizarse para ocultar operaciones comerciales reales. En esta ocasión, los registros practicados en una localidad cordobesa han aportado documentación a una investigación fiscal que se extiende a la distribución de combustible por toda España.
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