España
La Guardia Civil cuestiona los avisos del CNI sobre el asalto a Ceuta
La Guardia Civil considera insuficientes los avisos del CNI antes de la crisis de Ceuta. La Policía rastrea 97 conexiones con agentes marroquíes.
Resumen
- La Guardia Civil considera insuficiente la alerta del CNI antes de la crisis
- La Policía investiga 97 conexiones con posibles agentes marroquíes
- La jueza cita a testigos y aplaza la declaración del exdelegado de Ceuta
La Guardia Civil ha cuestionado la versión del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre los avisos previos a la entrada masiva de más de 80.000 personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026. El instituto armado reconoce que recibió comunicaciones de los servicios secretos, pero sostiene que la información era insuficiente para anticipar una crisis fronteriza de semejante magnitud.
La discrepancia ha llegado a la Audiencia Nacional, donde la jueza María Tardón investiga tanto la posible intervención de las autoridades marroquíes como la actuación de los responsables españoles antes y durante aquellos acontecimientos. La investigación se complica con un nuevo informe de la Policía Nacional, que identifica 97 conexiones telefónicas que podrían relacionar a integrantes de los servicios de seguridad de Marruecos con grupos de WhatsApp utilizados para movilizar a los migrantes.
Los informes oficiales ofrecen interpretaciones distintas de lo ocurrido. Mientras el CNI asegura que no ha encontrado pruebas de que Marruecos organizara deliberadamente la entrada masiva, la Policía considera que existen indicios suficientes para ampliar las pesquisas. La Guardia Civil, por su parte, insiste en que nadie le transmitió una advertencia que permitiera prever el desbordamiento de la frontera.
La magistrada intenta reconstruir las comunicaciones de aquellos días, determinar quién conocía el riesgo y aclarar si hubo fallos de coordinación o de respuesta institucional.
La Guardia Civil sostiene que el CNI no alertó de la magnitud de la crisis
El principal desacuerdo se centra en las comunicaciones del 29 de julio, apenas unas horas antes de que comenzara la entrada masiva de personas desde Marruecos.
El CNI defiende que informó de la existencia de convocatorias en redes sociales para cruzar la frontera, tanto a la Guardia Civil como a responsables de la Delegación del Gobierno en Ceuta.
Sin embargo, la Jefatura de Información de la Guardia Civil sostiene en un informe remitido a la Audiencia Nacional que aquellas conversaciones no podían considerarse una alerta temprana suficiente. Según su interpretación, los mensajes recibidos no permitían calcular cuántas personas podrían desplazarse hacia Ceuta ni anticipaban un desbordamiento de los dispositivos fronterizos.
El instituto armado también cuestiona los canales utilizados para comunicar el riesgo. Entiende que, de haberse previsto una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional, la información debería haberse elevado a niveles superiores de responsabilidad, incluso políticos, y no limitarse a intercambios habituales entre analistas.
Los avisos que no permitieron anticipar el desbordamiento
La Guardia Civil señala que las comunicaciones previas no identificaban suficientemente los grupos de Facebook y WhatsApp implicados ni aportaban elementos concretos para valorar la credibilidad y evolución de las convocatorias.
El informe considera que la difusión de llamamientos migratorios en internet no constituye, por sí sola, una prueba de que vaya a producirse una movilización masiva.
Para el instituto armado, la crisis fue resultado de una combinación de factores: la viralidad de los mensajes, las condiciones sociales y económicas de numerosos ciudadanos marroquíes y una situación fronteriza que superó las previsiones de ambos países.
Esta explicación no implica negar que existieran advertencias. La controversia consiste en determinar si su contenido permitía adoptar medidas excepcionales antes del 30 de julio.
La Policía detecta 97 conexiones con servicios marroquíes
La investigación ha adquirido una nueva dimensión con el informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional.
Los investigadores han analizado 19 grupos de WhatsApp con 1.141 usuarios vinculados a la difusión de los llamamientos para entrar en Ceuta. Entre ellos identificaron 19 administradores y 32 perfiles que habrían desempeñado funciones de dinamización.
El análisis de sus contactos permitió localizar 97 conexiones con números de teléfono que podrían corresponder a integrantes de los cuerpos de seguridad y servicios de inteligencia marroquíes.
Según la Policía, los indicios apuntan a distintas estructuras del aparato de seguridad de Marruecos, entre ellas la Dirección General de Seguridad Nacional, la Gendarmería Real, los servicios de inteligencia y unidades vinculadas a la protección de instalaciones oficiales.
Algunos contactos aparecen registrados con denominaciones y cargos relacionados con esas instituciones. Los investigadores también han contrastado parte de la información con datos procedentes de una filtración atribuida al grupo informático Jabaroot.
No obstante, la existencia de esas conexiones no demuestra por sí sola una operación organizada por el Estado marroquí. La Policía solicita que Google y Meta aporten información adicional para comprobar las relaciones detectadas, completar las identificaciones y determinar si existió coordinación efectiva.
En otros informes incorporados a la causa, la Policía había señalado a 18 responsables de seguridad de Marruecos que pudieron participar en actuaciones de guiado, control o coordinación de personas durante la crisis. Estas conclusiones también están pendientes de valoración judicial.
El CNI descarta pruebas de una operación organizada por Marruecos
La interpretación del CNI es diferente. En su último informe, los servicios secretos españoles sostienen que no han obtenido evidencias suficientes para atribuir la organización de la entrada masiva a las autoridades marroquíes.
El organismo reconoce que existieron convocatorias de extraordinaria difusión en redes sociales y que las fuerzas de seguridad del país vecino no lograron impedir el movimiento de personas hacia Ceuta.
También considera que las autoridades marroquíes conocían los llamamientos y que las decisiones adoptadas durante la celebración de la Fiesta del Trono contribuyeron a que el control fronterizo resultara insuficiente.
Pero distingue entre una falta de contención y una operación deliberadamente dirigida desde el aparato estatal.
El CNI sostiene que no ha podido establecer una estructura centralizada que organizara las convocatorias digitales ni una relación de cooperación demostrada entre sus principales promotores y los responsables de seguridad marroquíes identificados por la Policía.
Para respaldar su interpretación, compara los acontecimientos de julio de 2026 con la crisis fronteriza de mayo de 2021, cuando unas 10.000 personas entraron en Ceuta en un contexto de graves tensiones diplomáticas entre España y Marruecos.
Según el servicio de inteligencia, aquella crisis presentó indicios de utilización deliberada de la presión migratoria, mientras que en 2026 confluyeron una movilización digital de alcance excepcional, dificultades socioeconómicas y un control fronterizo desbordado.
La diferencia es determinante para la investigación: que determinados agentes marroquíes aparezcan relacionados con los hechos no equivale necesariamente a demostrar una decisión del Gobierno de Rabat.
La jueza exige identificar a un confidente de la Guardia Civil
Mientras analiza las discrepancias entre los informes, María Tardón ha dado un plazo improrrogable de tres días hábiles a la Comandancia de la Guardia Civil de Ceuta para identificar a un confidente conocido como Ahmed.
Se trataría de un residente en Benzú que habría mantenido contactos habituales con miembros del instituto armado y que pudo facilitar información sobre movimientos inusuales en Castillejos, localidad marroquí próxima a la frontera.
La magistrada ya había solicitado su identificación el 19 de octubre, sin obtener la respuesta requerida.
Su posible relevancia está relacionada con el conocimiento previo de la situación. Si este informador comunicó movimientos significativos antes de la entrada masiva, sus declaraciones podrían ayudar a precisar qué advertencias recibieron las fuerzas de seguridad, cuándo llegaron y qué medidas se adoptaron.
La jueza también pretende conocer a los agentes que mantuvieron contacto con él. No consta, por el momento, una conclusión judicial sobre el alcance de la información que pudo transmitir.
El cónsul de Tetuán y el exdelegado de Ceuta, bajo la lupa judicial
La Audiencia Nacional ha acordado nuevas declaraciones para esclarecer las advertencias que recibieron las autoridades españolas durante los días anteriores a la crisis.
El 26 de noviembre deberán comparecer como testigos el entonces cónsul de España en Tetuán y Gonzalo Sanz Ruiz, antiguo jefe de Gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta.
La citación del diplomático responde a la declaración de un policía que aseguró haber recibido instrucciones el 28 de julio para habilitar un carril especial que facilitara su entrada urgente en la ciudad autónoma.
Aquel desplazamiento resulta relevante porque se produjo cuando ya existían señales de una presión migratoria extraordinaria.
El funcionario también mencionó comentarios según los cuales el cónsul habría viajado para advertir de una posible entrada masiva. Sin embargo, reconoció que no tenía conocimiento directo de esa supuesta advertencia, cuyo contenido deberá esclarecerse.
La magistrada volverá a interrogar a Gonzalo Sanz porque en su primera declaración no explicó ese desplazamiento ni las posibles comunicaciones mantenidas con el representante diplomático.
Por otra parte, la declaración como investigado del exdelegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, inicialmente prevista para el 18 de noviembre, ha quedado aplazada al 1 de diciembre.
Pérez Triano, que dimitió en septiembre, deberá responder sobre su actuación y sobre los avisos que pudieron llegar a la Delegación del Gobierno antes de los acontecimientos.
Su condición de investigado no supone una declaración de culpabilidad. La instrucción judicial continúa abierta y todavía deben aclararse las contradicciones entre distintos testimonios y documentos.
Las responsabilidades pendientes de aclarar en la crisis de Ceuta
La investigación judicial se desarrolla sobre dos cuestiones relacionadas, pero diferentes.
La primera es determinar si la entrada masiva del 30 y 31 de julio fue consecuencia de una movilización espontánea amplificada por las redes sociales, de la actuación coordinada de determinados grupos o de una intervención organizada desde estructuras del Estado marroquí.
La segunda afecta directamente a las instituciones españolas: qué información recibieron antes de la crisis, quién tuvo acceso a ella y si existieron posibilidades reales de anticipar sus consecuencias.
Los informes de la Policía, la Guardia Civil y el CNI aportan elementos relevantes, pero no ofrecen una interpretación plenamente coincidente. Tampoco tienen el mismo alcance: unos examinan posibles vínculos con Marruecos y otros la calidad de las advertencias recibidas.
Las nuevas declaraciones, la identificación del confidente y la información solicitada a las plataformas digitales pueden resultar decisivas para reconstruir los acontecimientos.
La Audiencia Nacional deberá valorar esos elementos antes de establecer posibles responsabilidades. De momento, lo que está acreditado es que existieron comunicaciones previas, la frontera quedó desbordada y los organismos encargados de la seguridad mantienen discrepancias importantes sobre lo que podía haberse previsto.
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