Ceuta: la Guardia Civil estima 88.146 retornos a Marruecos desde julio

La Guardia Civil estima que aproximadamente 88.146 personas migrantes podrían haber regresado a Marruecos después de la entrada masiva registrada en Ceuta a finales de julio de 2026. La cifra figura en un informe elaborado a finales de octubre al que se ha tenido acceso este viernes 6 de noviembre. El documento utiliza expresamente el carácter de estimación y no presenta los retornos como un recuento definitivo.

El dato introduce una diferencia considerable respecto a las cifras difundidas inicialmente por el Gobierno. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había situado en 72.000 las personas que entraron en Ceuta durante la crisis de los días 30 y 31 de julio, de las cuales unas 70.000 habían regresado a territorio marroquí para el 4 de agosto. La nueva estimación de la Guardia Civil supera incluso aquel balance de entradas, aunque no permite establecer por sí sola cuántas personas diferentes cruzaron realmente la frontera.

La documentación conocida durante los últimos meses también refleja la dimensión humana de aquella emergencia, marcada por los rescates marítimos, las víctimas mortales y el despliegue extraordinario de las fuerzas de seguridad. Más de tres meses después de los acontecimientos, las distintas estadísticas oficiales siguen planteando interrogantes sobre la magnitud de la crisis y sobre la coordinación de las administraciones encargadas de afrontarla.

La Guardia Civil sitúa los retornos por encima de las cifras del Gobierno

El informe, elaborado a finales de octubre, recoge que aproximadamente 88.146 personas podrían haber retornado a Marruecos desde el comienzo de la crisis migratoria.

La formulación resulta importante. No se trata de una relación individual y plenamente verificada de personas que hayan abandonado Ceuta, sino de una estimación realizada por el instituto armado a partir de la información disponible.

El Gobierno había comunicado el 4 de agosto que unas 72.000 personas habían accedido irregularmente a la ciudad autónoma y que alrededor de 70.000 habían regresado a Marruecos. Posteriormente aparecieron otras estimaciones sobre el volumen de entradas, aunque el Ejecutivo volvió a precisar el 10 de agosto que mantenía la cifra de 72.000.

En septiembre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, habló de unas 70.000 entradas. Por su parte, el Gobierno ceutí había llegado a situar en 80.000 las personas que cruzaron la frontera durante aquellos días.

La diferencia entre los balances abre una cuestión que todavía no está resuelta: cuántas personas entraron realmente en Ceuta durante las jornadas del 30 y 31 de julio.

El nuevo informe no establece una cifra definitiva de entradas

La Guardia Civil no proporciona en la información conocida este viernes un nuevo número total de entradas que sustituya al del Gobierno. Su estimación se refiere a los retornos a Marruecos, una variable diferente.

Tampoco se ha aclarado públicamente qué procedimiento de cálculo permite alcanzar los 88.146 regresos, ni si el balance contempla posibles movimientos repetidos de una misma persona.

Por eso, aunque el dato pone en cuestión la precisión de las cifras anteriores, no demuestra automáticamente que 88.146 personas distintas accedieran a Ceuta los días 30 y 31 de julio.

La distinción es fundamental para comprender la dimensión del episodio sin convertir una estimación en una certeza estadística.

Los rescates y las víctimas mortales de la crisis migratoria

La emergencia obligó a desplegar un importante dispositivo marítimo y terrestre para atender a las personas que intentaban acceder a Ceuta desde territorio marroquí. Las actuaciones incluyeron operaciones de rescate, asistencia humanitaria y recuperación de cadáveres en las inmediaciones de la frontera.

Los Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas (GEAS) y el Servicio Marítimo de la Guardia Civil participaron en las operaciones desarrolladas en aguas españolas. Muchas personas intentaron alcanzar la ciudad a nado, principalmente por el entorno del espigón de El Tarajal, en unas circunstancias que provocaron numerosas situaciones de peligro.

La Audiencia Nacional recogió inicialmente 83 fallecimientos acreditados en aguas españolas en las actuaciones judiciales relacionadas con la crisis. Los balances posteriores también han dado cuenta de 90 personas sepultadas en Ceuta como consecuencia de aquellos acontecimientos. Estas cifras responden a recuentos y criterios diferentes y no deben confundirse.

La identificación de los cuerpos y el esclarecimiento de las circunstancias de cada muerte han requerido la intervención de unidades de Policía Judicial y de equipos especializados. En algunos casos, la ausencia de documentación y las dificultades para identificar a las víctimas han complicado las actuaciones.

La Guardia Civil desplegó refuerzos terrestres, marítimos y aéreos, con la participación de embarcaciones de vigilancia, unidades de reserva y equipos especializados. El dispositivo tuvo que responder tanto a los intentos de entrada como a las necesidades de rescate y seguridad durante la emergencia.

Los distintos balances de retornos complican el recuento

Las cifras comunicadas por las administraciones durante los últimos meses responden a períodos y procedimientos diferentes.

El 27 de octubre, la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, informó de 13.823 regresos a Marruecos desde el 10 de agosto. De ellos, 13.215 correspondían a retornos voluntarios y 608 a expulsiones.

La actualización difundida por el Ejecutivo el 3 de noviembre elevó ese balance a 14.818 personas, con 14.180 retornos voluntarios y 638 expulsiones.

Esta estadística administrativa no debe confundirse con los regresos masivos que se produjeron inmediatamente después de las entradas de finales de julio. Tampoco puede equipararse sin más a la estimación global de 88.146 personas realizada por la Guardia Civil.

El balance gubernamental del 27 de octubre incluía igualmente 1.697 solicitudes de protección internacional formalizadas, de las cuales 853 habían sido resueltas. Entre estas últimas, 704 habían recibido una respuesta desfavorable.

Una denegación de asilo, conviene precisar, no supone necesariamente una expulsión inmediata. Las resoluciones pueden encontrarse pendientes de notificación o sujetas a los recursos previstos legalmente.

El resultado es una acumulación de estadísticas que reflejan aspectos distintos de la misma crisis, pero que todavía no ofrecen un recuento único y plenamente consolidado.

La Audiencia Nacional investiga lo ocurrido en julio

La nueva documentación se conoce mientras continúan las actuaciones judiciales relacionadas con la entrada masiva de personas desde Marruecos.

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón solicitó información sobre la actuación de las fuerzas de seguridad y sobre los avisos recibidos antes de los acontecimientos del 30 y 31 de julio.

La investigación también examina las circunstancias en las que se produjeron los cruces fronterizos y la posible intervención de responsables marroquíes.

Un informe anterior de la Policía Nacional apuntó a que la entrada masiva había sido planificada y no espontánea, y señaló una posible participación de integrantes de las fuerzas de seguridad de Marruecos en la orientación de personas hacia la frontera española.

Se trata de conclusiones policiales sometidas a investigación judicial, no de responsabilidades penales establecidas mediante sentencia. Marruecos ha negado su implicación en la organización de aquellos movimientos migratorios.

La documentación conocida durante los últimos meses también ha alimentado el debate sobre los avisos previos a la crisis y sobre si las autoridades españolas dispusieron de información suficiente para anticipar la dimensión del episodio.

La Guardia Civil había informado previamente a la magistrada de que las comunicaciones recibidas antes de la entrada masiva no permitían prever la magnitud de lo ocurrido.

Ceuta continúa afrontando las consecuencias de la crisis

Más de tres meses después de las entradas masivas, la situación sigue afectando a los servicios públicos y al sistema de acogida de Ceuta.

El Gobierno ceutí informó este viernes de que 3.688 menores extranjeros no acompañados estaban atendidos en distintos centros y recursos extraordinarios habilitados a raíz de la emergencia. La presión sobre las instalaciones de protección infantil constituye una de las principales consecuencias de la crisis.

También persisten las necesidades de identificación, atención sanitaria y tramitación administrativa de las personas que permanecen en territorio español.

El portavoz del Ejecutivo local, Alejandro Ramírez, denunció este 6 de noviembre que, transcurridos aproximadamente cien días desde las entradas masivas, todavía no se había materializado ninguna devolución por el procedimiento ordinario, ni de adultos ni de menores. Su declaración distingue estos procedimientos de los retornos voluntarios y de las expulsiones que sí contabiliza el Gobierno central.

La cuestión de los menores exige especial atención jurídica. Su situación no puede resolverse mediante los mismos procedimientos aplicables a los adultos: deben tenerse en cuenta su interés superior, las garantías de protección y, cuando proceda, las posibilidades de reagrupación familiar.

El impacto económico también es significativo. El Gobierno local ha estimado en 45,32 millones de euros las necesidades extraordinarias asociadas a la atención de la emergencia y al mantenimiento de los servicios públicos hasta finales de 2026.

El cálculo incluye gastos realizados y previsiones para los últimos meses del año. No representa, por tanto, una cantidad íntegramente desembolsada ni comprende todos los perjuicios económicos de la crisis. Quedan fuera, entre otros conceptos, los costes de atención a los menores y determinadas pérdidas relacionadas con el puerto, las empresas y el empleo.

El número real de entradas sigue sin estar aclarado

La estimación de 88.146 retornos divulgada este 6 de noviembre vuelve a situar las cifras de la crisis de Ceuta en el centro del debate institucional.

La Guardia Civil aporta un balance superior al número de entradas comunicado inicialmente por el Ejecutivo, pero no establece un recuento definitivo de personas que cruzaron la frontera. Quedan por aclarar los criterios utilizados y las diferencias entre los distintos registros oficiales.

Mientras la Audiencia Nacional continúa investigando lo sucedido, Ceuta sigue gestionando las consecuencias humanas, administrativas y económicas de una entrada migratoria cuya magnitud exacta todavía no se ha podido determinar con precisión.