EE. UU.: los demócratas preparan leyes para regular la IA en 2027

Los demócratas estadounidenses preparan una amplia ofensiva legislativa para regular la inteligencia artificial cuando asuman el control del Congreso en enero de 2027. Tras su victoria en las elecciones legislativas del 3 de noviembre, el partido pretende impulsar nuevas normas que afectarán tanto a las grandes empresas tecnológicas como a la construcción de centros de datos, uno de los negocios que más inversión está atrayendo en Estados Unidos.

Las propuestas contemplan proteger a los consumidores frente al encarecimiento de la electricidad, someter los sistemas avanzados de inteligencia artificial a evaluaciones independientes de seguridad y establecer con mayor claridad la responsabilidad de las empresas cuando sus herramientas causen daños. El cambio supondría un giro respecto a la política del Congreso controlado por los republicanos, que había priorizado el desarrollo tecnológico frente a la imposición de nuevas restricciones.

La iniciativa abre un enfrentamiento político con el presidente Donald Trump, partidario de facilitar la expansión de la IA y contrario a establecer obligaciones federales estrictas para el sector. Aunque los demócratas controlarán las dos cámaras legislativas, necesitarán superar la oposición de la Casa Blanca para convertir sus proyectos en leyes.

El anuncio llega, además, en un momento delicado para la industria. Las grandes tecnológicas están destinando enormes cantidades de dinero a infraestructuras de inteligencia artificial, mientras crecen las dudas sobre su rentabilidad, su consumo energético y los riesgos de unos sistemas cada vez más autónomos.

Los centros de datos y el precio de la luz, primera prioridad

Una de las principales preocupaciones del futuro Congreso demócrata será el impacto energético de los centros de datos que sostienen la inteligencia artificial. Estas instalaciones necesitan grandes cantidades de electricidad para alimentar los procesadores, almacenar información y refrigerar los equipos que permiten entrenar y utilizar los modelos avanzados.

Su rápida expansión ha generado rechazo en distintas comunidades estadounidenses, donde los vecinos temen que el incremento de la demanda eléctrica termine trasladándose a sus facturas o exija inversiones adicionales en las redes de suministro.

El senador demócrata Chuck Schumer, que se perfila como próximo líder de la mayoría del Senado, señaló el jueves 5 de noviembre que proteger a los consumidores frente a estos costes será una de sus prioridades legislativas durante 2027.

El objetivo es abordar quién debe asumir las consecuencias económicas de la expansión de estas infraestructuras. Una cuestión especialmente sensible en un país donde el precio de la energía y el coste de la vida han ocupado un lugar destacado en el debate electoral.

La controversia tampoco se limita al consumo eléctrico. La construcción de nuevos complejos tecnológicos plantea cuestiones relacionadas con el uso del agua, la disponibilidad de terrenos y los efectos sobre las comunidades donde se instalan.

Para las empresas, las restricciones podrían traducirse en mayores costes y retrasos en sus proyectos. Para los consumidores, la discusión se centra en evitar que las inversiones privadas terminen incrementando determinados gastos domésticos.

Nuevas pruebas de seguridad y responsabilidad para las empresas de IA

El segundo gran frente legislativo afectará directamente al funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial.

La congresista demócrata Lori Trahan, representante de Massachusetts, prepara una propuesta para exigir que especialistas independientes evalúen los modelos más avanzados conforme a determinados criterios de seguridad.

Francis Grubar, su jefe adjunto de gabinete, ha confirmado que la legisladora también pretende promover normas que aclaren cuándo una compañía puede ser considerada legalmente responsable por los daños causados por sus sistemas.

El alcance concreto dependerá del contenido definitivo de los proyectos, que todavía no se han presentado. La cuestión es relevante porque los sistemas de IA generativa pueden producir resultados incorrectos, ejecutar acciones no previstas por sus desarrolladores o intervenir en procesos donde un error tiene consecuencias económicas y personales.

Establecer responsabilidades resulta especialmente complejo cuando una herramienta funciona con cierto grado de autonomía. Una eventual legislación tendría que determinar qué obligaciones corresponden al fabricante, al desarrollador del modelo y a quienes utilizan sus productos.

OpenAI, Anthropic y Google, bajo mayor vigilancia

Los demócratas también pretenden aprovechar su próximo control de las comisiones parlamentarias para aumentar la supervisión de las principales compañías del sector.

Entre las empresas que podrían afrontar un escrutinio más intenso figuran OpenAI, Anthropic, Meta, Google y SpaceX.

En octubre, Zoe Lofgren y otros dirigentes demócratas del Congreso ya solicitaron información a estas compañías sobre sus procedimientos de seguridad y los incidentes en los que sus sistemas de inteligencia artificial hubieran realizado acciones no previstas por sus diseñadores.

Lofgren, que aspira a presidir la Comisión de Ciencia de la Cámara de Representantes, defiende una regulación que permita controlar los riesgos sin impedir la innovación.

Por su parte, el congresista Greg Casar, presidente del grupo progresista demócrata en el Congreso, ha planteado que los máximos responsables de las empresas de inteligencia artificial comparezcan bajo juramento.

Otro de los planteamientos procede de Abdul El-Sayed, elegido senador por Michigan el 3 de noviembre, que defendió durante su campaña la creación de una agencia independiente con competencias para supervisar y vigilar a los desarrolladores de esta tecnología.

Por el momento, se trata de propuestas diferentes, no de un paquete legislativo cerrado.

Trump puede vetar las leyes, pero no impedir el control parlamentario

La principal dificultad para los demócratas será transformar estas iniciativas en legislación efectiva mientras Donald Trump permanezca en la presidencia.

El mandatario ha rechazado repetidamente las peticiones para imponer normas federales obligatorias a la inteligencia artificial. Este viernes, 6 de noviembre, volvió a defender la expansión del sector y aseguró que colaboraría con los estados que quieran enriquecerse mediante su desarrollo, aunque no ofreció detalles concretos.

La nueva mayoría demócrata podrá presentar proyectos, dirigir investigaciones parlamentarias y convocar comparecencias, pero aprobar una ley no garantiza su entrada en vigor.

Si Trump ejerce su derecho de veto, el Congreso necesitaría una mayoría de dos tercios tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado para levantarlo.

Existe otra posibilidad: incorporar disposiciones sobre inteligencia artificial a proyectos legislativos que deban aprobarse periódicamente, una vía que podría facilitar acuerdos entre los dos partidos.

Ed Mills, responsable de investigación política en Raymond James, considera que las posibilidades de aprobar nuevas normas son mayores de lo que muchos inversores calculan. Según su análisis, un incidente grave relacionado con la inteligencia artificial podría aumentar la presión política para alcanzar un acuerdo.

En cualquier caso, ganar las elecciones no equivale a tener garantizada una nueva regulación. Las negociaciones, los vetos y las diferencias dentro del propio Congreso determinarán el alcance real de los cambios.

Crece el rechazo social mientras las tecnológicas sufren en bolsa

La iniciativa demócrata coincide con una preocupación creciente de los estadounidenses por las consecuencias de la inteligencia artificial.

Una encuesta publicada en octubre mostró que la mayoría de los votantes considera insuficiente la atención que el Gobierno de Trump y el Congreso han prestado a los riesgos de esta tecnología. También reflejó un respaldo mayoritario a la aprobación de nuevas normas.

Entre las inquietudes que rodean al desarrollo de la inteligencia artificial figuran sus posibles efectos sobre el empleo, la seguridad de los sistemas avanzados y el impacto de la expansión de los centros de datos sobre las comunidades locales.

Ese clima de incertidumbre también se ha trasladado a los mercados financieros.

Las acciones de numerosas compañías tecnológicas registraron fuertes caídas el jueves 5 de noviembre, en medio del temor a que el nuevo equilibrio político ralentice el crecimiento del sector. Las pérdidas se extendieron el viernes a mercados de Europa y Asia.

Sin embargo, las preocupaciones de los inversores no obedecen únicamente a la posible regulación. También existen dudas sobre si las enormes inversiones en procesadores, infraestructuras y nuevos modelos de IA producirán beneficios suficientes para justificarlas.

Una legislación más exigente podría incrementar los costes de desarrollo, retrasar el lanzamiento de determinadas herramientas o imponer modificaciones en los productos que ya comercializan las grandes compañías.

El Congreso de 2027 decidirá hasta dónde llega la regulación de la IA

La victoria demócrata introduce un nuevo elemento de incertidumbre en una industria que hasta ahora había encontrado en la Administración Trump un entorno favorable para su expansión.

La próxima legislatura deberá abordar una cuestión que afecta tanto al desarrollo económico como a los derechos de los consumidores: qué obligaciones deben asumir las empresas que diseñan y comercializan inteligencia artificial, especialmente cuando sus productos pueden provocar daños o generar costes para terceros.

También estará en juego el modelo de crecimiento de los centros de datos. El debate no consiste únicamente en autorizar o limitar su construcción, sino en determinar cómo se distribuyen sus beneficios económicos y sus costes energéticos.

Por ahora, ninguna de las medidas anunciadas constituye una nueva ley federal. Los demócratas comenzarán a impulsarlas cuando tomen posesión en enero de 2027, con la oposición de Trump como principal obstáculo.

Lo que sí cambia desde las elecciones del 3 de noviembre es el equilibrio político en Washington. La inteligencia artificial pasará a ocupar un lugar central en la actividad legislativa del Congreso, y las grandes tecnológicas tendrán que responder a un control parlamentario más intenso mientras continúan invirtiendo miles de millones en su expansión.