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Trump apoya al 100% la superinteligencia y critica a sus detractores

Donald Trump califica la superinteligencia de tesoro económico y cuestiona su rechazo mientras los municipios ponen límites a los centros de datos.

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la superinteligencia

Resumen

  • Trump apoya al 100% la superinteligencia y la considera «un tesoro»
  • Varios municipios de EE. UU. han votado limitar grandes centros de datos
  • Su Gobierno llama superinteligencia a la inteligencia artificial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado este viernes, 6 de noviembre de 2026, su apoyo absoluto a la superinteligencia, el término con el que su Administración ha rebautizado oficialmente la inteligencia artificial. En un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario ha asegurado estar «al 100%» a favor de esta tecnología y ha calificado de miope a cualquier liderazgo que renuncie a las oportunidades económicas que, a su juicio, puede generar.

Trump también ha prometido colaborar con los estados estadounidenses interesados en desarrollar esta tecnología y atraer inversiones. «Es un verdadero tesoro», ha afirmado, en una defensa de la expansión de la inteligencia artificial y los centros de datos que llega precisamente cuando numerosas comunidades del país están imponiendo restricciones a estas instalaciones.

El mensaje no constituye el anuncio de una nueva legislación ni de un programa concreto de ayudas. Es, fundamentalmente, una declaración política con la que la Casa Blanca reafirma su apuesta por el desarrollo tecnológico frente a una oposición local que ha ganado protagonismo en las últimas elecciones estadounidenses.

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Trump considera que rechazar la superinteligencia supone perder riqueza

El presidente ha utilizado su red social Truth Social para defender una tecnología que considera fundamental para el futuro económico de Estados Unidos.

En su publicación, Trump sostiene que trabajará con aquellos estados que quieran aprovechar las oportunidades de la superinteligencia y presenta su desarrollo como una fuente potencial de prosperidad.

Su argumento es esencialmente económico: renunciar a esta tecnología significaría perder inversiones, actividad empresarial y oportunidades de crecimiento. Por eso considera miope a una dirección política que decida rechazarla.

La declaración encaja con la estrategia de su Administración, partidaria de acelerar la implantación de sistemas avanzados de inteligencia artificial y de las infraestructuras necesarias para hacerlos funcionar.

Pero el entusiasmo presidencial se enfrenta a una cuestión bastante más terrenal: las instalaciones que sostienen esta revolución tecnológica necesitan enormes cantidades de electricidad, suelo y, dependiendo de su sistema de refrigeración, agua.

Y no todas las comunidades estadounidenses están dispuestas a asumir esos costes.

Los centros de datos provocan un creciente rechazo en Estados Unidos

Las declaraciones de Trump llegan apenas tres días después de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre, en las que distintas localidades también votaron sobre el futuro de los grandes centros de datos.

En varios municipios se aprobaron prohibiciones, moratorias y nuevas restricciones a estas infraestructuras, especialmente en Ohio, uno de los estados donde la controversia ha adquirido mayor importancia.

Las preocupaciones de los vecinos se concentran en el elevado consumo eléctrico, el posible encarecimiento de las facturas energéticas, la utilización de recursos hídricos y el impacto ambiental de los proyectos.

En localidades como Granville, Piqua y Urbana, en Ohio, los votantes respaldaron medidas destinadas a limitar o impedir la instalación de determinados centros de datos.

En otras poblaciones, las propuestas establecían requisitos adicionales o exigían la participación de los ciudadanos antes de autorizar grandes instalaciones.

La inversión tecnológica frente a los intereses locales

Para las empresas tecnológicas, estos complejos resultan fundamentales. Albergan los servidores y procesadores necesarios para entrenar y utilizar modelos avanzados de inteligencia artificial.

También pueden generar ingresos fiscales, actividad económica y empleos durante su construcción y funcionamiento.

Sin embargo, los beneficios no siempre se distribuyen de la misma manera que los costes. Una localidad puede recibir inversiones millonarias mientras sus vecinos temen soportar parte de la presión sobre la red eléctrica o los recursos disponibles.

Ahí aparece el principal conflicto: la expansión de la inteligencia artificial no garantiza automáticamente beneficios equivalentes para todas las comunidades.

El rechazo tampoco responde exclusivamente a una división entre republicanos y demócratas. Las resistencias locales se han manifestado en territorios de distintas orientaciones políticas.

Por qué Trump llama superinteligencia a la inteligencia artificial

El respaldo presidencial tiene otro componente importante: el cambio de nombre que la Casa Blanca quiere imponer en la Administración federal.

El 29 de septiembre de 2026, Trump firmó una orden ejecutiva para sustituir oficialmente las expresiones artificial intelligence (inteligencia artificial) y AI por Super Intelligence (SI) en las comunicaciones y documentos administrativos correspondientes.

La medida establece que los organismos federales utilicen la nueva denominación siempre que lo permita la legislación vigente. También contempla la preparación de una propuesta para definir legalmente el término.

Trump ya había defendido el cambio durante su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el 22 de septiembre. Argumentó entonces que la palabra «artificial» podía transmitir una impresión equivocada sobre una tecnología que considera real, poderosa y transformadora.

La superinteligencia de Trump no es la superinteligencia científica

Existe, no obstante, una diferencia importante entre el lenguaje político de la Casa Blanca y el significado tradicional de la palabra en el ámbito científico.

En investigación, la superinteligencia artificial suele describir un sistema hipotético capaz de superar ampliamente el rendimiento intelectual humano en prácticamente todos los campos relevantes.

No es simplemente un programa que redacta textos, analiza documentos o genera imágenes. Implicaría capacidades cognitivas muy superiores a las humanas de forma generalizada.

La orden ejecutiva de Trump, por el contrario, utiliza «superinteligencia» como una denominación administrativa amplia para tecnologías que anteriormente se agrupaban bajo el término inteligencia artificial.

Por eso, que Washington haya adoptado oficialmente esa palabra no significa que se haya demostrado la existencia de una inteligencia artificial superior al ser humano en todos los ámbitos.

La distinción importa, especialmente cuando se mezclan las expectativas económicas de la industria con las capacidades reales de los sistemas disponibles.

Estados Unidos quiere acelerar la inteligencia artificial

La posición de Trump también está relacionada con la competencia internacional por el liderazgo tecnológico.

Estados Unidos y China compiten por desarrollar los sistemas de inteligencia artificial más avanzados, garantizar el acceso a semiconductores y ampliar la capacidad de computación necesaria para entrenar nuevos modelos.

Para Washington, mantener una posición destacada en este ámbito tiene consecuencias económicas, industriales y estratégicas.

La Administración estadounidense considera que una expansión rápida puede impulsar la investigación científica, mejorar procesos productivos y facilitar nuevas aplicaciones en medicina, industria y servicios públicos.

El potencial existe, pero también los riesgos. Los sistemas avanzados plantean problemas relacionados con la seguridad, la privacidad, la fiabilidad de sus resultados y la transformación del empleo.

La discusión no consiste únicamente en desarrollar tecnología más potente. También afecta a cómo se supervisa, quién obtiene sus beneficios y qué responsabilidades asumen las empresas que la comercializan.

El futuro de la inteligencia artificial también se decide en los municipios

La contundente defensa de Trump pone de manifiesto una tensión creciente en Estados Unidos.

Mientras el Gobierno federal considera prioritario acelerar las inversiones tecnológicas, numerosos municipios reclaman capacidad para decidir dónde pueden instalarse los grandes centros de datos y bajo qué condiciones.

La promesa de prosperidad económica convive así con exigencias cada vez más concretas sobre electricidad, agua, planificación urbanística y beneficios para los residentes.

El presidente ha dejado clara su posición: quiere colaborar con los estados dispuestos a desarrollar la superinteligencia y considera un error renunciar a sus oportunidades.

Lo que todavía no está resuelto es cómo compatibilizar esa ambición tecnológica nacional con las decisiones de las comunidades que deben albergar las infraestructuras.

Porque una cosa es defender el futuro de la inteligencia artificial desde Washington y otra conseguir que los vecinos acepten sus instalaciones junto a sus casas.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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