Pedraz cita a Rocho, testigo de amenazas a la jueza de David Sánchez

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar como testigo el próximo 24 de noviembre de 2026 a Cintia Rocho, la mujer que aseguró ante la Guardia Civil que el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada le había hablado de «eliminar» a Beatriz Biedma, la jueza de Badajoz que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

La comparecencia constituye una nueva diligencia dentro del denominado caso Leire Díez, que investiga la existencia de una presunta organización dedicada a interferir en procedimientos judiciales relacionados con el PSOE, el Gobierno y el entorno de Pedro Sánchez. La declaración de Rocho permitirá examinar directamente ante el juez unas acusaciones especialmente graves: la posibilidad de que las maniobras contra Biedma no se limitaran a desacreditarla o apartarla de una investigación, sino que incluyeran propuestas de agresión física.

La decisión judicial, conocida este viernes 6 de noviembre, llega después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporase a las actuaciones el testimonio de Rocho y otros indicios sobre presuntos seguimientos a la magistrada. La mujer está vinculada al conocido como clan de Los Rocho, de Badajoz, relacionado con investigaciones sobre narcotráfico.

El exjuez Sáenz de Tejada, investigado en esta causa, niega haber querido agredir a Biedma. También rechaza haber participado en una conspiración para perjudicarla, asegura que nunca mantuvo contacto con Cintia Rocho y sostiene que las referencias a «eliminar» a la magistrada, cuando se planteaban en términos jurídicos, aludían a apartarla de un procedimiento.

La declaración de Cintia Rocho, fijada para el 24 de noviembre

La resolución dictada por Pedraz establece que Cintia Rocho comparecerá ante la Audiencia Nacional en calidad de testigo. Su citación se produce después de que la representación legal de Biedma solicitara nuevas diligencias para esclarecer los contactos que supuestamente mantuvo el exmagistrado con personas del entorno de la mujer.

Rocho había declarado anteriormente ante la UCO que Sáenz de Tejada se puso en contacto con ella y le trasladó su animadversión hacia la jueza. Según el relato recogido por los investigadores, el exmagistrado se refirió a Biedma como «un puto grano en el culo» y añadió que había que «eliminarla».

La testigo interpretó aquellas palabras como una propuesta para causar daño físico a la magistrada. También aseguró que rechazó participar en cualquier actuación de ese tipo.

La comparecencia permitirá precisar las circunstancias de esas conversaciones, identificar a los interlocutores y aclarar qué se le pidió exactamente. Su declaración ante la Guardia Civil constituye un elemento de la investigación, pero no demuestra por sí sola que existiera un plan criminal para agredir a Biedma.

La fecha tampoco pasa inadvertida en el calendario político. Rocho declarará cinco días antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, aunque la coincidencia temporal no modifica la naturaleza judicial de las diligencias.

Los contactos investigados por la Guardia Civil

La investigación sobre las presuntas amenazas adquirió una nueva dimensión con un informe de la UCO presentado en octubre. Los agentes recogieron el testimonio de Cintia Rocho sobre una serie de comunicaciones iniciadas a finales de 2024, cuando la causa contra David Sánchez se encontraba en plena instrucción.

De acuerdo con su declaración, los primeros contactos se produjeron a través de Facebook. En ellos participaron perfiles que planteaban actuar contra determinados jueces de Badajoz, a los que atribuían irregularidades judiciales.

Uno de esos perfiles utilizaba el nombre de José García Fernández, una identidad cuya titularidad real ha sido objeto de indagaciones policiales. Los mensajes, según la documentación de la investigación, incluían referencias a la necesidad de realizar una supuesta limpieza en los juzgados de la ciudad.

Rocho explicó que posteriormente recibió una llamada de Sáenz de Tejada en la que este habría mencionado específicamente a Beatriz Biedma. Es esa comunicación la que adquiere especial importancia en la nueva declaración acordada por Pedraz.

Las anotaciones de Leire Díez y el supuesto seguimiento a Biedma

Otro elemento relevante aparece en una agenda intervenida a Leire Díez. Los investigadores localizaron una anotación que relacionaba a una jueza de Badajoz con el sobrenombre de «La Celsa» y con referencias a otras personas vinculadas al entorno del narcotráfico.

Cintia Rocho reconoció ante los agentes que ese apodo se refería a ella.

La UCO considera relevante esa anotación para reconstruir el posible conocimiento que Díez tenía de determinadas gestiones relacionadas con Biedma. No obstante, establecer quién ordenó cada actuación, con qué finalidad y hasta dónde llegó la supuesta coordinación entre los investigados sigue siendo parte de las diligencias.

Los investigadores también han recogido testimonios sobre posibles vigilancias y seguimientos a la magistrada. Biedma denunció que había experimentado situaciones que interpretó como intimidatorias y expresó preocupación por su seguridad y la de sus hijas.

La representación legal de la jueza ha solicitado que se incorporen actuaciones relacionadas con los intentos de Sáenz de Tejada de personarse como acusación popular y promover su recusación en el procedimiento judicial de Badajoz. También ha pedido recabar documentación policial sobre la identidad utilizada en uno de los perfiles de Facebook investigados.

Sáenz de Tejada niega las amenazas y habla de una actuación jurídica

Luis José Sáenz de Tejada compareció el pasado 28 de octubre ante la Audiencia Nacional como investigado por presuntos delitos de organización criminal, calumnias, coacciones y contra la integridad moral.

Tras prestar declaración, rechazó las acusaciones sobre su supuesta participación en una operación para intimidar o agredir a Beatriz Biedma.

El exmagistrado sostuvo que las referencias al término «eliminar» se habían interpretado fuera de contexto y que, en el ámbito jurídico, se referían a apartar a la jueza de determinados procedimientos, no a causarle daños físicos.

También negó haber mantenido contacto con Cintia Rocho y rechazó haber recibido instrucciones o contraprestaciones de Leire Díez para interferir en investigaciones judiciales. Su versión contradice aspectos esenciales del testimonio de Rocho y de las sospechas recogidas por la Guardia Civil.

Esta discrepancia es precisamente uno de los asuntos que la investigación deberá aclarar. Una cosa es promover denuncias, recursos o recusaciones contra una magistrada, actuaciones que tienen cauces legales, y otra muy distinta organizar intimidaciones o agresiones para condicionar su trabajo.

La existencia de declaraciones contradictorias no permite dar por acreditada ninguna de las acusaciones. La presunción de inocencia del exjuez se mantiene mientras no exista una resolución judicial que establezca su responsabilidad.

La conexión con el caso Leire Díez y David Sánchez

El procedimiento dirigido por Santiago Pedraz investiga una presunta estructura que habría tratado de obstaculizar causas judiciales sensibles para el PSOE y el entorno del presidente del Gobierno.

En el centro de las pesquisas figura la exmilitante socialista Leire Díez, a quien los investigadores atribuyen un supuesto papel de coordinación. La investigación también examina la posible intervención del exdirigente socialista Santos Cerdán y de otros colaboradores.

Una de las líneas de trabajo se refiere a las actuaciones contra Beatriz Biedma mientras instruía el procedimiento relativo a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez.

Los agentes investigan si diferentes iniciativas contra la magistrada, desde denuncias ante la Fiscalía hasta campañas públicas de desprestigio, respondían a una estrategia coordinada para debilitar su posición y condicionar el desarrollo de la causa.

Entre los elementos examinados figuran vídeos publicados por Sáenz de Tejada en los que criticaba la actuación de Biedma, comunicaciones entre personas investigadas y anotaciones sobre el procedimiento judicial.

La posible conexión de esos hechos con una organización criminal es uno de los aspectos centrales del caso. No basta con acreditar que varias personas cuestionaron a una misma jueza: es necesario determinar si existía un acuerdo organizado para cometer actuaciones ilícitas.

También conviene distinguir los dos procedimientos. La causa relativa a David Sánchez y la investigación sobre las presuntas maniobras contra Biedma son asuntos judiciales diferentes, aunque los hechos examinados en el segundo estén relacionados con la instrucción del primero.

El testimonio que puede aclarar el alcance de las amenazas

La declaración del 24 de noviembre permitirá al juez contrastar directamente la versión de Cintia Rocho con las explicaciones ofrecidas por Sáenz de Tejada y con la documentación recabada por la Guardia Civil.

Uno de los puntos decisivos será determinar si las referencias a «eliminar» a Beatriz Biedma constituían una propuesta real de agresión, una amenaza o, como sostiene el exmagistrado, una alusión a mecanismos jurídicos para apartarla de determinados procedimientos.

También deberá esclarecerse quién participó en los contactos, qué conocimiento tenían otras personas investigadas y si existieron actuaciones preparatorias más allá de las conversaciones denunciadas.

Por el momento, no se ha acreditado judicialmente la existencia de un encargo para atacar físicamente a la magistrada. Lo confirmado es que Pedraz considera necesario escuchar a la mujer que aseguró haber recibido aquella propuesta y profundizar en las circunstancias que rodearon los hechos.

La investigación entra así en una fase relevante para esclarecer si las presiones denunciadas contra la jueza del caso David Sánchez fueron únicamente una campaña de hostigamiento o si hubo actuaciones de mayor gravedad penal.