La IA entra en las elecciones de EE.UU. con recelo social y millones

La inteligencia artificial ha entrado de lleno en las elecciones legislativas de Estados Unidos, aunque no exactamente por los motivos que imaginaba Silicon Valley hace unos años. A pocos días de las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, candidatos demócratas y republicanos tienen que lidiar con una tecnología que promete inversión y liderazgo frente a China, pero que también despierta inquietud por el empleo, la seguridad, el consumo energético y la construcción masiva de centros de datos.

Y hay dinero. Mucho. Grupos políticos vinculados a los grandes intereses de la industria de la IA han gastado decenas de millones de dólares tratando de favorecer a candidatos próximos a sus posiciones regulatorias. La tecnología quizá todavía no decida unas elecciones nacionales por sí sola —el coste de la vida sigue pesando bastante más—, pero ya está condicionando carreras concretas y obligando a ambos partidos a revisar un entusiasmo tecnológico que hasta hace poco parecía casi automático.

Las elecciones de medio mandato decidirán el control del Congreso durante los dos últimos años del actual mandato presidencial. Los republicanos llegan con mayorías estrechas y los demócratas ven posibilidades reales de recuperar terreno en ambas cámaras. Dentro de ese tablero, la IA funciona como un asunto extraño: no domina las conversaciones nacionales, pero puede resultar decisiva allí donde un gigantesco centro de datos aparece junto a una población, consume electricidad a escala industrial y obliga a ampliar la red eléctrica. Entonces la inteligencia artificial deja de ser algo que ocurre dentro de una pantalla.

La IA ya no vive en la nube: llega en forma de factura

Durante años se habló de la nube como si los datos flotaran en algún lugar invisible. La realidad tiene bastante más hormigón. Los sistemas de inteligencia artificial necesitan centros de datos enormes, redes eléctricas, agua para refrigeración, subestaciones y nuevas centrales de generación.

Eso ha cambiado el debate político. Una instalación que sobre el papel supone inversión multimillonaria y empleo puede resultar mucho menos atractiva para el vecino que teme que su factura eléctrica suba o que los recursos locales terminen absorbidos por servidores funcionando las 24 horas.

Los sondeos reflejan un malestar creciente. Un 56 % de los votantes se muestra partidario de limitar la construcción de centros de datos, mientras otro estudio sitúa en un 64 % el porcentaje de estadounidenses que considera que la inteligencia artificial avanza demasiado deprisa. Cerca de ocho de cada diez creen también que el Gobierno debería priorizar el control humano de estos sistemas y proteger a los trabajadores frente a posibles pérdidas de empleo.

No es un rechazo uniforme a la tecnología. Es algo bastante más incómodo para los políticos: muchos ciudadanos utilizan herramientas de IA, aceptan su importancia económica y, al mismo tiempo, desconfían de cómo se están desplegando. La contradicción cabe perfectamente en la misma persona.

Los centros de datos se convierten en arma electoral

El cambio resulta especialmente visible en estados como Ohio, Wisconsin, Texas, Pensilvania y Michigan, donde apoyar sin matices nuevos centros de datos empieza a tener coste político. Proyectos que hace poco se presentaban con fotografías de autoridades, cascos de obra y promesas de inversión son observados ahora con bastante más cautela.

En Ohio, por ejemplo, el asunto se ha colado directamente en algunas de las principales campañas. También han aparecido propuestas de moratorias o restricciones entre candidatos de ambos partidos. Ese detalle importa: la oposición a determinadas instalaciones no sigue limpiamente la frontera entre demócratas y republicanos.

La contestación es transversal porque los efectos también lo son. Electricidad, agua, ruido, suelo, impuestos y subvenciones no entienden demasiado de ideologías cuando llegan a una pequeña comunidad.

Las grandes tecnológicas parecen haber captado el mensaje. Amazon, Google, Meta y Microsoft prevén gastar conjuntamente más de 600.000 millones de dólares este año, principalmente en infraestructura vinculada a centros de datos en Estados Unidos, y varias compañías han empezado a prometer más fondos para las comunidades, mayor transparencia sobre el consumo y una participación directa en los costes de las infraestructuras necesarias.

Los estadounidenses desconfían de la IA y también de quien debe controlarla

La preocupación no termina en las torres de refrigeración. Un sondeo citado durante la campaña señala que el 52 % de los estadounidenses cree que los modelos de IA terminarán causando daños a las personas, mientras un 68 % teme su utilización por actores hostiles.

Hay otra cifra políticamente más incómoda: muchos votantes tampoco confían especialmente en ninguno de los dos grandes partidos para gestionar el fenómeno. Cerca de cuatro de cada diez estadounidenses no consideran ni a republicanos ni a demócratas especialmente fiables para ocuparse de la inteligencia artificial.

Eso deja un terreno electoral bastante resbaladizo. Defender una regulación muy dura puede alimentar el temor a que Estados Unidos pierda terreno frente a China. Prometer vía libre a la industria permite al adversario hablar de empleos destruidos, recibos eléctricos más caros y empresas multimillonarias escribiendo sus propias reglas.

La vieja división entre innovación y regulación se ha quedado pequeña. El debate real gira alrededor de quién controla la tecnología, quién asume sus riesgos y quién paga su infraestructura.

Millones de dólares para influir en el próximo Congreso

Mientras los candidatos miden cada palabra, el sector tecnológico no se ha limitado precisamente a contemplar la campaña desde la grada. Un análisis de los registros federales de financiación electoral calculó que grupos políticos alineados con intereses próximos a OpenAI y Anthropic habían gastado unos 55,7 millones de dólares en publicidad y movilización electoral durante el ciclo de 2026.

La cifra ayuda a entender la estrategia. En numerosos casos no se pretende cambiar un escaño de manos republicanas a demócratas o al revés, sino influir en qué tipo de republicano o de demócrata llega al Congreso.

Ahí está la batalla de verdad. El próximo Capitolio tendrá que pronunciarse sobre responsabilidad legal, transparencia, seguridad y derechos de autor, además de protección de menores, empleo, energía y el margen que conservarán los estados para aprobar sus propias leyes.

Leading the Future, un super PAC favorable a un marco regulatorio nacional para la IA y respaldado por importantes inversores y ejecutivos tecnológicos, anunció haber reunido más de 125 millones de dólares a comienzos de este año. Entre sus financiadores figuran el presidente y cofundador de OpenAI, Greg Brockman, y firmas de capital riesgo como Andreessen Horowitz. OpenAI ha sostenido que no dirige ni financia las actividades del grupo y que las aportaciones de sus ejecutivos son personales.

No toda la industria empuja exactamente hacia la misma dirección. Grupos relacionados con Anthropic han financiado candidaturas más favorables a normas de seguridad estrictas, mientras otros actores tecnológicos buscan evitar una maraña de regulaciones estatales y prefieren una única legislación federal.

Incluso se han producido enfrentamientos electorales entre grupos con visiones distintas sobre cómo regular la misma tecnología. En una primaria demócrata de Nueva York, organizaciones vinculadas a intereses de IA gastaron más de 23 millones de dólares apoyando a candidatos rivales. La escena resume bastante bien el momento: la política de la inteligencia artificial ya tiene sus propias guerras internas.

Republicanos y demócratas pisan terreno movedizo

Tampoco existe una posición única dentro de cada partido. El senador demócrata John Hickenlooper ha defendido auditorías independientes de los sistemas de inteligencia artificial. El republicano Jay Obernolte, por el contrario, insiste en que una regulación excesiva puede frenar la innovación estadounidense. Son dos enfoques reconocibles, pero alrededor de ellos hay decenas de matices.

Y los centros de datos están rompiendo algunas alineaciones todavía más curiosas. Republicanos próximos a Donald Trump han defendido restricciones locales a nuevos proyectos mientras otros candidatos del partido mantienen una posición claramente favorable a su construcción. Entre los demócratas ocurre algo parecido.

El motivo es sencillo: una cosa es defender desde Washington que Estados Unidos debe ganar la carrera mundial de la IA y otra bastante distinta explicar en un municipio por qué una nueva instalación necesitará tanta energía como una ciudad.

Ese choque entre geopolítica y política local probablemente acompañará a Estados Unidos durante años. China aparece en prácticamente cualquier discusión estratégica sobre inteligencia artificial; la factura de electricidad, en cambio, aparece cuando el ciudadano abre el sobre. Las dos cosas cuentan. La segunda se nota antes.

Trump abraza la carrera tecnológica, pero intenta contener su coste

Donald Trump ha convertido el liderazgo estadounidense en inteligencia artificial en una de sus prioridades industriales. Su Administración considera que una regulación excesiva puede beneficiar a China y ha apostado por acelerar el desarrollo tecnológico.

Pero la Casa Blanca tampoco ha podido ignorar el creciente rechazo a los costes de la infraestructura. Trump reclamó esta misma semana que los nuevos centros de datos vinculados a la IA generen su propia electricidad y aporten a la red el excedente, con el objetivo declarado de evitar que su expansión termine elevando el precio que pagan hogares y pequeñas empresas.

La propuesta muestra hasta qué punto ha cambiado el clima político. El mismo Gobierno que impulsa una enorme expansión de la inteligencia artificial intenta asegurarse de que esa expansión no se convierta en un problema electoral.

También ha promovido compromisos voluntarios de seguridad con varias compañías del sector. El planteamiento de Trump sigue inclinándose hacia la autorregulación y los acuerdos voluntarios antes que hacia una arquitectura federal especialmente restrictiva, algo que sus críticos consideran insuficiente.

La campaña, mientras tanto, obliga a rebajar las grandes palabras. Liderazgo mundial, revolución tecnológica, productividad. Todo eso funciona en una conferencia. En unas elecciones aparecen otras palabras bastante menos brillantes: precio, empleo, agua, impuestos y control.

La elección también decidirá quién paga la revolución de la IA

Las elecciones de medio mandato de 2026 no se decidirán únicamente por la inteligencia artificial. El coste de la vida, la inmigración y la valoración de Donald Trump continúan ocupando un espacio mucho mayor en las preocupaciones nacionales. Pero sería un error considerar la IA un asunto secundario sin consecuencias electorales. En varios estados ya está modificando campañas, anuncios, propuestas legislativas y alianzas políticas.

La tecnología ha recorrido en muy poco tiempo un camino peculiar. Primero fue presentada como una herramienta casi mágica capaz de transformar la economía. Después llegaron las dudas sobre el empleo y la seguridad. Finalmente apareció su dimensión más terrenal: edificios enormes, líneas eléctricas, depósitos de agua y miles de millones de dólares buscando permisos.

La nube resultó tener suelo.

Y detrás de ese suelo hay votantes. También empresas dispuestas a gastar cantidades extraordinarias para que el próximo Congreso legisle de una manera y no de otra. Esa mezcla —recelo social y poder financiero— explica por qué la IA se ha convertido en uno de los asuntos más incómodos de estas elecciones estadounidenses: nadie quiere quedarse fuera de la revolución, pero cada vez más ciudadanos preguntan cuánto les va a costar.