Irene Montero exige la dimisión de Marlaska por las cargas del 11N

Irene Montero ha pedido este miércoles, 11 de noviembre, la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por las cargas policiales registradas durante la huelga general del 11N. La candidata de Podemos a las elecciones generales acusa al ministro de ser responsable de una «represión intolerable» contra trabajadores y manifestantes y exige al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que también lo retire de las listas electorales del PSOE para los comicios del 29 de noviembre.

La petición llega después de una jornada de movilizaciones marcada por el uso de gas pimienta, enfrentamientos entre agentes y piquetes y más de medio centenar de detenciones. Según el balance provisional conocido hasta las 17.00 horas, la huelga había dejado al menos 52 detenidos en toda España y 919 incidencias registradas por la Policía Nacional y la Guardia Civil. Los sindicatos CCOO y UGT también han denunciado actuaciones policiales desproporcionadas y han anunciado acciones legales.

Montero ha reclamado que el Gobierno explique las intervenciones de las fuerzas de seguridad y asuma responsabilidades políticas. A su juicio, los dispositivos desplegados durante la huelga han buscado intimidar a quienes participaban en las protestas por el acceso a la vivienda, la mejora de los salarios y el encarecimiento de la vida.

La exministra de Igualdad sostiene que algunos manifestantes han sufrido lesiones graves por los golpes de los agentes y el empleo de aerosoles irritantes. Entre las heridas que ha denunciado figuran brechas en la cabeza, lesiones en las costillas y afecciones oculares. Se trata de denuncias formuladas por la dirigente política, no de un balance médico general verificado. También ha exigido la puesta en libertad inmediata y sin cargos de los detenidos, aunque las circunstancias de cada arresto deberán examinarse individualmente.

Las cargas policiales en Madrid desatan las críticas de Podemos

Los primeros incidentes relevantes se produjeron durante la madrugada en Madrid, especialmente en los accesos a Mercamadrid y las cocheras de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), donde se habían concentrado piquetes con motivo del paro general.

En Mercamadrid, los agentes utilizaron gas pimienta durante una intervención que dejó, según CCOO, 13 personas atendidas por los servicios sanitarios. La Policía Nacional también comunicó la detención de un participante en el piquete como presunto autor del lanzamiento de una valla contra los agentes.

Las versiones sobre lo ocurrido presentan diferencias importantes. Los sindicatos sostienen que la intervención fue desproporcionada y que los trabajadores desarrollaban una protesta pacífica. Según la información policial, los agentes actuaron durante unos incidentes en los accesos a las instalaciones, donde se produjo el lanzamiento de la valla.

La tensión se trasladó igualmente a las cocheras de autobuses municipales. En las instalaciones de la EMT en Carabanchel se comunicaron ocho heridos leves tras una carga policial. Las denuncias de los sindicatos también apuntaron a dificultades para desarrollar las labores informativas de los piquetes.

Las protestas no se limitaron a estos puntos. Durante la jornada se registraron cortes de tráfico en distintos accesos a Madrid, intervenciones policiales en la Gran Vía y despliegues de agentes en otras ciudades españolas.

Montero, que participó en diferentes movilizaciones junto a la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, denunció que los agentes estaban empleando la fuerza contra piquetes que, según su versión, desarrollaban labores informativas de manera pacífica.

Belarra también protagonizó un incidente con la Policía Nacional durante uno de los piquetes. La dirigente difundió un vídeo en el que un agente le solicitaba su documentación para identificarla. La secretaria general de Podemos criticó públicamente esa actuación y pidió al policía su número de identificación profesional.

El 11N deja al menos 52 detenidos y 919 incidencias

El balance provisional difundido durante la tarde del miércoles refleja la magnitud de los incidentes registrados durante la huelga general.

Hasta las 17.00 horas, la Policía Nacional y la Guardia Civil habían practicado 38 detenciones, distribuidas principalmente entre Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana. A estas se suman 13 arrestos comunicados por la Ertzaintza en el País Vasco y uno registrado por los Mossos d’Esquadra en Barcelona.

En total, al menos 52 personas detenidas en distintos puntos del país, según los datos disponibles a esa hora. Se trata de cifras provisionales que podrían cambiar con el balance definitivo de la jornada.

Interior también contabilizó 919 incidencias relacionadas con la huelga, entre ellas cortes de carreteras, intentos de bloqueo de accesos a empresas, daños materiales y situaciones de resistencia a la autoridad.

Los incidentes no tuvieron las mismas características en todas las ciudades. En algunos puntos se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y agentes, mientras que en otros las actuaciones se centraron en despejar vías públicas o facilitar el acceso a centros de trabajo.

Qué significan las cifras de detenciones

El número de arrestados no permite establecer, por sí solo, cuántas personas participaron en acciones violentas ni cuántas detenciones podrían resultar injustificadas. Son cuestiones distintas.

Las autoridades han comunicado arrestos relacionados con presuntas agresiones a agentes, quemas de contenedores y otros incidentes. Podemos, por su parte, sostiene que se ha detenido a personas que estaban ejerciendo su derecho de huelga.

Una detención no equivale a una condena, del mismo modo que una denuncia de abuso policial no demuestra automáticamente que la intervención haya sido ilegal. La valoración de cada actuación dependerá de los hechos acreditados y, cuando corresponda, de las investigaciones judiciales.

En el País Vasco también se comunicaron lesiones entre los agentes. La Ertzaintza informó de que siete policías autonómicos tuvieron que recibir asistencia médica por heridas relacionadas con el lanzamiento de objetos y agresiones durante los incidentes.

CCOO y UGT anuncian acciones legales por el uso de la fuerza

Las críticas a los dispositivos policiales no han procedido únicamente de Podemos.

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han cuestionado las intervenciones contra los piquetes y han anunciado su intención de exigir responsabilidades por el empleo de la fuerza.

Sordo ha denunciado especialmente la utilización de gas pimienta contra trabajadores concentrados en los accesos a determinadas instalaciones. Álvarez también ha criticado la actuación de los agentes, al considerar que las fuerzas de seguridad deben garantizar el ejercicio del derecho de huelga.

Las dos organizaciones sindicales consideran que algunas intervenciones podrían constituir un uso indebido de la fuerza y han avanzado acciones legales. Su intención es que se investiguen las circunstancias de las cargas y se determinen las posibles responsabilidades.

El Ministerio del Interior, por su parte, había impartido instrucciones para organizar dispositivos que permitiesen el desarrollo de las movilizaciones y, al mismo tiempo, impidieran barricadas y actuaciones violentas de los piquetes.

Las órdenes incluían medidas de protección de infraestructuras críticas, mercados centrales de abastecimiento, polígonos industriales y establecimientos comerciales.

La discusión se sitúa precisamente en ese terreno: dónde termina una intervención policial legítima y dónde comienza un posible uso desproporcionado de la fuerza.

El artículo 28.2 de la Constitución reconoce el derecho de huelga de los trabajadores. Los piquetes informativos forman parte de su ejercicio, pero ese derecho no ampara las coacciones ni las agresiones. A su vez, las intervenciones policiales deben respetar los principios de necesidad y proporcionalidad.

Determinar si esos límites se han respetado durante el 11N exige examinar las circunstancias concretas de las actuaciones denunciadas, las pruebas disponibles y las explicaciones de quienes participaron en ellas.

Una huelga general por la vivienda, los salarios y el coste de la vida

La movilización del 11 de noviembre fue convocada por organizaciones sindicales, entre ellas CCOO, UGT, CGT y CNT, con el impulso del Sindicato de Inquilinas y el respaldo de diferentes colectivos sociales.

Las principales reivindicaciones se centran en facilitar el acceso a una vivienda asequible, mejorar los salarios, frenar la pérdida de poder adquisitivo y defender los servicios públicos.

La convocatoria estaba dirigida a millones de trabajadores y se desarrolló mediante paros de 24 horas, piquetes y manifestaciones en numerosas ciudades españolas.

Se trata, además, de una movilización especialmente significativa en el calendario político. Es la primera huelga general de ámbito estatal convocada por los dos sindicatos mayoritarios desde 2012 y se celebra a pocos días de las elecciones generales del 29 de noviembre.

El balance sobre su seguimiento ha enfrentado a sindicatos y patronal. CCOO y UGT han defendido que la participación superó sus expectativas, aunque reconocieron diferencias importantes entre territorios y sectores. La CEOE, en cambio, ha calificado la convocatoria de fracaso y ha situado su seguimiento medio en torno al 5 %.

Las manifestaciones de la tarde también reunieron a miles de personas. En Barcelona, la Guardia Urbana elevó su recuento hasta los 55.000 asistentes, mientras que los organizadores estimaron una participación de 400.000 personas. La diferencia entre ambas cifras refleja la disparidad de las estimaciones difundidas durante la jornada.

Montero ha valorado positivamente la movilización pese a las lluvias y ha defendido que las protestas sociales deben continuar independientemente de qué partido gobierne. La candidata de Podemos considera que el ejercicio del derecho de huelga es una herramienta necesaria para conseguir mejoras laborales y sociales.

La petición de dimisión eleva la presión sobre Pedro Sánchez

La exigencia de Irene Montero añade un conflicto político a una jornada que ya había puesto de manifiesto las diferencias entre el Gobierno, los sindicatos y otras fuerzas de izquierda.

La dirigente de Podemos no se ha limitado a pedir explicaciones sobre las cargas. Ha reclamado directamente la salida de Marlaska del Ministerio del Interior y su exclusión de la candidatura socialista para las próximas elecciones generales.

Su petición afecta a uno de los ministros más conocidos del Ejecutivo y llega durante la precampaña electoral. Grande-Marlaska figura en el quinto puesto de la lista del PSOE por Madrid para los comicios del 29 de noviembre.

Las críticas también han alcanzado a otros sectores de la izquierda. El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha cuestionado la actuación de las fuerzas de seguridad y ha responsabilizado políticamente a Marlaska de la gestión policial, al considerar que el Ministerio del Interior no ejerce un control suficiente sobre los cuerpos estatales.

La controversia pone de manifiesto las tensiones entre formaciones que compiten por un electorado próximo y que mantienen diferencias sobre la actuación policial, el derecho de protesta y la respuesta del Gobierno a las reivindicaciones sociales.

La responsabilidad política que Montero atribuye a Marlaska deberá distinguirse de las posibles responsabilidades individuales por cada intervención. No todas las actuaciones registradas durante el 11N corresponden a cuerpos dependientes directamente del Ministerio del Interior, ya que también han intervenido policías autonómicas.

Las actuaciones policiales abren otro conflicto tras el 11N

La polémica por las cargas no termina con las declaraciones políticas. Las acciones legales anunciadas por CCOO y UGT podrían llevar algunas de las intervenciones ante los tribunales, donde habría que examinar los hechos concretos y determinar si los agentes actuaron dentro de los límites establecidos por la ley.

Por el momento, la petición de dimisión constituye una exigencia política de Podemos. No supone que se haya acreditado una actuación ilegal del ministro ni que exista una resolución judicial sobre su responsabilidad en los incidentes.

La controversia queda abierta en dos planos distintos: el político, por la petición de dimisión de Grande-Marlaska y su continuidad en las listas socialistas, y el jurídico, por las denuncias sindicales sobre el uso de la fuerza.

La jornada del 11N termina así con una exigencia dirigida a Pedro Sánchez y con la posibilidad de que algunas intervenciones policiales acaben examinándose ante los tribunales. La huelga había sido convocada para reclamar mejores condiciones de vida, especialmente en materia de vivienda y salarios. La actuación de las fuerzas de seguridad se ha convertido también en uno de sus principales focos de conflicto.