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La UE aprueba una ley para proteger a adultos vulnerables en otro país

El Consejo de la UE aprueba nuevas normas para proteger a adultos vulnerables en otro país y reconocer medidas de apoyo sin repetir trámites.

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Resumen

  • La UE aprueba una ley para proteger a adultos vulnerables en otros países
  • Las medidas de apoyo se reconocerán entre países y habrá un certificado europeo
  • España se opuso y la mayoría de las disposiciones se aplicará en 30 meses

El Consejo de la Unión Europea ha aprobado definitivamente este jueves, 19 de noviembre de 2026, una nueva legislación destinada a proteger los derechos de los adultos vulnerables cuando necesitan asistencia o apoyo en otro país comunitario. La normativa facilitará el reconocimiento de las medidas de protección, la atención médica en el extranjero y la gestión de bienes, además de establecer un certificado europeo de apoyo y representación.

La reforma afecta especialmente a personas con enfermedades como el Alzheimer, deterioro cognitivo u otras condiciones que requieren ayuda para tomar determinadas decisiones. Su principal novedad es que una medida de apoyo reconocida en un Estado miembro podrá tener efectos en otro sin necesidad de repetir complejos procedimientos judiciales. La protección no debería perderse al cruzar una frontera.

La aprobación culmina el proceso legislativo europeo, aunque las nuevas disposiciones no serán inmediatamente aplicables. La mayor parte comenzará a utilizarse 30 meses después de la entrada en vigor del reglamento, que todavía debe publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea.

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Qué cambia para los adultos vulnerables que viven en otro país de la UE

Hasta el momento, las diferencias entre las legislaciones nacionales podían complicar considerablemente la situación de una persona que necesitase apoyo para gestionar sus asuntos fuera de su país de residencia.

Los problemas podían surgir durante un tratamiento médico, al trasladarse a otro Estado miembro o cuando un familiar necesitaba administrar una propiedad situada en el extranjero. Una resolución judicial válida en un país no siempre producía los mismos efectos en otro.

El nuevo reglamento establece un sistema común para determinar qué autoridad es competente, qué legislación debe aplicarse y cómo reconocer las decisiones adoptadas por otros Estados miembros.

Por ejemplo, si una persona residente en España cuenta con medidas judiciales de apoyo y necesita trasladarse a Francia, la futura normativa permitirá reconocer esas medidas sin iniciar un procedimiento específico de reconocimiento, salvo en las excepciones previstas legalmente.

La regulación también contempla situaciones relacionadas con la compraventa de inmuebles, la administración del patrimonio y las decisiones sobre el lugar de residencia de quienes necesitan asistencia.

No se trata de armonizar todas las leyes nacionales sobre capacidad jurídica. Cada Estado mantiene su propio sistema de protección, pero deberá aplicar las reglas comunes de cooperación y reconocimiento establecidas por la Unión Europea en los países participantes.

Un certificado europeo facilitará los trámites a familiares y representantes

Una de las principales novedades será la creación del certificado europeo de apoyo y representación, un documento que permitirá acreditar las facultades de quienes prestan asistencia legal a una persona adulta en los países donde se aplique el reglamento.

Este certificado pretende resolver una dificultad frecuente: demostrar ante las autoridades de otro país que un familiar, tutor u otro representante está autorizado para intervenir en determinados asuntos.

Hasta ahora, dependiendo del Estado y del procedimiento, podían exigirse documentos adicionales y trámites de reconocimiento que retrasaban las actuaciones. El nuevo sistema busca reducir estos obstáculos administrativos.

Con el certificado, los representantes podrán acreditar con mayor facilidad sus facultades en otros Estados miembros participantes. El documento se expedirá gratuitamente o mediante una tasa reducida y, siempre que sea posible, estará disponible en formato digital.

Eso no significa que cualquier familiar pueda decidir automáticamente en nombre de otra persona. El certificado servirá para demostrar las facultades de apoyo o representación que correspondan legalmente, dentro de sus límites.

La nueva ley refuerza el derecho a decidir de las personas vulnerables

La legislación europea insiste en un principio fundamental: necesitar asistencia no equivale a perder el derecho a tomar decisiones.

El reglamento busca proteger la autonomía personal, incluida la posibilidad de que cada adulto organice anticipadamente quién deberá prestarle apoyo y cómo quiere que se gestionen determinados asuntos si sus circunstancias cambian.

Esta cuestión resulta particularmente importante para quienes padecen enfermedades degenerativas, cuya evolución puede hacer necesario incrementar gradualmente las medidas de apoyo.

La normativa también contempla que la persona afectada pueda elegir el tribunal encargado de su caso, siempre que exista una vinculación suficiente con ese órgano judicial.

El reconocimiento de las decisiones tendrá excepciones

Las medidas de protección adoptadas en un Estado miembro deberán reconocerse automáticamente en los demás países participantes, aunque el principio no será absoluto. La legislación establece excepciones para garantizar los derechos de la persona afectada.

Un país podrá rechazar determinadas decisiones cuando concurran las circunstancias excepcionales previstas en el reglamento. Entre ellas figura que el adulto afectado no haya tenido una oportunidad real y efectiva de ser escuchado durante el procedimiento.

La regulación aborda igualmente las decisiones relativas al traslado de una persona a un centro asistencial situado en otro Estado miembro. Las autoridades deberán tener en cuenta su voluntad y sus preferencias, aunque el país receptor podrá oponerse al traslado en los supuestos contemplados legalmente.

Quedan fuera del ámbito de aplicación de estas normas materias como el matrimonio, las sucesiones, la seguridad social y las obligaciones de manutención.

España se opuso al reglamento por dudas sobre autonomía y costes

La aprobación europea llega con una discrepancia significativa. España manifestó formalmente su oposición al texto y solicitó que su posición quedara recogida en las actas del Consejo.

En una declaración fechada el 6 de noviembre, el Gobierno español reconoció que compartía el objetivo de mejorar la protección de los adultos vulnerables en situaciones transfronterizas, pero cuestionó varios aspectos de la regulación.

Su principal objeción se refiere a la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada en 2006. España considera que el reglamento no incorpora suficientemente sus principios, especialmente el respeto a la autonomía, la voluntad y las preferencias de las personas afectadas.

También expresó dudas sobre las disposiciones relativas al ingreso o traslado de adultos a centros asistenciales, al considerar que pueden generar problemas de interpretación y dificultades para su aplicación.

La tercera crítica afecta al reparto de los costes asociados a determinados procedimientos transfronterizos. Según la posición española, el sistema previsto puede resultar desproporcionado para los Estados que reciben un número elevado de adultos procedentes de otros países.

Estas reservas no impidieron la aprobación definitiva de la legislación. El Parlamento Europeo había respaldado previamente el texto, el 20 de octubre, con 531 votos a favor, 93 en contra y 41 abstenciones.

Cuándo comenzará a aplicarse la nueva protección europea

El Consejo ha completado el último paso del procedimiento legislativo. El reglamento deberá publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrará en vigor veinte días después de esa publicación.

Sin embargo, su entrada en vigor no supondrá que todas las novedades puedan utilizarse inmediatamente. La mayor parte de las disposiciones comenzará a aplicarse transcurridos 30 meses, un periodo destinado a preparar los procedimientos y mecanismos necesarios para su funcionamiento.

La reforma se apoya en los principios del Convenio de La Haya de 2000 sobre protección internacional de adultos, que establece criterios para resolver conflictos de competencia entre países y facilitar el reconocimiento de medidas de protección.

Su importancia crece en una Europa donde cada vez más personas pasan parte de su vida en distintos Estados miembros, mantienen propiedades en varios países o necesitan recibir asistencia fuera de su lugar habitual de residencia.

La nueva legislación pretende que esas circunstancias no se conviertan en un obstáculo añadido para quienes necesitan apoyo. El cambio jurídico es importante, pero su verdadera utilidad dependerá de que los tribunales, las administraciones y las autoridades nacionales puedan aplicarlo respetando tanto las medidas de protección como la voluntad de las personas afectadas.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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