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La CIJ acredita matanzas, violaciones y destrucción de aldeas rohinyás

La Corte Internacional de Justicia acredita asesinatos, violencia sexual y destrucción de aldeas rohinyás durante la ofensiva de Myanmar de 2017.

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Foto: Tasnim News Agency / Wikimedia Commons / CC BY 4.0.

Resumen

  • La CIJ acredita asesinatos, violaciones y ataques a menores rohinyás
  • Las atrocidades se cometieron en Myanmar durante la ofensiva militar de 2017
  • El proceso examina la responsabilidad del Estado por posible genocidio

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha dado por probados este jueves, 19 de noviembre de 2026, asesinatos indiscriminados, ejecuciones de hombres, violencia sexual y ataques contra menores rohinyás cometidos por las fuerzas de seguridad de Myanmar durante la ofensiva militar de 2017. El máximo tribunal de Naciones Unidas también ha constatado la destrucción de aldeas de esta minoría musulmana en el estado de Rakáin, al oeste del país.

Los hechos forman parte del proceso abierto contra Myanmar, antigua Birmania, por presunto genocidio, después de que Gambia denunciara en 2019 la campaña militar que obligó a más de 700.000 rohinyás a escapar hacia Bangladés. La lectura del fallo supone un paso decisivo para determinar la responsabilidad internacional del Estado birmano en una de las mayores persecuciones de una minoría étnica de las últimas décadas.

La constatación judicial de las atrocidades tiene un significado importante. Durante años, los supervivientes describieron asesinatos, violaciones colectivas, incendios de viviendas y ataques contra familias que intentaban huir. Las investigaciones de Naciones Unidas documentaron numerosos episodios de violencia. La Corte ha incorporado esos hechos a su examen jurídico del caso.

Sin embargo, existe una distinción fundamental: acreditar asesinatos masivos no equivale automáticamente a declarar probado un genocidio. El derecho internacional exige demostrar que los responsables actuaron con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo protegido. Esa valoración constituye uno de los elementos centrales de la sentencia de este jueves en La Haya.

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Asesinatos, violencia sexual y ataques contra niños rohinyás

La Corte ha considerado acreditadas graves actuaciones de las fuerzas de seguridad birmanas durante las operaciones desarrolladas en Rakáin, especialmente a partir de agosto de 2017.

Entre los hechos examinados figuran ejecuciones de hombres rohinyás, asesinatos indiscriminados y ataques contra menores. La violencia sexual también ocupa un lugar destacado en el proceso, tanto por los daños sufridos por las víctimas como por su posible relevancia para establecer la finalidad de las operaciones militares.

Las investigaciones internacionales habían documentado violaciones individuales y colectivas, agresiones contra mujeres y niñas y otros abusos cometidos durante la ofensiva. Los testimonios recogidos describieron actuaciones que afectaron a comunidades enteras, más allá de los enfrentamientos con grupos armados.

La destrucción de aldeas rohinyás constituye otro de los elementos examinados. Las imágenes por satélite, los testimonios de supervivientes y las investigaciones independientes permitieron documentar incendios y devastación de núcleos habitados.

No se trataba únicamente de viviendas destruidas. La pérdida de hogares, propiedades y medios de subsistencia contribuyó a impedir que numerosas familias pudieran regresar a sus localidades después de escapar de la violencia.

La ofensiva militar de 2017 provocó un éxodo masivo

La crisis alcanzó su punto más grave en agosto de 2017, cuando el Ejército de Myanmar lanzó una gran operación militar en Rakáin tras los ataques perpetrados por insurgentes del Ejército de Salvación Rohinyá de Arakán contra instalaciones de seguridad.

Las autoridades birmanas justificaron su intervención como una campaña antiterrorista. Sin embargo, la respuesta militar se extendió sobre poblaciones civiles rohinyás y dio lugar a numerosas denuncias de atrocidades.

Más de 730.000 personas huyeron a Bangladés durante aquella oleada de violencia. Muchas cruzaron la frontera dejando atrás familiares, tierras y viviendas destruidas.

Las cifras de fallecidos siguen siendo objeto de distintas estimaciones. Médicos Sin Fronteras calculó que al menos 6.700 rohinyás murieron de forma violenta durante el primer mes de la ofensiva, entre ellos centenares de niños menores de cinco años. Otras estimaciones sitúan el balance total de víctimas considerablemente por encima.

La persecución tampoco comenzó en 2017. Los rohinyás llevaban décadas padeciendo restricciones de derechos y discriminación en Myanmar, un país de mayoría budista donde buena parte de esta comunidad carece de reconocimiento efectivo de ciudadanía.

La legislación sobre nacionalidad de 1982 contribuyó a consolidar su situación de apatridia, una condición que limita el acceso a derechos esenciales y dificulta su protección jurídica.

Por qué la CIJ examina si Myanmar cometió genocidio

El proceso de La Haya se fundamenta en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, aprobada en 1948 después de la Segunda Guerra Mundial.

Este tratado considera genocidio determinados actos cometidos con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.

La definición incluye el asesinato de miembros del grupo, las lesiones graves físicas o mentales, el sometimiento deliberado a condiciones de existencia que puedan provocar su destrucción, las medidas destinadas a impedir nacimientos y el traslado forzoso de niños.

La intención de destruir al grupo es el elemento decisivo

Una de las cuestiones fundamentales es determinar si las atrocidades cometidas contra los rohinyás respondieron a una intención genocida, más allá de la responsabilidad que pueda derivarse de los asesinatos, agresiones sexuales y desplazamientos forzosos.

Los jueces deben valorar las pruebas disponibles y establecer si permiten concluir que existió el propósito específico de destruir al grupo protegido, al menos parcialmente.

La acusación sostiene que la magnitud de los ataques, su desarrollo, la selección de víctimas y el tratamiento dispensado a los rohinyás permiten identificar esa intención.

Myanmar ha rechazado las acusaciones de genocidio y ha defendido que sus operaciones militares respondieron a amenazas de grupos insurgentes. Durante las audiencias celebradas en enero de 2026, sus representantes cuestionaron tanto la interpretación de las pruebas como las conclusiones jurídicas defendidas por Gambia.

La diferencia importa. Los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra pueden existir sin que se demuestre la intención específica que exige la definición jurídica de genocidio.

Gambia llevó a Myanmar ante la justicia internacional

La demanda fue presentada por Gambia en noviembre de 2019, con el respaldo de la Organización para la Cooperación Islámica.

El país africano sostuvo que Myanmar había incumplido sus obligaciones internacionales respecto a la protección de los rohinyás y solicitó que se reconociera la responsabilidad del Estado por los hechos denunciados.

En enero de 2020, la Corte Internacional de Justicia ordenó medidas provisionales para proteger a esta minoría, prevenir posibles actos genocidas y conservar las pruebas relacionadas con las operaciones militares.

Aquella decisión no resolvió el fondo del asunto. Estableció obligaciones de protección mientras continuaba el procedimiento.

Posteriormente, en 2022, la CIJ rechazó las objeciones preliminares planteadas por Myanmar y confirmó que podía examinar la demanda. Las audiencias sobre el fondo se desarrollaron en enero de 2026, antes de la lectura de la sentencia de este 19 de noviembre.

El procedimiento también tiene una particularidad: la CIJ juzga la responsabilidad de los Estados, no la responsabilidad penal individual de soldados, mandos militares o dirigentes políticos.

Esa segunda dimensión corresponde a otros mecanismos judiciales, entre ellos la Corte Penal Internacional, cuya Fiscalía solicitó en noviembre de 2024 una orden de detención contra el jefe militar birmano, Min Aung Hlaing, por presuntos crímenes contra la humanidad relacionados con la deportación y persecución de los rohinyás.

Más de un millón de rohinyás sigue viviendo fuera de Myanmar

El proceso judicial llega mientras continúa la crisis humanitaria que provocó la ofensiva militar.

Según las cifras de Naciones Unidas, alrededor de 1,2 millones de rohinyás permanecen en Bangladés, principalmente en los extensos campamentos de refugiados de Cox’s Bazar.

La población desplazada depende en gran medida de la ayuda humanitaria y afronta dificultades para acceder a una educación regular, trabajar legalmente y construir una vida estable.

La posibilidad de regresar a Myanmar sigue condicionada por la inseguridad, la falta de garantías de ciudadanía y las consecuencias de la guerra civil que atraviesa el país desde el golpe militar de febrero de 2021.

En Rakáin, los enfrentamientos entre la junta militar y el Ejército de Arakán han provocado nuevas oleadas de desplazamiento. Naciones Unidas también ha documentado graves abusos contra civiles rohinyás atribuidos a ambas fuerzas durante el conflicto más reciente.

Por eso, el problema no se limita a determinar judicialmente qué ocurrió en 2017. La seguridad de quienes permanecen en Myanmar y el futuro de quienes huyeron continúan sin una solución duradera.

El reconocimiento de los crímenes y el desafío de exigir responsabilidades

La constatación por parte de la Corte Internacional de Justicia de asesinatos, violencia sexual y ataques contra civiles rohinyás representa un reconocimiento judicial de graves atrocidades que durante años fueron denunciadas por supervivientes e investigadores internacionales.

La sentencia tiene también consecuencias jurídicas de gran alcance. Las decisiones de la CIJ son definitivas y obligatorias para los Estados implicados, aunque el tribunal carece de medios propios para imponer directamente su cumplimiento.

La aplicación efectiva de las obligaciones que establezca dependerá de las actuaciones de Myanmar y de los mecanismos internacionales disponibles para exigir responsabilidades.

Para los rohinyás, el reconocimiento de los crímenes no devuelve las vidas perdidas, las aldeas destruidas ni los derechos de ciudadanía. Pero establece una base jurídica para abordar las violaciones cometidas y las obligaciones internacionales del Estado birmano.

Nueve años después de la ofensiva de 2017, cientos de miles de personas continúan esperando condiciones que permitan regresar a sus hogares con seguridad, dignidad y derechos reconocidos. Esa sigue siendo la realidad que acompaña al proceso de La Haya.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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