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Economía

Mercadona, condenada por bajar el sueldo a una empleada: 164.085 euros

Tras 34 años en Mercadona, una empleada aceptó una rebaja salarial de más del 50 %. La Justicia le reconoce una indemnización de 164.085 euros.

Mercadona abre el lunes 2 de noviembre

Imagen: Carloss, CC BY-SA 4.0

Resumen

  • La Justicia reconoce a la empleada una indemnización de 164.085 euros
  • Su salario iba a pasar de 81.399 a 39.141 euros anuales en cuatro años
  • Firmó el descenso de categoría por miedo a perder su empleo

Más de 34 años de trabajo en la misma empresa, una trayectoria marcada por sucesivos ascensos y una rebaja salarial superior al 50 %. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha condenado a Mercadona a indemnizar con 164.085,88 euros a una trabajadora que aceptó llorando un descenso de categoría profesional por miedo a perder su empleo.

La resolución, dictada el 16 de junio de 2026, confirma la extinción indemnizada del contrato de la empleada, que pasó de desempeñar un puesto de responsabilidad en el departamento de Recursos Humanos a trabajar en un supermercado, con una reducción progresiva de sus ingresos anuales de 81.399,84 a 39.141,23 euros.

Los magistrados consideran que la compañía impuso unas condiciones laborales que menoscababan la dignidad profesional de la trabajadora. Y que su firma, pese a lo defendido por Mercadona durante el procedimiento judicial, no constituyó una aceptación libre de los cambios.

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De responsable de Recursos Humanos a trabajar en un supermercado

La empleada comenzó a trabajar para Mercadona en diciembre de 1988. Durante las siguientes tres décadas fue ascendiendo dentro de la estructura de la compañía hasta alcanzar, en 2018, la categoría de gerente C en el departamento de Recursos Humanos.

Entre sus responsabilidades figuraba la gestión de un proyecto relacionado con los trabajadores fijos discontinuos. Desarrollaba sus funciones en una oficina y percibía un salario mensual de 6.783,32 euros, con las pagas extraordinarias prorrateadas.

Su situación cambió en marzo de 2023, coincidiendo con el nombramiento de un nuevo coordinador del departamento. El 9 de marzo mantuvo una reunión con su superior, quien le presentó dos documentos que habían sido redactados previamente sin su participación.

Las nuevas condiciones suponían un descenso a la categoría de gerente B y el abandono de sus responsabilidades en Recursos Humanos para incorporarse al trabajo ordinario de un supermercado.

Una rebaja salarial de más de 42.000 euros anuales

El cambio de puesto llevaba aparejada una reducción de sueldo que se aplicaría progresivamente durante cuatro años.

Al finalizar ese periodo, la trabajadora habría pasado de cobrar 81.399,84 euros anuales a percibir 39.141,23 euros. Una pérdida de 42.258,61 euros al año, equivalente a casi el 52 % de su remuneración original.

La empleada no recibió ninguna compensación económica ni obtuvo ventajas laborales a cambio de aceptar las nuevas condiciones.

Firmó llorando por miedo a ser despedida

Uno de los elementos determinantes del procedimiento fue el contexto en el que se produjo la firma de los documentos.

La trabajadora conocía el contenido del acuerdo, pero temía que negarse a firmarlo pudiera costarle el empleo. Otros compañeros del departamento habían mantenido reuniones similares con el nuevo responsable y algunos habían acabado despedidos o destinados a otros puestos.

La resolución judicial recoge que la empleada firmó los documentos llorando. Para los magistrados, las circunstancias acreditaban que existió intimidación en la prestación del consentimiento.

Durante abril y mayo de 2023, la mujer recibió formación y trabajó en un supermercado. A finales de mayo fue destinada a otro establecimiento de Alicante, donde comenzó a desempeñar funciones propias de la tienda.

El 13 de junio inició una baja laboral. En noviembre, tras intentar alcanzar un acuerdo con la empresa mediante un acto de conciliación sin éxito, el conflicto acabó en los tribunales.

La Justicia rechaza los argumentos de Mercadona

El Juzgado de lo Social número 6 de Alicante estimó parcialmente la demanda de la trabajadora y reconoció su derecho a extinguir la relación laboral con una indemnización de 164.085,88 euros.

Sin embargo, descartó que se hubiera producido una vulneración de sus derechos fundamentales y rechazó la indemnización adicional que reclamaba por daños morales.

Mercadona recurrió la resolución. La compañía sostenía que la empleada había aceptado voluntariamente el cambio de categoría y la reducción salarial mediante un acuerdo firmado por ambas partes.

También alegó que la trabajadora no había impugnado la modificación dentro del plazo legal de 20 días.

El TSJCV rechazó ambos argumentos. Consideró que no existió una negociación real entre empresa y trabajadora, sino una modificación unilateral de las condiciones laborales formalizada mediante unos documentos que la empleada aceptó por temor al despido.

El tribunal tampoco apreció una justificación suficiente para el deterioro de sus condiciones profesionales y económicas.

El artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores

La condena se fundamenta en el artículo 50.1.a del Estatuto de los Trabajadores, que permite solicitar judicialmente la extinción del contrato cuando una empresa modifica sustancialmente las condiciones laborales, incumple el procedimiento legal y perjudica la dignidad del empleado.

En estos casos, el trabajador tiene derecho a percibir la indemnización correspondiente a un despido improcedente, aunque haya sido él quien haya solicitado la finalización de la relación laboral.

No se trata, por tanto, de una baja voluntaria ordinaria ni de una multa impuesta a Mercadona. Los más de 164.000 euros corresponden a la indemnización por la extinción del contrato.

El plazo para reclamar una bajada de sueldo

La legislación española establece un plazo de 20 días hábiles para impugnar judicialmente una modificación sustancial de las condiciones de trabajo desde su notificación escrita.

Sin embargo, el tribunal distingue entre la impugnación de esa medida y la solicitud de extinción indemnizada del contrato. Esta última constituye una acción diferente.

Los magistrados también tuvieron en cuenta que la reducción salarial prevista por Mercadona era progresiva, por lo que sus consecuencias económicas se prolongaban en el tiempo.

La dignidad profesional también tiene protección legal

Las empresas pueden reorganizar sus departamentos y modificar determinadas condiciones laborales cuando concurren razones económicas, técnicas, organizativas o de producción debidamente acreditadas. Esa facultad, sin embargo, tiene límites legales.

La sentencia contra Mercadona recuerda que la firma de un acuerdo no basta para demostrar que un trabajador ha aceptado libremente una pérdida de salario o de responsabilidades. Las circunstancias en las que se obtiene ese consentimiento también importan.

El TSJCV desestimó el recurso de la compañía y confirmó la indemnización, además de imponerle las costas del recurso.

La resolución no era firme cuando se dictó y podía ser recurrida ante el Tribunal Supremo. No se ha confirmado su firmeza posterior.

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