Economía
Más de 100 expertos alertan: los milmillonarios amenazan la democracia
El Manifiesto de París alerta de la concentración de riqueza y del poder político de los milmillonarios. Sus firmantes reclaman impuestos y reformas.
Resumen
- Más de 100 expertos alertan del poder de los milmillonarios sobre la democracia
- Las mayores fortunas equivalen al 17% del PIB mundial, según el manifiesto
- Reclaman impuestos mínimos, medios independientes y cambios en la IA
Más de un centenar de economistas, investigadores e intelectuales de todo el mundo han lanzado una advertencia sobre el creciente poder de los milmillonarios y sus consecuencias para la democracia. En el Manifiesto de París contra la oligarquía internacional, presentado el 21 de noviembre de 2026, denuncian que la acumulación de grandes fortunas permite a una minoría ejercer una influencia cada vez mayor sobre los gobiernos, los medios de comunicación y las principales empresas tecnológicas.
La iniciativa, promovida por el economista francés Gabriel Zucman, reúne a figuras como Thomas Piketty, Mariana Mazzucato, Naomi Klein y cuatro premios Nobel de Economía. Los firmantes reclaman impuestos mínimos a los ultrarricos, una mayor protección de la independencia periodística y cambios en el modelo de propiedad de las empresas de inteligencia artificial.
Su advertencia no se limita a la desigualdad económica. Sostienen que la concentración de riqueza está alterando el equilibrio entre el poder privado y las instituciones democráticas. Una persona puede acumular un patrimonio extraordinario sin representar a ningún elector y, sin embargo, adquirir una capacidad de intervención política y social que supera la de numerosos Estados.
El manifiesto se ha difundido coincidiendo con la primera Cumbre contra la Oligarquía Internacional, celebrada el sábado 21 de noviembre en París. Allí, economistas y especialistas en ciencias sociales han debatido cómo limitar una influencia económica que, según denuncian, ya no conoce fronteras.
Las grandes fortunas pasan del 3% al 17% del PIB mundial
Uno de los datos más llamativos del documento refleja la evolución de la riqueza de la élite económica durante las últimas cuatro décadas.
Según las cifras recogidas por sus autores, cuando la revista Forbes comenzó a clasificar las mayores fortunas del planeta en 1987, el 0,0001% más rico de la población, aproximadamente 1.500 hogares, acumulaba un patrimonio equivalente al 3% del producto interior bruto (PIB) mundial.
En 2026, esa misma proporción de la población, integrada por cerca de 3.000 hogares, posee una riqueza equivalente al 17% del PIB mundial.
La comparación relaciona el patrimonio acumulado de esas familias con la producción económica anual del planeta. No significa que posean el 17% de toda la riqueza mundial, sino que el valor de sus fortunas equivale a ese porcentaje del PIB de un año.
Para los impulsores del manifiesto, el aumento revela un cambio en la distribución del poder económico. Las mayores fortunas no consisten principalmente en dinero depositado en cuentas bancarias, sino en participaciones empresariales y activos financieros que permiten influir en decisiones fundamentales para millones de personas.
Elon Musk y el poder de los milmillonarios sobre la política
El documento identifica tres grandes ámbitos en los que la concentración de riqueza puede convertirse en influencia política: el control de empresas multinacionales, la propiedad de medios y plataformas de comunicación y la financiación de campañas electorales.
Uno de los ejemplos utilizados es Elon Musk y la compra de Twitter, posteriormente rebautizada como X. Los firmantes consideran que el control de una plataforma de estas dimensiones permite a su propietario influir en las condiciones del debate público de numerosos países.
La cuestión trasciende las preferencias políticas de un empresario. Los autores advierten de que las redes sociales, los periódicos y las televisiones desempeñan una función esencial en la formación de la opinión pública. Cuando su propiedad se concentra en pocas manos, aumenta el riesgo de que intereses particulares condicionen la información que reciben los ciudadanos.
El manifiesto también menciona las políticas fiscales de Donald Trump en Estados Unidos. Sus impulsores argumentan que las reducciones de impuestos empresariales y el debilitamiento de determinadas exigencias de transparencia financiera pueden beneficiar a grandes patrimonios de distintos países, no únicamente a los estadounidenses.
La inteligencia artificial abre otro frente de preocupación
La concentración del poder tecnológico ocupa un lugar destacado en la denuncia. Los expertos señalan que las decisiones sobre inteligencia artificial están quedando en manos de un reducido número de compañías privadas, pese a sus consecuencias sobre el empleo, el conocimiento, la información y la economía mundial.
También cuestionan el impacto ambiental de los grandes centros de datos, especialmente por sus necesidades de energía y agua.
Su planteamiento es que determinadas infraestructuras digitales adquieren una importancia pública que exige mayores garantías de supervisión. La propiedad privada de una empresa no elimina, por sí sola, la responsabilidad de responder por sus efectos sociales.
Un impuesto del 2% a los ultrarricos para limitar su influencia
La principal propuesta económica vinculada al manifiesto es establecer una tributación mínima sobre los grandes patrimonios, acompañada de mecanismos internacionales para combatir la evasión y la elusión fiscal.
Gabriel Zucman lleva años defendiendo esta iniciativa. En Francia, su propuesta más conocida contempla un impuesto mínimo anual del 2% sobre el patrimonio de las personas con fortunas superiores a 100 millones de euros. La medida ha suscitado un intenso debate político, pero no ha conseguido convertirse en ley.
El economista también elaboró en 2024 una propuesta de fiscalidad internacional para el G20. Según las estimaciones del Observatorio Fiscal Internacional, un impuesto mínimo equivalente al 2% del patrimonio de los milmillonarios podría recaudar entre 200.000 y 250.000 millones de dólares anuales en todo el mundo.
Se trata de una estimación sobre una medida hipotética, no de ingresos ya obtenidos. Su aplicación dependería del diseño del impuesto y de la cooperación entre países para identificar patrimonios, compartir información y evitar que los contribuyentes eludan las obligaciones fiscales.
Los promotores del Manifiesto de París también proponen revisar los impuestos que las grandes fortunas hayan dejado de pagar en el pasado. Zucman ha defendido una regularización extraordinaria que permita examinar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales durante los últimos 15 años.
Cuatro premios Nobel respaldan el Manifiesto de París
La iniciativa cuenta con el apoyo de cuatro galardonados con el Premio Nobel de Economía: Joseph Stiglitz, premiado en 2001; Paul Krugman, en 2008; Esther Duflo, en 2019; y Daron Acemoglu, en 2024.
Entre los firmantes también figuran Thomas Piketty, conocido por sus investigaciones sobre la desigualdad económica; Mariana Mazzucato, especialista en innovación y políticas públicas; y la escritora y activista Naomi Klein.
La participación española incluye al filósofo Daniel Innerarity y a la economista Mónica Martínez-Bravo, además de otros investigadores vinculados a instituciones académicas españolas.
El respaldo al manifiesto no procede exclusivamente del ámbito universitario. También aparecen figuras relacionadas con grandes patrimonios familiares, como Abigail Disney y Marlene Engelhorn, que han defendido públicamente una mayor tributación de las grandes fortunas.
Esta diversidad de perfiles refleja que el debate no enfrenta simplemente a personas ricas y pobres. Plantea una discusión más amplia sobre los límites del poder económico y las obligaciones que deberían asumir quienes concentran recursos extraordinarios.
La respuesta internacional que reclaman los expertos
El Manifiesto de París propone construir una alianza democrática internacional capaz de responder a un poder económico que opera simultáneamente en numerosos países.
Sus autores consideran insuficiente abordar el problema exclusivamente mediante impuestos nacionales. Reclaman fortalecer la independencia de los medios de comunicación, proteger a los periodistas frente a las injerencias y la censura y estudiar modelos internacionales de propiedad no privatizada para las empresas de inteligencia artificial.
Las propuestas plantean dificultades importantes. Un impuesto mundial necesita coordinación entre administraciones tributarias; los cambios de propiedad de las empresas tecnológicas exigirían acuerdos jurídicos y políticos, y las medidas destinadas a proteger el pluralismo informativo deben respetar también la libertad de empresa y de expresión.
El equilibrio entre riqueza y democracia, en juego
Por ahora, el manifiesto constituye una declaración colectiva y una propuesta de actuación, no un acuerdo gubernamental ni una reforma legislativa aprobada.
Su importancia reside en que sitúa la concentración de riqueza y poder en el centro del debate democrático internacional. La advertencia de sus firmantes es que las instituciones representativas pueden seguir funcionando formalmente mientras una parte creciente de las decisiones económicas, tecnológicas e informativas queda condicionada por intereses privados extraordinariamente concentrados.
La discusión de fondo es hasta qué punto las democracias pueden garantizar la igualdad política de sus ciudadanos cuando el poder económico se distribuye de una manera tan desigual. El Manifiesto de París reclama que los gobiernos afronten esa contradicción antes de que la influencia de las mayores fortunas resulte todavía más difícil de limitar.
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