Dinamarca muestra a España cómo sostener pensiones altas y las cuentas

Dinamarca vuelve a aparecer en el debate español sobre las pensiones por una razón bastante menos exótica de lo que parece. No existe allí una fórmula secreta, ni una caja nórdica de dinero infinito: su sistema combina una pensión pública de base, ahorro complementario ligado al empleo y una edad de jubilación que se adapta al aumento de la esperanza de vida. El resultado es un modelo capaz de mantener prestaciones elevadas sin cargar todo el coste sobre las cotizaciones de los trabajadores del momento.

La comparación duele precisamente por eso. España conserva un sistema esencialmente de reparto, sólido en su capacidad para pagar las prestaciones presentes, pero sometido a una presión demográfica creciente. Las proyecciones apuntan a que el gasto español en pensiones públicas aumentará durante las próximas décadas antes de moderarse ligeramente. Dinamarca, Suecia y Países Bajos han construido sistemas distintos entre sí, pero comparten algo importante: han repartido el peso de la jubilación entre varios pilares y han introducido mecanismos que reaccionan cuando cambia la demografía.

Dinamarca no paga sus pensiones de una sola caja

La primera diferencia con España está en la arquitectura. La jubilación danesa descansa sobre varias fuentes de ingresos. Existe la Folkepension, la pensión pública estatal, complementada por ATP, un sistema obligatorio ligado al mercado laboral, y por planes ocupacionales financiados durante la vida profesional. A ello pueden sumarse planes privados individuales.

Ese segundo escalón tiene mucho más peso del que tradicionalmente ha tenido en España. Los sistemas privados u ocupacionales cuasiobligatorios alcanzan una cobertura muy elevada en Dinamarca, Suecia y Países Bajos. En el caso danés, la parte procedente de esquemas privados obligatorios o cuasiobligatorios puede representar una proporción significativa de los ingresos durante la jubilación.

Dicho de otra forma: el Estado no tiene que fabricar toda la pensión cada mes con los ingresos corrientes. Una parte ha sido acumulada durante décadas por el propio trabajador y su empresa y se encuentra respaldada por activos financieros.

Esto no significa que Dinamarca haya privatizado su sistema de pensiones. Esa lectura sería demasiado cómoda. Conserva una red pública potente y redistributiva; lo que ha hecho es evitar que toda la jubilación dependa de una única pata financiera.

El ahorro laboral deja de ser una opción minoritaria

Aquí aparece una de las diferencias estructurales con España. Los planes de empleo españoles siguen ocupando un lugar secundario para una enorme parte de los trabajadores, mientras que en Dinamarca forman parte de la vida laboral ordinaria.

El mecanismo tiene una ventaja evidente: el capital se acumula durante treinta o cuarenta años. También asume riesgos que conviene no esconder. Los fondos dependen de los mercados, las rentabilidades fluctúan y cualquier sistema capitalizado necesita regulación, costes bajos y una supervisión bastante más seria que limitarse a abrir una cuenta y esperar milagros.

Pero financieramente introduce algo decisivo: una parte de la pensión futura no depende directamente del número de cotizantes existentes cuando llegue la jubilación.

Los daneses también han aceptado la parte incómoda: trabajar más

Hay otro ingrediente bastante menos popular. Dinamarca ha relacionado desde hace años la edad de jubilación con la evolución de la longevidad y en 2025 aprobó elevar la edad legal hasta los 70 años desde 2040 para quienes hayan nacido después del 31 de diciembre de 1970.

Actualmente, la edad correspondiente depende del año de nacimiento: 67 años para buena parte de las generaciones próximas a jubilarse, 68 para los nacidos entre 1963 y 1966, 69 para los nacidos entre 1967 y 1970 y 70 para los posteriores. La jubilación, en definitiva, deja de ser una cifra grabada en piedra.

La lógica es fría, quizá antipática, pero transparente: si la esperanza de vida aumenta, una parte de esos años adicionales se traslada a la vida laboral. El razonamiento pretende preservar a largo plazo no solo las pensiones, sino también el margen presupuestario para sanidad, cuidados y otras partidas del Estado del bienestar.

Aquí está uno de los auténticos elefantes de la habitación española. Subir impuestos resulta impopular. Reducir pensiones, todavía más. Retrasar la jubilación tampoco llena plazas de entusiasmo. La aritmética demográfica, por desgracia, carece de departamento de relaciones públicas.

Suecia añadió un mecanismo que ajusta el sistema a la demografía

El caso sueco es diferente, aunque conduce hacia una filosofía parecida. Su pensión pública utiliza en buena medida cuentas nocionales: cada trabajador acumula derechos vinculados a las cotizaciones realizadas, aunque ese dinero no permanezca físicamente guardado en una cuenta bancaria personal.

Al llegar la jubilación, ese capital teórico se transforma en una prestación teniendo en cuenta factores como la esperanza de vida. Suecia añade también pensiones ocupacionales ampliamente extendidas y ahorro financiado en los mercados.

La importancia del diseño se aprecia en las proyecciones. Mientras el gasto público español en pensiones aumenta con fuerza durante las próximas décadas, la evolución prevista para Suecia es mucho más contenida. No significa que los suecos gasten poco en jubilación: una fracción relevante aparece fuera del presupuesto público porque procede de sistemas ocupacionales financiados.

Países Bajos lleva el ahorro colectivo todavía más lejos

Países Bajos completa el triángulo que está alimentando el debate. Su sistema combina una pensión pública básica con enormes fondos ocupacionales. La afiliación a estos sistemas se encuentra tan extendida que funcionan, en la práctica, como otro gran pilar de la jubilación.

El país está además transformando sus antiguos planes de prestación definida hacia fórmulas de aportación definida, una reforma de enorme calado para uno de los mercados de pensiones más desarrollados del mundo.

No son, por tanto, tres copias del mismo modelo. Suecia, Dinamarca y Países Bajos han elegido engranajes distintos. Coinciden, eso sí, en algo que desde España resulta difícil pasar por alto: una jubilación elevada puede financiarse mezclando reparto público, ahorro laboral, capitalización y ajustes demográficos en lugar de depositar casi toda la factura futura sobre las cotizaciones.

España afronta el problema cuando se jubile el grueso del baby boom

El sistema español no está a punto de quedarse sin dinero ni existe una fecha mágica en la que las pensiones desaparezcan. Ese tipo de profecía lleva décadas circulando. La cuestión real es otra: cuánto costará mantenerlas y de dónde saldrá ese dinero.

Las previsiones internacionales apuntan a un incremento importante del gasto español en pensiones durante las próximas décadas, impulsado por la jubilación de las generaciones del baby boom y por una población que vive cada vez más años. Las cotizaciones sociales, además, no cubren por sí solas todo el desembolso, por lo que el sistema recibe transferencias del Estado.

Nada de esto significa necesariamente que financiar una parte mediante impuestos sea incorrecto. El dinero público no cambia de naturaleza porque pase de la Seguridad Social al Tesoro. Pero sí traslada la discusión: las pensiones compiten por recursos fiscales con sanidad, educación, dependencia, vivienda, defensa, infraestructuras o reducción de deuda.

Y la demografía estrecha el pasillo. España estará entre los países donde más crecerá la proporción de mayores respecto a la población en edad de trabajar durante las próximas décadas. Menos cotizantes relativos, más jubilados y prestaciones cobradas durante más años. Esa es la ecuación de fondo.

Lo que España podría copiar y lo que no

Trasplantar directamente el sistema danés sería bastante parecido a intentar mover un edificio piedra a piedra. Las pensiones no nacen aisladas: dependen de salarios, convenios colectivos, tasas de empleo, fiscalidad, ahorro acumulado y décadas de decisiones políticas.

España tampoco puede crear de repente gigantescos fondos ocupacionales. La capitalización necesita tiempo. Para que un trabajador llegue a los 67 años con una cantidad relevante acumulada debe haber empezado a ahorrar mucho antes. Y una transición demasiado brusca tiene un problema elemental: mientras se ahorra para las pensiones futuras siguen teniendo que pagarse las actuales.

Ahí está la factura que a menudo desaparece de las comparaciones fáciles con el norte de Europa.

Sí existen, sin embargo, principios trasladables. Extender los planes de empleo, incrementar la participación laboral de los mayores, facilitar que quien quiera prolongar su carrera pueda hacerlo con incentivos claros y construir mecanismos de ajuste previsibles reduciría la dependencia exclusiva del reparto.

Entre las reformas debatidas aparecen también fórmulas vinculadas a la esperanza de vida, periodos de cálculo más amplios y medidas destinadas a favorecer que los trabajadores de mayor edad permanezcan durante más tiempo en el mercado laboral. Ninguna resulta especialmente vistosa. Precisamente por eso suelen ser las que acaban entrando en las cuentas.

Pensiones altas, sí; pero alguien tiene que financiarlas

La principal enseñanza danesa quizá sea menos espectacular que aquella cifra de pensiones de 2.500 euros que circula en algunos titulares. No existe una prestación universal de esa cuantía entregada automáticamente por el Estado danés a cualquier jubilado. Los ingresos finales dependen de la pensión pública, la trayectoria laboral, el ahorro ocupacional, los planes individuales y las circunstancias personales.

Lo relevante está debajo. Dinamarca ha construido durante décadas un sistema donde Estado, empresa y trabajador comparten la financiación y donde la edad de jubilación no permanece congelada mientras aumenta la longevidad. Suecia ha incorporado ajustes automáticos y Países Bajos ha acumulado un formidable colchón de ahorro profesional.

España ha elegido hasta ahora proteger con mucha intensidad el nivel de las pensiones presentes y reforzar los ingresos del sistema mediante nuevas cotizaciones y transferencias públicas. Es una decisión política legítima. Pero la factura demográfica continúa creciendo, y ocultarla bajo distintas columnas presupuestarias no hace que pese menos.

Los países del norte no han encontrado una manera indolora de pagar buenas pensiones. Han hecho algo bastante más prosaico: repartir el coste entre más fuentes, ahorrar durante décadas y adaptar las reglas cuando la población envejece. Menos magia nórdica, en definitiva, y bastante contabilidad.