España
Canarias impone multas de hasta 600.000 euros por rescates imprudentes
Canarias establece multas de hasta 600.000 euros por rescates provocados por imprudencias. Las sanciones dependen del peligro y los daños causados.
Resumen
- Canarias fija multas de hasta 600.000 euros por rescates debidos a imprudencias
- Las multas más altas exigen riesgo grave o daños para los rescatadores
- Las llamadas falsas al 112 también pueden recibir sanciones elevadas
Canarias ha estrenado un régimen sancionador que permite imponer multas de entre 100 y 600.000 euros a quienes provoquen la movilización de los servicios de rescate por imprudencia o negligencia. La normativa, en vigor desde el 12 de noviembre de 2026, afecta tanto a residentes como a turistas y contempla distintas sanciones según la gravedad de la conducta y el peligro generado para los equipos de emergencia.
Las multas más elevadas, de 100.001 a 600.000 euros, quedan reservadas para actuaciones especialmente graves que obliguen a intervenir a los equipos de rescate y supongan un riesgo grave o provoquen daños a los profesionales o a los medios utilizados. No significa que cualquier persona rescatada vaya a recibir una sanción. La Administración deberá acreditar una conducta imprudente o negligente y determinar su gravedad.
El cambio llega con el Decreto ley 8/2026, aprobado por el Gobierno de Canarias el 9 de noviembre y publicado dos días después en el Boletín Oficial de Canarias. La reforma incorpora por primera vez un régimen específico de infracciones y sanciones a la Ley del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias, de 2007.
La medida pretende responder a un problema recurrente en el archipiélago: las intervenciones originadas por comportamientos evitables que pueden comprometer la seguridad de los propios afectados y de quienes acuden a auxiliarlos. El nuevo sistema también sanciona las llamadas falsas al 112 y el incumplimiento de las instrucciones de las autoridades durante situaciones de emergencia.
Multas de 100 a 600.000 euros según la gravedad
La nueva legislación establece tres categorías de infracciones. La diferencia no depende simplemente del coste del rescate o de los recursos movilizados, sino del grado de negligencia y de las consecuencias que la actuación tenga para los servicios de emergencia.
Las infracciones leves, sancionadas con multas de 100 a 3.000 euros, comprenden las conductas imprudentes que obliguen a movilizar los servicios de rescate sin generar un peligro particular para los profesionales ni para los medios utilizados.
Las infracciones graves acarrean multas de 3.001 a 100.000 euros. Se aplican cuando una imprudencia simple o una negligencia leve provoca una intervención que pone en peligro a los efectivos de emergencia o los recursos empleados.
Las infracciones muy graves, castigadas con multas de 100.001 a 600.000 euros, corresponden a actuaciones de imprudencia o negligencia graves que provocan la movilización de los servicios y generan un riesgo grave o causan daños a los rescatadores o a los medios del operativo.
El riesgo para los rescatadores determina la sanción
Hay una distinción importante. La normativa permite considerar muy grave una imprudencia aunque finalmente nadie resulte herido. Basta con que concurran los requisitos legales, incluido un riesgo grave acreditado para el personal o los medios de intervención.
Tampoco significa que cualquier conducta peligrosa vaya a castigarse con 600.000 euros. Ese importe representa el máximo legal, reservado a los casos más graves.
La Administración deberá aplicar el principio de proporcionalidad y valorar las circunstancias concretas. Entre los factores que pueden atenuar una sanción figuran la colaboración para reducir sus consecuencias y la corrección diligente de las irregularidades.
Bañarse con bandera roja o acceder a zonas cerradas
Uno de los objetivos de la reforma es reducir los rescates relacionados con actividades recreativas en lugares peligrosos, donde las condiciones pueden cambiar rápidamente o donde existen restricciones de seguridad.
En Canarias, los accidentes en el mar, los barrancos y los senderos de montaña pueden exigir la intervención de bomberos, equipos especializados o helicópteros. Una operación que aparentemente afecta a una sola persona puede terminar exponiendo a varios profesionales a situaciones peligrosas.
El director general de Emergencias del Gobierno canario, Fernando Figuereo, ya había señalado en febrero de 2026 algunos comportamientos que justificaban la necesidad de establecer sanciones. Entre ellos, bañarse con bandera roja o acceder a zonas de baño expresamente cerradas.
La nueva legislación no contiene un catálogo cerrado de playas, rutas o actividades prohibidas. Lo que establece son conductas sancionables según las circunstancias y el riesgo ocasionado.
Por ejemplo, una persona que acceda a un sendero clausurado durante una alerta meteorológica podría enfrentarse a una sanción si desobedece una prohibición aplicable o provoca un rescate por imprudencia. La cuantía dependerá de la infracción acreditada, no simplemente del lugar donde haya ocurrido.
También hay una diferencia entre sufrir un accidente fortuito mientras se practica senderismo y necesitar auxilio después de ignorar deliberadamente una restricción de acceso. No todos los accidentes son imprudencias, ni todas las imprudencias tienen la misma gravedad.
La distinción resulta especialmente importante para los visitantes del archipiélago, que deben respetar las restricciones de acceso y las instrucciones de seguridad aunque desconozcan previamente el terreno.
Las llamadas falsas al 112 también pueden ser sancionadas
El régimen sancionador va más allá de los rescates. También incorpora infracciones relacionadas con el funcionamiento del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 112).
Una llamada que comunique deliberadamente una emergencia falsa podrá considerarse una infracción muy grave cuando perjudique la eficacia del servicio y obligue a reorganizar la atención o movilizar recursos innecesariamente.
Por su parte, las llamadas abusivas, insultantes, amenazadoras, jocosas o intrascendentes que perjudiquen el funcionamiento del 112 se consideran infracciones graves, con multas de hasta 100.000 euros.
La legislación también contempla sanciones por desobedecer órdenes, prohibiciones o instrucciones durante la activación de planes de protección civil. La gravedad dependerá del peligro generado y de las consecuencias para las personas, los bienes o los efectivos de emergencia.
Esta última previsión afecta a situaciones como los temporales, incendios forestales u otras emergencias en las que las autoridades ordenan desalojos, restricciones de acceso o medidas de protección.
La finalidad es evitar que el incumplimiento de las instrucciones oficiales agrave una situación de peligro y obligue a destinar recursos a incidentes que podrían haberse evitado.
Descuentos del 50% y procedimientos para imponer multas
La nueva normativa también regula cómo se tramitan las sanciones y establece una posibilidad de reducción económica para determinadas infracciones.
En los casos leves y graves, cuando la sanción tenga exclusivamente carácter económico, el pago voluntario antes de la resolución del procedimiento permite reducir un 50% el importe propuesto. El abono pone fin al expediente.
Esta reducción no se aplica a las infracciones muy graves. Por tanto, las sanciones comprendidas entre 100.001 y 600.000 euros quedan excluidas del descuento.
Los procedimientos sancionadores deberán tramitarse con las garantías administrativas correspondientes. El plazo máximo para notificar la resolución es de 12 meses desde el inicio del expediente.
La competencia para imponer las multas dependerá de la administración responsable de la emergencia. Cuando corresponda al Gobierno autonómico, actuarán los órganos que determine la normativa de la consejería competente. En los ámbitos municipales o insulares podrán intervenir las autoridades correspondientes, según sus competencias.
El decreto también establece el destino de la recaudación: el dinero obtenido mediante las sanciones deberá emplearse en mejorar y equipar los servicios de protección civil y emergencias.
No se trata, por tanto, de ingresos de libre disposición, sino de fondos vinculados legalmente al propio sistema de emergencias.
La asistencia en una emergencia sigue siendo prioritaria
La entrada en vigor de estas multas introduce una distinción que conviene tener presente: una sanción administrativa no equivale a la factura de un rescate.
Los 600.000 euros no representan el precio de un helicóptero ni una tarifa establecida para movilizar un dispositivo. Son el límite máximo de una multa por una infracción muy grave. Los posibles costes o tasas de determinados servicios de rescate constituyen una cuestión diferente, sujeta a su propia regulación.
La nueva norma tampoco establece una multa automática para cualquiera que necesite ayuda. Exige acreditar una conducta tipificada como infracción, con las circunstancias previstas para cada nivel de gravedad.
Canarias dispone así de un instrumento jurídico para actuar contra comportamientos que pueden poner en peligro a los ciudadanos y a los equipos encargados de protegerlos. Su aplicación deberá distinguir entre accidentes inevitables, errores de escasa gravedad e imprudencias que comprometen seriamente la seguridad.
Pedir ayuda al 112 ante una emergencia real sigue siendo lo correcto. La obligación de atender a quienes están en peligro no desaparece con el nuevo régimen sancionador. Lo que cambia es la posibilidad de exigir responsabilidades cuando una imprudencia acreditada obliga a poner en marcha un rescate.
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