El 36 % de los municipios de Colombia, en alerta por grupos armados

Colombia afronta el décimo aniversario de su histórico acuerdo de paz con las FARC con una realidad preocupante: el 36 % de sus municipios permanece bajo alertas por la actividad de grupos armados ilegales y organizaciones criminales. La Defensoría del Pueblo ha advertido de que la violencia sigue amenazando a cientos de comunidades, pese a los avances alcanzados desde la desmovilización de la antigua guerrilla.

El balance, difundido este 11 de noviembre de 2026, identifica 396 municipios en situación de riesgo, distribuidos por los 32 departamentos colombianos. Las cifras forman parte del informe elaborado por la institución para evaluar los diez años transcurridos desde la firma del acuerdo de paz, el 24 de noviembre de 2016.

El documento refleja una contradicción que Colombia todavía no ha conseguido resolver. La desaparición de las FARC como organización guerrillera permitió cerrar una etapa histórica del conflicto armado, pero no eliminó las estructuras violentas ni las disputas territoriales en amplias zonas rurales. En algunos territorios, el espacio dejado por la antigua guerrilla terminó ocupado por otros actores armados.

La consecuencia es que miles de ciudadanos siguen expuestos a amenazas, desplazamientos forzosos, restricciones de movilidad y ataques contra dirigentes sociales. Diez años después, la paz ha avanzado en el terreno institucional, aunque su aplicación efectiva continúa encontrando importantes obstáculos.

Las alertas por violencia armada afectan a toda Colombia

Según los datos recopilados hasta el 31 de julio de 2026, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo mantenía 120 alertas territoriales activas y dos de alcance nacional. Las advertencias identificaban riesgos en 396 municipios y 15 territorios indígenas.

Estas alertas tempranas permiten detectar situaciones que podrían desembocar en vulneraciones de los derechos humanos. No significan necesariamente que todos los municipios afectados estén controlados por organizaciones criminales, sino que existen amenazas suficientemente relevantes como para requerir medidas preventivas.

El dato resulta especialmente significativo por su extensión geográfica. Los 32 departamentos del país presentan riesgos identificados, lo que confirma que la violencia organizada no constituye un problema exclusivamente localizado en unas pocas regiones.

La situación es particularmente delicada en determinadas zonas rurales, donde la presencia institucional es limitada y diferentes organizaciones compiten por controlar territorios, rutas estratégicas y actividades económicas ilegales.

El Clan del Golfo y las disidencias de las FARC amplían su presencia

El informe también permite identificar a algunos de los principales protagonistas de la violencia armada en Colombia.

El Clan del Golfo, organización criminal de origen paramilitar, registra presencia en 468 municipios. Se trata de una de las estructuras armadas con mayor capacidad de expansión territorial del país.

Por su parte, aproximadamente cinco organizaciones disidentes de las antiguas FARC mantienen una presencia permanente o intermitente en 372 municipios colombianos.

Estas cifras no deben confundirse con los 396 municipios incluidos en las alertas tempranas. Los datos sobre presencia de organizaciones armadas y los correspondientes a riesgos oficialmente advertidos miden realidades distintas. Tampoco pueden sumarse, ya que diferentes grupos pueden actuar en un mismo territorio.

A este escenario se añade la actividad del Ejército de Liberación Nacional (ELN), implicado en disputas territoriales con otras organizaciones, especialmente en regiones donde confluyen distintas estructuras armadas.

La fragmentación del conflicto constituye uno de los grandes problemas de seguridad. Ya no existe una única organización insurgente con la dimensión que alcanzaron las FARC antes de 2016, sino una combinación de guerrillas, disidencias y redes criminales con intereses y ámbitos de actuación diferentes.

Más de 500 excombatientes asesinados desde el acuerdo de paz

El deterioro de la seguridad también afecta directamente a quienes abandonaron las armas para incorporarse a la vida civil.

La Defensoría del Pueblo contabiliza 521 antiguos combatientes firmantes del acuerdo de paz asesinados desde 2016. Solo durante 2025, los homicidios de integrantes de este colectivo aumentaron un 38,5 % respecto al año anterior.

La violencia contra los defensores de los derechos humanos presenta un balance igualmente grave. Entre enero de 2016 y junio de 2026, la institución registró 1.743 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos.

Estos ataques no solo representan pérdidas humanas. También dificultan la participación política, debilitan las organizaciones comunitarias y generan temor entre quienes trabajan para defender los derechos de las poblaciones afectadas.

El desplazamiento forzoso sigue aumentando

La evolución de los desplazamientos masivos permite comprender la dimensión humanitaria del problema.

En 2017, Colombia registró 12.841 personas afectadas por desplazamientos masivos. En 2025, esa cifra había aumentado hasta 107.924 personas, según el seguimiento de la Defensoría.

Los confinamientos, situaciones en las que la violencia impide a las comunidades desplazarse libremente o salir de sus territorios, también experimentaron un fuerte incremento: de 18.603 personas afectadas en 2017 a 128.825 en 2025.

Departamentos como Nariño, Norte de Santander, Chocó y Cauca figuran entre los territorios con mayores afectaciones.

Detrás de estos números existen comunidades obligadas a abandonar sus hogares, familias que pierden sus medios de subsistencia y poblaciones que ven restringido el acceso a servicios básicos.

La respuesta del Estado sigue siendo insuficiente

La Defensoría reconoce que Colombia dispone de mejores mecanismos institucionales para identificar amenazas que hace una década. Sin embargo, detectar un riesgo no garantiza que las autoridades consigan impedir sus consecuencias.

El Índice de Respuesta Estatal, utilizado para medir el cumplimiento de las recomendaciones incluidas en las alertas tempranas, alcanzó un resultado global del 57,14 %.

El apartado de prevención y protección obtuvo un cumplimiento todavía menor, del 51,57 %. Es precisamente uno de los ámbitos más importantes para evitar ataques contra la población civil.

El organismo identifica problemas de coordinación entre administraciones, competencias dispersas y capacidades insuficientes en determinados territorios.

Entre sus recomendaciones figura reforzar los mecanismos de actuación rápida y mejorar la coordinación institucional para que las advertencias se traduzcan en medidas concretas de seguridad.

La protección de los antiguos guerrilleros reincorporados constituye otra prioridad. Actualmente, 10.943 personas continúan vinculadas al proceso de reincorporación, aproximadamente el 76 % de quienes fueron acreditados tras el acuerdo.

El balance también recoge avances: se han desarrollado 6.206 proyectos productivos individuales y colectivos para facilitar su integración económica y social. No obstante, garantizar su seguridad sigue siendo una condición imprescindible para mantener esos resultados.

Diez años después, la paz sigue pendiente en los territorios

El acuerdo firmado en Bogotá en noviembre de 2016 supuso un cambio histórico. Más de 14.100 integrantes de las FARC dejaron las armas durante el proceso de desmovilización, y la organización desapareció como estructura guerrillera para iniciar su transformación política.

Desde entonces, Colombia ha avanzado en la creación de instituciones, programas de desarrollo rural y mecanismos de justicia y reparación.

En las zonas rurales de los municipios incluidos en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, la pobreza multidimensional descendió del 47,2 % en 2018 al 26,1 % en 2025. Es uno de los resultados positivos que recoge la evaluación.

Sin embargo, las dificultades para reparar a las víctimas siguen siendo importantes. De los 1.367 sujetos de reparación colectiva reconocidos, únicamente 63 habían completado sus planes, equivalentes al 4,6 % del total.

El desafío colombiano va mucho más allá de conseguir que las organizaciones armadas abandonen sus actividades. También implica garantizar seguridad, oportunidades económicas, acceso a servicios públicos y una presencia efectiva de las instituciones en regiones históricamente desatendidas.

La advertencia sobre el 36 % de los municipios evidencia precisamente esa distancia entre los compromisos institucionales y las condiciones reales de numerosas comunidades.

El acuerdo de 2016 consiguió poner fin al conflicto con las FARC como organización armada, pero no a toda la violencia que sufría Colombia. Una década después, el país conserva los avances de aquel proceso y afronta una obligación todavía pendiente: conseguir que la paz sea una realidad cotidiana también en los territorios donde los grupos armados continúan imponiendo el miedo.