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Economía

Sánchez promete gravar a fondos y grandes tenedores si gana el 29N

Pedro Sánchez propone elevar los impuestos a los fondos de inversión y grandes tenedores con viviendas vacías, turísticas o alquileres abusivos.

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impuestos a fondos y grandes tenedores

Resumen

  • Sánchez promete gravar a fondos y grandes tenedores si gana el 29N
  • Afectaría a pisos vacíos, turísticos y alquileres considerados abusivos
  • El impuesto aún no tiene tipos definidos ni ha sido aprobado

Pedro Sánchez ha prometido este domingo, 15 de noviembre, nuevos impuestos para los fondos de inversión y los grandes propietarios de viviendas si consigue continuar al frente del Gobierno tras las elecciones generales del 29 de noviembre. La medida afectaría a quienes mantengan pisos vacíos, los destinen al alquiler turístico o los ofrezcan a precios que el PSOE considera abusivos.

El compromiso forma parte del programa electoral socialista para el 29N, que plantea crear un impuesto progresivo sobre determinadas viviendas de grandes tenedores y fondos inmobiliarios. El objetivo declarado es penalizar la acumulación especulativa de inmuebles y favorecer su incorporación al mercado del alquiler residencial asequible.

Sánchez ha anunciado la propuesta durante un mitin celebrado en Alcorcón (Madrid), donde ha presentado varias de las medidas con las que aspira a renovar su mandato. La vivienda se ha convertido en uno de los principales ejes de su campaña, especialmente por las dificultades de acceso al alquiler que afectan a jóvenes y familias.

El anuncio supone una nueva apuesta por utilizar la fiscalidad para intervenir en el mercado inmobiliario. Sin embargo, todavía no se han concretado los tipos impositivos ni los umbrales de aplicación. Se trata de una promesa electoral, no de una subida de impuestos aprobada.

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Un nuevo impuesto para las viviendas vacías y los alquileres abusivos

La propuesta recogida en el programa del PSOE contempla un impuesto progresivo contra la especulación inmobiliaria, dirigido a las viviendas de grandes propietarios y fondos de inversión que no se destinen al alquiler residencial asequible.

El planteamiento incluye tres situaciones: inmuebles que permanezcan desocupados, viviendas explotadas como alojamientos turísticos y pisos ofrecidos en alquiler a precios considerados abusivos.

La intención del partido es que mantener una vivienda fuera del mercado residencial asequible resulte fiscalmente menos atractivo para los grandes operadores inmobiliarios.

El programa también propone reforzar las limitaciones a la compra de viviendas por parte de fondos especulativos. Sánchez pretende combinar así los nuevos gravámenes con restricciones destinadas a reducir la acumulación de propiedades con fines de inversión.

Qué propietarios tendrían que pagar más impuestos

La medida apunta expresamente a fondos de inversión y grandes tenedores, no a todos los ciudadanos que poseen una segunda vivienda.

Por ejemplo, una sociedad inmobiliaria con numerosos pisos destinados al alquiler vacacional podría verse afectada por el nuevo gravamen. También un gran propietario que mantuviera viviendas vacías o las alquilase a precios superiores a los límites que estableciera la futura regulación.

Hay una diferencia importante: el programa socialista no determina todavía cuánto se pagaría por cada inmueble, cómo se calcularía el impuesto ni qué criterios concretos permitirían considerar abusiva una renta.

Tampoco especifica si el nuevo tributo utilizaría exactamente la definición de gran tenedor de la legislación vigente o introduciría otros requisitos.

Estos detalles serán decisivos para conocer su alcance real. No es lo mismo establecer un recargo reducido que aplicar una tributación considerable sobre determinadas propiedades.

En qué se diferencia de los impuestos que ya existen

España dispone actualmente de instrumentos fiscales para penalizar determinadas viviendas desocupadas.

La Ley de Vivienda de 2023 permite a los ayuntamientos aplicar recargos en el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) a determinadas viviendas residenciales vacías. En los supuestos previstos legalmente, esos recargos pueden alcanzar el 150 % de la cuota líquida.

No obstante, su aplicación depende de las condiciones establecidas en la normativa y de las decisiones municipales.

La propuesta anunciada por Sánchez sería distinta: pretende establecer un nuevo impuesto progresivo específicamente orientado a los inmuebles de grandes tenedores y fondos especulativos que no cumplan determinados requisitos de uso residencial y asequibilidad.

El PSOE también propone habilitar a los ayuntamientos para introducir un gravamen sobre las pernoctaciones en viviendas turísticas, respetando los tributos autonómicos existentes.

Se trataría de un instrumento diferente del impuesto sobre la propiedad inmobiliaria, ya que estaría relacionado con las estancias turísticas.

Más medidas para intervenir en el mercado del alquiler

La propuesta fiscal forma parte de un paquete más amplio de políticas de vivienda.

El programa socialista contempla ampliar la duración de los contratos de arrendamiento para ofrecer mayor estabilidad a los inquilinos y congelar temporalmente las rentas que superen los índices de referencia en los mercados tensionados.

También plantea actualizar las deducciones fiscales para los arrendatarios y mantener bonificaciones a los propietarios que reduzcan los precios del alquiler.

El partido apuesta igualmente por un sistema público de intermediación entre propietarios e inquilinos, inspirado en experiencias desarrolladas en el País Vasco. La intención es ofrecer garantías de cobro y protección frente a incidencias para facilitar que viviendas actualmente vacías se alquilen a precios asequibles.

Otra de las iniciativas consiste en crear un registro de precios de los contratos de alquiler y otro de fondos de inversión y sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (SOCIMI), con el propósito de mejorar la transparencia sobre los principales operadores del sector.

El conjunto de propuestas combina incentivos para quienes ofrecen alquileres asequibles con una mayor presión fiscal sobre los grandes propietarios que, según el PSOE, contribuyen a la especulación inmobiliaria.

Sánchez anuncia también nuevas prestaciones para las familias

El presidente ha aprovechado su intervención en Alcorcón para presentar otros compromisos sociales.

Entre ellos figura una nueva prestación de cuatro semanas en la Seguridad Social destinada al cuidado de hijos menores de ocho años.

Sánchez también ha anunciado su intención de incorporar al Código Civil la figura de la «unión de amistad», que permitiría reconocer jurídicamente determinadas relaciones de cuidados entre personas que no tienen vínculos familiares ni son pareja.

La propuesta busca dar cobertura legal a quienes decidan asumir compromisos mutuos de asistencia y cuidados por razones de amistad o convivencia.

En el ámbito económico, el candidato socialista se ha marcado como objetivo reducir la tasa de desempleo hasta el 8 % en 2030 y situar la brecha salarial en el 5 % para ese mismo año.

Durante el mitin también ha defendido la bandera española como símbolo constitucional y democrático y ha reclamado una amplia movilización electoral para conseguir una mayoría parlamentaria que permita al PSOE continuar gobernando.

Los nuevos impuestos dependerán del resultado del 29N

El anuncio llega en plena campaña electoral y sitúa nuevamente la vivienda en el centro del enfrentamiento político sobre las prioridades económicas y fiscales del próximo Gobierno.

La propuesta socialista plantea que los grandes operadores inmobiliarios soporten una mayor carga tributaria cuando sus viviendas no se destinen a usos residenciales asequibles. Pero su aprobación dependerá de la configuración del futuro Parlamento y de los apoyos necesarios para sacar adelante la correspondiente legislación.

Ningún nuevo impuesto anunciado este domingo entra automáticamente en vigor, ni existe todavía una tarifa que permita calcular cuánto pagarían los propietarios afectados.

El programa del PSOE sí define una orientación: incentivar el alquiler residencial asequible, penalizar determinados usos especulativos y reforzar la intervención pública en el mercado.

Queda por determinar cómo se traduciría esa propuesta en una norma concreta y, sobre todo, si conseguiría aumentar la oferta de viviendas a precios accesibles. Esa será la prueba de una medida con importantes consecuencias potenciales para el sector inmobiliario, pero que, de momento, sigue siendo un compromiso electoral.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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