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El juez Pedraz reserva los pagos del PSOE a abogados en el caso Leire

Pedraz incorpora a una pieza reservada los pagos del PSOE a abogados entre 2021 y 2025. El caso Leire Díez sigue abierto hasta junio de 2027.

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pagos del PSOE a abogados

Resumen

  • Pedraz reserva los pagos del PSOE a abogados entre 2021 y 2025
  • Solo la Fiscalía podrá acceder inicialmente a la documentación
  • La UCO investiga 43.225 euros que vincula a Leire Díez

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha incorporado a una pieza judicial reservada la documentación entregada por el PSOE sobre los contratos, encargos profesionales y pagos realizados a abogados y despachos jurídicos entre 2021 y 2025. La decisión, conocida este miércoles 18 de noviembre, se produce dentro de la investigación del caso Leire Díez, que examina las presuntas maniobras para obstaculizar procedimientos judiciales relacionados con el Partido Socialista, el Gobierno y el entorno de Pedro Sánchez.

El magistrado ha aceptado la petición del PSOE de mantener esta información bajo reserva y ha creado una «pieza separada reservada PSOE», a la que únicamente tendrá acceso la Fiscalía mientras se completa el análisis de los documentos. Los socialistas habían advertido de que los expedientes contienen información protegida por el secreto profesional y datos cuya divulgación podría perjudicar al partido en plena campaña electoral.

La resolución supone un nuevo avance en una investigación que trata de aclarar si determinados contratos de asesoramiento jurídico sirvieron realmente para pagar servicios profesionales o si algunos fueron utilizados para canalizar fondos hacia Leire Díez y otras personas investigadas.

La documentación ya está en manos del juzgado. Falta determinar qué revelan los contratos y las facturas sobre el destino del dinero.

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El PSOE entrega contratos y pagos de abogados de cinco años

La formación socialista ha remitido al juzgado la documentación sobre los servicios jurídicos contratados por sus distintos órganos entre 2021 y 2025, un periodo que comprende tanto la actividad de la dirección federal como la de las estructuras territoriales del partido.

El requerimiento judicial abarca la relación de profesionales y despachos contratados, los encargos realizados y los importes abonados durante esos cinco años. El objetivo es reconstruir las relaciones económicas que puedan resultar relevantes para la investigación.

El responsable jurídico del PSOE, Alberto Cachinero, había defendido la necesidad de examinar con cautela esta información por las obligaciones de confidencialidad que afectan a los profesionales de la abogacía.

La entrega responde a un requerimiento judicial que no se limitaba a los contratos vinculados directamente con Leire Díez. Pedraz había solicitado una relación completa de los encargos realizados a abogados, despachos y consultoras por los órganos centrales y territoriales del PSOE durante esos cinco años.

Con esa información, el juzgado podrá contrastar las operaciones investigadas con las prácticas habituales de contratación y pago de la organización.

Por qué Pedraz mantiene los pagos del PSOE bajo reserva

La decisión de restringir el acceso responde a una solicitud expresa del Partido Socialista.

En su escrito, la formación argumentó que parte de los documentos afecta al secreto profesional entre abogados y clientes, una garantía que protege las comunicaciones confidenciales, el asesoramiento jurídico y las estrategias de defensa.

El PSOE también planteó un segundo motivo: la posible repercusión pública de la documentación durante el actual proceso electoral.

Según advirtió al juzgado, una difusión parcial o fuera de contexto de los contratos podría provocar un perjuicio difícil de reparar, incluso mediante una rectificación posterior.

La petición fue aceptada por Pedraz mediante una providencia. De momento, solo la Fiscalía tendrá acceso a la documentación reservada mientras se completa su análisis.

Conviene distinguir dos cuestiones. La reserva judicial limita temporalmente el conocimiento de los documentos por otras partes del procedimiento, pero no implica que los pagos investigados sean irregulares ni que hayan quedado descartadas las sospechas sobre determinados contratos.

Tampoco supone la paralización de las diligencias. El juzgado conserva la documentación y puede seguir examinando su contenido para determinar su relevancia penal.

El juez había exigido los documentos al PSOE desde octubre

La entrega pone fin, al menos en esta fase, a varias semanas de discrepancias sobre el alcance de la información solicitada.

Pedraz reclamó inicialmente la documentación el 6 de octubre de 2026. El PSOE planteó entonces dudas sobre la compatibilidad del requerimiento con las obligaciones de confidencialidad de sus abogados y consultó al Consejo General de la Abogacía Española.

El magistrado rechazó que esa consulta pudiera suspender una diligencia judicial. El 23 de octubre concedió al partido 15 días adicionales para facilitar la información, sin supeditar el cumplimiento a actuaciones externas al procedimiento.

La resolución también establecía que cualquier invocación del secreto profesional debía justificarse de manera individualizada, identificando los documentos afectados y las razones jurídicas concretas.

No bastaba, por tanto, con alegar de forma general que todos los contratos estaban protegidos por la confidencialidad.

Finalmente, el PSOE ha presentado la información solicitada, aunque ha conseguido que su examen se desarrolle inicialmente bajo reserva judicial.

Los 43.225 euros que la UCO relaciona con Leire Díez

La investigación sobre los pagos tiene un antecedente especialmente relevante. En julio, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil remitió a Pedraz un informe en el que identificaba transferencias por un total de 43.225 euros recibidas por Leire Díez a través de sociedades intermediarias.

Según los investigadores, el dinero tendría su origen en fondos del PSOE, aunque la atribución de posibles responsabilidades penales continúa pendiente de las comprobaciones judiciales.

Los agentes identificaron cuatro transferencias de 4.000 euros cada una procedentes de Zaño Sociedad Consultora, vinculada al exdirigente socialista Gaspar Zarrías.

La UCO también documentó otros 27.225 euros recibidos por Díez de Oliver Gruppe, una empresa relacionada con el abogado Ismael Oliver, a través de una estructura societaria que los investigadores conectan con pagos del partido.

La sospecha policial es que determinados encargos profesionales pudieron utilizarse para justificar desembolsos cuyo destinatario final no coincidía necesariamente con el servicio facturado.

Se trata, en cualquier caso, de una hipótesis de investigación, no de una conclusión judicial definitiva sobre la existencia de delitos.

Santos Cerdán y los abogados investigados

Las pesquisas también alcanzan al exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán y a varios profesionales que mantuvieron relaciones contractuales con el partido.

Entre ellos figuran Jacobo Teijelo, abogado de Cerdán, e Ismael Oliver, que ejerció anteriormente la defensa del exasesor ministerial Koldo García.

En septiembre, la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, declaró como investigada ante Pedraz que las contrataciones de estos profesionales habían sido encargadas por Santos Cerdán.

Fuentes explicó que autorizaba el pago de las facturas una vez que el entonces responsable de Organización confirmaba la prestación de los servicios. También negó haber conocido o tratado con Leire Díez.

La gerente defendió que los abogados habían sido contratados para reforzar la asistencia jurídica del partido y que los servicios de la consultora vinculada a Zarrías respondían a necesidades electorales.

Oliver, por su parte, ha rechazado que sus pagos a Díez constituyeran una vía de financiación encubierta. Durante su declaración ofreció una explicación alternativa sobre el origen de esos desembolsos y los trabajos profesionales a los que, según su versión, respondían.

El juzgado deberá contrastar estas explicaciones con las facturas, los movimientos bancarios y la documentación incorporada a la causa.

El caso Leire continuará investigándose hasta junio de 2027

La decisión sobre los pagos llega después de que Pedraz acordara, el pasado 3 de noviembre, prorrogar seis meses la instrucción judicial ante la complejidad de las pesquisas.

El nuevo periodo comenzará el 10 de diciembre de 2026 y se extenderá hasta el 10 de junio de 2027, sin perjuicio de posibles ampliaciones posteriores.

La Audiencia Nacional todavía tiene pendientes numerosas diligencias, entre ellas declaraciones de investigados y el análisis del material intervenido durante los registros practicados en mayo, incluido el realizado en la sede del PSOE de la calle Ferraz, en Madrid.

El procedimiento investiga la posible existencia de una estructura organizada para interferir en actuaciones judiciales que afectaban al partido, al Gobierno o al entorno familiar del presidente.

Entre las personas investigadas figuran Leire Díez, Santos Cerdán, Gaspar Zarrías y varios responsables o antiguos responsables vinculados a la organización socialista.

Ninguna de estas imputaciones supone por sí misma una declaración de culpabilidad. La investigación continúa en fase de instrucción y las responsabilidades penales, si las hubiera, deberán determinarse mediante las correspondientes resoluciones judiciales.

El destino del dinero sigue siendo el principal asunto pendiente

La incorporación de los contratos y pagos permite a Pedraz avanzar en una parte esencial del caso: establecer si los servicios jurídicos facturados al PSOE se prestaron efectivamente y si los importes abonados se corresponden con los trabajos encargados.

También deberá aclararse si los pagos identificados por la Guardia Civil a través de sociedades intermediarias formaban parte de operaciones profesionales legítimas o encubrían una financiación destinada a otros fines.

La reserva judicial protege por el momento el contenido de la documentación entregada, pero no despeja ninguna de esas cuestiones.

El siguiente paso será contrastar los registros del PSOE con los movimientos de dinero y las declaraciones incorporadas al procedimiento. De ese análisis dependerá que las sospechas sobre los contratos se refuercen, se descarten o den lugar a nuevas diligencias.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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