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Moncloa frena el registro horario y la ayuda por crianza ante el 29-N

Moncloa aparca el registro horario y la prestación por crianza antes del 29-N. PSOE y Sumar mantienen el pulso tras aprobar las subidas salariales.

Publicado

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fase de trabajo del El Gobierno

Foto: Ministerio de la Presidencia, Gobierno de España / Wikimedia Commons (licencia de atribución).

Resumen

  • Moncloa no prevé aprobar el registro horario ni la ayuda por crianza
  • Yolanda Díaz presiona al PSOE para sacar adelante ambas medidas
  • El Gobierno sí ha aprobado subidas del SMI y de los funcionarios

El Gobierno de Pedro Sánchez no tiene previsto aprobar antes de las elecciones generales del 29 de noviembre dos de las medidas sociales que más insistentemente reclama Sumar: la reforma del registro horario y la prestación universal por crianza. La decisión mantiene abierto el enfrentamiento entre los socios de coalición, pese a que ambas iniciativas figuran en los programas electorales del PSOE y del Frente Amplio.

La Moncloa considera que la agenda de los dos últimos Consejos de Ministros, previstos para el 20 y el 24 de noviembre, ya está definida. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, sostiene, sin embargo, que las propuestas están preparadas y podrían aprobarse antes de las urnas si existiera voluntad política. El desacuerdo no está tanto en los objetivos como en cuándo convertirlos en normas.

La tensión ha quedado de manifiesto este martes, 17 de noviembre, después de una reunión del Consejo de Ministros en la que PSOE y Sumar sí han conseguido presentar una imagen de unidad. El Ejecutivo ha aprobado un incremento del 5,3 % del salario mínimo interprofesional (SMI) y una subida del 4,5 % de las retribuciones de los empleados públicos para 2027.

Son decisiones de considerable alcance económico que afectan, según las cifras del propio Gobierno, a unos 5,7 millones de trabajadores. Pero la coincidencia en materia salarial no ha servido para resolver las diferencias sobre otras reformas pendientes.

La paradoja política es evidente: PSOE y Sumar comparten propuestas de cara a la próxima legislatura, pero mantienen discrepancias sobre su aprobación cuando todavía gobiernan juntos.

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Yolanda Díaz presiona al PSOE para aprobar el registro horario

El principal enfrentamiento gira en torno a la reforma del registro de jornada laboral, una iniciativa que el Ministerio de Trabajo lleva meses intentando sacar adelante y que pretende reforzar el control efectivo de las horas trabajadas.

Díaz ha insistido en que el reglamento está terminado y preparado para recibir el visto bueno del Consejo de Ministros. Su malestar se ha intensificado después de comprobar que el PSOE ha incluido la medida en su programa electoral, pese a que hasta ahora no ha existido acuerdo dentro del Ejecutivo para aprobarla.

La vicepresidenta considera contradictorio aplazar una reforma que ambos espacios políticos presentan como necesaria. Durante su comparecencia de este martes, ha defendido que todavía quedan oportunidades para aprobarla antes de las elecciones.

El obstáculo es político. El reglamento del registro horario no necesita una votación de convalidación en el Congreso, a diferencia de los reales decretos-leyes. Su aprobación depende del acuerdo dentro del propio Gobierno.

La posición de La Moncloa es distinta. Fuentes del Ejecutivo han señalado que esta reforma no figura entre los asuntos previstos para las próximas reuniones ministeriales.

El contraste resulta especialmente llamativo porque el PSOE ha recuperado la propuesta como compromiso electoral. Díaz quiere que pase del programa al Boletín Oficial del Estado antes del 29-N. Los socialistas, por ahora, no están dispuestos a hacerlo.

La ayuda universal de 200 euros por hijo, también aplazada

La segunda discrepancia afecta a la prestación universal por crianza, una de las principales reivindicaciones del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy.

El Frente Amplio, la nueva plataforma electoral de la izquierda del PSOE, propone establecer una ayuda de 200 euros mensuales por cada menor. Su objetivo es reducir la pobreza infantil y aliviar los gastos asociados a la crianza.

El PSOE también ha incorporado una prestación universal para las familias en su programa electoral, aunque sin concretar una cuantía.

La coincidencia entre ambas formaciones ha llevado a Sumar a reclamar que la medida se apruebe inmediatamente. Díaz sostiene que existe margen político para sacarla adelante y que no tendría sentido esperar a una nueva legislatura.

La Moncloa discrepa. Según fuentes gubernamentales, la aprobación de una prestación de estas características requiere una evaluación presupuestaria que todavía no está disponible.

La diferencia es importante. Reconocer una ayuda universal supone establecer un gasto público recurrente cuya financiación debe quedar definida. Incluir la prestación en un programa electoral no equivale a tener aprobado el instrumento legal y presupuestario necesario para pagarla.

Por ahora, las familias no pueden solicitar esta nueva ayuda de 200 euros porque la prestación universal propuesta por el Frente Amplio no ha sido aprobada.

El enfrentamiento deja al descubierto una de las contradicciones habituales de los gobiernos de coalición: dos partidos pueden compartir una promesa y, aun así, discrepar sobre su alcance, su financiación o el momento oportuno para ponerla en marcha.

Los acuerdos que sí han salido del Consejo de Ministros

Las diferencias sobre el registro horario y las ayudas familiares contrastan con los acuerdos alcanzados este martes en materia salarial. El Ejecutivo ha dado luz verde a dos incrementos retributivos para 2027 que afectan tanto a trabajadores del sector privado como a empleados públicos. Una parte importante de la agenda económica del Gobierno sí ha conseguido superar las diferencias internas.

Salario mínimo de 1.286 euros en 2027

El nuevo salario mínimo interprofesional queda fijado en 1.286 euros brutos mensuales en 14 pagas, equivalentes a 18.004 euros anuales. La subida del 5,3 % entrará en vigor el 1 de enero de 2027 y beneficiará a unos 2,7 millones de trabajadores, según las estimaciones del Ejecutivo.

El Gobierno también ha aprobado una deducción en el IRPF para que quienes perciban el nuevo salario mínimo no soporten tributación por esa renta salarial. El alivio fiscal se extiende de forma decreciente a determinados ingresos de hasta 23.172 euros anuales. Esta modificación tributaria, aprobada mediante decreto ley, deberá superar la correspondiente convalidación parlamentaria.

La decisión ha provocado críticas de la patronal CEOE, que cuestiona la ausencia de una negociación como la desarrollada en ejercicios anteriores y considera que la aprobación está condicionada por la campaña electoral. Los sindicatos, por su parte, han valorado los incrementos del salario mínimo de los últimos años, aunque habían defendido una subida superior para 2027.

Los empleados públicos cobrarán un 4,5 % más

El segundo acuerdo establece un incremento salarial del 4,5 % para los empleados públicos a partir de enero de 2027. La medida alcanza a unos tres millones de trabajadores y forma parte del acuerdo plurianual alcanzado en 2025 con las organizaciones sindicales.

El pacto contempla una mejora salarial acumulada de hasta el 11 % entre 2025 y 2028. También prevé el abono de un 0,5 % adicional correspondiente a 2026, con efectos retroactivos desde enero de ese año, si se cumple la condición establecida sobre la evolución de la inflación.

El Consejo de Ministros ha aprobado igualmente medidas de transparencia salarial para reforzar el derecho de los trabajadores a conocer determinados datos retributivos y combatir las diferencias salariales injustificadas entre mujeres y hombres.

La aprobación de estas iniciativas permite al Ejecutivo exhibir acuerdos económicos de alcance nacional. Sin embargo, esa coincidencia no se ha extendido a todas las propuestas que PSOE y Sumar consideran prioritarias.

Dos últimos Consejos de Ministros antes de las elecciones

El calendario político deja poco margen para nuevas negociaciones. Tras la reunión del 17 de noviembre, el Gobierno tiene programados otros dos Consejos de Ministros antes del 29-N: uno extraordinario el viernes 20 y otro ordinario el martes 24.

La Moncloa prevé utilizar ambas citas para aprobar nuevas medidas sociales, aunque no ha detallado públicamente todas las iniciativas que podrían recibir luz verde. Lo que sí han trasladado fuentes del Ejecutivo es que el registro horario y la prestación por crianza no están incluidos en la agenda prevista.

La distinción entre los diferentes instrumentos normativos resulta relevante. Los reales decretos-leyes pueden entrar en vigor tras su publicación oficial, pero necesitan ser convalidados en un plazo de 30 días. Con las Cortes disueltas por las elecciones, esa tarea corresponde a la Diputación Permanente del Congreso.

Por el contrario, un reglamento aprobado mediante real decreto, como el previsto para reforzar el registro de jornada, no requiere esa convalidación. De ahí que Yolanda Díaz insista en que todavía existe una vía para aprobarlo sin esperar a la constitución de un nuevo Parlamento.

Promesas compartidas, plazos enfrentados

La disputa entre PSOE y Sumar refleja las dificultades de mantener una agenda común cuando los socios del Gobierno compiten por el mismo electorado. Ambos defienden medidas sociales similares, pero la campaña electoral del 29 de noviembre introduce diferencias sobre los tiempos, las prioridades y la responsabilidad política de cada iniciativa.

Para Sumar, aprobar el registro horario y la ayuda por crianza antes de las elecciones permitiría demostrar que sus propuestas pueden convertirse en derechos efectivos. Para el PSOE, ambas reformas pueden formar parte de los compromisos de una futura legislatura sin necesidad de incorporarlas a los últimos decretos del actual Ejecutivo.

La situación deja un balance desigual. El Gobierno ha conseguido aprobar subidas salariales relevantes para 2027, pero mantiene sin resolver dos reformas que sus propios socios consideran esenciales. Si no cambia la agenda de las próximas reuniones, el registro horario y la prestación universal por crianza llegarán al 29-N como promesas electorales, no como medidas aprobadas.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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