Las redadas de ICE agravan la escasez de obreros y retrasan obras

Las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) están agravando la escasez de trabajadores en la construcción de Estados Unidos. La ofensiva migratoria impulsada por el presidente Donald Trump está dejando a contratistas sin personal, provocando retrasos en proyectos y aumentando la presión sobre los costes de edificación. El problema afecta también a empleados con autorización para trabajar que, por temor a los operativos, han dejado de acudir a determinadas obras.

Las cifras muestran el alcance de esta situación. Según una encuesta de 2026 de la Asociación de Contratistas Generales de Estados Unidos (AGC), el 29 % de las empresas consultadas sufrió algún impacto directo o indirecto de las actuaciones migratorias durante los seis meses anteriores. El 42 % comunicó retrasos en sus proyectos por falta de trabajadores propios o de sus subcontratistas, aunque esas demoras no pueden atribuirse exclusivamente a las redadas.

Uno de los casos más significativos se encuentra en Atlanta, Georgia. Su área metropolitana perdió 5.100 empleos en la construcción entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, una caída del 5 % que representa la mayor pérdida absoluta entre las áreas metropolitanas analizadas por la AGC.

La situación refleja un problema que trasciende la política migratoria. Estados Unidos necesita profesionales para levantar viviendas, renovar edificios y ejecutar infraestructuras, pero las empresas encuentran cada vez más dificultades para cubrir determinados puestos. Las deportaciones, la salida voluntaria de inmigrantes y el temor a los controles están reduciendo todavía más la disponibilidad de personal en un mercado laboral que ya arrastraba carencias estructurales.

Atlanta, el ejemplo de una construcción que pierde trabajadores

Leo Cárdenas, un contratista venezolano establecido en Dunwoody, localidad situada al norte de Atlanta, ha perdido a todos los integrantes de su equipo durante los últimos meses. La mayoría regresó a sus países de origen, bien porque fueron deportados o porque decidieron marcharse ante el endurecimiento de la política migratoria estadounidense.

Entre quienes abandonaron el país se encuentra su padrastro, que también trabajaba con él. Cárdenas, padre de una niña pequeña, ha tenido que reorganizar su negocio para continuar trabajando sin la ayuda de su antigua plantilla.

Su situación resulta especialmente llamativa porque reside legalmente en Estados Unidos, pero teme verse involucrado en alguno de los operativos migratorios.

El contratista llegó incluso a vender su camioneta blanca de trabajo ante el temor de que ese vehículo llamase la atención de los agentes. Es una decisión que ilustra hasta qué punto la incertidumbre está condicionando la actividad cotidiana de pequeños empresarios.

Para una empresa de construcción de dimensiones reducidas, perder varios empleados puede significar algo más que retrasar un encargo. Supone reorganizar los trabajos, encontrar profesionales disponibles y asumir costes que no siempre es posible trasladar al cliente.

La Asociación Hispana de Constructores de Georgia (GHCA) advierte de que la falta de mano de obra está alargando los plazos y elevando los costes de los proyectos. Su directora ejecutiva, Gabriela Matute, recuerda que la construcción lleva décadas funcionando como una vía de acceso al empleo y al emprendimiento para numerosas familias inmigrantes.

Muchos de los actuales propietarios de empresas comenzaron trabajando como obreros. Con el tiempo adquirieron experiencia, formaron sus equipos y acabaron contratando a otros profesionales. La pérdida de esa mano de obra afecta, por tanto, tanto a trabajadores como a empresarios.

Casi un tercio de las constructoras acusa el impacto de ICE

La encuesta elaborada por la AGC y el Centro Nacional para la Educación e Investigación en Construcción (NCCER), con respuestas de 1.830 participantes de empresas del sector, permite dimensionar el problema.

El estudio, realizado entre julio y agosto de 2026, revela que el 87 % de las empresas encuestadas tenía vacantes para trabajadores de oficio, mientras que el 82 % necesitaba cubrir puestos asalariados.

Las operaciones migratorias aparecen entre las dificultades señaladas por las compañías. Un 6 % comunicó visitas de agentes de inmigración a sus instalaciones o lugares de trabajo. Otro 12 % indicó que algunos empleados habían abandonado sus puestos o no se habían presentado por actuaciones migratorias reales o rumores sobre posibles redadas.

Por su parte, el 16 % de las empresas declaró que sus subcontratistas habían perdido trabajadores como consecuencia de estas circunstancias. Los porcentajes corresponden a situaciones que pueden coincidir dentro de una misma compañía, por lo que no deben sumarse.

El impacto tampoco es homogéneo. En el sur de Estados Unidos, el 42 % de las empresas encuestadas señaló alguna consecuencia directa o indirecta de los controles migratorios. En el noreste, la proporción alcanzó el 37 %; en el oeste, el 22 %; y en el medio oeste, el 17 %.

El miedo también afecta a los trabajadores con papeles

Una de las consecuencias más relevantes es que el temor a las redadas no se limita a las personas en situación administrativa irregular.

La Asociación Hispana de Constructores de Georgia asegura que trabajadores con residencia o autorización legal, e incluso ciudadanos estadounidenses, han dejado de presentarse en algunas obras para evitar posibles encuentros con agentes de inmigración.

La Asociación Nacional de Constructores de Viviendas (NAHB) ha advertido de situaciones similares en otros mercados estadounidenses. Según la organización, el incremento de los controles ha disuadido de acudir al trabajo incluso a empleados que cuentan con permiso para ejercer su actividad.

Este efecto amplía las consecuencias económicas de los operativos. Una empresa puede perder personal aunque ninguno de sus trabajadores haya sido detenido directamente.

Conviene distinguir, no obstante, entre el impacto documentado de las actuaciones migratorias y otros problemas de contratación. No toda vacante ni todo retraso en una obra se debe a ICE. El sector también afronta dificultades para encontrar profesionales cualificados y una demanda muy desigual según el tipo de proyecto.

Uno de cada cuatro trabajadores de la construcción nació fuera de EE. UU.

La dependencia del sector respecto a la inmigración ayuda a explicar por qué las medidas de control tienen consecuencias tan visibles.

Según un análisis de la NAHB basado en datos del censo estadounidense, el 26,3 % de los trabajadores de la construcción había nacido en el extranjero en 2024, una proporción récord.

Entre los profesionales que desempeñan oficios directamente relacionados con las obras, el porcentaje es todavía mayor.

Los trabajadores inmigrantes representaban aproximadamente el 57 % de los instaladores de paneles de yeso y falsos techos, el 53 % de los techadores y otro 53 % de los pintores. También constituían una parte importante de los carpinteros y trabajadores generales de construcción.

Un análisis publicado en 2026 por el Centro Conjunto de Estudios sobre Vivienda de la Universidad de Harvard sitúa en el 35 % la proporción de trabajadores nacidos fuera de Estados Unidos entre quienes ejercían oficios de construcción en 2024.

El estudio señala que la población inmigrante explicó todo el crecimiento neto del empleo en estos oficios entre 2013 y 2024. Se trata de una transformación prolongada, anterior al regreso de Trump a la Casa Blanca.

Estos datos requieren una precisión importante: ser inmigrante no significa encontrarse en situación irregular. Las estadísticas sobre trabajadores nacidos en el extranjero incluyen a personas naturalizadas, residentes legales y empleados con distintos permisos de trabajo.

La construcción estadounidense no depende únicamente de la inmigración irregular. Depende, en una proporción considerable, de personas que llegaron de otros países y se incorporaron a su mercado laboral.

La escasez de obreros coincide con el auge de los centros de datos

Las redadas se producen en un momento complicado para las constructoras estadounidenses.

El encarecimiento de los materiales, los elevados tipos de interés y la incertidumbre sobre nuevas inversiones están llevando a promotores a aplazar o cancelar proyectos. Mientras tanto, la expansión de los centros de datos está absorbiendo parte de la mano de obra especializada disponible.

La AGC identifica esta competencia por los trabajadores como otro de los factores que explican la persistencia de las dificultades de contratación.

De hecho, entre las empresas encuestadas que habían participado en proyectos de centros de datos, el 58 % afirmó que estas instalaciones habían intensificado la competencia por encontrar profesionales cualificados.

El resultado es un mercado dividido. Mientras ciertas actividades relacionadas con instalaciones tecnológicas, energía e infraestructuras industriales mantienen una demanda elevada, la construcción residencial experimenta mayores dificultades.

Los datos de empleo publicados en noviembre confirman esa diferencia. En octubre de 2026, la construcción estadounidense contaba con unos 8,37 millones de trabajadores, 124.000 más que un año antes.

Sin embargo, la edificación residencial y sus empresas subcontratistas habían perdido 40.200 empleos durante esos doce meses, mientras que la construcción no residencial había sumado 164.600.

Por tanto, no se está produciendo un desplome general del empleo en toda la industria. Lo que existe es una combinación de escasez de profesionales en determinados oficios, retroceso de algunos proyectos y crecimiento de otros.

Menos trabajadores pueden traducirse en viviendas más caras

El encarecimiento de la construcción es una de las grandes preocupaciones del sector.

Cuando una empresa no encuentra suficientes albañiles, carpinteros, instaladores o especialistas en acabados, resulta más difícil mantener el calendario previsto. Los retrasos pueden incrementar los gastos financieros, los costes laborales y el tiempo durante el que el promotor mantiene inmovilizada su inversión.

La NAHB calcula que Estados Unidos necesita alrededor de 300.000 trabajadores adicionales en la construcción. La organización estima que la escasez de profesionales cualificados añade, de media, dos meses a los plazos de edificación de viviendas.

También calcula que esa falta estructural de personal reduce la producción anual en unas 19.000 viviendas y supone alrededor de 10.000 millones de dólares en costes y producción perdida.

Son estimaciones sobre el conjunto de la escasez laboral, no una cuantificación del daño causado exclusivamente por las redadas migratorias. La distinción entre ambas causas es importante para comprender el verdadero alcance del problema.

La asociación de constructores sostiene que el país arrastra, además, un déficit aproximado de 1,2 millones de viviendas. En ese contexto, cualquier dificultad adicional para contratar personal puede complicar la ampliación de la oferta residencial.

El efecto sobre los precios no es necesariamente inmediato ni uniforme. Depende de la demanda local, de la financiación, del coste de los materiales y de la capacidad de las empresas para absorber los gastos. Pero una construcción más lenta y costosa dificulta que aumente la disponibilidad de vivienda asequible.

El reto de controlar la inmigración sin frenar la construcción

Las principales organizaciones empresariales estadounidenses no plantean la contratación de trabajadores extranjeros como única solución.

La AGC y la NAHB defienden reforzar la formación profesional, atraer a más estadounidenses hacia los oficios de construcción y ampliar las vías legales que permitan contratar empleados cuando no exista suficiente mano de obra nacional disponible.

También reclaman mayor claridad en las actuaciones migratorias y procedimientos que eviten perjudicar a trabajadores con autorización para permanecer y trabajar en el país.

La cuestión de fondo es económica, además de migratoria. Estados Unidos necesita ampliar su capacidad para construir viviendas e infraestructuras, pero buena parte de los profesionales que sostienen esas actividades han nacido fuera de sus fronteras.

El Gobierno de Trump mantiene una política de endurecimiento del control migratorio, mientras los empresarios advierten de que las deportaciones y el temor a nuevas operaciones están dificultando la contratación en numerosas obras.

La experiencia de Atlanta muestra las consecuencias de esa tensión: contratistas que pierden sus equipos, trabajadores que dejan de acudir a sus puestos y proyectos que se enfrentan a mayores dificultades para salir adelante.

Controlar la inmigración y garantizar el cumplimiento de la ley son objetivos legítimos de cualquier Gobierno. La dificultad consiste en hacerlo sin desorganizar sectores que necesitan trabajadores.

Porque la escasez de mano de obra no se resuelve únicamente endureciendo las fronteras. Y cuando faltan quienes levantan los edificios, el problema termina llegando mucho más allá de las obras: a las empresas, a los compradores y a quienes siguen esperando una vivienda que puedan pagar.