El Hierro: Clavijo exige refuerzos y Torres anuncia nuevos recursos

El Hierro vive una emergencia migratoria que ha puesto al límite sus recursos de acogida, rescate y atención sanitaria, mientras el Gobierno de Canarias exige medidas inmediatas al Ejecutivo central y Madrid responde con nuevos anuncios. El presidente autonómico, Fernando Clavijo, reclama que se cumplan sin más demoras los compromisos adquiridos el pasado martes. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, promete más medios y una nueva reunión para el 17 de noviembre. Entretanto, el PP plantea incluso la intervención de la Armada para frenar la llegada de cayucos.

El cruce de declaraciones llega después de un sábado excepcionalmente intenso, con 1.580 personas rescatadas en aguas canarias, según el balance provisional difundido por EFE. La pequeña isla de El Hierro, que concentra buena parte de las llegadas, tiene que gestionar la asistencia inmediata, los traslados, la atención médica y la acumulación de embarcaciones en sus instalaciones portuarias. La prioridad ya no consiste únicamente en anunciar recursos, sino en conseguir que lleguen y funcionen cuando se necesitan.

La crisis se ha convertido también en un asunto de confrontación política, en plena campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. Clavijo reclama actuaciones, Torres defiende los esfuerzos del Estado y Xavier García Albiol, candidato del PP por Barcelona, pide una respuesta militar. Tres mensajes distintos para una misma emergencia. Sobre el terreno, sin embargo, las necesidades son bastante más concretas: personal suficiente, instalaciones de acogida, asistencia sanitaria y capacidad para trasladar a las personas rescatadas fuera de la isla.

Una llegada récord de cayucos que desborda los recursos de El Hierro

El repunte migratorio de noviembre ha alcanzado unas dimensiones extraordinarias. Según los datos difundidos este domingo, más de 9.000 personas han llegado a El Hierro en 95 cayucos durante el mes, una presión especialmente difícil de gestionar para una isla de poco más de 12.000 habitantes.

El sábado 14 de noviembre marcó un récord de rescates en la ruta canaria. Los servicios de emergencia tuvieron que multiplicar las intervenciones para auxiliar a las personas que viajaban en embarcaciones precarias, algunas después de varios días de navegación por el Atlántico. El domingo continuaron las llegadas, sin que las autoridades pudieran dar por terminado el episodio.

El problema no se limita al desembarco. Cada llegada activa un dispositivo que necesita personal sanitario, equipos de identificación, alimentos, instalaciones y medios de transporte. Cuando las embarcaciones se suceden durante horas, los recursos disponibles deben atender simultáneamente a quienes acaban de llegar y a quienes todavía esperan su traslado.

La presión se concentra especialmente en La Restinga, el puerto del municipio de El Pinar que se ha convertido en uno de los principales puntos de recepción de migrantes de la ruta atlántica.

El ministro Ángel Víctor Torres ha cifrado en aproximadamente 27.000 las personas llegadas a Canarias durante 2026, de las que unas 17.000 habrían desembarcado en El Hierro. Aunque el total anual se mantiene por debajo del registrado en 2024, la concentración de llegadas en las últimas semanas está poniendo a prueba la capacidad de respuesta de las administraciones.

Clavijo exige que el Gobierno cumpla los acuerdos del 10 de noviembre

Fernando Clavijo ha elevado el tono de sus reclamaciones después de comprobar que la llegada de embarcaciones continúa mientras parte de los recursos extraordinarios comprometidos por el Estado todavía está pendiente de incorporarse.

El presidente canario ha contactado con los responsables de los ministerios del Interior, Política Territorial e Inclusión para exigir que se acelere la aplicación de las medidas aprobadas en la Comisión Interministerial de Inmigración celebrada el martes 10 de noviembre.

Aquella reunión terminó con la declaración de emergencia migratoria en Canarias y el compromiso de destinar 15,18 millones de euros adicionales a ampliar las plazas de acogida en centros estatales y facilitar los traslados entre islas y hacia la Península.

También se acordó una aportación extraordinaria de un millón de euros para Cruz Roja, destinada a reforzar la asistencia sanitaria y la primera atención de las personas migrantes.

El desacuerdo no está, al menos en estos momentos, en la existencia de esos compromisos. El conflicto gira alrededor de su ejecución y de la rapidez con la que se materializan.

Clavijo considera que los procedimientos administrativos no pueden convertirse en un obstáculo cuando las instalaciones y los profesionales de la isla están sometidos a semejante presión. Por eso reclama más personal, asistencia sanitaria y derivaciones inmediatas.

El presidente canario también ha informado del ofrecimiento de colaboración del lehendakari, Imanol Pradales, que ha puesto a disposición de Canarias los recursos de Euskadi que puedan resultar necesarios.

La cooperación entre comunidades constituye una de las posibles vías para aliviar la situación. Pero necesita coordinación y capacidad de acogida efectiva, no únicamente declaraciones de solidaridad.

Torres anuncia una tercera guardamar y otra reunión el martes

La respuesta del Ejecutivo central ha llegado este mismo domingo durante la visita de Ángel Víctor Torres al puerto de La Restinga, acompañado por el presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas.

El ministro ha confirmado que Canarias contará con una tercera guardamar de Salvamento Marítimo, de manera que concentrará tres de las cinco embarcaciones de este tipo operativas en España.

La incorporación de la Guardamar Calíope estaba prevista inicialmente entre el domingo y el lunes, pero las condiciones meteorológicas y marítimas han retrasado su desplazamiento. La nueva previsión sitúa su llegada entre el lunes 16 y el martes 17 de noviembre.

Se trata de un refuerzo relevante para las operaciones de búsqueda y rescate, aunque no resuelve por sí mismo las dificultades de acogida que se producen después de cada desembarco.

Torres también ha convocado una nueva reunión de la Comisión Interministerial de Inmigración para el martes 17 de noviembre, a las 7.30 horas de Canarias, con el objetivo de evaluar las necesidades y adoptar medidas adicionales.

El titular de Política Territorial ha defendido que las administraciones mantienen una coordinación permanente y ha confirmado contactos con Pedro Sánchez, además de las conversaciones con el Gobierno autonómico.

El Ejecutivo estudia asimismo medidas económicas y sociales para compensar los efectos que la emergencia está teniendo sobre El Hierro, en colaboración con el Cabildo y el Gobierno de Canarias.

La urgencia de los traslados y la atención sanitaria

La situación de las instalaciones de acogida ofrece una imagen más precisa de las dificultades.

Según los datos facilitados este domingo por el presidente del Cabildo, 1.606 migrantes permanecían en instalaciones de acogida de El Hierro, distribuidos entre el Centro de Atención Temporal de Extranjeros, un polideportivo habilitado y los espacios asistenciales de Cruz Roja.

Alpidio Armas ha anunciado la previsión de trasladar fuera de la isla a unas 900 personas durante el domingo, con nuevas derivaciones programadas para el lunes.

Son operaciones fundamentales para evitar la acumulación de personas en instalaciones concebidas para una atención temporal. Su realización efectiva, y no únicamente su programación, determinará cuánto puede aliviarse la presión asistencial.

La saturación alcanza también al ámbito sanitario. Según los datos ofrecidos por Torres, aproximadamente diez de las treinta camas hospitalarias de El Hierro están ocupadas por personas migrantes.

El Gobierno canario ha planteado la posibilidad de instalar un hospital de campaña. Torres ha manifestado la disposición del Estado a colaborar económicamente y respaldar esa instalación si se acredita su necesidad y utilidad.

Hay otros problemas menos visibles, pero igualmente importantes. El Cabildo ha advertido de las dificultades para retirar los cayucos acumulados en La Restinga, agravadas por la avería de la grúa utilizada para sacar las embarcaciones del agua.

Armas también ha señalado las dificultades logísticas que afronta la isla y ha reclamado una mayor coordinación entre administraciones. Ha denunciado, además, que desconoce la cifra exacta de menores migrantes presentes en El Hierro porque, según afirma, no recibe esa información del Gobierno autonómico.

La emergencia afecta, por tanto, a diferentes niveles administrativos y exige una respuesta que no puede atribuirse exclusivamente a una sola institución.

Albiol pide la intervención de la Armada para frenar los cayucos

Mientras Canarias reclama recursos asistenciales y Madrid anuncia refuerzos, el debate político ha incorporado una propuesta de naturaleza muy distinta.

El candidato del PP al Congreso por Barcelona y alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha pedido este domingo que intervenga la Armada española para impedir la llegada de nuevas embarcaciones con personas migrantes.

Durante una visita a Reus, en Tarragona, Albiol ha calificado la situación de «invasión de inmigración irregular» y ha defendido la utilización de medios militares en aguas próximas a Canarias.

Su propuesta se centra en actuar contra los supuestos barcos nodriza que, según sus declaraciones, estarían participando en el transporte de cayucos mediante redes organizadas de tráfico de personas.

No obstante, Albiol no ha aportado en esas declaraciones pruebas concretas que permitan verificar la intervención de tales embarcaciones en las llegadas registradas durante el fin de semana.

La propuesta introduce una diferencia importante respecto a los refuerzos anunciados por el Gobierno: la intervención de la Armada para controlar las llegadas no es equivalente al despliegue de medios de Salvamento Marítimo para rescatar personas.

Cualquier actuación de vigilancia, interceptación o control en el mar debe ajustarse al derecho nacional e internacional, incluidas las obligaciones de auxilio y las garantías aplicables a las personas que puedan necesitar protección internacional.

Torres ha recordado, precisamente, que las devoluciones requieren procedimientos individualizados y que no pueden ejecutarse automáticamente, puesto que entre los recién llegados puede haber solicitantes de protección internacional.

El ministro también ha confirmado que España mantendrá hasta diciembre el avión desplegado en Senegal para tareas de vigilancia y que trabaja con países africanos para reducir las salidas de embarcaciones.

Asimismo, ha señalado que continúa la tramitación de la solicitud española para desplegar efectivos de Frontex, la agencia europea de la Guardia de Fronteras y Costas, en países africanos.

El Hierro necesita resultados mientras continúa la emergencia

La sucesión de anuncios y reclamaciones deja una cuestión fundamental: las administraciones conocen desde hace días el alcance del repunte migratorio y han aprobado medidas extraordinarias, pero todavía queda trabajo para convertir todos esos compromisos en recursos disponibles.

El Gobierno central tiene competencias esenciales en materia de inmigración, control de fronteras y acogida de personas adultas. El Ejecutivo canario asume responsabilidades en ámbitos como la asistencia sanitaria y la protección de los menores migrantes no acompañados. El Cabildo y los ayuntamientos participan en la logística y en la respuesta local.

La distribución de competencias no elimina la obligación de coordinarse. Tampoco convierte las dificultades de una administración en una explicación suficiente para quienes necesitan asistencia inmediata.

En El Hierro, cada retraso tiene consecuencias prácticas: profesionales que prolongan su actividad, instalaciones sometidas a mayor presión, servicios sanitarios que deben reorganizarse y personas rescatadas que esperan ser trasladadas.

El esfuerzo de los equipos de emergencia y de la población local necesita una respuesta institucional proporcionada. La solidaridad de los vecinos no puede sustituir indefinidamente a los recursos públicos.

La reunión convocada para el martes 17 de noviembre permitirá comprobar si el Ejecutivo central decide ampliar los medios y acelerar las medidas ya acordadas. Antes, entre el lunes y el martes, está prevista la llegada de la nueva guardamar.

La evolución de los traslados y de la asistencia sanitaria será igualmente determinante para medir la eficacia de la respuesta.

Canarias no necesita elegir entre el control de las fronteras, la protección de las personas y el funcionamiento de sus servicios públicos. Son responsabilidades que deben abordarse de manera conjunta.

En plena campaña electoral, la crisis migratoria vuelve a ocupar titulares y discursos. Clavijo exige, Torres anuncia y Albiol reclama la Armada. Mientras tanto, El Hierro continúa recibiendo cayucos.

Y el calendario de las instituciones, por mucho que se acelere, no marca el ritmo de las llegadas.