El carné de conducir se atasca en España por falta de examinadores

Sacarse el carné de conducir en España se ha convertido en una carrera de obstáculos que no termina al aprobar los exámenes. En varias provincias, los aspirantes deben esperar entre cuatro y seis meses para avanzar en su formación o conseguir una fecha para la prueba práctica. El problema afecta a miles de ciudadanos y tiene un origen principal: la insuficiente capacidad de la Dirección General de Tráfico (DGT) para atender la demanda de exámenes en determinados territorios.

El cuello de botella está, sobre todo, en las pruebas prácticas, aunque la falta de profesores de autoescuela también provoca retrasos importantes. Cuando las jefaturas provinciales no disponen de suficientes examinadores, los centros reciben menos convocatorias de las que necesitan. Los alumnos se acumulan, las clases se espacian y el proceso para obtener el permiso B puede prolongarse durante muchos meses.

La situación no es uniforme. Mientras algunas provincias mantienen un funcionamiento relativamente normal, otras arrastran listas de espera que crecen incluso después de incorporar personal. Cataluña, la Comunidad Valenciana, Madrid y determinadas zonas de Andalucía figuran entre los territorios donde las autoescuelas han denunciado mayores dificultades.

El conflicto ha abierto, además, una discrepancia entre Tráfico y el sector. La DGT cuestiona las cifras de alumnos pendientes que difunden las asociaciones de autoescuelas porque considera que muchos todavía no están preparados para examinarse. Los profesionales responden que la escasez de convocatorias les impide organizar las clases y preparar a los aspirantes con normalidad.

Entre ambas posiciones hay un problema difícil de disimular: conseguir una fecha de examen se ha convertido, para numerosos alumnos, en una incertidumbre que no depende exclusivamente de su preparación.

Las provincias donde sacarse el carné puede llevar meses

La magnitud del atasco se aprecia especialmente en Cataluña. Según la Federació d’Autoescoles Catalanes, al finalizar septiembre de 2026 había 88.528 personas con el teórico aprobado pendientes de completar el proceso. Barcelona concentraba 66.926, seguida de Tarragona, Girona y Lleida.

Estas cifras no significan que todas las personas estén preparadas para examinarse inmediatamente. Incluyen aspirantes que todavía necesitan formación práctica. Sin embargo, reflejan el volumen de alumnos pendientes que permanece dentro de un sistema cuya capacidad de respuesta es objeto de controversia.

En la Comunidad Valenciana, la Federación de Autoescuelas situó en septiembre la bolsa de espera en unas 50.000 personas. Su presidente, Juan Carlos Muñoz, explicó que algunos aspirantes podían tardar entre cuatro y seis meses desde que aprobaban el teórico hasta que comenzaban las prácticas. Si después necesitan varios meses de formación o suspenden el primer examen, obtener el permiso puede llevar aproximadamente un año.

El problema tampoco se limita a las grandes ciudades. El 9 de noviembre, representantes de autoescuelas de León y El Bierzo denunciaron esperas de hasta cinco meses. Según los datos que trasladaron, la provincia disponía de tres examinadores cuando consideraban necesarios ocho para atender adecuadamente la demanda.

Hay excepciones que permiten entender mejor el funcionamiento del sistema. En Castellón, donde las doce plazas de examinadores estaban cubiertas en agosto, el principal obstáculo era otro: la falta de profesores de formación vial. La provincia acumulaba entonces 4.766 alumnos en espera, pese a que las convocatorias de examen funcionaban con mayor normalidad.

Es una diferencia importante. No todos los retrasos tienen la misma causa, y aplicar una única solución para toda España difícilmente resolverá los problemas de cada jefatura.

El verdadero cuello de botella está en la capacidad de examen

El sistema depende de una cadena de recursos que deben funcionar de forma coordinada. Las autoescuelas necesitan profesores y vehículos para formar a sus alumnos, mientras que la DGT debe proporcionar los examinadores y organizar las pruebas oficiales.

El problema aparece cuando el número de personas preparadas para examinarse supera las convocatorias disponibles. Cada examinador puede realizar una cantidad limitada de pruebas durante su jornada. Las bajas laborales, jubilaciones, vacantes y dificultades para cubrir determinados destinos pueden reducir todavía más esa capacidad.

La escasez de examinadores obliga a las autoescuelas a administrar las fechas disponibles. Algunos centros retrasan el inicio de las prácticas; otros las distribuyen durante más tiempo para intentar que el alumno termine su preparación cerca del día del examen.

La consecuencia es paradójica. Un estudiante puede estar dispuesto a pagar sus clases, contar con tiempo para conducir y tener aprobado el teórico, pero no disponer de una previsión fiable sobre cuándo podrá presentarse.

El sistema también se complica cuando aumenta el número de suspensos. Cada aspirante que necesita repetir la prueba vuelve a demandar una convocatoria, que se añade a las solicitudes de quienes todavía no se han examinado.

En provincias donde faltan profesores, el atasco comienza incluso antes. Una autoescuela puede tener alumnos matriculados y examinadores disponibles, pero carecer de personal suficiente para impartir las clases necesarias.

La DGT y las autoescuelas discrepan sobre las listas de espera

Uno de los aspectos más controvertidos es el número real de personas que esperan para obtener el permiso de conducir.

La DGT sostiene que las cifras divulgadas por algunas asociaciones provinciales mezclan dos situaciones diferentes: los alumnos que han aprobado el examen teórico y aquellos que ya han terminado su formación práctica y están preparados para presentarse.

Para comprobarlo, Tráfico puso en marcha en mayo de 2026 el Plan de Refuerzo Operativo de Exámenes (PRO), con convocatorias extraordinarias en varias provincias, algunas de ellas celebradas en sábado.

Los resultados difundidos en junio mostraron diferencias considerables. En Navarra se presentaron 275 aspirantes frente a una bolsa sectorial de más de 6.000 personas. En Lleida participaron 312, aunque las cifras manejadas por las autoescuelas hablaban de unos 5.000 alumnos en espera. En Almería acudieron 630 y en Palma de Mallorca, 407.

La DGT utilizó estos resultados para defender que la demanda inmediata de exámenes era muy inferior al volumen total de alumnos contabilizados en las listas.

Por qué las cifras no explican todo el problema

Las autoescuelas rechazan que esa comparación permita descartar la existencia de una falta de capacidad examinadora.

Su argumento es que los alumnos no pueden estar permanentemente preparados para una fecha que desconocen. La formación necesita planificación, disponibilidad de profesores, vehículos y tiempo para completar las prácticas. Un estudiante incluido en la bolsa general puede no estar listo para una convocatoria extraordinaria y, aun así, sufrir las consecuencias de los retrasos acumulados.

Ambas cuestiones pueden ser ciertas. No todos los alumnos pendientes están preparados para examinarse, pero eso tampoco demuestra que las jefaturas puedan atender sin demoras a quienes sí lo están.

La diferencia entre una bolsa de personas con el teórico aprobado y una lista de aspirantes preparados para el práctico resulta esencial. Sin datos homogéneos por provincias sobre los tiempos reales de espera, las vacantes y la capacidad de examen, es difícil medir con precisión dónde empieza la falta de personal y dónde termina el problema de organización.

Más examinadores y exámenes extraordinarios: las medidas de la DGT

La Oferta de Empleo Público de 2026 contempla 130 nuevas plazas de examinadores, de las que 120 corresponden al acceso libre y diez a promoción interna.

La Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) valoró positivamente la medida, aunque advirtió de que no bastaría por sí sola para eliminar los retrasos. Parte de las incorporaciones pueden destinarse a compensar jubilaciones y otras salidas, por lo que el aumento efectivo de plantilla será menor que el número de plazas ofertadas.

Tampoco es una solución inmediata. Para convertirse en examinador hay que superar un proceso selectivo y completar la formación específica de la DGT, que incluye un curso de seis semanas sobre evaluación de conductores, normativa y seguridad vial.

El Plan PRO constituye otra respuesta. Permite reforzar temporalmente las convocatorias, incluso durante los fines de semana, en las provincias donde Tráfico considera necesario ampliar la capacidad de examen.

En Cataluña se ha planteado una alternativa adicional. La Generalitat propuso estudiar que agentes de los Mossos d’Esquadra en segunda actividad puedan actuar como examinadores mediante una fórmula de colaboración administrativa. Se trata de una propuesta, no de una medida implantada.

Por su parte, la CNAE defiende estudiar sistemas concertados de evaluación, tomando como referencia experiencias de otros países europeos como Portugal. La patronal considera que incorporar personal acreditado y supervisado por la Administración permitiría responder con mayor flexibilidad a los periodos de elevada demanda.

Cualquier reforma deberá garantizar que los examinadores mantienen criterios independientes y homogéneos. Reducir las listas de espera no puede hacerse a costa de rebajar las exigencias de seguridad vial.

Cómo afectan los retrasos al precio del carné de conducir

El coste económico es una de las consecuencias menos visibles del atasco.

Cuando un alumno termina las prácticas y debe esperar varios meses para examinarse, puede necesitar clases adicionales para mantener la destreza. Si suspende, el proceso vuelve a alargarse y los gastos aumentan.

No existe un precio único del carné de conducir en España. Cada autoescuela establece sus tarifas de matrícula, formación y clases prácticas. La tasa oficial de la DGT para obtener un permiso ordinario es de 94,05 euros, según la información publicada por Tráfico, y no incluye el coste de la enseñanza.

Esa tasa permite dos convocatorias. Si el aspirante acumula dos suspensos, tanto si corresponden a la misma prueba como a exámenes diferentes, debe presentar una nueva solicitud y pagar otra tasa.

También hay un límite temporal importante: el examen teórico aprobado tiene una validez de dos años. Si el alumno no consigue completar las pruebas necesarias dentro de ese plazo, tendrá que volver a examinarse de las materias cuyo aprobado haya caducado.

Para quienes se encuentran en una provincia especialmente saturada, existe la posibilidad de cambiar de autoescuela y solicitar el traslado del expediente a otra jefatura de Tráfico. El aprobado del teórico conserva su validez, aunque conviene comprobar antes los tiempos de espera del nuevo destino y los posibles gastos de traslado.

Lo más recomendable antes de matricularse es conocer dos plazos distintos: cuánto se tarda en empezar las clases prácticas y cuánto suele transcurrir desde que el profesor considera preparado al alumno hasta que obtiene una convocatoria de examen. Son esperas diferentes, y ambas influyen en la duración total del proceso.

Un permiso imprescindible que necesita plazos razonables

Los retrasos para obtener el carné de conducir tienen consecuencias que van más allá de las molestias administrativas.

En municipios con escaso transporte público, disponer de un vehículo propio puede determinar el acceso a un empleo, un centro educativo o determinados servicios. Para algunos aspirantes, esperar meses supone aplazar una incorporación laboral o renunciar a oportunidades que requieren desplazamientos frecuentes.

Las autoescuelas también soportan las consecuencias. La incertidumbre dificulta organizar las clases, distribuir los recursos y mantener una actividad rentable. Los centros pequeños, con menor capacidad para absorber las demoras, pueden resultar especialmente perjudicados.

La situación exige algo más que convocar exámenes extraordinarios. Cubrir las vacantes, distribuir adecuadamente las plantillas, reforzar la disponibilidad de profesores y mejorar la planificación provincial permitiría actuar sobre los distintos factores que están frenando el sistema.

También sería necesario publicar periódicamente datos comparables sobre aspirantes preparados, convocatorias disponibles y tiempos medios de espera. Sin esa información, las cifras seguirán siendo objeto de disputa mientras los alumnos continúan esperando.

España dispone de un procedimiento exigente para comprobar que los futuros conductores están preparados. Y debe seguir siendo así. Pero garantizar la seguridad vial también implica contar con una Administración capaz de evaluar a los aspirantes dentro de unos plazos razonables.

Porque aprobar el carné debe depender de saber conducir, no de la provincia donde se vive ni de los meses que se pueda soportar una lista de espera.