Una comisión de la ONU acusa a Rusia de crímenes contra la humanidad

Una comisión internacional independiente creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha acusado este lunes, 26 de octubre de 2026, a Rusia de cometer crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad mediante ataques sistemáticos contra las infraestructuras energéticas de Ucrania. Los investigadores consideran que Moscú ha utilizado la destrucción de instalaciones esenciales para privar deliberadamente a millones de civiles de electricidad, calefacción, agua y otros servicios básicos.

El informe, presentado ante la Asamblea General de la ONU, también denuncia la participación de las autoridades rusas en redes de trata de personas procedentes de 29 países para incorporar hombres a su ejército mediante engaños y coacciones. Muchos fueron enviados al frente tras recibir falsas ofertas de empleo y algunos murieron, desaparecieron o terminaron capturados por las fuerzas ucranianas.

La investigación supone una nueva acusación de especial gravedad contra el Kremlin. No se limita a documentar los daños provocados por los bombardeos: sostiene que los ataques contra el sistema energético ucraniano responden a una política de Estado destinada a causar sufrimiento a la población civil. Esa intencionalidad es uno de los elementos fundamentales para calificarlos como crímenes contra la humanidad.

La comisión, constituida en marzo de 2022 tras el inicio de la invasión rusa a gran escala, actúa de manera independiente bajo el mandato del Consejo de Derechos Humanos. Sus conclusiones no equivalen a una sentencia judicial ni representan automáticamente una posición institucional de toda Naciones Unidas. Rusia no reconoce al organismo investigador.

Los ataques rusos contra la energía dejan a millones de civiles expuestos al frío

Los expertos han analizado las consecuencias de los ataques rusos contra centrales eléctricas, instalaciones de calefacción y redes de distribución, además de otras infraestructuras esenciales desde el otoño de 2022, prestando especial atención al invierno de 2025-2026.

Su conclusión es que la ofensiva ha empeorado progresivamente. Los bombardeos se han vuelto más frecuentes, intensos y extensos geográficamente, con operaciones coordinadas en las que se emplean cientos de drones y misiles.

Durante el último invierno, cuando las temperaturas descendieron hasta los 21 grados bajo cero, millones de ciudadanos ucranianos sufrieron interrupciones prolongadas del suministro eléctrico, del agua, del gas y de la calefacción.

Las consecuencias fueron especialmente graves para las personas mayores, los enfermos y quienes tienen dificultades de movilidad. Algunos residentes quedaron atrapados en edificios sin ascensores operativos, incapaces de acceder a refugios durante las alarmas aéreas o de recibir determinados cuidados médicos.

Las familias con niños también padecieron el deterioro de las condiciones de vida. La falta de calefacción en las viviendas y el cierre temporal de centros educativos durante las crisis energéticas afectaron a la salud y a la escolarización de los menores.

El problema, advierte la comisión, va bastante más allá de los apagones. La destrucción de estas instalaciones compromete simultáneamente servicios indispensables para la supervivencia de la población.

Una investigación basada en 255 testimonios

Para documentar las consecuencias de los ataques, los investigadores recogieron los testimonios de 255 personas que soportaron las duras condiciones del invierno en nueve regiones ucranianas, entre ellas Kiev, Járkov, Jersón, Odesa, Dnipró y Zaporiyia.

La comisión también examinó información facilitada por autoridades ucranianas, personal sanitario y organizaciones no gubernamentales.

Los testimonios describen viviendas sin calefacción durante largos periodos, dificultades para conseguir medicamentos, problemas de salud relacionados con el frío y un considerable deterioro psicológico.

Uno de los entrevistados, un hombre de 53 años residente en Kiev, explicó que trataba de mantenerse despierto por la noche ante el temor de morir de frío mientras dormía.

El presidente de la comisión, Erik Møse, ha advertido de que la nueva intensificación de los ataques, coincidiendo con la llegada de otra temporada de bajas temperaturas, plantea graves amenazas para la vida y la salud de los civiles.

La comisión identifica una política deliberada contra la población civil

La principal novedad del informe está en su valoración jurídica de los bombardeos.

Los investigadores sostienen que los mandos militares rusos conocían la importancia de las instalaciones energéticas atacadas para la supervivencia de los habitantes de grandes núcleos urbanos, especialmente durante el invierno.

También destacan que las autoridades rusas habían anunciado públicamente nuevos ataques y hecho referencia a planes para ejecutarlos.

A partir de las pruebas reunidas, la comisión concluye que Rusia cometió crímenes de guerra al dirigir intencionadamente ataques contra bienes civiles.

Pero su valoración va más lejos. Según el informe, la continuidad de los bombardeos y su finalidad de privar a los ciudadanos de servicios esenciales permiten identificar una política estatal dirigida a provocar sufrimientos graves.

Por ese motivo, los expertos califican determinadas actuaciones rusas como crímenes contra la humanidad en la modalidad de otros actos inhumanos.

La distinción es importante. No cualquier ataque contra una infraestructura energética constituye automáticamente un crimen de guerra: su legalidad depende, entre otros factores, de la naturaleza civil o militar del objetivo, la proporcionalidad y las precauciones adoptadas. En este caso, los investigadores consideran que las pruebas acreditan ataques deliberados contra bienes civiles y una estrategia más amplia contra la población.

Rusia, acusada de captar combatientes mediante trata de personas

El segundo gran apartado de la investigación revela un mecanismo de reclutamiento que, según la comisión, ha afectado a ciudadanos de 29 países.

Los investigadores aseguran haber encontrado pruebas convincentes de que las autoridades rusas participaron en operaciones de trata de personas, en coordinación con intermediarios y agencias establecidos en distintas regiones del mundo.

El procedimiento descrito comenzaba habitualmente con ofertas de trabajo civil en Rusia. Los intermediarios se presentaban como empresas legítimas, en ocasiones con supuesto respaldo gubernamental, y gestionaban visados, documentación y desplazamientos.

Una vez en territorio ruso, los hombres eran presionados para firmar contratos militares redactados en un idioma que muchos no comprendían.

En determinados casos, se les retiraban los pasaportes y los teléfonos, lo que dificultaba que pudieran abandonar el país o ponerse en contacto con sus familiares.

Posteriormente eran destinados a posiciones de combate en Ucrania y recibían misiones peligrosas. La comisión documenta casos de reclutas fallecidos, desaparecidos, heridos y capturados por las fuerzas ucranianas.

Esta práctica, subrayan los investigadores, constituye trata de personas y una vulneración del derecho internacional de los derechos humanos. Es una conclusión jurídica diferenciada de la calificación de crímenes contra la humanidad aplicada a los ataques energéticos.

El organismo reclama que todas las personas incorporadas al ejército ruso mediante estas redes sean liberadas de sus obligaciones militares.

Qué consecuencias puede tener la acusación para Moscú

La Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre Ucrania está integrada por Erik Møse, Pablo de Greiff y Vrinda Grover. Su misión consiste en investigar posibles vulneraciones de los derechos humanos, infracciones del derecho internacional humanitario y otros delitos relacionados con la invasión rusa.

Su trabajo permite recopilar testimonios, analizar responsabilidades y documentar conductas que podrían utilizarse en futuros procedimientos judiciales.

Sin embargo, la comisión no es un tribunal. No puede dictar condenas penales ni ordenar detenciones. Sus conclusiones tampoco deben confundirse con una resolución de la Corte Penal Internacional.

La falta de colaboración de Moscú constituye otra limitación. Las autoridades rusas no han facilitado a los investigadores el acceso necesario a determinados territorios ni han respondido a sus solicitudes de información.

El informe también examina ataques ucranianos contra infraestructuras energéticas situadas en Rusia y en territorios ocupados de Ucrania. No obstante, la comisión reconoce que no ha podido investigar suficientemente sus consecuencias debido a esas restricciones de acceso y a la falta de información.

La investigación, por tanto, no presenta sus conclusiones como una evaluación judicial definitiva de todas las actuaciones de ambos bandos.

Lo que sí establece es una acusación documentada sobre la naturaleza, la continuidad y los objetivos de las operaciones rusas contra instalaciones esenciales para la población civil.

Ucrania afronta otro invierno con su sistema energético bajo ataque

La presentación del informe coincide con un momento especialmente delicado para Ucrania. La proximidad del invierno de 2026-2027 vuelve a situar el suministro eléctrico y la calefacción entre las principales preocupaciones de la población.

Los ataques contra las infraestructuras energéticas no han cesado. La Misión de Vigilancia de los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ucrania documentó nuevos bombardeos durante octubre, incluidos ataques del 13 y 14 de octubre contra instalaciones eléctricas que afectaron a Kiev.

Según las autoridades ucranianas, aquella ofensiva dejó temporalmente sin electricidad a unas 600.000 personas en la capital.

El nuevo informe introduce un elemento especialmente relevante: los investigadores no consideran que las consecuencias humanitarias sean únicamente daños derivados de las operaciones militares, sino que identifican una voluntad deliberada de privar a los civiles de recursos indispensables.

La comisión reclama el fin de los ataques contra la población y los bienes civiles, así como medidas para garantizar la rendición de cuentas de los responsables.

Mientras tanto, el peligro inmediato sigue siendo el mismo para millones de ucranianos: afrontar otra temporada de frío con instalaciones dañadas, un suministro vulnerable y la posibilidad de nuevos bombardeos.

La acusación de crímenes contra la humanidad añade gravedad jurídica a una realidad que lleva años marcando la guerra: la destrucción de servicios básicos no termina cuando acaba un ataque. Sus efectos permanecen en los hogares, los hospitales y las ciudades mucho después de que hayan dejado de caer los misiles.