Santiago Peña se expone a 15 años de cárcel por el caso Ueno Bank

El expresidente de Paraguay Santiago Peña podría enfrentarse a una condena de hasta 15 años de prisión por su presunta implicación en el escándalo financiero de Ueno Bank. La Fiscalía paraguaya confirmó este miércoles, 11 de noviembre de 2026, que esa es la pena máxima contemplada para los delitos que actualmente se le atribuyen. El exmandatario permanece en prisión preventiva tras su destitución y posterior imputación.

La investigación trata de determinar si Peña intervino para favorecer la colocación de fondos públicos y de pensiones en Ueno Bank, una entidad financiera con la que había mantenido relaciones empresariales. El banco, intervenido por graves problemas de solvencia, llegó a concentrar alrededor de 800 millones de dólares procedentes de organismos estatales. Una cantidad que ha convertido su caída en una crisis política, judicial y económica de enormes proporciones.

El caso ya ha provocado la salida del presidente, la dimisión del máximo responsable del Banco Central de Paraguay y la apertura de procedimientos contra decenas de personas vinculadas a la entidad. Entretanto, miles de ciudadanos siguen pendientes de recuperar sus depósitos y las instituciones públicas intentan proteger recursos destinados al pago de jubilaciones, entre otras cosas.

La posibilidad de que Peña termine condenado a 15 años de cárcel supone un nuevo capítulo en una crisis que se ha desarrollado en apenas unos días. Conviene precisar, sin embargo, que no existe todavía una condena judicial. La cifra anunciada por los fiscales representa el límite de pena que podría imponerse si se acreditan los hechos investigados y se mantienen las actuales calificaciones penales.

Por qué Santiago Peña se enfrenta a una posible condena de 15 años

La fiscal Verónica Valdez explicó durante una comparecencia pública que la pena máxima aplicable al expresidente alcanza los 15 años debido a la concurrencia de varios presuntos delitos.

Peña está imputado por lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, como presunto autor. La primera figura penal está relacionada con actuaciones que perjudican intereses patrimoniales confiados a una persona. La segunda se refiere al posible aprovechamiento de funciones de administración para obtener un beneficio indebido.

El Ministerio Público considera que la concurrencia de ambas infracciones permite contemplar una pena superior a la que correspondería al análisis aislado de uno de los hechos. La duración definitiva de cualquier condena dependerá de las pruebas, de la calificación jurídica que finalmente se mantenga y de la decisión del tribunal competente.

El expresidente tiene 47 años y llegó al poder en agosto de 2023. Su situación judicial cambió radicalmente el pasado 7 de noviembre, cuando fue imputado formalmente y un juez ordenó su ingreso en prisión preventiva.

Los antiguos directivos de Ueno Bank también afrontan penas de cárcel

La investigación no se limita al antiguo jefe del Estado. Otras 27 personas relacionadas con Ueno Bank y empresas de su entorno están siendo investigadas, entre ellas ocho antiguos directivos de la entidad financiera.

El fiscal Francisco Cabrera señaló que, con las actuales imputaciones, los exresponsables del banco podrían enfrentarse a penas máximas de 12 años de prisión.

Las autoridades investigan posibles irregularidades en la gestión de recursos financieros, operaciones con empresas vinculadas al grupo y actuaciones que habrían contribuido al deterioro patrimonial de Ueno Bank.

La Fiscalía mantiene procedimientos diferenciados para investigar las actuaciones de los responsables empresariales y las presuntas responsabilidades del expresidente y de antiguos cargos públicos. No descarta ampliar las imputaciones si aparecen nuevas pruebas.

Los vínculos empresariales de Peña y los depósitos públicos

Uno de los aspectos centrales del caso es la relación que Santiago Peña mantuvo con el conglomerado empresarial propietario de Ueno Bank.

El expresidente había sido accionista de Ueno Holding, sociedad vinculada al Grupo Vázquez, propietario de distintas compañías financieras y tecnológicas. Según los antecedentes incorporados a la investigación, llegó a poseer una participación del 1,58 % en el capital de esa sociedad.

También figuran entre sus inversiones un certificado de depósito en Ueno Bank y un bono de la empresa Itti, perteneciente al mismo entorno empresarial.

La participación accionarial fue vendida en marzo de 2025, cuando Peña llevaba aproximadamente un año y medio al frente del Gobierno paraguayo.

La existencia de aquellas inversiones no constituye por sí misma un delito. Lo que investiga la Fiscalía es si el expresidente utilizó su posición institucional para favorecer al banco mientras mantenía intereses económicos relacionados con su grupo empresarial.

Los investigadores examinan decisiones adoptadas entre 2023 y 2026 relativas al depósito, renovación y mantenimiento de fondos públicos procedentes de instituciones estatales y fondos previsionales.

Entre las actuaciones analizadas figuran reuniones de Peña con responsables del Instituto de Previsión Social (IPS), organismo que administra buena parte de las pensiones y la cobertura sanitaria de los trabajadores paraguayos.

La defensa del exmandatario, encabezada por el abogado Ricardo Preda, rechaza que Peña ordenase directamente a los organismos públicos depositar dinero en la entidad. Sostiene que esas decisiones correspondían a los responsables técnicos y administrativos de cada institución y niega que su cliente tuviera participaciones directas en el banco.

El alcance de esas relaciones y la posible influencia del expresidente sobre las decisiones de inversión constituyen, precisamente, parte de los hechos que deberá esclarecer la Justicia.

La caída de Ueno Bank provocó la destitución del presidente

La crisis estalló cuando el Banco Central de Paraguay decidió iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank, anunciado públicamente el 3 de noviembre.

El organismo supervisor había constatado que el índice de solvencia de la entidad había descendido por debajo del 50 % del mínimo legal exigido, después de realizar ajustes en sus estados financieros durante un proceso de regularización.

La situación resultaba especialmente delicada por el tamaño que había alcanzado el banco. Ueno, convertido en entidad bancaria a finales de 2023, llegó a contar con aproximadamente 2,94 millones de clientes en un país de unos 6,1 millones de habitantes.

Su intervención desencadenó una crisis de confianza, restricciones para acceder a los ahorros y una creciente presión política sobre el Gobierno.

El Congreso abrió un procedimiento de juicio político contra Peña, acusado de mal desempeño de sus funciones. El viernes 6 de noviembre, el Senado aprobó su destitución y puso fin a su mandato.

La Presidencia pasó a manos de Pedro Alliana, hasta entonces vicepresidente del país.

Horas después de perder el cargo, Peña fue detenido. El sábado 7 de noviembre, el juez Humberto Otazú acordó su prisión preventiva para garantizar su sometimiento al procedimiento judicial.

El expresidente permanece bajo custodia en el Regimiento Guardia Presidencial, una instalación militar de Asunción, en lugar de una prisión ordinaria.

El magistrado justificó esa decisión por las especiales circunstancias de seguridad relacionadas con la información sensible a la que Peña había tenido acceso durante su etapa al frente del Estado.

Los 800 millones de dólares públicos comprometidos en Ueno Bank

Más allá de las posibles responsabilidades penales, la caída de Ueno Bank ha dejado un problema económico de gran magnitud.

Las estimaciones conocidas sitúan en torno a 800 millones de dólares los recursos públicos depositados en el banco antes de su intervención. Una parte especialmente importante corresponde a fondos de jubilaciones y pensiones.

El Instituto de Previsión Social presentó una denuncia contra los directivos de Ueno Bank y declaró mantener más de 516 millones de dólares en diferentes depósitos y cuentas de la entidad.

También se han identificado recursos procedentes del Ministerio de Economía y Finanzas, de fondos de jubilación vinculados al sector eléctrico y de Itaipú Binacional, la gran central hidroeléctrica compartida por Paraguay y Brasil.

Itaipú comunicó que mantenía cerca de 183 millones de dólares en Ueno Bank cuando comenzó la crisis.

Estas cifras reflejan la exposición financiera de las instituciones públicas, pero no significan que todo ese dinero se haya perdido definitivamente. La recuperación dependerá del procedimiento de resolución, de los activos disponibles y de las medidas que adopten las autoridades.

El nuevo presidente, Pedro Alliana, ha anunciado que la recuperación de los recursos destinados a pensiones tendrá prioridad.

Mientras tanto, el Banco Central ha comenzado a devolver anticipos a los depositantes mediante el Fondo de Garantía de Depósitos.

Según el balance oficial correspondiente al 10 de noviembre, aproximadamente 1,78 millones de ahorradores habían recibido pagos, por un importe acumulado cercano a 2,205 billones de guaraníes.

La garantía ordinaria del sistema paraguayo cubre depósitos de hasta 75 salarios mínimos por persona y entidad financiera, equivalentes actualmente a unos 228,3 millones de guaraníes. El mecanismo extraordinario aprobado para agilizar las devoluciones contempla anticipos de hasta 40 salarios mínimos.

El plazo establecido para esos anticipos vence este miércoles 11 de noviembre. La situación de los importes que superan los límites de devolución continúa siendo uno de los principales problemas pendientes.

La Fiscalía amplía las pesquisas sobre el dinero y las decisiones políticas

Las investigaciones continúan abiertas y afectan tanto a antiguos responsables financieros como a personas que ocuparon cargos relevantes en la Administración paraguaya.

El expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo, también está imputado. Los fiscales examinan su actuación en la autorización, regulación y supervisión de Ueno Bank, así como las decisiones adoptadas ante las advertencias sobre su situación patrimonial.

Durante los últimos días se han practicado registros en inmuebles vinculados a Peña y a otros antiguos altos cargos. Los investigadores han intervenido documentación, dispositivos electrónicos y material financiero que podría resultar relevante para reconstruir las operaciones.

La Fiscalía también ha iniciado gestiones para localizar posibles bienes del exmandatario en el extranjero y determinar si existen activos que deban quedar sujetos a medidas cautelares.

Por ahora, las acusaciones deberán superar el examen de los tribunales. Peña conserva su derecho a la presunción de inocencia y a defenderse de los hechos que se le atribuyen.

El alcance político del escándalo ya es evidente: Paraguay ha perdido a su presidente, ha visto intervenida una de sus principales entidades financieras y afronta importantes incertidumbres sobre la recuperación de recursos públicos.

La responsabilidad penal, sin embargo, todavía debe determinarse. Los 15 años de cárcel anunciados por la Fiscalía son una posibilidad jurídica, no una sentencia. Lo que suceda a partir de ahora dependerá de que los investigadores puedan demostrar quién tomó las decisiones sobre el dinero público, con qué conocimiento de los riesgos y en beneficio de quién.