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Las monjas del Patronato franquista reciben 18,4 millones en ayudas

Las congregaciones que gestionaron centros del Patronato franquista han recibido 18,4 millones en ayudas públicas para programas de atención social.

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Las monjas del Patronato franquista

Resumen

  • Oblatas y Adoratrices han recibido 18,4 millones de euros desde 2022
  • Las ayudas financian programas de atención a mujeres vulnerables
  • Las supervivientes del Patronato reclaman una reparación económica

Las dos principales congregaciones religiosas que gestionaron los centros del Patronato de Protección a la Mujer durante el franquismo han recibido 18,4 millones de euros en subvenciones públicas entre 2022 y 2026. Se trata de las Oblatas del Santísimo Redentor y las Adoratrices del Santísimo Sacramento, órdenes que participaron en un sistema de internamiento y represión que permaneció activo hasta 1985.

Los fondos proceden del Gobierno central, las comunidades autónomas y las administraciones locales. Se destinan principalmente a programas de atención a víctimas de violencia machista, explotación sexual, trata de personas y mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad.

La financiación plantea una paradoja histórica: las mismas congregaciones que colaboraron en la imposición de la moral nacionalcatólica reciben actualmente dinero público para proteger los derechos de las mujeres.

La cuestión adquiere especial relevancia en noviembre de 2026, cuando las supervivientes del Patronato continúan reclamando indemnizaciones, acceso a sus expedientes y medidas concretas de reparación.

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Más de 18 millones de euros en subvenciones públicas

Entre 2022 y 2026, las Oblatas han obtenido aproximadamente 12,09 millones de euros en ayudas públicas, mientras que las Adoratrices han recibido 6,35 millones, según un recuento de las subvenciones registradas por el Ministerio de Hacienda.

La Administración General del Estado ha destinado alrededor de 6,24 millones de euros, distribuidos en 69 partidas, principalmente a través de los ministerios de Igualdad e Inclusión.

En noviembre de 2024, el Gobierno autorizó una subvención directa de hasta 1.592.790 euros para la Obra Social de Adoratrices en España, integrada por la Fundación de Solidaridad Amaranta y la propia congregación religiosa.

Su finalidad era facilitar la incorporación al mercado laboral de mujeres y niñas víctimas de trata y explotación sexual, así como de mujeres en situación de prostitución.

En 2022, otra partida de 455.129 euros se destinó a las Adoratrices para financiar el sistema de acogida de solicitantes de protección internacional.

Canarias, Castilla y León y Baleares concentran las ayudas autonómicas

Las administraciones autonómicas y municipales han aportado conjuntamente más de 12 millones de euros a estas congregaciones.

Canarias encabeza la financiación territorial, con aproximadamente 3,59 millones de euros, seguida de Castilla y León, con 2,47 millones, y Baleares, con algo más de dos millones.

También figuran entre las administraciones concedentes las de Andalucía, Cataluña, Galicia, la Comunidad Valenciana, Madrid, Murcia, Navarra y el País Vasco.

Parte de estos programas se financia mediante las asignaciones tributarias del IRPF destinadas a actividades de interés social.

El Patronato franquista que encerraba a mujeres sin delito

El Patronato de Protección a la Mujer fue recuperado por la dictadura de Francisco Franco en 1941. Dependía del Ministerio de Justicia y tenía como presidenta de honor a Carmen Polo, esposa del dictador.

Aunque su cometido oficial era proteger a las jóvenes consideradas vulnerables y combatir la prostitución, terminó funcionando como una estructura de vigilancia, internamiento y represión de la población femenina.

Las autoridades podían ordenar el ingreso de adolescentes y mujeres jóvenes por mantener relaciones sentimentales fuera del matrimonio, quedarse embarazadas, desobedecer a sus familias o mostrar comportamientos considerados incompatibles con la moral franquista.

Muchas fueron privadas de libertad sin haber cometido ningún delito y sin resolución judicial.

La red alcanzó al menos 29 provincias y ciudades españolas, con más de 75 instituciones identificadas entre reformatorios, maternidades, colegios y establecimientos de internamiento.

El papel de las congregaciones religiosas

Buena parte de estos centros estaba gestionada por órdenes religiosas femeninas, entre las que destacaban las Oblatas y las Adoratrices.

Las investigaciones históricas y los testimonios de las supervivientes han documentado trabajos no remunerados, aislamiento, castigos físicos, humillaciones, imposición de prácticas religiosas y restricciones de la libertad personal.

También se produjeron casos de sustracción de bebés y presiones sobre las jóvenes embarazadas para que entregaran a sus hijos en adopción.

El Patronato sobrevivió a la muerte de Franco y a la aprobación de la Constitución de 1978. No fue suprimido formalmente hasta 1985, durante el primer Gobierno de Felipe González.

Las supervivientes reclaman una reparación económica

En junio de 2025, varias congregaciones religiosas pidieron públicamente perdón por su participación en el Patronato. El gesto, sin embargo, fue considerado insuficiente por numerosas supervivientes.

El 20 de marzo de 2026, el Gobierno español reconoció oficialmente a 53 víctimas de la institución y anunció su intención de impulsar una investigación específica sobre las vulneraciones de derechos humanos cometidas en sus centros.

Posteriormente, el 28 de octubre, el Patronato quedó declarado oficialmente Lugar de Memoria Democrática.

El cuarto Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, aprobado el 10 de noviembre de 2026, incorpora medidas de reconocimiento y reparación para las afectadas, incluida la posibilidad de establecer una prestación económica.

Las supervivientes insisten en que necesitan soluciones materiales, asistencia sanitaria, vivienda digna y acceso a la documentación que permita esclarecer lo sucedido.

Dinero público y una deuda histórica pendiente

Las subvenciones concedidas a las congregaciones financian actividades sociales actuales. Su existencia no acredita por sí misma ninguna irregularidad administrativa ni demuestra que se reproduzcan las prácticas del antiguo Patronato.

Sin embargo, su pasado plantea un debate legítimo sobre la responsabilidad institucional, la transparencia de la financiación pública y las condiciones exigibles a las entidades encargadas de atender a mujeres vulnerables.

La protección de las víctimas actuales y la reparación de quienes sufrieron abusos durante el franquismo no son objetivos incompatibles.

Cuarenta y un años después de la desaparición del Patronato, las congregaciones siguen desarrollando su actividad con financiación pública. Muchas de las mujeres que estuvieron internadas en sus centros, entretanto, continúan esperando una reparación efectiva.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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