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Gabilondo deja de ser Defensor del Pueblo: le releva Jiménez-Becerril

Teresa Jiménez-Becerril será la defensora del Pueblo en funciones tras el final del mandato de Ángel Gabilondo. Las Cortes elegirán al nuevo titular.

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Teresa Jiménez-Becerril

Foto: Martin Rulsch / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0).

Resumen

  • Ángel Gabilondo deja el cargo tras completar cinco años de mandato
  • Teresa Jiménez-Becerril asume como defensora del Pueblo en funciones
  • Las Cortes deberán elegir al titular definitivo tras las elecciones del 29N

Ángel Gabilondo abandona el cargo de Defensor del Pueblo este miércoles 18 de noviembre de 2026, tras completar los cinco años de mandato establecidos por ley. Su sustituta será Teresa Jiménez-Becerril, periodista, antigua eurodiputada del Partido Popular y hasta ahora adjunta primera de la institución. Asumirá la responsabilidad de manera provisional, mientras las Cortes Generales eligen a un nuevo titular.

El relevo no responde a una dimisión ni a una destitución. Se produce por la finalización del mandato de Gabilondo, que tomó posesión el 18 de noviembre de 2021. Jiménez-Becerril ejercerá como Defensora del Pueblo en funciones, sin necesidad de una nueva votación parlamentaria, en aplicación de la ley que regula el organismo. Su llegada coincide, además, con la recta final de la campaña para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Gabilondo se ha despedido este martes de los trabajadores de la institución con una reivindicación de su independencia frente al poder político. «Ni somos un ministerio, ni una embajada, ni una facción política», ha afirmado durante el acto celebrado en Madrid. Una declaración que resume el principio fundamental del organismo: supervisar a las administraciones y defender los derechos de los ciudadanos, con independencia del partido que gobierne.

El cambio coloca al frente de una de las principales instituciones de garantía de derechos del Estado a una mujer con una trayectoria poco habitual. Antes de entrar en política, Jiménez-Becerril desarrolló parte de su carrera en el sector de la moda, trabajó en Londres para firmas internacionales y ocupó responsabilidades directivas en Prada. Después llegó el Parlamento Europeo, el Congreso de los Diputados y, finalmente, el Defensor del Pueblo.

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Quién es Teresa Jiménez-Becerril, la sustituta de Gabilondo

María Teresa Jiménez-Becerril Barrio nació en Sevilla el 24 de julio de 1961. Es licenciada en Ciencias de la Información, especialidad de Periodismo, por la Universidad Complutense de Madrid, donde terminó sus estudios en 1984.

Su trayectoria profesional comenzó lejos de la política. Cursó un máster de Diseño de Moda en el Instituto Marangoni de Milán y trabajó en el sector del diseño, la distribución comercial y el escaparatismo. Tuvo negocios propios en Sevilla y Madrid y pasó por empresas como Harrods, Armani y Prada durante su etapa en Londres. En esta última firma desempeñó funciones de dirección, según recoge su currículo institucional.

También trabajó como jefa de compras en Turín, desarrolló actividades empresariales en el sector inmobiliario y colaboró con periódicos como ABC, El Mundo y La Razón.

Su entrada en la política institucional se produjo en 2009, cuando consiguió un escaño en el Parlamento Europeo en las listas del Partido Popular. Fue reelegida en 2014 y permaneció en Bruselas hasta 2019.

Durante aquella década participó en comisiones relacionadas con las libertades civiles, los derechos humanos y la igualdad de género. También intervino en la elaboración de legislación europea destinada a reforzar la protección de las víctimas de delitos.

Entre sus trabajos parlamentarios destacan su participación como ponente en la Directiva 2012/29/UE, que establece normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas, y en la normativa relativa a la Orden Europea de Protección.

En 2019 pasó al Congreso de los Diputados como representante del PP por Sevilla. Permaneció allí hasta 2021, cuando fue nombrada adjunta primera del Defensor del Pueblo, responsabilidad que ha desempeñado durante el mandato de Ángel Gabilondo.

El asesinato de su hermano por ETA marcó su trayectoria pública

Uno de los acontecimientos más importantes de la vida de Teresa Jiménez-Becerril fue el asesinato de su hermano, Alberto Jiménez-Becerril, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Sevilla.

El 30 de enero de 1998, ETA asesinó a Alberto y a su esposa, Ascensión García Ortiz, cuando caminaban por las calles de la capital andaluza.

Años después, Teresa Jiménez-Becerril comenzó a participar activamente en movimientos de defensa de las víctimas del terrorismo. Esa implicación se convirtió en una parte esencial de su actividad pública.

Preside la Fundación Contra el Terrorismo y la Violencia Alberto Jiménez-Becerril, dedicada a mantener la memoria de las víctimas y defender sus derechos.

Su experiencia en este ámbito también tuvo continuidad durante su etapa como eurodiputada, especialmente en las iniciativas legislativas destinadas a mejorar la protección y el reconocimiento de las víctimas de delitos violentos.

Por qué se marcha Ángel Gabilondo y qué balance deja

Ángel Gabilondo, nacido en San Sebastián en 1948, termina su mandato después de cinco años al frente de la institución. Filósofo y catedrático de Metafísica, fue ministro de Educación entre 2009 y 2011 durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y posteriormente candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

En noviembre de 2021 llegó al Defensor del Pueblo tras un acuerdo parlamentario entre el PSOE y el PP.

Su despedida de este martes ha tenido un marcado carácter institucional. Gabilondo ha insistido en que el trabajo del organismo debe situar a las personas por encima de los expedientes y de las disputas partidistas.

Las cifras de su mandato reflejan una actividad considerable: cerca de 213.000 quejas tramitadas, 1.245 actuaciones de oficio y más de 14.000 resoluciones dirigidas a distintas administraciones públicas.

Uno de los asuntos de mayor repercusión fue la investigación sobre los abusos sexuales cometidos en el ámbito de la Iglesia católica.

En octubre de 2023, el Defensor del Pueblo presentó un informe que documentó el problema, analizó la respuesta de las instituciones y formuló recomendaciones para reconocer y reparar a las víctimas.

El trabajo contribuyó a situar la reparación de esas personas en el centro del debate público. En 2026, Gabilondo participó en la firma del protocolo entre el Gobierno y las organizaciones representativas de la Iglesia para establecer un sistema de reconocimiento y reparación de víctimas de abusos sexuales en ese ámbito.

Durante sus cinco años también se abordaron cuestiones relacionadas con los derechos de la infancia, la violencia vicaria, las condiciones de los menores extranjeros no acompañados y la protección de personas vulnerables.

El balance es amplio. Y, como ocurre con cualquier institución dedicada a supervisar a los poderes públicos, sus recomendaciones no siempre han encontrado la respuesta esperada en las administraciones.

Cuándo será elegida la nueva Defensora del Pueblo

La llegada de Teresa Jiménez-Becerril plantea una distinción importante: asumir las funciones del Defensor del Pueblo no equivale a ser elegida para un mandato completo.

El artículo 5.4 de la Ley Orgánica 3/1981 establece que, cuando cesa el titular, sus adjuntos deben sustituirlo siguiendo el orden correspondiente hasta que las Cortes Generales realicen una nueva designación.

Jiménez-Becerril ocupa precisamente el puesto de adjunta primera, por lo que le corresponde asumir la dirección de la institución.

El nombramiento de un titular para un periodo ordinario de cinco años requiere un procedimiento parlamentario específico.

En una primera votación, el candidato debe obtener una mayoría de tres quintos en el Congreso y en el Senado. Si no se alcanzan esas mayorías, la ley contempla nuevas propuestas y permite que, en una votación posterior, baste con tres quintos del Congreso y mayoría absoluta del Senado.

No es una designación que pueda realizar unilateralmente el Gobierno.

La situación política añade un elemento relevante. España celebrará elecciones generales el 29 de noviembre de 2026, después de la disolución anticipada de las Cortes.

La elección de un nuevo Defensor del Pueblo dependerá, por tanto, de la composición del Parlamento resultante y de la capacidad de los grupos políticos para alcanzar los acuerdos necesarios.

Jiménez-Becerril podrá continuar en funciones mientras no exista una nueva designación. Tampoco está establecido que deba convertirse en la próxima titular definitiva: su actual relevo es una sustitución prevista por la ley, no una elección para otros cinco años.

Qué cambia para los ciudadanos con la nueva defensora

El relevo no altera las competencias esenciales del Defensor del Pueblo ni los derechos de quienes presentan reclamaciones.

La institución, prevista en el artículo 54 de la Constitución, tiene como función proteger los derechos fundamentales y las libertades públicas mediante la supervisión de las administraciones.

Cualquier persona puede presentar una queja gratuitamente, sin necesidad de contratar abogado ni procurador. Esto incluye a ciudadanos españoles y extranjeros, con independencia de su edad o situación administrativa.

El organismo puede investigar posibles irregularidades de la Administración, solicitar información, formular recomendaciones y promover actuaciones destinadas a corregir problemas que afecten a los derechos de las personas.

Su capacidad de intervención, sin embargo, tiene límites. No puede anular directamente una resolución administrativa ni sustituir a los tribunales. Tampoco la presentación de una queja paraliza los plazos legales para presentar recursos.

Sí puede ejercer determinadas facultades ante el Tribunal Constitucional, entre ellas la interposición de recursos de inconstitucionalidad y de amparo cuando concurran los requisitos legales.

Con Jiménez-Becerril al frente, los expedientes, investigaciones y actuaciones del organismo podrán continuar durante el periodo de interinidad.

La cuestión de fondo será cómo mantiene la institución su capacidad de supervisión en un escenario político marcado por las elecciones y las negociaciones para constituir unas nuevas Cortes.

Una institución que cambia de responsable, no de misión

Ángel Gabilondo abandona el Defensor del Pueblo tras completar su mandato y deja paso a una sustituta que conoce el funcionamiento interno de la institución desde 2021.

Teresa Jiménez-Becerril llega con experiencia parlamentaria nacional y europea, una trayectoria vinculada a la defensa de las víctimas del terrorismo y un pasado político reconocido en el Partido Popular.

Ninguno de estos antecedentes modifica las obligaciones del puesto. La legislación exige que el Defensor del Pueblo ejerza sus funciones con autonomía e independencia, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad.

En noviembre de 2021, el Parlamento alcanzó un acuerdo para designar a Gabilondo. Cinco años después, el relevo provisional está resuelto por ley, pero la elección definitiva permanece pendiente.

La institución seguirá funcionando. El verdadero examen de su independencia, con independencia de quién la dirija, seguirá siendo el mismo: defender los derechos de los ciudadanos también cuando hacerlo resulte incómodo para quienes ejercen el poder.

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Periodista internacional con más de 20 años de experiencia en radio, prensa y medios digitales. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, trabaja entre España e Italia con la mirada puesta en la actualidad.

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