Un testigo acusa a un agente marroquí de arrojarlo al mar en Ceuta

Un testigo protegido ha asegurado este martes, 10 de noviembre, ante la Audiencia Nacional que un agente marroquí lo arrojó al mar contra su voluntad durante la entrada masiva de migrantes a Ceuta de los días 30 y 31 de julio de 2026. El hombre sostiene que se encontraba con varios familiares en las inmediaciones de la frontera, sin intención de entrar en España, cuando fue obligado a meterse en el agua. Finalmente, tuvo que ser rescatado por la Guardia Civil.

Su declaración forma parte de la investigación que dirige la magistrada María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. Otros tres testigos protegidos han relatado que cruzaron voluntariamente a territorio español, aunque siguiendo indicaciones de las fuerzas de seguridad marroquíes. Uno de ellos también ha explicado que decidió entrar después de leer en redes sociales mensajes sobre una supuesta regularización de inmigrantes impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

Las comparecencias añaden nuevos elementos a una investigación judicial sobre la actuación de Marruecos que intenta determinar si las autoridades del país vecino se limitaron a permitir el paso de miles de personas o si participaron activamente en la organización y dirección de los movimientos hacia la frontera española.

No es una diferencia menor. La causa examina una posible actuación coordinada desde territorio marroquí y la respuesta de las autoridades españolas ante las advertencias recibidas antes de aquella crisis.

Un testigo asegura que fue arrojado al agua sin querer cruzar

El testimonio más llamativo de la jornada corresponde a un hombre de origen magrebí que asegura que no tenía intención de abandonar Marruecos.

Según su declaración, se había desplazado con familiares hasta las inmediaciones de Castillejos, localidad marroquí próxima a Ceuta, simplemente para observar lo que estaba sucediendo ante la concentración de personas que trataban de alcanzar territorio español.

Una vez allí, sostiene que un integrante de las fuerzas de seguridad marroquíes lo obligó a entrar en el mar. El hombre terminó en el agua y necesitó la intervención de agentes de la Guardia Civil para llegar a salvo a territorio español.

Su relato introduce un elemento especialmente relevante para la investigación: la posibilidad de que algunas personas cruzaran la frontera de manera forzada, y no únicamente por decisión propia.

Otros declarantes también han descrito situaciones en las que miembros de las fuerzas auxiliares marroquíes empujaban a personas hacia el agua. Uno de ellos ha asegurado que presenció cómo un agente empujaba a su madre.

Se trata, por el momento, de declaraciones testificales. Su contenido deberá contrastarse con las grabaciones, los informes policiales y las demás pruebas incorporadas al procedimiento.

Los testigos señalan a agentes marroquíes que indicaban por dónde cruzar

Los cuatro comparecientes fueron propuestos como testigos protegidos por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), una unidad especializada de la Policía Nacional.

Tres de ellos reconocen que decidieron entrar en Ceuta voluntariamente. Sin embargo, coinciden en señalar que agentes marroquíes les indicaron cómo alcanzar la frontera española, especialmente por las zonas próximas a la playa y al espigón del Tarajal.

Uno de los testigos ha situado esas indicaciones durante la mañana del 31 de julio, cuando regresó a la zona fronteriza para buscar a su hermano.

Otro ha relatado que el 30 de julio observó numerosos vehículos, entre ellos camiones, taxis y pequeños autobuses, que transportaban personas hacia las inmediaciones de Ceuta.

No ha podido identificar quién organizaba esos desplazamientos ni confirmar si los pasajeros pagaban por ellos. Sí ha señalado que encontró escasos controles hasta las proximidades del paso fronterizo.

La distinción resulta importante: observar un traslado no demuestra quién lo organizó, del mismo modo que recibir indicaciones de un agente no permite atribuir automáticamente esa conducta a toda la estructura de mando de un país.

La posible presencia de agentes marroquíes en centros de acogida

Otro de los testimonios incorpora una circunstancia que los investigadores deberán comprobar. Uno de los declarantes ha explicado que recibió información sobre la presencia de un policía y un militar marroquíes en centros de acogida de Ceuta, después de la entrada masiva.

Según su relato, estos hombres habrían accedido a territorio español y permanecido en instalaciones destinadas a alojar a las personas llegadas durante la crisis.

La información procede del testimonio recogido en la causa y no supone que se haya acreditado judicialmente la identidad, la condición profesional o la finalidad de la presencia de esas personas.

El rumor sobre la regularización de Pedro Sánchez

Una de las declaraciones también ha situado la política migratoria española entre los motivos que llevaron a algunos ciudadanos marroquíes a intentar cruzar la frontera.

Un testigo ha explicado que decidió entrar en Ceuta después de encontrar mensajes en redes sociales que hablaban de una regularización de inmigrantes por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.

También habría recibido información de un conocido que aseguraba que los controles fronterizos se habían relajado.

El contenido de esos mensajes resulta relevante para entender sus motivaciones, pero hay una diferencia fundamental entre lo que el testigo creyó y lo que realmente establecía la legislación española.

La regularización extraordinaria aprobada en abril de 2026 no beneficiaba a cualquier persona que entrase en España.

El Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, estableció que el procedimiento estaba dirigido a personas extranjeras que ya se encontraban en territorio español antes del 1 de enero de 2026, siempre que cumplieran los requisitos establecidos.

El plazo para solicitarla terminó el 30 de junio de 2026, un mes antes de los acontecimientos investigados en Ceuta.

Por tanto, una persona que hubiera entrado por primera vez en España durante los días 30 y 31 de julio no podía acogerse a aquella regularización por el mero hecho de cruzar la frontera.

El testimonio permite conocer una motivación individual, pero no demuestra que el Ejecutivo prometiera regularizar a quienes llegasen durante aquella crisis ni que esa creencia fuera compartida por el conjunto de los migrantes.

También queda pendiente determinar cómo circularon esos mensajes y si su difusión respondió a iniciativas espontáneas, rumores o actuaciones organizadas.

La Policía identifica a dos altos mandos marroquíes en las grabaciones

Las declaraciones de este martes se suman a los informes incorporados durante las últimas semanas a la investigación de María Tardón.

La Policía Nacional ha identificado en varias grabaciones a dos altos responsables de las fuerzas de seguridad marroquíes presentes en el entorno de Bab Sebta, en Castillejos, próximo al paso fronterizo del Tarajal.

Se trata de Mohamed El Oualidi, señalado como responsable de la Policía de la Prefectura de Tetuán, y Abdel Fattah El Sayed El Radi, identificado como supervisor general de la zona de M’diq-Fnideq.

Los investigadores los sitúan entre los responsables de mayor rango del dispositivo de seguridad desplegado por Marruecos durante aquellos acontecimientos.

La Policía ha analizado decenas de grabaciones obtenidas de medios de comunicación y fuentes abiertas. En algunas aparecen responsables marroquíes dando indicaciones a personas concentradas en las proximidades de la frontera o a integrantes de sus propios dispositivos policiales.

El CENIF ya había apuntado en sus informes a la existencia de un «guiado activo» de los migrantes hacia los puntos de entrada, así como a indicios de una posible planificación de los movimientos.

Lo que todavía debe establecerse es el alcance de esas actuaciones, quién pudo ordenarlas y si existió una coordinación superior destinada a facilitar la entrada masiva en Ceuta.

La identificación de mandos en las imágenes constituye un avance para reconstruir los acontecimientos, pero no equivale a una declaración judicial de culpabilidad.

El Gobierno desclasifica nuevos informes del CNI reclamados por Tardón

La investigación ha registrado este mismo martes otro movimiento importante. El Consejo de Ministros ha aprobado la desclasificación de los informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relacionados con la entrada masiva a Ceuta que había solicitado María Tardón.

La magistrada reclamó a finales de octubre documentación adicional para conocer qué información manejaban los servicios de inteligencia españoles antes y después de los días 30 y 31 de julio.

Entre sus peticiones figuran las comunicaciones relativas a la actuación de Marruecos, las advertencias transmitidas a responsables españoles y la identificación de las autoridades que recibieron determinados informes.

El Gobierno ya había desclasificado documentación sobre aquellos acontecimientos el pasado 8 de septiembre. Sin embargo, la instructora consideró necesario acceder a más material para esclarecer la secuencia de decisiones.

La nueva desclasificación permitirá avanzar en una cuestión central: quién conocía el riesgo de una entrada masiva, cuándo recibió las alertas y qué medidas se adoptaron.

El levantamiento del secreto de estos documentos no implica necesariamente que todo su contenido vaya a difundirse públicamente. Parte de la información puede incorporarse a las actuaciones judiciales sometidas a reserva.

La investigación también contempla nuevas declaraciones de miembros de las unidades policiales encargadas de elaborar los atestados.

Durante esta semana, además de los cuatro testigos protegidos, está prevista la comparecencia de funcionarios vinculados al CENIF.

La causa continúa bajo la responsabilidad de María Tardón, aunque el magistrado Santiago Pedraz ha intervenido temporalmente en su tramitación durante unos días de permiso de la instructora.

La investigación debe aclarar quién dirigió los movimientos hacia Ceuta

La Audiencia Nacional investiga si la entrada masiva de personas desde Marruecos pudo responder a una actuación organizada que afectara gravemente a la integridad territorial de España.

La instrucción no se limita al comportamiento de los agentes desplegados junto a la frontera. También examina la posible participación de responsables superiores, la circulación de convocatorias por redes sociales y la respuesta de las instituciones españolas ante los avisos previos.

Las nuevas declaraciones refuerzan la necesidad de esclarecer la intervención de las fuerzas de seguridad marroquíes, aunque todavía no permiten determinar todas las responsabilidades.

El testimonio del hombre que asegura haber sido arrojado al mar tiene especial relevancia porque plantea una situación distinta de la entrada voluntaria: la de alguien que afirma haber sido obligado a cruzar una frontera internacional.

Corresponde a la investigación comprobar hasta qué punto esos relatos coinciden con las pruebas documentales y audiovisuales.

La cuestión de fondo sigue siendo concreta: si los movimientos hacia Ceuta fueron simplemente tolerados por las autoridades marroquíes o si determinados responsables participaron en su organización.

De esa diferencia depende buena parte del alcance judicial de una crisis que, más de tres meses después, continúa acumulando testimonios, documentos y preguntas sobre la actuación de ambos lados de la frontera.