Real Madrid: el hermano de Esperanza Aguirre y el error de 97 millones

La recalificación de los terrenos del Real Madrid en Valdebebas ha desatado una nueva polémica política en el Ayuntamiento de Madrid. El motivo es un error de cálculo de 97,1 millones de euros en un informe económico elaborado por Savills, la consultora cuya filial española preside Santiago Aguirre Gil de Biedma, hermano de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre. El Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida ha reconocido el fallo, mientras que Más Madrid denuncia un posible conflicto de intereses en la operación urbanística.

El problema no es menor. El estudio utilizado para justificar la viabilidad económica del proyecto calculaba que la transformación de los terrenos del club dejaría 98,6 millones de euros anuales de beneficio a las arcas municipales una vez completado el desarrollo. Sin embargo, corregido el error, esa previsión cae hasta aproximadamente 1,46 millones. La consultora había multiplicado incorrectamente el valor catastral estimado por un porcentaje cien veces superior al que correspondía.

La controversia afecta al proyecto Madrid Innovation District, con el que el club presidido por Florentino Pérez pretende desarrollar oficinas, instalaciones tecnológicas, centros educativos, hoteles y otros equipamientos privados en una parcela de aproximadamente 1,2 millones de metros cuadrados.

Pero hay otra circunstancia que ha elevado la temperatura política. Savills había trabajado previamente para el Real Madrid en la preparación de su propuesta y posteriormente recibió un contrato municipal para estudiar la sostenibilidad económica de la misma actuación. Esa doble participación es precisamente lo que cuestiona la oposición.

Conviene distinguir desde el principio los hechos acreditados de las acusaciones políticas. Está confirmado el error económico y la relación profesional de la consultora con ambas partes. No consta, en cambio, que Esperanza Aguirre haya intervenido en la operación ni que su hermano esté formalmente acusado de un delito relacionado con ella.

El error de 97 millones que cambia las cuentas del Real Madrid

El origen de la controversia está en el cálculo del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), uno de los tributos incluidos en las previsiones de ingresos municipales del futuro complejo de Valdebebas.

El informe de Savills partía de un valor catastral estimado de 980,9 millones de euros para los inmuebles destinados al alquiler. Para calcular la recaudación correspondiente aplicaba un porcentaje del 0,1 %, pero cometió un error al trasladarlo a la operación matemática.

En lugar de multiplicar por 0,001, que equivale al 0,1 %, utilizó 0,1, es decir, el 10 %.

El resultado fue una previsión de aproximadamente 98,09 millones de euros anuales por ese concepto, cuando la cifra correcta rondaría los 980.894 euros.

La diferencia asciende a 97,1 millones de euros al año. No se trata de una variación menor en las estimaciones, sino de un fallo que modifica sustancialmente el balance económico presentado para defender la actuación urbanística.

Con las cifras originales, el documento calculaba ingresos municipales anuales de 131,2 millones de euros. Una vez corregido el impuesto, la recaudación prevista se reduce a unos 34,1 millones.

Al descontar los gastos estimados, cercanos a 32,6 millones, el saldo positivo pasa de 98,6 millones a apenas 1,46 millones anuales. Son previsiones para cuando el desarrollo esté terminado y en funcionamiento, no ingresos que el Ayuntamiento esté percibiendo actualmente.

Tanto Savills como el Consistorio han reconocido la existencia del error. Desde el área municipal de Urbanismo sostienen que se trata de una errata que será subsanada y que no modifica la ordenación urbanística. No obstante, queda por determinar cómo se incorporará la corrección al expediente y si será necesario revisar las conclusiones económicas utilizadas durante su tramitación.

El hermano de Esperanza Aguirre y su relación con Savills

El nombre de Santiago Aguirre Gil de Biedma aparece en esta controversia por su posición al frente de la filial española de Savills, una multinacional británica especializada en consultoría inmobiliaria.

El empresario es hermano de Esperanza Aguirre, expresidenta de la Comunidad de Madrid y una de las figuras históricas del Partido Popular madrileño.

Su trayectoria profesional está vinculada desde hace décadas al sector inmobiliario. Fue uno de los impulsores de Aguirre Newman, compañía que acabó integrada en el grupo internacional Savills.

Por tanto, no se trata de una empresa propiedad personal de Esperanza Aguirre ni de un contrato adjudicado directamente a la antigua dirigente política. La vinculación familiar existe, pero no demuestra por sí misma ninguna irregularidad administrativa o penal.

La cuestión que plantea Más Madrid es otra: la independencia de la consultora a la hora de valorar un proyecto en cuya preparación había participado anteriormente.

Una consultora que trabajó para el club y después para el Ayuntamiento

Savills intervino en la documentación económica presentada por el Real Madrid para impulsar su complejo tecnológico en Valdebebas.

Posteriormente, el Ayuntamiento contrató a la misma consultora para elaborar el estudio de viabilidad económico-financiera y sostenibilidad de la modificación urbanística.

El contrato municipal se adjudicó por 8.700 euros. Según la información conocida sobre el procedimiento, Savills presentó una oferta inferior al presupuesto de licitación y otras dos consultoras renunciaron a presentar sus propuestas.

La coincidencia empresarial ha provocado las críticas de la oposición, que considera comprometida la independencia del análisis. La contratación se conocía desde julio, pero el error millonario detectado en las cuentas ha vuelto a situarla en el centro del debate municipal.

Las acusaciones de Más Madrid contra la operación de Almeida

La portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, ha cuestionado duramente el proyecto y la actuación del Gobierno de José Luis Martínez-Almeida.

Maestre sostiene que la consultora ha actuado como «juez y parte» al participar primero en los trabajos del Real Madrid y después en la evaluación económica encargada por el Ayuntamiento.

La concejala ha calificado la operación de «chanchullo» y considera que beneficia especialmente al club blanco. Su grupo municipal ha presentado alegaciones y reclama que el Gobierno local retire la modificación urbanística.

Las críticas no se limitan al error del IAE. Más Madrid también cuestiona los cálculos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), al entender que incluyen como nueva recaudación cantidades correspondientes a instalaciones que ya existen y tributan actualmente.

La formación sostiene igualmente que las previsiones municipales no reflejan adecuadamente determinados gastos e ingresos y calcula que el balance podría resultar negativo para las arcas públicas durante los primeros años.

Según sus estimaciones, el proyecto generaría un déficit de 24,9 millones de euros entre 2029 y 2032, que podría aproximarse a los 100 millones acumulados en seis años.

Estas últimas cifras corresponden al análisis político de Más Madrid y no deben confundirse con el error matemático reconocido por el Ayuntamiento. Tampoco existe una resolución que haya declarado fraudulenta la actuación.

En cuanto a Santiago Aguirre, su responsabilidad individual en la elaboración o supervisión del cálculo no ha quedado acreditada públicamente. Mucho menos existe fundamento para atribuir a su hermana Esperanza una participación directa por el mero parentesco.

Qué gana el Real Madrid con la recalificación de Valdebebas

Más allá de la polémica, la transformación de los terrenos del Real Madrid representa una de las operaciones urbanísticas relevantes para el futuro del norte de la capital.

El proyecto Madrid Innovation District pretende convertir parte de los suelos del club en un complejo de actividad empresarial, innovación y servicios.

La modificación del planeamiento permitiría aumentar la edificabilidad en 172.550 metros cuadrados, hasta alcanzar aproximadamente 532.550 metros cuadrados de superficie edificable.

El cambio introduce usos distintos de los deportivos que estaban previstos inicialmente para la parcela. Entre las instalaciones contempladas figuran oficinas, hoteles, centros educativos, un hospital privado, residencias de estudiantes, comercios y un auditorio.

La memoria económica estima una inversión en construcción cercana a 1.235 millones de euros.

Otro de los datos relevantes es la revalorización inmobiliaria. Savills calcula que la modificación urbanística incrementaría en 185,5 millones de euros el valor de los terrenos propiedad del Real Madrid. Se trata de una estimación del aumento de valor del suelo, no de un ingreso cobrado por el club.

La diferencia resulta significativa porque ese incremento patrimonial se produciría a partir del cambio de usos permitido por el planeamiento, antes de completar las construcciones.

El Gobierno municipal sostiene que el desarrollo también generará ventajas para Madrid, especialmente en empleo, espacios verdes y nuevos equipamientos.

El proyecto contempla la cesión gratuita de más de 200.000 metros cuadrados de suelo a la ciudad. De ellos, unos 166.000 se destinarían a zonas verdes vinculadas al Bosque Metropolitano y a un parque lineal, mientras que otros 35.000 metros cuadrados aproximadamente quedarían reservados para equipamientos públicos relacionados con la innovación.

La actuación pretende además atraer empresas de sectores tecnológicos y actividades de investigación, con previsiones de creación de empleo que forman parte de las estimaciones de sus promotores.

Estas aportaciones son relevantes para valorar el conjunto de la operación. Una actuación urbanística puede ofrecer beneficios económicos, sociales y medioambientales que no se reducen a la recaudación tributaria.

Ahora bien, esos beneficios deben analizarse junto a sus costes y con previsiones económicas fiables. La existencia de nuevas zonas verdes o equipamientos públicos no elimina la necesidad de justificar correctamente el balance para el Ayuntamiento.

La recalificación sigue pendiente de su aprobación definitiva

La modificación del Plan General de Ordenación Urbana recibió su aprobación inicial por parte de la Junta de Gobierno de Madrid el 30 de julio de 2026.

El expediente pasó posteriormente por un periodo de información pública, comprendido entre el 26 de agosto y el 25 de septiembre, durante el cual pudieron presentarse alegaciones.

La operación todavía no cuenta con aprobación definitiva. Para culminar el procedimiento deberá superar los trámites municipales correspondientes y obtener el visto bueno de la Comunidad de Madrid.

El calendario previsto por el Consistorio sitúa las obras de urbanización entre 2028 y 2030, mientras que la construcción progresiva de los edificios se desarrollaría entre 2029 y 2035. Son previsiones sujetas a la tramitación y ejecución del proyecto.

El reconocimiento del error abre una cuestión administrativa importante: si una estimación económica decisiva ha cambiado tanto, será necesario determinar cómo afecta esa corrección a la documentación sobre la que se han presentado las alegaciones.

El Ayuntamiento sostiene que la ordenación no cambia, pero eso no equivale necesariamente a que las conclusiones financieras originales puedan mantenerse sin revisión.

Una operación de gran valor con sus cuentas bajo examen

La controversia de Valdebebas reúne tres elementos distintos: una operación urbanística que puede incrementar considerablemente el valor de los terrenos del Real Madrid, un error económico reconocido en un informe municipal y las sospechas de falta de independencia planteadas por Más Madrid sobre la consultora que lo elaboró.

La presencia de Santiago Aguirre al frente de Savills España añade una dimensión política por su parentesco con Esperanza Aguirre, pero la relación familiar no constituye una prueba de corrupción. Tampoco se ha acreditado que el empresario participara personalmente en la equivocación contable.

Lo que sí está documentado es que la previsión de beneficio municipal cambia de manera extraordinaria al corregir una sola operación matemática.

El debate sobre la recalificación no se resolverá únicamente con señalar al hermano de una antigua presidenta regional. La cuestión decisiva es si el Ayuntamiento puede demostrar que el proyecto resulta conveniente para la ciudad con números corregidos, criterios transparentes y una evaluación suficientemente independiente.

Porque entre prometer casi 99 millones de euros de beneficio anual y quedarse en poco más de uno hay una diferencia que merece algo más que la palabra «errata».